En uso de nuestros
Derechos Políticos, de nuestras Garantías Individuales, estipuladas en nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dirigimos a usted en
un contexto mínimo de seguridad.
Exigimos a los tres
poderes de gobierno que hagan cumplir la Ley y el Estado de Derecho.
Magnicidios políticos son los que han estado ocurriendo en Córdoba, Veracruz.
Nuestro Municipio se ve
rebasado en la procuración y administración de Seguridad Pública la muerte de
nuestros compañeros Maestro Grodetz Ríos Andrade y Lic. José Escamilla
Aguilera, son desgraciadamente, pruebas dolorosas del horror que impera en la
histórica ciudad.
En el marco de la
conmemoración de los 200 años de la Independencia de México se montó un
blindaje de seguridad social y política. Posteriormente a la fecha del 24 de agosto
del 2021 nuevamente se vive el horror de la violencia.
Sabiendo que estamos en
la 4 Transformación exigimos la presencia de las fuerzas federales y su
inteligencia para dar con los responsables, intelectuales y materiales de los
hechos de asesinato de nuestros compañeros políticos.
Postularse a un cargo de elección popular en México es una
actividad de alto riesgo. Pocos días antes de las elecciones locales del 6 de
junio, habían sido asesinados al menos 89 candidatos políticos durante la
actual campaña.
Según un informe actualizado sobre violencia política en
México, realizado por el grupo de análisis de riesgos Etellekt, en la campaña
de 2021 se han registrado 782 actos de violencia tanto contra candidatos en
busca de reelección como contra sus opositores, lo que supera el récord de 774
en 2018.
El estado de Veracruz, al este del país, ha sido el epicentro
de esta crisis. Desde septiembre, se han registrado allí 117 actos de
violencia, lo que incluye el asesinato de 16 políticos (casi la quinta parte
del total de muertes), pese a ser el octavo estado más violento del país en
términos del total de homicidios. Oaxaca tiene el segundo mayor número de
ataques con 68, casi la mitad de Veracruz.
En este artículo, InSight Crime analiza por qué Veracruz ha
sido especialmente vulnerable a los intentos del crimen organizado por
intimidar o asesinar políticos.
LA MANO INVISIBLE DEL CJNG
El 16 de mayo, se encontró el cuerpo de José Alfredo Gaspar
Gutiérrez en un basural. Había sido secuestrado tres días antes. Tenía señales
de tortura.
Gutiérrez estaba en campaña por la alcaldía de Misantla, una
población de unas 30.000 personas en el centro de Veracruz. Esta población
tiene una ubicación estratégica para el tráfico y la producción de narcóticos,
a poca distancia en auto de la capital del estado, y cerca de autopistas en
dirección norte, hacia Tampico y la frontera con Estados Unidos.
La ciudad está controlada por el Cartel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), que tiene allí una instalación de producción para la elaboración
de metanfetaminas, según una investigación de Televisa.
Desde allí, las drogas se despachan hacia el puerto de
Veracruz para su venta en el exterior, o bien directamente hacia Estados
Unidos.
El CJNG parece tener especial interés en mantener el control
de Misantla. Después de que se denunciara la muerte de tres miembros del grupo
a manos de la policía en marzo de 2019, otros de sus integrantes organizaron
bloqueos a lo largo de la importante vía de Córdoba hacia Veracruz, quemaron
camiones y dispararon contra la policía, dejando un saldo de al menos un
muerto.
La ciudad se ganó a un alto precio. Misantla era
anteriormente un centro de operaciones de importancia para Los Zetas, antes de
que estos fueran expulsados de Veracruz por el CJNG de manera violenta.
Aunque nadie se ha atribuido la autoría del homicidio de
Gutiérrez, varios homicidios ocurridos este año han sucedido en poblaciones
controladas por el grupo.
En marzo, el candidato a la alcaldía José Melquiades Vázquez
Lucas fue asesinado a las afueras de un edificio municipal en La Perla,
Veracruz. El gobernador del estado culpó de la muerte al crimen organizado,
pues el CJNG tiene un amplio control en La Perla, donde incluso distribuyó
paquetes con alimentos durante la pandemia del COVID-19.
En febrero, la exalcaldesa de Cosoleacaque Gladys Merlín y su
hija, Carla Enríquez Merlín, quien planeaba postularse para la alcaldía del
municipio, fueron abaleadas en su casa. Como en el caso anterior, la zona ha
sido base de operaciones del CJNG.
Y los criminales parecen tener poco temor a las represalias.
Gran parte de la violencia ha incluido ataques sorpresa por parte de pistoleros
enmascarados al volante de autos o motocicletas, quienes disparan a los
políticos a plena luz del día.
Es difícil culpar de estas acciones al CJNG solamente.
Veracruz se ha convertido en un campo de batalla en los últimos años, debido al
conflicto entre el cartel más poderoso de México y Los Zetas Vieja Escuela, una
disidencia de Los Zetas que intenta reclamar el territorio que controlaban.
El centro y sur de Veracruz, donde el CJNG y Los Zetas Vieja
Escuela se han estado disputando el control, representa la abrumadora mayoría
de homicidios de políticos. InSight Crime halló que, de los candidatos y
funcionarios en campaña de reelección muertos en Veracruz desde 2019, todos
fueron asesinados en ciudades con presencia directa registrada del CJNG, o
cerca de las zonas bajo su control.
MEJOR COLABORAR QUE MORIR
Por supuesto, como lo mostró el informe de Etellekt, la
mayoría de los candidatos no son asesinados, sino más bien amenazados. Un
candidato en el municipio de Carlos A. Carrillo, Onán Hernández López, dijo que
recibió mensajes en los que le advertían que se retirara de la contienda. En
otros municipios, hombres enmascarados han disparado al frente de las casas de
los candidatos.
“El crimen organizado ha tenido una influencia decisiva en el
proceso electoral por medio de la violencia y las amenazas, hasta el punto de
que muchos candidatos han dejado de hacer campaña o se han retirado”, declaró
en un comunicado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el pasado mes de
mayo.
Y para quienes siguen en campaña, es obviamente provechoso
cooperar con los grupos criminales en lugar de oponerse a ellos. Por largo
tiempo, las autoridades han advertido sobre la influencia política que detentan
el CJNG y otros grupos criminales en Veracruz.
"Hoy en día, la mayor parte [de Veracruz] está bajo el
control del CJNG [...]. Ellos tienen todos los comandantes de policía a su
disposición y obviamente esta estructura va a financiar candidatos", dijo
el investigador sobre el crimen Ricardo Ravelo en una entrevista con los medios
mexicanos en abril pasado.
Sin nombrar a ningún funcionario en específico, grupos de
derechos humanos y periodistas han señalado a los gobiernos locales de
Coatzacoalcos, Papantla, Poza Rica, Las Choapas, Tezonapa y Córdoba de tener
vínculos con el CJNG y grupos ligados a Los Zetas.
El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, anunció
que se están tomando medidas para mejorar la seguridad, incluido el
fortalecimiento de la vigilancia en las jurisdicciones que celebran elecciones.
Pero hay 212 alcaldías que serán tomadas en Veracruz en estas elecciones de
mitad de mandato, además de 50 diputados, y se está viendo que es prácticamente
imposible protegerlos a todos.
Es más, a menos de una semana del pronunciamiento de García
Jiménez sobre la violencia, enmascarados en Chalma emboscaron al candidato a la
alcaldía Fernando Argüelles, y lo golpearon tanto que él y su conductor
debieron ser llevados al hospital.
VERACRUZ, OBJETIVO PRIMORDIAL DEL CRIMEN
Cuando los grupos criminales mexicanos persiguen a candidatos
políticos, por lo general tratan de intimidarlos para que trabajen con ellos o,
si eso no funciona, sacarlos de la contienda. Aunque eso está sucediendo en
cierta medida en todos los estados del país, Veracruz es especialmente propicio
para esto por diferentes razones.
