8 de noviembre de 2025

OPERABA CON PERMISO AMBIENTAL PLANTA ASEGURADA DE PEROTE


Por: Redacción Fundamentos

PEROTE, VER.:

2025-11-07 

Operaba con permisos ambientales vigentes la planta asegurada por la Secretaría de Marina en Perote, Veracruz, señalada como una minirrefinería clandestina de combustible robado. 

De acuerdo con registros de la Semarnat, el sitio, bajo la razón social Reciclados del Altiplano S.A. de C.V., contaba con autorización para el manejo y reciclaje de residuos peligrosos desde 2010. 

El permiso fue ingresado por Rafael Salazar Jiménez, quien presentó el proyecto como una planta de recuperación de hidrocarburos provenientes de aceites y combustibles contaminados. En el documento técnico se establecía que las operaciones cumplirían con lineamientos ambientales para el tratamiento y almacenamiento de materiales industriales. 

Sin embargo, tras un operativo federal, la Marina descubrió que el lugar funcionaba como una refinería clandestina y punto de distribución de combustible ilegal. 

Durante la intervención se aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo, 12 pipas y maquinaria de destilación; además, fueron detenidas ocho personas vinculadas a la red de huachicol. 

El predio se encuentra en la colonia Libertad, zona donde vecinos denunciaron por años malos olores y emisiones contaminantes sin recibir atención de las autoridades. 

Según la FGR y Pemex, el decomiso representa un golpe económico superior a 247 millones de pesos a la estructura de robo de combustibles en la región centro del estado. 

Por: Redacción Fundamentos

5 de noviembre de 2025

¡CORRUPCIÓN Y DESFALCO EN HIDROSISTEMA!


Córdoba, Veracruz

5 noviembre 2025

Existen informes y denuncias recientes en los medios de comunicación de Veracruz (fechados a finales de octubre y principios de noviembre de 2025) que señalan un presunto escándalo de corrupción y desfalco en Hidrosistema de Córdoba, implicando al alcalde JUAN MARTÍNEZ FLORES, al Contralor Municipal, LAURO RAMOS OLMOS, y a la directora del organismo, MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA.

Las acusaciones específicas incluyen:
BONO DE MARCHA MILLONARIO:
Se reporta un plan para distribuir un "bono de marcha" es el aguinaldo de más de 10 millones de pesos entre funcionarios municipales y aliados, presuntamente como parte de un mecanismo de corrupción.
NÓMINAS ELEVADAS:
El alcalde JUAN MARTÍNEZ FLORES supuestamente admitió en una reunión privada que la nómina municipal alcanzó una cifra histórica de más de 371 millones de pesos en el ejercicio de 2025.
MULTAS ILEGALES Y RED DE EXTORSIÓN:
Se denunció públicamente que Hidrosistema está imponiendo multas arbitrarias e ilegales (hasta 10 veces la tarifa normal) a usuarios que tienen sus medidores de agua dentro de sus domicilios, a pesar de que la ley estatal no lo sanciona. Se expuso una presunta red de corrupción donde los empleados cobran dinero extra por "resolver" estas multas.
DAÑO PATRIMONIAL:
También se ha revelado un presunto daño patrimonial en el organismo, que está siendo investigado.
Estas acusaciones han generado indignación entre los ciudadanos y están siendo objeto de denuncias ante las autoridades competentes, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Veracruz (CDHEV), que ya ha abierto expedientes al respecto.
EXHORBITANTES SALARIOS
Rosario Palafox con un salario mensual de $108,576.90, a cambio de aprobar la corrupción del alcalde Juan Martínez, también se beneficia de la corrupción la esposa del Contralor Lauro Ramos Olmos, teniendo un salario de $44,006.10 como Secretaria Técnica; puesto que en el 2021 tenia un salario de $21,038.
FUNCIONARIOS CORRUPTOS OPERAN EN HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
han saqueado también los recursos vía nómina; por ejemplo, la Subdirectora Administrativa tiene un salario de $65,814.00.
Y el alcalde Juan Martínez contrato al líder de colonos irregulares, JORGE AVENDAÑO LÓPEZ, como “auxiliar” con un salario de $24,122.40 mensuales. Ahí también esta el sobrino del alcalde, José ADRIÁN MARTÍNEZ ESCANDÓN, con un salario de $46,939.50

Según la denuncia, también el alcalde Juan Martínez aprobó la basificación de personal de confianza para beneficiar a familiares de su pareja sentimental, Aidee Pérez.
Así estan las cosas en Hidrosistema de Córdoba, en dónde los que pierden son los cordobeses por nefastos funcionarios municipales presididos por el corrupto JUAN MARTINEZ FLORES.

