VÍCTIMAS DE UN SISTEMA INJUSTO

Jorge E. Lara de la Fraga/Espacio Ciudadano

Nada será igual. “La imagen gubernamental para demostrar que México ya era otro país, ha estallado como una pompa de jabón…” A. Sánchez Rebolledo.

Normalistas desaparecidos en Guerrero

Dictadura perfecta o imperfecta. No puedo evadir el abominable y trágico acontecimiento de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Gro., pero no quiero insistir enfermizamente en los detalles de ese crimen de lesa humanidad que nos exhibe negativamente ante el mundo. Deseo enfocar mi atención en otro sentido, hacia esa infame actitud de indiferencia y a esa política de agresión gubernamental e institucional contra las escuelas normales rurales. Para nadie es un secreto que la SEP desde hace muchos años se ha olvidado de esos centros formadores de docentes, que en el pasado formaron parte de un ambicioso proyecto pedagógico que pretendía transformar la vida de los campesinos a través de la expansión masiva de las escuelas rurales de México. Esos planteles, bajo las directrices generales de educadores de prosapia como Moisés Sáenz y Rafael Ramírez, tenían como objetivo vertebral formar a los maestros que se convertirían en idóneos encauzadores de los educandos, pero también en líderes genuinos de las comunidades para promover su transformación cultural, social y política.

Con el paso del tiempo y con el establecimiento de políticas bastante diferentes a las de las épocas postrevolucionarias, las normales regionales, después llamadas rurales, empezaron a ser marginadas, atacadas sin consideración y afectadas en los renglones presupuestales. Actualmente sólo existen 16 instituciones de tal tipo, después de casi 7 décadas de heroica sobrevivencia. Desde la administración de Manuel Ávila Camacho esas instituciones dejaron de tener un lugar preponderante en el discurso político; desde esas fechas (cuarta y quinta década del siglo XX) se les redujo el apoyo económico – material, se satanizo a sus catedráticos y se les endilgó a los muchachos el mote de comunistas, alborotadores y anarquistas. Tuvo que ocurrir el abominable suceso de Iguala, de los días 26 y 27 de septiembre del presente año, para que Emilio Chuayffet, titular de la SEP, expresara ante el Senado de la República que no se contempla la desaparición de las Escuelas Normales del país y que el gobierno federal respaldará al normalismo “para que éste vuelva a ser el crisol que fue en el siglo pasado…”

El consecuente representante popular Javier Corral indicó que Ayotzinapa es el rostro más dramático de esa evasión de responsabilidades de los distintos niveles de gobierno y está en lo cierto, porque independientemente de la culpabilidad, brutalidad, torpeza y corrupción de las autoridades municipales y estatales del estado de Guerrero, el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, no puede ni debe evadir su omisión flagrante ni su compromiso supremo en esa brutal tragedia. Expresé hace poco en una reunión de compañeros y colegas que no veía ni escuchaba vigorosamente al Primer Mandatario, ahora que las cuestiones en el país se estaban poniendo bastante complicadas. Que ante normalistas desaparecidos, ante un ajusticiamiento colectivo en Tlatlaya, ante migrantes vejados y victimados en el norte del país, ante los abusos y torpezas de varios “virreyes” de las entidades federativas, así como ante ese grado de violencia creciente propiciada por grupos de la delincuencia organizada, pareciera que el señor Presidente de la República poco se preocupara por dichas “nimiedades”, encaminando en cambio, con tenacidad, sus esfuerzos y afanes en favor de enaltecerse como un fiscal, mediador o protagonista de la paz internacional. O sea lamentablemente operar como el clásico “candil de la calle” y ser oscuridad de su casa, en estos aciagos momentos en que la pradera nacional está bastante seca y carente de proyectos nacionalistas.

Para culminar, dejo a la consideración de los lectores la aportación de un analista político que versa sobre el asunto: “Mientras el Estado mexicano sea incapaz de asegurar la gobernabilidad mediante la justicia y la ley, la delincuencia seguirá colonizándolo, aprovechando para sí misma el orden legal… El gobierno federal, como hemos visto, ha tratado de ocultar hasta donde ha podido su encubrimiento a estos y otros lamentables episodios. Si ha tenido que intervenir como si estuviera por encima de tales sucesos, se ha debido a la presión internacional de organizaciones y gobiernos que han demandado investigaciones hasta sus últimas consecuencias… Ya veremos si las indagaciones son llevadas, de verdad, hasta esclarecer y juzgar a los criminales o sólo simulan realizarlas usando el tiempo a su favor o creando chivos expiatorios para darle gusto a la opinión pública…” Seamos precisos: La masacre en Iguala no es un suceso aislado ni tampoco es el producto de malos funcionarios locales. Representa un crimen de Estado.

fuente: plumas libres