En primer lugar, el estado tiene un atractivo especial por su
ubicación geográfica para ejercer operaciones criminales. Es largo y estrecho,
y toca otros siete estados que conectan el sur de México con Tamaulipas, la
parada final antes del ingreso de narcóticos, contrabando y migrantes a Estados
Unidos. Sus sólidas industrias de café y ganado, entre otros sectores
agrícolas, ofrecen oportunidades de lavado de dinero y extorsión de residentes.
Y sus puertos marítimos traen cargamentos internacionales de mercancías
legales, además de químicos precursores para la producción de drogas
sintéticas.
En segundo lugar, es corriente que grupos criminales y
políticos hagan acuerdos a puerta cerrada para poder operar. El problema se
remonta a comienzos de la década de 2000, cuando la administración del entonces
gobernador Fidel Herrera le permitió el ingreso al estado a un grupo criminal
(que con el tiempo llegaría a convertirse en Los Zetas), si estos acordaban
hacer contribuciones a las campañas de algunos candidatos.
Su sucesor, Javier Duarte, ayudó a cerrar nuevos acuerdos con
Los Zetas y a obstruir numerosas investigaciones sobre homicidios y secuestros.
Duarte, quien pasaría a ser un fugitivo de fama mundial, supervisó la
destrucción sistemática del gobierno de Veracruz, hasta convertirlo en una
operación criminal que, entre otras cosas, malversó millones de dólares.
Sus sucesores en la gobernación han intentado darle la vuelta
a la corrupción, para lo cual han creado incluso una "Comisión de la
Verdad" que documente los delitos cometidos durante las administraciones
de Herrera y Duarte, a la vez que refuerzan la rendición de cuentas de los
futuros gobiernos. Pero no han logrado erradicar el problema a nivel local, lo
que lleva a que la policía municipal, entre otros servidores públicos, sigan
trabajando de la mano de los grupos criminales. Eso podría explicar por qué la
mayor parte de la violencia ha arrastrado a candidatos municipales. Los grupos
criminales deben asegurarse de que quien llegue al poder esté dispuesto a
mantener el estado de cosas.
En tercer lugar, años de corrupción han contribuido a
fomentar la fragmentación política, lo que les facilita a los grupos criminales
apoderarse de gobiernos débiles, y que los gobiernos busquen la ayuda de los
grupos criminales.
Durante años, Veracruz fue una plaza fuerte del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Pero desde la destitución de Duarte en
2016, la gobernación del estado ha rotado entre el PRI, el Partido Acción
Nacional (PAN) y Morena. Los partidos están cada vez menos dispuestos a
colaborar entre sí, lo que implica que se hayan fragmentado los diferentes ámbitos
del gobierno y no siempre coordinen sus esfuerzos contra el crimen organizado.
En 2016, aunque el estado pasaba por una crisis presupuestal
causada por el desfalco de Duarte, el gobierno federal rechazó darle auxilio
financiero, pues adujo que el estado era responsable de su situación
financiera. Mucho de ese dinero puedo haber reemplazado los millones de dólares
que Duarte robó a los gobiernos municipales que los grupos criminales intentan
intimidar hoy.
Lo peor es que estas luchas intestinas en la política ponen a
los candidatos en mayor riesgo de ser atacados.
Es muy fácil culpar a los narcos
Sin embargo, aunque el análisis de los homicidios políticos
en Veracruz apunta a una fuerte participación del CJNG, esa no es la historia
completa.
De los 16 homicidios ocurridos en Veracruz, y registrados por
Etellekt, 11 fueron de partidos opositores al gobierno estatal. Ocho eran
opositores, no candidatos a reelección, y no tenían ningún cargo político al
momento de su asesinato.
En un nuevo proyecto lanzado en junio de 2021, titulado
"Elecciones y violencia en México", Noria Research busca entender
mejor los motivos detrás de la violencia política. La introducción del proyecto
declara que la mayoría de los estudios explican la violencia política y electoral
exclusivamente "mediante un modelo de incentivo criminal", y dejan de
lado "la participación activa o pasiva, la protección, la colaboración o
el patrocinio de políticos […] fuerzas armadas, así como otros actores públicos
o privados".
Es difícil señalar con exactitud por qué los homicidios en
Veracruz fueron perpetrados exclusivamente por grupos criminales o cuál puede
haber sido la participación de funcionarios del gobierno local.
Pero algunos de los muertos tenían conexiones familiares muy
firmes con la política de Veracruz, que se extendía a varias décadas,
administraciones y partidos políticos. Se han conocido muchas teorías sobre los
homicidios, en febrero pasado, de Gladys Merlín Castro, exalcaldesa de
Cosoleacaque, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, quien estaba contemplando
lanzarse a las elecciones por la alcaldía local.
Los Merlín Alor habían tenido poder e influencia en
Cosoleacaque, al sur de Veracruz, durante décadas, a lo largo de las cuales
ocuparon cargos políticos importantes, presidieron el sindicato local de
ganaderos y fueron dueños de importantes empresas. Heliodoro Merlín Alor, padre
y abuelo de las dos víctimas, era considerado un cacique, la cabeza de un grupo
conocido como “La Banda de los Merlín". La familia ha soportado una serie
de atentados y secuestros.
A lo largo de la historia, "los principales actores en
la violencia electoral eran profesionales, peleadores callejeros, policías
(sobre todo los municipales), activistas prosindicatos, pistoleros y soldados.
Su función era garantizar la victoria del candidato favorito", como
escribía Paul Gillingham en un compendio reciente sobre la violencia política
en México.
LOS QUE VIVIMOS EN VERACRUZ
CONFIRMAMOS A DIARIO LA ESPIRAL DE VIOLENCIA CONTRA EL PUEBLO TRABAJADOR.
Por periodistasdigitales –
27 Agosto 2021
Quienes vivimos en Veracruz, confirmamos a diario que la
espiral de violencia contra los desposeídos es interminable, a pesar de los
discursos triunfalistas y de buenos deseos de funcionarios y políticos de
oficio la realidad es inocultable, lo comprueba la ejecución extrajudicial de
trabajadores de la comunicación, los restos óseos encontrados en las fosas
clandestinas, la prisión por motivos políticos y las violaciones a los derechos
humanos cometidas por elementos de las diferentes corporaciones policíacas y
militares.
La presencia de la Guardia Nacional en la entidad y su coordinación
con la Fuerza Civil y la policía municipal es para intimidar a los ciudadanos,
se amparan en la ley y en sus armas para actuar de manera prepotente contra
todo aquel ciudadano que corre la mala fortuna de caer en sus manos en los
retenes que colocan por toda la geografía del estado, eso, aunque se niegue es
militarización.
Los abusos de la Fuerza Civil en la entidad veracruzana son
reales, no existe día sin que se transgredan los derechos de la población,
aunque el Ejecutivo estatal diga que son pueblo uniformado, en los hechos son
sujetos desclasados con uniforme al servicio de un gobierno que cada vez se
aleja de los intereses del pueblo que dice defender.
Es una corporación policíaca conformada por hombres y mujeres
enfundados en uniforme para intimidar al ciudadano, durante este gobierno con
facilidad reprimen a quien protesta a quien defiende sus derechos y libertades
políticas o por el simple hecho de ser visto como “sospechoso” es motivo para
ser detenido o tratado en su lógica como “delincuente”.
Un caso que ejemplifica eso, es el asesinato de dos
adolescentes de 14 y 13 años de edad en La Patrona, municipio de Amatlán, por
elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del estado
de Veracruz el pasado 2 de julio del año en curso. La corporación policíaca
argumentó un enfrentamiento con supuestos grupos de gente armada, que dejó dos
muertos: los niños que limpiaban una camioneta en el patio de su vivienda.