CUANDO LA VALENTÍA ESTORBA AL PODER


Por Rodrigo Hebrard

La silla rota

La noche en que debía encenderse el Festival de las Velas en Uruapan terminó bañada en sangre. En pleno centro de la ciudad, frente a su gente, fue asesinado Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde municipal que desde el inicio de su gestión se atrevió a desafiar a quienes gobiernan desde las sombras. Era un hombre incómodo, de esos que no se callan, que no negocian con la impunidad y que, por esa misma razón, estaba condenado desde el momento en que decidió enfrentar al crimen organizado en su propio territorio.

Desde que asumió el cargo, Manzo encabezó una estrategia de seguridad tan efectiva como arriesgada; salía con su equipo a recorrer las calles, transmitía sus patrullajes en vivo, denunciaba públicamente los sitios de entrenamiento del crimen y señalaba la complicidad de autoridades que miraban hacia otro lado, su único delito fue no agachar la cabeza, por eso recibió amenazas, por eso vivía bajo advertencia, por eso el Gobierno federal le asignó una escolta. Tenía, según las autoridades, un esquema de protección que debía garantizar su integridad, pero el sábado 1 de noviembre por la noche, mientras inauguraba un evento público, las balas lo alcanzaron sin que nadie pudiera evitarlo, entonces la pregunta se impone, ¿dónde estaba esa protección? ¿De qué sirve la supuesta vigilancia, los protocolos y la presencia de seguridad si un alcalde puede ser ejecutado en el centro de su ciudad, frente a decenas de testigos?

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reconoció que contaba con protección desde diciembre del año pasado y que incluso había sido reforzada en mayo, pero la realidad es que de poco sirvió; lo mataron igual, en un ataque planeado y certero, como si no existiera gobierno, como si la vida de un alcalde valiera menos que el silencio que conviene mantener y lo peor es que este crimen no es un caso aislado, se suma a una lista que crece en el mismo estado. Hace apenas unos meses, Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue asesinada afuera de su casa junto a su esposo; y antes, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue privado de la libertad y encontrado sin vida tras denunciar extorsiones del crimen. Tres nombres, tres historias que se parecen demasiado: líderes locales que intentaron devolverle dignidad a su comunidad y terminaron pagando con la vida.

¿Es esto un mensaje para los que se atreven a alzar la voz? No hay duda de eso, es la advertencia más brutal: quien no se somete, muere; es la forma en que el crimen reafirma su control territorial, recordándonos que ni el poder político ni los esquemas de seguridad sirven cuando lo que reina es el miedo y mientras tanto, los de siempre, los que se dicen del poder, los que viajan en primera clase, los que firman contratos millonarios con empresas vinculadas al crimen, gozan de total impunidad, cómodamente instalados en un país donde ser honesto se castiga y ser corrupto se premia.

La muerte de Carlos Manzo no es solo el asesinato de un alcalde, es el símbolo de un país donde hacer lo correcto puede costarte la vida, es la confirmación de que la valentía no tiene lugar en un sistema que protege más a los cómplices que a los valientes y es también una prueba dolorosa de que el Estado sigue ausente, incapaz de garantizar seguridad incluso a sus propios representantes.

Es imperdonable que alguien cuyo único propósito fue buscar la seguridad de su gente haya sido silenciado de esta manera, es imperdonable que las autoridades repitan, una vez más, el discurso de siempre: “ya se investiga”, “no habrá impunidad”, “se llegará hasta las últimas consecuencias”; esas mismas palabras vacías que se repiten con cada asesinato, con cada tragedia, hasta que la indignación se apaga y el olvido vuelve a cubrirlo todo.

