Comunicado del FNLS
Ciudad de México, a 10 de junio de 2024
Este 10 de junio del presente año se cumplen 53 años de la masacre estudiantil popular en la Ciudad de México mejor conocida como el Halconazo, crimen que continua en la impunidad y que los responsables fueron cobijados por la política burguesa, lo que demuestra que, desde la institucionalidad, esta se sostiene como política de gobierno.
El crimen cometido el 10 de junio de 1971 muestra la coordinación que se teje entre las instituciones del Estado para el cometido de crímenes de lesa humanidad contra los diferentes sectores populares que exigen solución a sus demandas, coordinación con la que se mantiene en la impunidad a los responsables de esos hechos.
En este repudiable crimen participaron de manera conjunta el Departamento del Distrito Federal (DDF), la policía de la Ciudad de México, su agrupamiento de granaderos, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Federal de Caminos, el Ejército Mexicano y El Estado Mayor presidencial bajo las órdenes del entonces Ejecutivo Federal.
En este crimen atroz hubo participación de toda la cadena de mando, por tanto, cada uno de ellos conoció el plan, tuvo participación en su dirección y ejecución. Fue un crimen de Estado, el cual quedó en la impunidad.
En sus estructuras planearon y ejecutaron el crimen cometido contra la población que se encontraba cerca del contingente estudiantil, con los reporteros y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes exigían la libertad de los presos políticos y Autonomía para la Universidad de Nuevo León.
Desde el jefe de Estado se protegió a los responsables materiales e intelectuales de la masacre estudiantil, se les premio con altos cargos en el gobierno. A pesar que se conoció de manera pública la responsabilidad del jefe de Estado, ningún gobierno tuvo el interés de enjuiciar y castigar a quienes planearon y ejecutaron la represión estudiantil popular.
Desde esas fechas se fortalecieron las estructuras del Estado que le dan vida al régimen económico y político, el Ejército Mexicano se consolidó como un destacamento especial de hombres armados, institución que comete las graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo trabajador.
Se legitimó el Estado policíaco militar como continuidad de la violencia institucional que se ejecuta contra los trabajadores del campo y la ciudad, y se dio mayor poder económico y militar al Ejército Mexicano, lo que asegura la inmunidad para los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado y de lesa humanidad que se han cometido en el pasado y en el presente.
Hechos que demuestra que independientemente de la insignia partidista que represente el Ejecutivo Federal, la política de gobierno se mantiene intacta para beneficiar a los intereses de los oligarcas y atentar contra la vida de hombres y mujeres que denuncian las intenciones empresariales por anular los derechos de las masas trabajadoras.
La promesa de justicia para los casos de desaparición forzada sigue sin cumplirse, al igual que en los gobiernos pasados en los que se crearon comisiones de la verdad para esclarecer los hechos represivos del 68 y 71, estas no cumplieron con la necesidad de justicia, al contrario, convalidaron la verdad del Estado para mantener la inmunidad sobre los perpetradores.
Lo contrario de las promesas de justicia del Ejecutivo federal, ha sido la protección y poder a una de las principales instituciones responsables del cometido de las graves violaciones a los derechos humanos: el Ejército Mexicano, protección con la que se convalida y legitima el uso de la violencia institucional contra el pueblo organizado y no organizado en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad.
A 53 años del halconazo, los diferentes sectores populares deben permanecer organizados fuera de las estructuras del Estado y mantener viva la exigencia de la no repetición de los crímenes de lesa humanidad y la creación de espacios de memoria sobre el crimen perpetrado el 10 de junio de 1971.
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