Las denuncias de los familiares y la comunidad refutan esa
versión, señalan que los menores de edad fueron abatidos con saña por elementos
de la Fuerza Civil, dispararon sin ningún miramiento por el simple hecho de
parecerles sospechosos. El hecho comprueba que los crímenes de estado y de lesa
humanidad tienen su origen en las estructuras del Estado.
El gobierno de Veracruz convalidó la versión de un
“enfrentamiento” sin escuchar las demandas de los familiares con ello
criminaliza a los menores de edad y les da el trato de delincuentes. Eso denota
la indolencia y desprecio hacia la vida del pueblo trabajador, quien es el que
todos los días sortea la violencia institucional.
La versión que da el gobernador de la entidad no tiene
diferencia alguna con la que vertían los gobiernos panistas y priistas, quienes
argumentaban supuestos enfrentamientos de los cuerpos policíacos y militares
con la supuesta delincuencia organizada; los muertos los pone el pueblo, de ahí
las supuestas bajas colaterales o muertes de inocentes, todo con tal de
combatir al supuesto enemigo interno. Hoy se continúa con el mismo argumento,
lo que comprueba que lo sucedido es práctica y política de gobierno, sexenio
tras sexenio se comete contra el pueblo en general y en específico contra el
pueblo organizado.
La violencia tiene diferentes expresiones, otra de ellas es
el reciente asesinato del trabajador de la comunicación Jacinto Romero en el
municipio de Ixtaczoquitlán, quien fue abatido a balazos al interior de su
automóvil, días anteriores había sido amenazado por denunciar abusos de la
policía municipal. El cometido del crimen expresa la política de gobierno
contra las voces críticas al régimen, la característica de ésta es la
selectividad de sus víctimas como una forma de contener el descontento popular.
A la ejecución extrajudicial del trabajador de la
comunicación suman cuatro periodistas más asesinados en el gobierno de Cuitláhuac
García Jiménez. El 9 se septiembre de 2020 asesinaron en el municipio de
Tezonapa, Julio Valdivia, del Diario el Mundo, fue decapitado y presentaba
huellas de tortura; el 30 de septiembre de 2020 fue asesinada la periodista
Elena Ferral Hernández, periodista y corresponsal en Papantla del Diario
Xalapa; en agosto de 2019, fue asesinado Jorge Celestino Ruiz Vázquez en el
municipio de Actopan; crímenes de Estado cometido contra trabajadores de la
comunicación en una administración morenista que se jacta de respetar los
derechos humanos, entre ellos, la libertad de expresión y manifestación de
ideas.
El hallazgo de fosas clandestinas es otro botón de muestra de
que la violencia institucional tiene continuidad en la actual administración
morenista; el hallazgo de éstas en diferentes partes del estado habla del
cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad como son la desaparición
forzada, tortura y ejecución extrajudicial. Delitos graves que no pueden ser
olvidados, tampoco perdonados con un falso perdón.
Las fosas ubicadas en la localidad Campo Grande, municipio de
Ixtaczoquitlán por el colectivo de familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba,
son una muestra de que el cometido de graves violaciones a los derechos humanos
no cesa en esta administración; los mismos familiares señalan que hay cuerpos
que datan por lo menos de hace tres años, lo que indica que el cometido de
ellos fue en esta administración morenista, misma que ha señalado terminar con
la violencia que azota los miles de hogares proletarios, no obstante, ésta
sigue su curso con el cometido de desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales.
La prisión por motivos políticos se suma a esta ola de
violencia, las cárceles albergan a nuevos luchadores sociales, es el caso del
compañero Higinio Bustos Navarro, detenido de manera arbitraria el pasado 4 de
mayo en el municipio de Chicontepec, Veracruz. Los delitos que le imputan son
falsos, fueron fabricados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro
García Luna, quienes tenían por política crear al por mayor falsos culpables.
Lo perverso es que la actual administración morenista le dé continuidad a esa
política y en sus discursos oficiales diga que en su gobierno no hay represión
ni violaciones a los derechos humanos.
Nuestro compañero es preso político de la actual
administración morenista de Cuitláhuac García Jiménez; es detenido de manera
arbitraria e injusta por pertenecer al Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo (FNLS), defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra y
luchar por el socialismo en México.
Los casos antes expuestos son botones de muestra de que en el
estado de Veracruz la violencia no cesa, tiene continuidad y varias son sus
expresiones, desde abusos policíacos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales
y prisión por motivos políticos, violaciones a los derechos humanos que
contradicen los discursos institucionales de “respetar los derechos del
pueblo”.
Mientras persista la violencia institucional y sus diferentes
expresiones laceren los hogares proletarios, las actividades políticas y
jornadas nacionales de lucha tendrán razón de ser, razón por la que realizamos
diversas actividades de protesta en el norte, centro y sur de la entidad
veracruzana del 23 al 30 de agosto, en el marco del Día internacional de las
víctimas de desaparición forzada para denunciar la existencia de la represión
contra el pueblo organizado y exigir al gobierno mexicano:
1.Presentación
con vida de los detenidos desaparecidos, en específico la de los revolucionarios
Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y la de nuestro compañero
Fidencio Gómez Sántiz.
2.Libertad a los
compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres
Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro,
presos políticos de la actual administración morenista.
3.Alto a la persecución
política de los compañeros la Licenciada en psicología Noemia Calles Ríos, el
Licenciado en economía y profesor José Armando Falconi Borraz y el profesor de
educación primaria José Manuel Mendoza Vázquez.
4.Alto a la
represión contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)
5.Audiencia con
la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)
ATENTAMENTE
¡POR LA UNIDAD
OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!
Integrantes del Frente Popular Revolucionario se
instalaron en Plantón y mitin frente de palacio de gobierno en la Cd. de Xalapa
capital del Estado de Veracruz para exigir justicia por el asesinato cometido
contra Tomás Martínez Pinacho, dirigente social y miembro del comité estatal
del Estado de Oaxaca. Esta actividad se lleva a cabo en todo el país en donde
hay presencia del FPR y también debido a que estará el primer mandatario en la
ciudad capital. También en Orizaba Veracruz se llevó un mitin, acto de propaganda
y agitación para que este asesinato no quede impune.
Se efectuo movilización de la organizacion en las instalaciones de la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca (FGEO) y posterior marcha hacia el centro de la ciudad de
Oaxaca, es principalmente para exigir justicia para el activista del FPR, Tomás
Martínez Pinacho, asesinado hace un año – el 24 de agosto de 2020 – en el
municipio de Ánimas Trujano.
Además de la protesta en la capital del estado, el
líder del FPR detalló que se realizan movilizaciones y bloqueos carreteros en
otros municipios de Oaxaca: bloqueos carreteros en la Sierra Sur, rumbo a Villa
Sola de Vega; en Santiago Juxtlahuaca, en Huajuapan de León y en Asunción
Nochixtlán, en la Mixteca. Mientras que en San Juan Bautista Tuxtepec se
realizó una marcha y se tomarán las instalaciones de la Vicefiscalía regional
de la Cuenca del Papaloapan, al igual que en Huajuapan de León.
En Miahuatlán de Porfirio Díaz se colocó una
ofrenda floral en la tumba de Tomás Martínez y después se develó un busto en su
honor.
En un acto de justicia al pueblo yaqui, perseguido
y despojado durante muchos de infinidad de tierras que ocupaban, se prevé que
el 28 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador firme el decreto
para la creación del distrito de riego 018, que será transferido a esa
comunidad para su administración, uso y disfrute colectivo, propuesta avalada
por las autoridades tradicionales de los ocho pueblos de esta comunidad.
