Autor: Mayela Sánchez
En redes sociales, como Twitter y Facebook, miles de mexicanos exigen la “renuncia” de Felipe Calderón a la Presidencia. La demanda de la oposición –que pasó de las calles y del sector político al internet– se ha mantenido por meses, como muy pocos tópicos, entre los debates más asiduos y presenta puntos álgidos con cada masacre o anuncio de fracaso económico. Sin embargo, la Constitución no prevé la remoción del presidente a petición de la ciudadanía. Lo que sí establecen las leyes mexicanas es su destitución, que estaría en manos del PRI ante la composición política del Congreso de la Unión, explican especialistas
A dos años de que concluya el sexenio, miles de mexicanos “exigen” la renuncia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como presidente de la República. A partir de su popularización, las redes sociales Facebook y Twitter se han convertido en nuevas vías de expresión política, en las que es recurrente la petición de que el panista renuncie al cargo.
De las calles a las redes sociales de internet (@renunciacalderon) y, luego, a la solicitud formal. La demanda de revocar el cargo al político michoacano fue planteada por diversas organizaciones civiles y políticas desde mediados de 2009, cuando iniciaron un movimiento a nivel nacional a favor de rescindir el mandato a Calderón Hinojosa.
El movimiento tuvo su clímax en mayo pasado con la Consulta Nacional para la Revocación de Mandato de Felipe Calderón, en la que participaron más de 600 mil personas, la mayoría de las cuales votó a favor de revocar el cargo al actual titular del Ejecutivo federal, de acuerdo con la información publicada en el portal electrónico del Comité Nacional para la Revocación de Mandato de Felipe Calderón (www.revocacionmandato.org/revoca).
Sin embargo, estas demandas carecen de sustento jurídico: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla la posibilidad de que el presidente sea removido de su cargo a petición de los ciudadanos.
Daniel Márquez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que, conforme al texto constitucional, la destitución del presidente de la República sólo puede darse porque se le acuse penalmente o se inicie un juicio político en su contra.
De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, el presidente sólo puede ser acusado de traición a la patria y delitos del orden común. En tanto, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que un juicio político procede cuando los actos u omisiones de un servidor público “redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
Lo anterior puede configurarse cuando existan violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, ataque a la libertad de sufragio, usurpación de atribuciones, ataque a las instituciones democráticas o a la forma de gobierno, así como violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal, de acuerdo con el artículo 7 de dicha Ley.
También son motivos de un juicio político las infracciones u omisiones graves a la Constitución o a las leyes federales cuando éstas causan perjuicios graves a la Federación o a uno o varios estados, o cuando motivan el trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
De acuerdo con lo estipulado en la Constitución, tanto la acusación penal como el juicio político contra el presidente son procedimientos que se dirimen en el seno del Congreso de la Unión, de modo que la destitución de un presidente en México queda en manos de 500 diputados federales y 128 senadores.
En el caso de Calderón Hinojosa, su destitución estaría decidida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dado el control que tiene sobre la Cámara de Diputados, señala Jaime Cárdenas Gracia, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT).
Pero no es la única razón por la que Cárdenas Gracia considera que el partido tricolor sería la fuerza determinante de la continuidad de Calderón Hinojosa en el cargo. El legislador, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que el mandatario “se sostiene con el apoyo del PRI. En el momento en que le retire el apoyo, se cae”.
El pronóstico de Cárdenas Gracia es que Calderón Hinojosa continuará en el cargo mientras “no se pase de la raya y haga enojar a los priistas”, pues en caso contrario, el PRI podría recurrir lo mismo a los mecanismos legales para destituirlo o presionarlo para que renuncie.
Sin embargo, Cárdenas Gracia considera poco factible que el PRI motive la remoción del mandatario en lo que resta del sexenio, aun frente a las expresiones sociales que podrían exigirla.
La razón, explica, es que dada la pretensión priista de regresar al poder en 2012, al PRI no le convendría acoger a un “país tan agitado” como el que se originaría con una anticipada salida de Calderón Hinojosa.
La factibilidad de la renuncia
La exigencia de la renuncia de Calderón Hinojosa también ha sido socorrida por miembros de los partidos de oposición. Uno de ellos es el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien considera que ante la ausencia de la figura de revocación de mandato en la Ley, la única manera de destituir al presidente es “obligarlo a que renuncie”.
Sin embargo, tal planteamiento es “inconsistente”, refiere el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez, pues no se puede obligar a alguien a renunciar a un cargo, sino que tal acción debe hacerse de forma voluntaria y como un ejercicio de “autocrítica”.
“La renuncia es el último acto de dignidad, y la dignidad no se pide”, expresa el investigador.
La posibilidad de que el presidente de la República renuncie está prevista en el artículo 86 constitucional. Éste señala que el cargo “sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.
Cárdenas Gracia no duda que, ante un activo y amplio rechazo social, Calderón Hinojosa renunciaría. Sin embargo, el diputado federal considera que, hasta ahora, “la sociedad civil no ha logrado movilizarse de manera abundante en contra de Calderón”.
Además de que las muestras de rechazo vigentes no son suficientes para “tirar a Calderón”, Cárdenas Gracia expresa que el “arreglo en la elite” que el presidente tiene con el PRI, los medios de comunicación y algunos empresarios también atenúa por ahora la posibilidad de que renuncie.
Para el diputado panista Manuel Clouthier Carrillo, a Calderón Hinojosa no debe exigírsele que renuncie, “sino que gobierne”. Clouthier Carrillo dice que el michoacano tiene que continuar en la Presidencia hasta el último día de su mandato, “nos guste o no nos guste, le guste a él o no le guste”.
El legislador panista critica que, a dos años de que termine el sexenio calderonista, el presidente siga pensando “en conceptos estrictamente electorales o en medidas de tipo populista”.
No obstante, Clouthier Carrillo sostiene que no hay razones para exigir la renuncia de Calderón Hinojosa y que tampoco debería aceptarse si éste la llegara a presentar, pues considera que el mandatario “tiene que enfrentar su responsabilidad de gobernar a favor de todos los mexicanos, no de un grupito”.
Y lanza una última advertencia: “El verdadero peligro para México se puede convertir en el propio Felipe Calderón si no entiende que tiene que gobernar para todos los mexicanos”.
Redes sociales, la cara de la demanda
“A que en 30 días juntamos 1,000,000 (1 millón de usuarios en Facebook) que quieren que renuncie Calderón”. Ésta fue la consigna de un grupo virtual que el 22 de diciembre de 2009 comenzó a circular en la red social Facebook, que cuenta con 16 millones de usuarios en México.
Este grupo que apoya la renuncia de Calderón se dice apartidista y actualmente no es administrado por nadie, según la información de su página en la red social. Lo único que ahí se señala sobre su origen es que se trata de un grupo “para todos los que ya están hartos de Felipe Calderón en Los Pinos”.