Haciendo zoom... Carlos Manzo apostó por la luz, y lo mataron en la oscuridad, pero su muerte debería servir para encender algo más grande que el miedo, la exigencia de justicia, de responsabilidad, de verdad, porque si normalizamos estos crímenes, si aceptamos vivir bajo el dominio del terror, si permitimos que sigan matando a quienes intentan cambiar las cosas, entonces ya perdimos. El sábado las velas de Uruapan se apagaron antes de tiempo. Ojalá que su luz no se extinga del todo, que el nombre de Carlos Manzo no se sume al archivo de los olvidados, porque si no somos capaces de exigir justicia por los que dieron la vida por nosotros, entonces el crimen no necesita seguir disparando, ya gobierna, ya manda, ya venció.

4 de noviembre de 2025

MICHOACÁN LLORA, VERACRUZ TIEMBLA


Línea Caliente

Edgar Hernández.

2025-11-03 / 16:26:16 

Los buitres y carroñeros -sic Nahle- salieron por miles en tierras tarascas para protestar por el nuevo episodio de violencia que provocó el crimen organizado que este fin de semana cobró la vida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ejecutado de seis tiros en plena plaza pública en el marco del "Día de los Muertos". 

Tras el artero asesinato a manos del crimen organizado, el México Bronco empezó a despertar.

El pueblo bueno deja de serlo ante el desborde del narcoestado, ante los embates de la criminalidad que tiene el control de la república, que es dueña de las instituciones de gobierno y que dispone, como en el porfiriato, de vidas y haciendas.

Lo sucedido en Michoacán el pasado fin de semana encendió la chispa de la insurgencia.

De una rebelión contra una autoridad establecida que transitó de la protesta y resistencia civil a la violencia como la sucedida ayer con la toma de Palacio de Gobierno de Michoacán a manos de atrevidos jóvenes.

Al igual que en 1968 cuando el conflicto estudiantil que dio lugar a las marchas ciudadanas, al cacerolismo, al nacimiento de la “Liga 23 de Septiembre”, en tan significativo día pagano religioso, los muertos -en sentido figurado- salen de sus tumbas para protestar.

Se percibe, al igual que la rebeldía estudiantil de la Universidad Nicolaíta de los sesenta, la transformación de la protesta aislada al movimiento social, a las luchas obreras, a las revueltas agrarias, al surgimiento de la guerrilla.

El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan encendió la llama de una incipiente insurgencia, de una revuelta popular, del repudio a un proyecto -el de Morena- fallido.

El ¡Ya basta! resuena por todos los rincones de la república a partir de un incidente local que jamás se pensó tomaría la proporción nacional que ya para estas horas se percibe por todos los rincones de la república.

Y en donde Veracruz, por aludir a la localidad que ocupa este espacio, no está exenta. Sobre todo, ante los magros resultados de un mal gobierno, de una dictadura femenil disfrazada, de la falta de capacidad para la gobernanza y, en los hechos, transformar una inundación en una tragedia nacional.

Ello sin contar el desmesurado crecimiento de la criminalidad, de abrir las puertas de par en par al Cartel “Grupo Sombra” con la pretensión de eliminar a los de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación, lo cual solo da lugar a masacres y tiradero de cadáveres por toda la geografía veracruzana.

La cuota de muerte se entrega puntual y en el día a día en al menos 40 municipios del norte, en el centro, en la zona de las Altas Montañas, siempre puntual con su aliado el Cartel de las Grúas, y en el sur, menos Coatzacoalcos ¿raro no?

TODO EN EL MARCO DEL ¡NO PASA NADA!

Todo con permiso de la autoridad para que el Huachicol Fiscal siga operando en las más importantes rutas terrestres y marítimas, las que abastecen al centro de la república por Poza Rica y las que se mueven por mar a través de los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan.

LO SUCEDIDO EN MICHOACÁN ES LA PRIMERA LLAMADA.

Es la clara lección del hartazgo ciudadano; es la advertencia de la cual da cuenta Lidia Soto Romero, hija de Amparo Romero, la mujer de 84 años que perdiera la vida tras el ataque de una jauría de perros en agosto del 2024, quien desde Mexicali manda una carta abierta a la presidenta que dice al canto:

“Claudia (Sheinbaum), los mexicanos estamos llorando. Estamos sangrando. Nos duele el alma.

Nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan. Y lo que vemos y escuchamos no coincide con lo que tú declaras. Nuestros ojos ven violencia, desapariciones, falta de medicinas, hospitales colapsados, familias en ruina. Nuestros oídos escuchan promesas, cifras maquilladas, discursos ensayados, frases vacías que repiten que todo va mejorando.

Y DUELE, CLAUDIA.

Imagina —solo por un instante— estar en los zapatos de una madre a la que le desaparecieron a su hijo. Imagínate siendo la esposa o la hija de Carlos Manzo. Imagina el terror, la impotencia, el vacío.

Claudia, como madre te confieso algo: es la primera vez en mis muchos años de vida que miro a mis hijos a los ojos y les digo: Comiencen a considerar la idea de buscar otro país donde vivir.

Y ME DUELE DECIRLO. ME PARTE EL ALMA PORQUE AMO A MÉXICO”.

Son las voces de México. Son los reclamos. Son las palabras que no tardando se van a convertir en armas de lucha.

Ya se oyen los tambores de guerra.

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

OLA DE VIOLENCIA EN VERACRUZ HA COBRADO LA VIDA DE MÁS DE 20 FUNCIONARIOS Y ACTORES POLÍTICOS SOLO EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO


Fuente: Gobernantes.com

El estado de Veracruz ha enfrentado en los primeros meses del año, una ola de violencia que ha cobrado la vida de más de 20 funcionarios, candidatos, servidores públicos y actores políticos en distintos municipios del estado. De acuerdo con fuentes policiales y registros de medios locales, la mayoría de estos crímenes estarían relacionados con ataques directos del crimen organizado. Y es que, la violencia ha golpeado todos los niveles de gobierno. 

El año 2025 inició con el asesinato de Manuel Andrei Gamboa Soto, director de Gobernación en Camerino Z. Mendoza. Semanas más tarde, el secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho, Carlos Ramsés Neri Rodríguez y su hermano, fueron hallados sin vida en un cañal luego de varios días desaparecidos. Durante abril y mayo la escalada se intensificó. El 29 de abril, Germán Anuar Valencia, candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, fue ejecutado en su domicilio; en el atentado resultaron heridas dos mujeres y un menor de edad. Días antes, el director de Desarrollo Económico de Amatlán, Miguel Bartolo Moreno, había sobrevivido a un ataque armado. El 30 de abril, fue asesinado Ángel Federico Mota Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Paso de Ovejas, y el 6 de mayo, fue baleado Bladimir García Soriano, director de Obras Públicas de Ixtaczoquitlán. En ese mismo mes también fueron ejecutados Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena en Texistepec y los exfuncionarios de Actopan, Esteban Alfonseca Salazar y Edmundo Martínez, atacados al regresar de un evento político. 

A la lista se han sumado otros actores políticos después de las elecciones del pasado 1 de junio. Sin embargo, la violencia no solo ha alcanzado al ámbito político. En junio fue asesinado Antonio Huesca Figueroa, director del penal de Tuxpan y, en agosto René Vergara, titular del penal de La Toma. Ambos fueron emboscados cuando se desplazaban en vehículos oficiales. En paralelo, 17 elementos policiales estatales y municipales han perdido la vida en distintos enfrentamientos o emboscadas. Una de las más graves ocurrió en marzo sobre la autopista Cosamaloapan–Cosoleacaque, donde un oficial identificado como “Tucán” murió tras ser baleado en una patrulla de la SSP. Apenas el pasado 1 de noviembre, en plenos festejos del Día de Muertos, fue asesinado Efraín Ruiz, agente municipal de Cerro Colorado, cuando viajaba en su camioneta por la zona de Carrizal, municipio de Emiliano Zapata. Hasta el momento, la mayoría de estos ataques permanecen bajo investigación, sin que se hayan confirmado detenciones por parte de las autoridades estatales.