De acuerdo al Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI), el derecho al agua para uso agrícola es una demanda histórica
de los ocho pueblos yaquis y será la primera vez en la historia de México en
que un pueblo indígena tendrá facultades para administrar y operar un distrito
de riego de manera sustentable, a través de un organismo que estará regido por
sus propias formas de organización comunitaria, conformado por representantes
de las comunidades yaquis, explica.
Esto fue un acuerdo derivado de que en las dos
cabeceras municipales de ese pueblo, en Vícam Pueblo y Pótam, se realizó un
proceso de consulta libre, previa e informada, respecto a la creación del
distrito de riego, agregó el INPI en un comunicado. Detalló que el proyecto de
decreto presidencial aprobado tiene como finalidad que el pueblo yaqui ejerza
el derecho al agua para uso agrícola, establecido en el Acuerdo Presidencial de
1937 y en la resolución presidencial emitida por el general Lázaro Cárdenas del
Río.
El distrito de riego estará integrado por los ocho
pueblos yaquis que son Vícam, Pótam, Tórim, Ráhum, Huírivis, Belem, Bácum y
Cócorit. Se abastecerá de la presa Álvaro Obregón (Oviachic), tendrá una
superficie total de 126 mil 259 hectáreas ubicadas en el margen derecho e
izquierdo del río Yaqui y contará con capacidad inicial de 673 millones de
metros cúbicos, que permitirán regar una superficie potencial de 61 mil 223
hectáreas de cultivos. Estará bajo la administración y control de un organismo
indígena comunitario, integrado por los ocho pueblos yaquis a través de sus
autoridades tradicionales, quienes definirán mecanismos de funcionamiento, la
participación de las localidades y los requisitos para proporcionar el servicio
de riego, a fin de garantizar el desarrollo sostenible y la más alta
productividad hidroagrícola, en beneficio de usuarios y de la población en su
conjunto.
Nuestra historia es muy triste, pero no se pongan a
llorar. Nuestro mestizaje fue producto de la violación de muchos españoles
sobre nuestras antecesoras, hermosas y limpias mujeres originarias de nuestras
tierras. Así de lastimeros han sido innumerables sucesos de lo que hoy conforma
nuestra historia. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo, el
Padre de la Patria, fue el criollo que proclamó: ¡Muera el mal gobierno!, pero
también amaba la continuidad de la monarquía, porque también gritó: "¡Viva
Fernando VII!".
Se enfrentó con fiereza al ejército realista, y
también lo hicieron quienes continuaron su labor independentista como José
María Morelos y Vicente Guerrero.
Agustín de Iturbide, el emperador criollo y traidor
al pueblo de México, llamado "El Dragón de Hierro", asesino
sanguinario y fiero perseguidor de los independentistas, de los indígenas y
mestizos y afrodescendientes, firma un 24 de agosto de 1821 los comúnmente
conocidos como "Los Tratados de Córdoba" en esta nuestra bella y
única ciudad con una historia muy sui generis. Esa firma denota un hecho
paradójico con un "triunfo" que en realidad serían dos, uno de estos
pírrico para el grueso de los mexicanos y el segundo, alentador para la
continuidad de los planes de los conservadores realistas que el 19 de julio de
1824 verían sus anhelos y trabajos rotos en búsqueda de la continuidad de la
monarquía con el fusilamiento del Emperador Agustín de Iturbide. ¿Inicia con el
fusilamiento del emperador la última fase de la independencia de México?
Somos un gran país mestizo con una gran historia y
con robustas riquezas culturales, económicas y ambientales, somos un cuerno de
la abundancia con riquezas materiales que se han quedado en aproximadamente
unas sesenta manos de los oligarcas mexicanos y de abundantes saqueadores
extranjeros.
A 200 años de esa firma, y a 197 años del
fusilamiento del Emperador Agustín de Iturbide: "Tengo un sueño"; un
sueño ardiente y fervoroso que surge en las ideas y se enreda en el corazón,
sueño que un día podamos entre todos, sin importar colores partidistas, raza,
religión, hacer independiente a este país del analfabetismo y la ignorancia
para juntos construir una Patria que no sea solo para unos cuantos y segura
estoy que es el sueño que comparto con muchos mexicanos..
A través de la mirada de un conservador como José
Joaquín Pesado, se puede conocer cómo fueron los últimos días de Iturbide desde
el exilio hasta el fusilamiento.
31 de Marzo de 2021
El 30 de marzo de 1823 se registró el exilio de
Agustín de Iturbide del territorio mexicano rumbo a Liorna, Italia, esto como
un medida de defensa hacia su persona y su familia ante el levantamiento en
armas de Antonio López de Santa Anna y la promulgación en 1822 del Plan de Casa
Mata.
Días antes, Iturbide había abdicado al trono ante
el Congreso Mexicano. Éste no admitió que México se quedara sin gobernante, así
que decidieron condenarlo al destierro perpetuo con una pensión vitalicia de 25
mil pesos anuales.
Previo a dejar la titularidad del Imperio Mexicano
y junto con el congreso, se declararon nulos el Plan de Iguala y los tratados
de Córdoba, esto con el fin de permitir que México se constituyera
políticamente como mejor le pareciera a los intereses de la nación, esto de
acuerdo a José Joaquín Pesado, periodista mexicano de la época.
En su libro “El libertador D. Agustín de Iturbide”,
Joaquín Pesado afirmó que la decisión de salir del país se tomó en conjunto con
Pedro del Paso y Troncoso y de su hermana Victoria, quienes le anunciaron la
serie de revoluciones que se estaban planeando contra él y cualquiera que
quisiera el regreso del reinado de España.
En su viaje se embarcó en una antigua fragata,
Rowlins, con dirección a Italia. Estaba acompañado por su esposa, sus ocho
hijos, su sobrino, dos eclesiásticos, su secretario personal y su servidumbre.
Desembarcó en Italia el 2 de agosto de 1823; sin
embargo, él y sus acompañantes tuvieron que cumplir cuarentena obligatoria y
pudieron salir hasta el mes de septiembre.
No obstante, las cosas no fueron nada fáciles en ese
país, pues sólo se le otorgó seguridad durante un mes ya que, según el
periodista Pesado, en Europa “no fue bien vista la Revolución
Hispano-Americana”.
El exilio en Europa de Iturbide no duró mucho
tiempo, pues entre sus constantes mudanzas de Florencia a Londres, pudo conocer
los planes de reconquista sobre México que tenía España. A la par de recibir
noticias a través de cartas que “pintaban a la república en un estado de
anarquía”.
Con esta información y aconsejado por algunas
personas que querían una monarquía en América, decidió volver a México un año
más tarde. Se embarcó en Londres el 4 de mayo de 1824, junto con algunos
miembros de su familia, rumbo a la bahía de San Bernardo, Texas, misma a la que
arribó el 27 de junio.
Pasó días en Texas planeando su entrada a México,
quería hacer creer que él prestaba sus servicios a la patria para evitar que se
siguieran creando conflictos y evitar una reconquista por parte de España; sin
embargo, esto no funcionó y fue arrestado el 16 de julio en Tamaulipas.
Tres días después, el 19 de julio de 1824, fue
fusilado en Padilla, Tamaulipas, por órdenes del congreso local que ordenó
cumplir el decreto de fusilar al traidor Agustín de Iturbide.
El periodista José Joaquín Pesado plasmó en su
libro las últimas palabras que se registraron del que fuera emperador de
México, en las que afirma se puede observar “los sentimientos dominantes en el
corazón de Iturbide: la religión, la patria y el honor”.
“¡Mexicanos! en el acto mismo de mi muerte, os
recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión, ella es
quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y
muero gustoso, porque muerto entre vosotros: muero con honor, no como traidor.
No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha: no soy traidor, no. Guardad
subordinación y prestad obediencia a vuestro jefes, que hacer lo que ellos os
manden es cumplir con dios. No digo esto lleno de vanidad porque estoy muy
distante de tenerla”.
