Comunicado del FPR, Córdoba, Veracruz
Esta semana entregamos un escrito en donde solicitamos al alcalde Tomas Ríos Bernal que terminen las acciones violentas de los inspectores de comercio, que se anule el decomiso de mercancía, el hostigamiento y la persecución en contra de los vendedores ambulantes, considerando que no existe ningún precepto dentro de reglamento o código municipal que lo manifieste.
Cabe mencionar que en relación al ARTÍCULO 53 del REGLAMENTO DE MERCADOS Y EJERCICIOS DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTOS Y EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO en ninguna de sus partes menciona de decomisar mercancía a los vendedores ambulantes, el precepto principal dice: “cuando por falta de reglamento se decomise o recoja mercancía, equipos u objetos de un puesto, se conceden diez días al propietario para la infracción correspondiente, transcurridos los cuales se consideran abandonados los bienes, procediéndose al remate en los términos de la Ley de Hacienda Municipal”…”
Si leemos del Artículo 47 al Artículo 53 de citado reglamento llegaremos a la conclusión que se refieren a los puestos instalados en los mercados. La interpretación errónea por parte de la autoridad municipal de este precepto y su errada aplicación de los inspectores de comercio, violenta los Artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Política mexicana de 1917; dando como resultado que los hechos se tipifiquen como ABUSO DE AUTORIDAD plasmado en el Artículo 317 del Código Penal para el Estado de Veracruz.
Por lo que podríamos decir que todas las acciones implementadas por los inspectores de comercio han sido fuera de la legalidad desde el 10 de junio de 1992 (fecha que fue aprobado por cabildos del ayuntamiento citado reglamento), pero además mencionado documento adolece de la formalidad legal al no actualizarse jurídicamente, al no reunir los elementos necesarios para ser realmente una ley reglamentaria al no ser aprobado por el Congreso del Estado y no haber sido publicado en la gaceta oficial del estado.
En Córdoba y en varias ciudades del país se aplican reglamentos que favorecen a una elite empresarial que abren las puertas a las transnacionales y acaban con la economía nacional. No solo existe la cerrazón por parte de las autoridades municipales, también una ilógica manera de actuar pisoteando la dignidad y los derechos mas elementales del ciudadano que busca una manera honesta de sobrevivir.
En Córdoba los inspectores son expolicias que están acostumbrados a golpear y pisotear los derechos humanos, que desde luego mancha la imagen de por si vapuleada administración municipal panista, que se encuentra bajo los escrutinios de los ciudadanos…si bien es cierto que en la ciudad debe existir un orden, ese orden no puede imponerse con un reglamento con demasiadas lagunas jurídicas y mucho menos actuar por encima de los derechos constitucionales.
El decomiso de mercancía por parte de los inspectores es ilegal a todas luces y es recomendable que el alcalde, los regidores encargados del ramo de comercio, los funcionarios de comercio y sus inspectores se pusieran a leer sobre el tema.
LIC. ANDRES GOMEZ OJEDA
FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO
