Al condenar la desaparición forzada, que en el país ya suman 4 mil por cuestiones políticas y sociales, Braulio Morales Pascuala, del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (Fdomez), denunció que el gobierno federal ha enviado a integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a ubicar a “los representantes de las poblaciones organizadas que protestamos ante la miseria, pobreza y falta de empleo, con el fin de acallar nuestro reclamo”.
Como ejemplo de que el Cisen se entromete a las comunidades, narró que en marzo llegaron a Chapopote con el fin de comprar maíz en una tienda comunitaria, ofrecieron 25 pesos por el cuartillo, pero quien atendía era la esposa de un compañero también del Frente Nacional de Liberación Social (FNLS) y del Fdomez, esperaron a que la señora de Germán se fuera por el maíz para seguirla y así conocer personalmente al compañero”.
Se fueron y regresaron a la comunidad, dijo, pero nunca compraron el maíz, “para la población empezaron a ser sospechosos, la gente se organiza y les pide que se identifiquen, pero no lo hacen, entonces se solicita auxilio a la policía de Chapopote Chico, de ahí llaman a Chalma y les autorizan a que vayan, los policías los someten pero reciben una llamada y les quitan las esposas que les habían puesto, pero cuando declaran se identifican como operadores del Cisen.
Esto sucede en varias partes del estado, con varias poblaciones, “tratan de ubicar geográficamente a las organizaciones que están en las comunidades, ahora está la desaparición forzada y mandan comandos irregulares para levantar a indígenas y campesinos, es más fácil quitarse el paquete, así se dice 'son narcotraficantes y delincuencia organizada', cuando sabemos que es acallar y justificar la represión contra los pueblos organizados”.
Morales Pascuala consideró que es claro que el Estado implementa la guerra de baja intensidad para acallar la protesta que se vive en las comunidades, la desigualdad, la pobreza, la miseria, “porque todo aquel que proteste por sus derechos es considerado como parte de la delincuencia, cuando la Constitución no dice de esa manera, nos permite la libre manifestación.
La Federación y los estados, refiere, hacen la misma política, van con el mismo fin, quieren que nadie se manifieste, sin embargo “lo que vivimos es grave, la situación más grave, la pobreza ahora es delito, todo porque uno no puede hablar bien, no alcanzamos a tener una preparación, además el presidente dijo que iba a buscar un cambio con el empleo y la realidad es otra”.