José Joaquín Pesado Pérez, no sólo se desempeñó como
escritor y periodista, también formó parte del Partido Conservador de México,
con el cual fue gobernador de Veracruz, ministro del Interior de México,
ministro de Relaciones Exteriores de México y secretario de Relaciones
Exteriores, Gobernación y Policía.
Se dice que sus obras formaron parte de la herencia
conservadora del México post independencia, en especial para modificar la
percepción de figuras como Iturbide o la herencia española en el país.
Las historias nacionales son variaciones sobre eso
que Borges llamó “el tema del traidor y del héroe”. Cada patria cuenta, por lo
menos, con dos panteones, el de los santos y el de los herejes, el de los
soldados y el de los desertores. El traidor, como Lucifer, no es un antagonista
originario, sino un ángel caído. Los enemigos, como se sabe, ni siquiera
cuentan con su panteón, ya que son cadáveres extramuros, sepultados fuera del
camposanto de la patria. Son muy pocos, sin embargo, los personajes históricos
que logran desafiar esta pesadilla binaria, tan propia de la imaginación
paulina. En el siglo XIX mexicano sólo hay tres biografías políticas que
oscilan, emblemáticamente, entre el heroísmo y la traición: la de Iturbide, la
de Santa Anna y la de Díaz. Los tres, como Fergus Kilpatrick, el extraño mártir
irlandés que concibió Jorge Luis Borges, fueron mitad héroes, mitad traidores.
Agustín de Iturbide es el primer traidor de la
historia moderna de México. Lo es no sólo porque el Congreso de la primera
República Federal así lo decretara, un 28 de abril de 1824, sino porque su
origen era el de un ilustrado criollo michoacano —Calleja y Venegas, en tanto
realistas peninsulares, fueron enemigos, no traidores— y porque fue el caudillo
que, acaso sin desearlo plenamente, consumó la independencia de la nación
mexicana. Debido a la falta de una buena biografía, poco se sabe de la vida de
Iturbide antes del Plan de Iguala. Casi todas las noticias, amén de su
vaguedad, confirman, sin embargo, cierta tendencia al vaivén político. Al
parecer, el joven Iturbide apoyó el golpe de Estado de Gabriel de Yermo contra
el virrey Iturbide en 1808, pero al año siguiente estuvo implicado en la
conspiración autonomista de Valladolid; combatió con tenacidad a Hidalgo y a
Morelos, mientras leía la literatura ilustrada francesa y española que
alebrestaba a los insurgentes; participó en la antiliberal conjura de la
Profesa en 1820 y unos meses después proponía a Guerrero un pacto separatista
sobre bases gaditanas.
A pesar de una notable reputación como coronel y
brigadier contrainsurgente, forjada con crueldad y malversación, la gran hazaña
de Iturbide no fue una batalla, ni mucho menos una férrea dictadura. Fue un
pacto: el Plan de Iguala. Con todo y la proverbial cursilería neoclásica de don
Agustín en sus discursos y proclamas —siempre más contenida, por cierto, que la
de un Santa Anna o un Bustamante—, el texto del Plan de Iguala es mejor
literatura política que el de la Constitución de 1824. La mínima filosofía de la
historia que se plasma ahí parece una adaptación de Gibbon por el abate de
Pradt, repujada con el providencialismo de Humboldt: si todas las naciones
europeas fueron hijas del imperio romano que, al crecer, se independizaron y
adoptaron formas imperiales, las nuevas naciones de Hispanoamérica son hijas de
la monarquía española que deberán convertirse en nuevos imperios americanos. El
estado naciente será, por tanto, una monarquía constitucional moderada,
responderá al nombre de Imperio de la América Septentrional y estará encabezado
por el propio Fernando VII o algún príncipe de la casa borbónica.
El entusiasmo que suscitó esta fórmula fue tal que
reconcilió a los adversarios de una guerra de diez años y hasta ganó el apoyo
del último virrey de la Nueva España, Juan O’Donojú. La entrada del Ejército
Trigarante a la ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, es la
consagración del héroe. Justo ahí comienza la saga del traidor ¿Cuál fue, pues,
la traición de Iturbide? Una en tres actos: la aceptación de la corona imperial
en mayo de 1821, tras la algazara de Pío Marcha, la disolución del Congreso
Constituyente en octubre y el fatídico desembarco por Soto de la Marina, en
julio de 1824, que le costó la vida. La eficacia simbólica del imperio, como
reconoció Alamán, dependía de su ambigüedad, es decir, de que el trono se
mantuviera vacío en espera de un príncipe con sangre real. Si Iturbide hubiera
permanecido como Regente, liberando la presión de las provincias a través del
Congreso y refrenando la ambición con su eficaz melancolía, tal vez no habría
acabado en Padilla, ejecutado por un pelotón de federalistas tamaulipecos.
La mirada serena del tiempo nos persuade de que la
“traición” de Iturbide no fue más que una serie de errores políticos. Sobre
todo el último: la travesía de Londres a Tamaulipas. Acompañado por su esposa.
Ana María Huarte, dos hijos, un sobrino, dos sacerdotes, su ayudante polaco, un
editor inglés y una imprenta, Iturbide, como demostrara Bulnes, no regresaba
para levantarse en armas contra la República Federal, sino para reinsertarse en
la vida política de la nación que él, como pocos, ayudó a independizar. Este
trágico final y la condición híbrida de héroe-traidor hicieron de su tumba un
lugar mítico, una cripta sin paz, un sepulcro tan perturbado como el de los
propios caudillos del santoral nacionalista.
El general Manuel Mier y Terán, atormentado por la
independencia de Texas, se suicidó en 1832, en Padilla, dejando caer el cuerpo
sobre su espada. Al año siguiente, Santa Anna ordenó que los restos de Iturbide
se trasladaran a la Ciudad de México, donde serían honrados. La orden se
cumplió en 1838, siendo presidente Anastasio Bustamante, iturbidista de primera
y última hora, quien decretó que las cenizas del caudillo se depositaran en la
capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral de la Ciudad de México. En 1853,
el propio Bustamante, desencantado de un México independiente que se
precipitaba en la tiranía de Santa Anna, pidió, como último deseo, que su
corazón fuese enterrado junto a las cenizas de Iturbide en la cripta de la
Catedral.
A partir de 1857, los liberales profundizaron esa
satanización, iniciada por los yorkinos de los años veinte, que atribuía a
Iturbide el rol de un anti-Hidalgo. Si el cura de Dolores era el Padre de la
Independencia, su Alteza Serenísima Agustín I era el Padrastro. En 1917, los
revolucionarios dieron otra vuelta de tuerca al mito del primer traidor a la
patria. Al cumplirse el centenario de la consumación de la Independencia, en
1921, siendo presidente Alvaro Obregón, la Cámara de Diputados federal aprobó,
por 77 votos contra 5, que el nombre de Agustín de Iturbide, grabado en letras
de oro, fuera desprendido de uno de los muros de la sala de sesiones.
Hoy la leyenda negra de Iturbide, aunque atenuada,
sigue viva. Los libros de William Spence Robertson y Timothy E. Anna, más que
las apologías de Rafael Heliodoro Valle y Alfonso Trueba, han erosionado, al
menos entre historiadores, la nefasta costumbre de colocar al Emperador en la
galería de mexicanos infames. Pero el mito persiste en la imaginación
patriótica ad usum. Como en el cuento de Borges, que podría transcurrir “en
algún país oprimido y tenaz, algún estado sudamericano o balcánico”, la
“ejecución del traidor”, con las armas de la memoria, sigue siendo “un
instrumento para la emancipación de la patria”. Iturbide murió gritando al
pelotón de fusilamiento: “¡No soy traidor, no!”