3 de noviembre de 2025

LA MENTIRA YA NO ALCANZA


Opinión de Raymundo Riva Palacio
 

La presidente Claudia Sheinbaum ha dejado claro que el caso penal que se le sigue en México al exdirector de Pemex, Carlos Treviño, es político. Hace unos días, de manera ligera pero ponzoñosa, dijo en su conferencia matutina que “al parecer”, Treviño seguía preso en Estados Unidos, y que, si se producía más información a lo largo del día, darían a conocer su estatus. El día pasó. La semana terminó, y no informó nada. En el imaginario colectivo quedó que Treviño está preso, bajo la idea colectiva que se debía a la petición de deportación que solicitó la Fiscalía General. La realidad es totalmente diferente: está libre y no lo deportaron. Sigue en el proceso de asilo político que le pidió al gobierno de Estados Unidos. Pero en este país de imágenes, la palabra es más fuerte que la verdad.

Treviño es un caso singular del régimen. Cuando lo detuvieron en agosto, la presidenta expresó a su equipo su preocupación por lo que pudiera declarar en Estados Unidos, sin ir más allá en sus temores. Su caso fue heredado a Sheinbaum por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inventó acusaciones contra múltiples funcionarios de anteriores administraciones para apuntalar su lucha contra la corrupción, que ha terminado en un fracaso, sin detenidos y con solicitudes para asilo político por persecuciones en México. Pese a los yerros, ha servido como herramienta de propaganda y desviación de problemas y crisis del régimen.

El caso penal contra Treviño empezó temprano en el sexenio de López Obrador, cuando el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, acordó con Emilio Lozoya, el defenestrado primer director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que imputara a varios exfuncionarios donde el árbol que allanara el camino a la cárcel del expresidente y de su antecesor Felipe Calderón fuera Treviño. Lozoya aceptó y el fiscal Alejandro Gertz Manero fue el operador de la trama. 

Lozoya hizo un acuerdo con Gertz Manero para inculpar a dos excandidatos presidenciales, a figuras del PAN y a exsecretarios de Hacienda y exdirectores de Pemex, y señalarlos de haber recibido millones de pesos de sobornos de Odebrecht. La gran motivación que alegó para su acusación, escrita por quien era entonces el brazo derecho de Gertz Manero, el fiscal Juan Ramos –quien murió como consecuencia de una operación en 2023–, era que los sobornos fueron entregados para aprobar la reforma económica del presidente Enrique Peña Nieto. En el equipo del expresidente, había intereses cruzados. Scherer quería darle a López Obrador la cabeza de Calderón; Gertz Manero, ser el primero en meter a la cárcel a un expresidente.

Lozoya fue el peón de Scherer, primero, y de Gertz Manero después, que fastidiado de sus mentiras y falta de soporte en sus acusaciones contra dos decenas de personas, lo mantiene bajo proceso penal. No obstante, la Fiscalía General, que no pudo ir contra Peña Nieto, ni contra Calderón, ni contra los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González, porque no pudieron probarles nada, mantiene forzadamente la acusación contra Treviño por corrupción, en particular por su presunta participación en el caso de la planta Etileno XXI, operada por Braskem, una filial del conglomerado brasileño Odebrecht. 

La Fiscalía General no lo detuvo porque Treviño se fue del país. Le pidió a Interpol una ficha de notificación para que lo ubicaran y lo detuvieran. Treviño se defendió. Presentó un alegato en la Comisión de Archivos de Interpol para que le quitaran la notificación, sobre la base de que era un perseguido político en México, al igual que su abogado Óscar Zamudio. En marzo de 2023, la Comisión le dio la razón y determinó que, por violaciones procesales y por tratarse de una fabricación donde se violaron sus derechos fundamentales, se cancelaba la notificación y la borró de los archivos de la Interpol. No obstante, la Fiscalía General persiste. En la actualidad, Treviño está esperando la revisión de un amparo que le negaron contra las imputaciones, en un tribunal colegiado.

Cuando detuvieron a Treviño a mediados de agosto en Texas, la presidenta Sheinbaum dijo que era consecuencia de la solicitud de extradición presentada hacía cinco años, y “en los próximos días”, anunció, sería deportado para enfrentar en México su juicio por el caso Odebrecht. Nunca sucedió eso. Treviño fue detenido cuando iba al banco en Frisco, un próspero suburbio de Dallas, por agentes migratorios. 