Reporteros sin Fronteras pide
investigación rigurosa del asesinato de Jacinto Romero, en Ixtaczoquitlán La
organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) pide al gobierno de
Veracruz y al federal una investigación rigurosa e independiente sobre el
asesinato del periodista y locutor de radio Jacinto Romero Flores, ocurrido la
mañana del jueves 19 de agosto, en Ixtaczoquitlán. Jacinto Romero, de 61 años,
trabajaba para la estación de radio Ori Estéreo 99.3 FM, con sede en Orizaba, conducía
su automóvil en el barrio Potrerillo de Ixtaczoquitlán, cuando fue acribillado.
Desde 2015, el periodista
mexicano transmitía en Facebook el programa “Un Café con El Enano del Tapanco,
con Jacinto Romero Flores” en el que abordaba temas relacionados con la
política, la inseguridad y las condiciones sociales en los municipios de la
región Altas Montañas de Veracruz. RSF menciona que Jacinto Romero recibe
varios mensajes amenazadores en febrero pasado, uno de los cuales lo insta a
“dejar de escribir mierda” luego de que el periodista denunciara presuntos
abusos de autoridad cometidos por policías y familiares de funcionarios locales
en una fiesta en la ciudad de Texhuacan.
Luego de las amenazas, el
reportero solicita protección a la Comisión Estatal de Atención y Protección de
los Periodistas del Estado de Veracruz (CEAPP) y queda bajo protección
preventiva; en un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que se
estaban realizando operaciones de búsqueda para encontrar a los asesinos. “El
asesinato de Jacinto Romero Flores vuelve a ensombrecer el panorama de la
libertad de prensa en México, a menos de un mes del asesinato de otro
periodista,” deplora el director de la oficina latinoamericana de RSF, Emmanuel
Colombié. “Jacinto Romero Flores, consciente de que corría peligro, ya había
pedido protección oficial. RSF hace un llamado a las autoridades para que
realicen una investigación completa, rigurosa e independiente para no dejar
impune este crimen”.
Desde principios de 2021, al
menos otros cuatro periodistas han sido asesinados en México: Benjamín Morales
Hernández, el 2 de mayo (Estado de Sonora), Gustavo Sánchez Cabrera, el 17 de
junio (Estado de Oaxaca) y Ricardo López Domínguez, el 22 de julio (Estado de
Sonora), y Saúl Tijerina, el 22 de junio (Estado de Coahuila). México ocupa el
lugar 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2021
establecida por RSF.
La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con María Luisa Albores al frente
desde hace casi un año, carece de brújula y de agenda, pues dejó de lado el
trabajo con las comunidades que sufren los infiernos ambientales, firmó el decreto
que permite la pesca en el hábitat de la vaquita marina (en riesgo de
extinción) y ni siquiera ha expresado su condena pública por los 18 activistas
asesinados en 2020, denunciaron organizaciones defensoras de la naturaleza.
En cambio, la actividad más visible
de la funcionaria es su recorrido por áreas naturales protegidas, ya que de
acuerdo con la información que promueve en su cuenta de Twitter, ha visitado,
entre otras áreas, Los Tuxtlas, Sian Ka’an, el Vizcaíno –para el avistamiento
de la ballena gris–, Celestún y Yum Balam.
También en varias ocasiones ha
ido al centro de educación ambiental y cultural Muros de Agua José Revueltas,
en las Islas Marías.
Albores dejó la Secretaría de
Bienestar el 2 de septiembre de 2020 para llegar a la Semarnat en sustitución
de Víctor Toledo, pero todavía hay mucha gente que desconoce quién está al
frente de la dependencia. No saben quién es. Mis alumnos preguntan: ¿quién está
al frente de Semarnat? No tiene presencia pública. No está haciendo labor en
favor del medio ambiente, hay silencio total. Estamos en el fondo del fondo,
lamentó Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda), e indicó que estos temas deberían ser de seguridad nacional, al igual
que el cambio climático y la escasez de agua en el país.
Albores suspendió el trabajo
–impulsado por su predecesor– en los infiernos ambientales de comunidades
afectadas por emergencias, como Tula y Atitalaquia, en Hidalgo; El Salto, en
Jalisco, y Coatzacoalcos, Veracruz, afirmó a su vez Gustavo Ampugnani, director
de Greenpeace México.
▲ Ambientalistas lamentan que
haya poca preocupación de la titular de la Semarnat por el cuidado de la
naturaleza.Foto La Jornada
También es preocupante que la
Semarnat considere la quema de residuos sólidos urbanos como parte de la
economía circular, ya que ha sido una estrategia de empresas y gobiernos en
varios países para seguir vendiendo sus productos en plásticos de un solo uso.
El ecologista reconoció la
labor de la dependencia para enfrentar 26 juicios de amparo en contra del
decreto presidencial para la eliminación del glifosato y esperamos que continúe
invocando los principios de precaución en materia ambiental como lo han hecho
hasta ahora, pero también hay muchos temas pendientes.
En relación con el cambio
climático, México actualizó a fines del 2020, en el contexto del Acuerdo de
París, las contribuciones determinadas a nivel nacional (metas voluntarias de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero), es bueno que la
Semarnat haga mayores esfuerzos en adaptarse a los impactos del cambio
climático, pero en el concierto internacional de la lucha contra este fenómeno
esto no se considera como una meta ambiciosa, señaló la Iniciativa Climática de
México.
En entrevista, Alanís dijo que
“a casi tres años de gobierno es evidente que la agenda ambiental no existe
para el Presidente. Albores, por ejemplo, en el caso de los 18 ambientalistas
asesinados el año pasado no ha dicho absolutamente nada. Los recursos son
raquíticos, no pueden hacer nada con la pobreza presupuestal.
Sobre la vaquita marina, el
decreto del 9 de julio del Diario Oficial de la Federación indica que se
admiten hasta 65 embarcaciones en la zona de tolerancia cero, por lo que
diversas organizaciones ambientalistas pidieron que se establezca con claridad
la prohibición de la pesca en esa zona.
La víspera de su asesinato, María del
Rosario Zavala Aguilar era muy optimista.
Aquella noche llamó a Joanna, la mayor
de sus seis hijos, y le dijo que estaba muy cerca de encontrar a su hermano.
Fue la última vez que hablaron.
Yatziri Misael Cardona Aguilar tenía 16
años cuando un grupo de hombres armados lo secuestraron en su casa en León,
Guanajuato, la víspera de las navidades de 2019. Desde entonces su madre no
hacía otra cosa que buscarlo: imprimió cartelones, presionó a la fiscalía, se
unió a un colectivo de búsqueda y se recorrió todo el estado preguntando a ver
si alguien había visto a ese joven imberbe de cabeza rapada y ojos
desafiantes.
Después de una intensa tarde de
rastreo, Rosario creyó estar más cerca de su objetivo. Llevaba varias horas
recorriendo la colonia Coecillo cuando un joven le dijo que sabía dónde estaba
Yatziri. El chico aseguró que lo había visto en un punto de venta de drogas
pero no ofreció más detalles porque temía sufrir represalias. A pesar de que
las explicaciones fueron escasas las expectativas se multiplicaron. Una pequeña
pista, sin posibilidad de ser corroborada, bastó para que la madre llamase
emocionada a su hija, convencida de que el reencuentro estaba cerca.
No sobrevivió al anuncio.
Horas después de aquella última
búsqueda, dos jóvenes asesinaron a María del Rosario Zavala Aguilar en la
puerta de su casa. Tocaron el timbre antes del amanecer y esperaron a que ella
abriese. La acribillaron con seis balazos. Fue el 14 de octubre de 2020 en la
misma vivienda en la que diez meses atrás Yatziri fue secuestrado. Tenía 45
años, estaba casada y dejaba seis hijos. Uno de ellos sigue desaparecido.
Meses antes de ser tiroteada la mujer
aseguraba no tener miedo. No se sentía objetivo de nadie ni decía necesitar
protección. Si alguien la hostigaba eran las autoridades, que frecuentemente
allanaban su vivienda en busca de drogas.
“En vez de investigarme a mí, ¿por qué
no buscan a mi hijo?”, se quejaba.
La noche de su asesinato una patrulla
de la Guardia Nacional se personó en la vivienda otra vez, diciendo que habían
recibido una denuncia. Horas después no estaban allí cuando los sicarios
mataron a la buscadora.
La familia de Rosario no quiso hacer
público el asesinato durante meses. Tenían miedo. Ahora siguen sin protección
pero decidieron dar a conocerla por si alguien tiene alguna pista que les lleve
a encontrar a Yatziri. A su madre ya no se la van a devolver, pero sueñan con
que les entreguen a su hermano.
El secuestro de
Yatziri
La vida de María Rosario Zavala Aguilar
cambió para siempre el 23 de diciembre de 2019. La víspera, la familia había
estado celebrando los 16 años de Yatziri. Su hermana Joanna le prometió que le
compraría unas tenis y estaba previsto que aquel día fuesen a por ellas. Al día
siguiente podría estrenarlas en la cena navideña.
Nunca llegó a hacerlo.
Pasadas las 2 de la tarde cinco hombres
armados irrumpieron en la vivienda familiar encañonando a los que se
encontraban en la planta baja. La casa tiene tres pisos y es una de las más
altas de la colonia, situada en el extrarradio de León. Abajo hay una tienda de
abarrotes desde la que se accede al salón principal, con un gran televisor, dos
sofás y una pequeña cocina americana. Arriba, los dormitorios y una zona que se
utiliza como almacén. Yatziri bajaba las escaleras cuando vio al primer tipo
con pistola.
“¡Denos el dinero hijos de su puta
madre!”, gritó. Los hombres comenzaron a llevarse ropa que la familia vende en
el tianguis, los celulares, la laptop de una de las hijas. En mitad de la
confusión, uno de los asaltantes agarró a Yésica, hermana de Yatziri y
embarazada, y amenazó con llevársela. En ese momento la habitación era un caos:
gritos, amenazas, un tipo que perseguía a una de las chicas, niños
aterrorizados. Y Yatziri, a mitad de ese horror, logró canjearse por su
hermana. Así que se lo llevaron. “Es para que dejen de pegarle”, dijo a su tía
antes de desaparecer del lugar. Su padre, desde el tercer piso, aventó varios
ladrillos a la camioneta mientras que Rosario les gritaba desde abajo que le
devolvieran a su hijo. Los hombres rafaguearon la fachada y marcharon a toda
velocidad.
Todo esto ocurrió a plena luz del día,
en una colonia popular de León, una ciudad de casi millón 800 mil
habitantes.
A partir de ese momento comienza un
calvario para Rosario Zavala.
“Entraron unas personas armadas y de
aquí se lo llevaron. Él no salió por propia voluntad, de aquí lo sacaron”,
contó ella misma en una entrevista mantenida en agosto de 2020, tres meses
antes de que la asesinaran.
Altar a
María del Rosario Zavala Aguilar y a su hijo, Yatziri Misael Cardona Zavala, en
la vivienda en donde residian en León, Guanajuato el 17 de junio del 2021.
Foto: Fred Ramos.
Rosario era una mujer fuerte y decían
de ella que tenía un carácter difícil porque no se callaba ante nada. Tenía la
cara ovalada y ojeras muy marcadas. En el brazo izquierdo llevaba tatuada una
imagen de la Santa Muerte, de la que era devota. En el segundo piso de la
vivienda hay instalado un altar con decenas de imágenes de figura popular de
culto. Cada mes llegaban los fieles para encender una veladora o pedirle algún
imposible. Por eso era conocida en toda la colonia.
En febrero de 2012 Rosario tuvo un
traspiés. Fue detenida con mariguana y cocaína para la venta y encarcelada
durante un año. Aquel arresto le perseguirá toda la vida.
“Yo andé por malos pasos, ya se lo dije
al de la investigación. Pero salí por buen camino y me puse a trabajar. Un
error lo comete cualquiera y me está afectando con mi hijo”, dijo, en
entrevista, en agosto de 2020.
El estigma también le alcanzará en la
búsqueda de su hijo. Parecía que los policías estuviesen más interesados en
investigarla a ella que en dar con el paradero de Yatziri. Periódicamente,
patrullas estatales o de la Guardia Nacional irrumpían en el domicilio para
hacer un cateo. Lo mismo hacía la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato a
través de agentes del Ministerio Público y de Agentes de Investigación Criminal
que la estigmatizaban por su pasado.
La Plataforma por la Paz y la Justicia
acompañó a Rosario a interponer una queja ante el Organismo local de derechos
humanos que lo canalizó a la CNDH. Actualmente se desconoce el avance sobre
este abuso de autoridad y allanamiento de la Guardia Nacional.
Joanna
Cardona Zavala, 32, despacha a un cliente, en el negocio familiar, en su casa
en casa en León, Guanajuato el 19 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos
Joanna Cardona Zavala, 32, despacha a un cliente, en el negocio familiar, en su casa en casa en León, Guanajuato el 19 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos
Su pasado era también una de las
razones con las que los investigadores explican el secuestro de su hijo. La
teoría era que se lo habían llevado para dar una lección a su madre. Que años
después de que fuese encarcelada, alguien buscó de nuevo a Rosario Zavala para
ofrecerle entrar de nuevo al negocio de la venta de droga. Ella lo rechazó y
capturaron a su hijo como castigo.
Alguien declaró en Fiscalía que ella
era “la Tía”, y que se habían llevado a su hijo por su negativa a vender
droga.
Su hija Joanna explica la razón del
mote: “la llamaban la Tía, pero no por el hecho de vender droga, sino porque
creía mucho en la Santa”.
Fosas que el Estado negaba
Guanajuato es el estado más violento de México. En 2020 fueron asesinadas más de 5 mil personas de las 34 mil que perdieron la vida de forma violenta en todo el país. Esto supone una tasa de 73 homicidios por cada 100 mil personas, por encima de países como Honduras o El Salvador, que durante años fueron considerados algunos de los territorios más peligrosos del mundo.
Esta violencia desmesurada se explica por la pugna entre el Cártel Santa Rosa de Lima, un grupo local dedicado originalmente al robo de combustible, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, la estructura con mayor crecimiento durante los últimos años. La detención de José Antonio Yepes Ortiz, ‘El Marro’, líder de Santa Rosa, en agosto de 2020, no frenó los asesinatos. Hay expertos como el analista David Saucedo que aseguran que esto se explica por la llegada del Cártel de Sinaloa para disputar el territorio.
A finales de 2019, cuando Rosario ingresó a un colectivo de búsqueda, el fiscal del estado Carlos Zamarripa negaba que en su territorio hubiese desaparecidos o se hallasen fosas clandestinas. Esta versión oficial no se sostenía sobre el terreno, donde los grupos de familiares crecieron de forma desmesurada. En 2018 únicamente existían dos. Tres años después ya eran 12, desplegados en las principales ciudades de Guanajuato como León, Irapuato o Salvatierra. Desde finales de 2020 se multiplicaron los hallazgos de fosas. En noviembre, 76 cuerpos en un predio de Salvatierra. En diciembre, más de 100 bolsas con restos en una casa en las afueras de Acámbaro. Si no fuese por las buscadoras estos lugares no hubiesen visto nunca la luz. Si Rosario no hubiese sido asesinada, estaría con sus compañeras escarbando en la tierra para encontrar a sus seres queridos.