La narrativa de Sheinbaum no se sostuvo. Treviño tuvo su día en la Corte. Sus abogados cuestionaron la acción de los agentes de migración y probaron que tenía permiso para residir y trabajar, que no había cometido ningún delito en ese país, que no tenía antecedentes ni era un riesgo ni una amenaza para Estados Unidos, y que estaba en proceso su solicitud de asilo político, que confirmó el Departamento de Estado. El juez que escuchó su caso lo dejó en libertad, mediante una fianza de 75 mil dólares, que recuperará cuando concluya el trámite de asilo político. Nada más. No hubo brazalete electrónico ni tener que firmar semanalmente en el tribunal. La fiscal que lo acusó, no apeló.

Esta información es del conocimiento del gobierno de México, pero la presidenta Sheinbaum optó por la desinformación y la mentira. Treviño vive en Prosper, un suburbio de Dallas, donde vive y trabaja, con todos sus documentos en regla y pendiente su solicitud de asilo. Paradójicamente, el pronunciamiento de la presidenta esta semana ayuda a los abogados del exdirector de Pemex para documentar la persecución del gobierno mexicano, por la forma sistemática como ha hablado de él en las mañaneras, sin importarle la vulneración del debido proceso, con fines políticos.

La narrativa del combate a la corrupción ha perdido fuerza y credibilidad. En la última encuesta sobre la aprobación de Sheinbaum publicada por El Financiero, el 75% reprobó su gestión en este rubro y su aprobación continuó en picada. Los escándalos de la familia López Obrador y de varias de las figuras más representativas del régimen son la causa de ello. Insistir en Treviño no revertirá la tendencia, pero quizás le ayude a convertirse en el primer asilado político de su gobierno.

rrivapalacio2024@gmail.com

X: @rivapa_oficial

Del mismo autor:

2 de noviembre de 2025

"EN LA OPULENCIA TOTAL ESTA CULMINANDO LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE JUAN MARTINEZ Y SU EQUIPO DE TRABAJO"


Fuente: redes sociales

Córdoba, Veracruz

La corrupción del alcalde Juan Martínez Flores, su hijo e hijas, su novia-secretaria, así como un puñado de funcionarias y funcionarios íntimos a él no ha tenido límites; pero además éstos presumen su enriquecimiento y los lujos que ahora se pueden dar.
Sonriente, Margarita Velásquez Martínez presumió en redes sociales el “campanazo” de salida de su vehiculo Nissan Kicks cuyo valor supera los $600 mil pesos.
Fue por su camioneta nueva con su uniforme del DIF, del renacimiento de Juan Martínez; para que no quedara duda.
Margarita está señalada de malversar recursos del DIF Municipal debido a que ella únicamente obedece los caprichos de la hija del alcalde, la también doctora Lizeth.
Ellas DESMANTELARON PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DIF para beneficiarse de los $2,850,000.00 que mensualmente les dan etiquetados en la partida de “Subsidios y Ayudas Sociales”, recursos que quedan al margen de la fiscalización y transparencia
La “Jefa Mago”, causó indignación entre la empleomanía de esa institución al imponerles una cuota de $200 pesos a todos para celebrar -el 15 de agosto- su fiesta de cumpleaños en el salón “Alberca de los Abuelos”.
Originaria de Tezonapa, Margarita Velásquez Martínez fue nombrada Sub Directora Administrativa del DIF Córdoba (puesto que no existía) para asignarle un salario de $56,117.26, ganando casi igual que la Directora.
Ella, junto con la hija del alcalde Lizeth Martínez, han manejado los recursos financieros del DIF en total opacidad y bajo el tufo de la corrupción.
Al año, han manejado $34 millones 200 mil pesos sin transparencia ni rendición de cuentas.
Margarita goza de un vehículo de propiedad municipal y un chofer pagado con recursos del DIF Córdoba; en contraste los recursos para los servicios médicos y otros han sido recortados.
“La Jefa Mago” se va con nuevos lujos con el tufo de la corrupción.
Y este apenas es un ejemplo, porque todo el primer círculo del alcalde Juan Martínez, empezando por su pareja sentimental e hijos tienen vehículos 2025 -varios de lujo- que suman más de una docena y antes no tenían ese poder adquisitivo.