Durante los diez meses que transcurrieron entre el secuestro de Yatziri y el asesinato, Rosario no dejó de buscar. Saber qué había ocurrido con su hijo se convirtió en su gran obsesión.
María del Rosario Zavala Aguilar (centro) junto a su hermana y su esposo en su vivienda en León, Guanajuato, el 17 de julio del 2020. Foto: Fred Ramos
La última pista ofrecida por los investigadores es que el joven fue asesinado. “Nos dijeron que lo habían disuelto en ácido”, recordaba.
En Guanajuato son habituales las historias sobre secuestros perpetrados por el crimen organizado como forma de reclutamiento forzoso. Se llevan a adolescentes a los que obligan a vender droga o convertirse en sicarios. Si dejan de ser útiles, simplemente se deshacen de ellos.
Eso es lo que la Fiscalía cree que hicieron con Yatziri.
La única prueba es una camiseta con manchas de cloro que se encontró en un centro de exterminio y que su familia cree que pertenecía a Yatziri. También se encontraron doce fragmentos de dentadura. Allí estaban secuestrados varios jóvenes que lograron salvar la vida gracias a la llegada de la policía. Uno de ellos dijo a la familia que lo tenían desnudo y preparado para disolver en ácido cuando los sicarios se emborracharon y olvidaron que iban a matarlo. Poco después fueron rescatados. Según la Fiscalía, Yatziri pudo pasar por aquel siniestro lugar pero en su carpeta de investigación no aparecen estas detenciones. Casi dos años después del secuestro no se han cotejado los restos de ADN de la playera o de los dientes con los de sus hermanos.
Animal Político consultó con la Fiscalía General de Guanajuato (FGE) y con la Comisión Estatal de Búsqueda, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Para Raymundo Sandoval de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quien acompañó a Rosario en la búsqueda de Yatziri, este caso ejemplifica la triple victimización que sufren las familias: la desaparición, la estigmatización y el asesinato. Además, denuncia la impunidad y recuerda que existen sospechas sobre la colusión de la fiscalía con grupos criminales.
También interpusieron una queja por la lentitud de las pesquisas y se reunieron con la secretaría de Gobernación, sin resultados. “Hay una especie de encubrimiento político a la fiscalía”, dijo Sandoval.
Rosario siempre estuvo inconforme con los avances en la investigación. Por eso acudía a fiscalía continuamente para exigir resultados. Ella no estaba buscando culpables, solo quería saber qué ocurrió con su hijo. Esta es una declaración de principios habitual en quienes tienen familiares desaparecidos, casi una oferta a los criminales: ayuden a encontrar que nosotros olvidaremos quién fue el responsable.
“A mi me entregan a mi hijo y retiro todo, pero que me digan dónde está”, afirmaba Rosario.
En Fiscalía no encontró aliados. Durante los diez meses en los que buscó sin descanso siempre sintió el desdén de los investigadores.
“Le dijeron cosas feas, sí nos trataron mal”, explica Raymundo Pérez, de 29 años, esposo de Joanna y yerno de Rosario. Él se hizo cargo de acudir a las diligencias porque en FGE se quejaron de la actitud de la madre. Pero el problema no era de modales sino de resultados. “Yo quería que se agilizaran las pruebas. Ellos se molestaban y querían que se les hiciera el trabajo a los investigadores. Nosotros no nos sentíamos conformes. ¿Cómo se sentirían si fuera un familiar suyo?”, se pregunta.
Raymundo Pérez, 29, mira las camaras de la video vigilancia instaladas afuera de su casa al lado de su hija, quien mira la televisión, en su vivienda en León, Guanajuato, el 19 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos
La búsqueda es un proceso solitario y angustioso que las familias llevan a cabo con el único apoyo de otras víctimas. La intervención de las autoridades es limitada y el volumen de desaparecidos sobrepasa con mucho las capacidades de fiscalías y comisiones. Así que son las madres, los hermanos, las hijas, quienes se convierten en investigadores. Son ellas las que llegan las primeras a una fosa clandestina, las que se meten en las colonias más peligrosas tratando de dar una pista y las que se juegan la vida por encontrar a su ser querido.
Hay veces en las que estas pesquisas les llevan a la muerte.
El asesinato de la buscadora
La víspera de su asesinato, María del Rosario Zavala Aguilar era muy optimista.
Habían transcurrido diez meses del secuestro de su hijo pero ella no perdió la esperanza. Aquella tarde la pasó mostrando la foto de Yatziri a los jóvenes que encontraba en la colonia Coecillo, una zona del centro de León donde se ubica la central camionera y en la que existen diversos puntos de venta de droga.
Horas después, dos pistoleros acabaron con su vida en su domicilio.
Pasaban algunos minutos de las 6 de la mañana cuando dos pistoleros tocaron el timbre. Quién sabe si fue por casualidad pero ella abrió la puerta. Recibió seis disparos y quedó tendida en el piso, entre las bolsas de papas y las cajas con botellas de agua, mientras los sicarios escaparon corriendo. Uno de sus hijos y su esposo llegaron tras escuchar las detonaciones. Ella todavía estaba viva, así que la metieron en un coche e intentaron llevarla al hospital. ¿Qué otra cosa podían hacer?
Junto al lugar del ataque los homicidas dejaron una cartulina. Ahí quedó escrita la sentencia de muerte: acusaban a Rosario de “hablar demasiado”.
Es posible que nunca sepamos a qué se refieren esas palabras. Tampoco importa demasiado.
Aquel fue un golpe terrible para la familia.
“Ella no tenía pelos en la lengua. Pero si a sus hijos les falta algo se quitaba las cosas de la boca, como cualquier madre”, dice Joanna, de 32 años, su hija mayor. Tras el asesinato ella se mudó al domicilio familiar con su esposo. Ahí, rodeada de recuerdos, trata de sacar adelante a los suyos.
“Mi madre era una mujer muy valiente, que no se agachó a pesar de lo que le ocurrió a su hijo. Siguió adelante hasta que le quitaron su vida”, dice.
Casi todos los domingos Joanna acude al panteón para recordar a Rosario.
Joanna Cardona Zavala, 32, platica con su pareja en su vivienda en León, Guanajuato, el 19 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos
Asegura que no ha movido la investigación. Que tiene miedo de que su familia sufra las consecuencias y que, en el fondo, su madre ya está muerta y nadie se la va a devolver. En México hay una impunidad de más del 90% según informes de México Evalúa. Si las familias no realizan pesquisas por su cuenta es posible que nunca se sepa quién apretó el gatillo. Así que la familia ha optado por la seguridad. También solicitaron medidas de protección a las autoridades estatales, pero apenas envían un coche de policía que da unos rondines antes de volver a marcharse.
Lo que no quieren olvidar es la búsqueda de Yatziri. Desde el asesinato de Rosario la familia dejó de acudir a Fiscalía y abandonó los rastreos en colonias peligrosas mostrando su fotografía. Sin embargo, no pierden la esperanza de encontrarlo.
“Vivimos un martirio, es algo muy feo. Se llevan a una persona, algo de ti y te quitan las perspectivas de verla viva”, dice Raymundo, que reconoce que muchas cosas cambiaron en la familia desde aquel secuestro.
Joanna reconoce que habla de su hermano en pasado, como si el subconsciente le advirtiera de un fatal desenlace. “Quiero ser realista, a veces pienso que no va a volver y otras me levanto con ánimo de que sí regresará”, afirma.
En su última entrevista, Rosario Zavala aseguró que no había día que no llorase la desaparición de Yatziri. “Veo su foto, lloro y pido a mi padre Dios que me lo devuelvan”.
Tres meses después de aquella conversación, dos pistoleros la mataron antes de que pudiese cumplir su sueño de encontrar a su hijo. Aquel día estaba convencida de que pronto iba a dar con su paradero.
