México: Desapariciones como el caso de Gabriel Gómez Cañas, comerciante y miembro del Frente Popular Revolucionario

Piden la presentación de desaparecidos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos: FDOMEZ. Tipificar el delito de desaparición forzada. Alto a la guerra, desmilitarización del país.

Javier Hernández Alpizar

Para Kaos en la Red  

Desapariciones, como el caso de Gabriel Gómez Cañas, comerciante y miembro del Frente Popular Revolucionario (FPR) de Orizaba, Ver., "desaparecido el 25 de marzo de 2011 a las siete y veinte de la tarde, cuando se dirigía a apoyar un plantón en el Centro de Orizaba", denunciaron integrantes del Frente Democrático Oriental de México "Emiliano Zapata" (FDOMEZ), integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en rueda de prensa con motivo de la Jornada Nacional contra la Impunidad y el Olvido: "No más desapariciones forzadas", con el lema "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".

De este tipo de delitos de lesa humanidad, dijo Braulio Morales Pascual, del FDOMEZ; "como organización política, hacemos ese reclamo para que no se siga esa forma de "justicia" que para el gobierno es, justificando que todo aquél que es crítico siempre somos considerados como delincuentes."

Muchos casos de desapariciones –expresó– "no son denunciados, por el temor de que pueden ser amenazados o seguir la misma suerte". Hay víctimas "indígenas y del sector popular que son objeto de detención, la desaparición o el encarcelamiento por ser un sector que no tiene los medios para comprar la justicia."

No se tienen datos de desparecidos de otras organizaciones, lo cual explicó por el temor: "Ellos tienen también gente desaparecida, pero no son casos denunciados por el temor, ya que todo aquel sector campesino, popular, estudiantil, magisterial, siempre somos objetos a la detención y desaparición, por el simple hecho de luchar por nuestros derechos constitucionales."

El FDOMEZ, "como organización política, respetamos a los personajes que hayan decidido escoger una lucha, pero no nos quita el derecho de exigir la presentación con vida de todas las personas desaparecidas a nivel nacional, como ciudadanos mexicanos."

Se refiere a los principales nombres en la lista de desaparecidos de la campaña a nivel nacional: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, del EPR (Ejército Popular Revolucionario), que cumplieron el 25 de mayo cuatro años de su detención desaparición en Oaxaca. Asimismo, piden el esclarecimiento de los casos de: Francisco Paredes Ruiz, las hermanas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez y de Lauro Juárez.

Y enfatizó el entrevistado: "nos pronunciamos en contra de la desaparición forzada en México".

En los años setenta, cerca de 1977, el FDOMEZ sufrió cuatro desapariciones en la Huasteca hidalguense y veracruzana que, "hasta la fecha, no hemos encontrado a nuestros compañeros, uno es de Mahuatlán, municipio de Huejutla, y otros de Tenamaxtepec, municipio de Yahualica, y otros dos. Todos documentados por el Comité de Derechos Humanos de la Huasteca. Incluso, dijo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento, pero los casos siguen impunes."

En esos años, "la Huasteca se llenó de militares, más de diez mil cadetes militares que sitiaron la Huasteca para exterminar la organización campesina, el FDOMEZ". Aseguró que es una organización que se han mantenido durante más de 30 años "en la lucha, de manera independiente, y hemos sufrido diversas formas de represión pero, gracias al pueblo, seguimos de frente." Durante esa militarización "metieron grupos paramilitares para justificar" las represiones.

A nivel nacional, el gobierno "lo justifica como combate al narcotráfico, como los daños colaterales que ellos manejan, pero los perjudicados son la sociedad civil, el sector popular, quienes no tenemos nada que ver, sólo por andar en la calle, por conseguir nuestras necesidades, somos nosotros quienes andamos cruzando las calles y podemos salir dañados por ese supuesto combate al narcotráfico."

En la Huasteca, denunció, es común ver "al ejército entrar a las comunidades. Nosotros como organización política, y cualquier organización tiene el derecho, bajo los marcos legales de la Constitución, de organizarse, la comunidad, planear sus trabajos colectivos, la forma en cómo trabajar el campo, pero siempre el Estado, y la inteligencia, nos marca como si planeáramos algo, o que somos delincuentes, por ser organizados o convocar a nuestra asamblea en las comunidades ejidales. Pero yo creo que mientras no salgamos del marco legal, todo ciudadano mexicano tiene derecho de reunión, de militancia partidista o de religión o credo, pero en México realmente no existe esa libertad."

De la base militar en El Higo, Ver., dijo: "Entre ellos hay una acuerdo para según combatir la delincuencia, pero nosotros qué tenemos que ver. Si ellos realmente creen que es la vía por la que pueden solucionarlo... no (es) mandando el ejército a los cruceros, las colonias, los pueblos." 

Pero no hay empleos, ni educación y en vez de ello, "invierten pues para las fuerzas castrenses." Como ciudadanos mexicanos no tenemos "libertad de tránsito, porque en nuestras calles tenemos que estar pidiendo permiso para transitar".

Recordó que en el caso de Josefina Reyes, en Ciudad Juárez, por pedir justicia para su hija asesinada, "ella corrió la misma suerte, y sus familiares tienen que exiliarse porque en nuestro país no hay libertad". Por eso muchas personas "prefieren estar callados que exigir, cuando ya no es tiempo para estar callados, aunque tengamos miedo de correr la misma suerte."

Hay el proyecto de que se legisle para tipificar el delito de desaparición forzada, en Pachuca ya se presentó al Congreso del estado, aseguró, un proyecto de ley, y en fechas posteriores será presentado en Veracruz.

Su comunicado nacional de prensa denuncia que "las reformas judiciales y la Ley de Seguridad Nacional son un peligro para el pueblo de México y sus organizaciones, al estar encaminadas a la supeditación de los cuerpos castrenses y policiacos, a que la política interna de seguridad sea reducida a un engrane más de la política de seguridad nacional estadunidense, vía los asesores militares y policiacos norteamericanos, como se ha estado realizando con los adiestramientos de militares, marinos y policías, bajo lineamientos de carácter y objetivo contrainsurgentes."

Las demandas con que finaliza el documento incluyen: "Castigo a los responsables de las más de 45 mil ejecuciones extrajudiciales y más de 10 mil desapariciones forzadas. Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país. Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen. Alto a la guerra contra el pueblo que toma como pretexto el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico. Desarticulación de todas las bandas paramilitares. Por el regreso del ejército a sus cuarteles. Nuestro irrestricto apoyo a la marcha y movimiento por la paz con justicia social".

http://www.kaosenlared.net/noticia/168964/mexico-desapariciones-como-caso-gabriel-gomez-canas-comerciante-miembr

Elecciones en tiempos de guerra

Las instituciones electorales creadas a lo largo de los últimos 30 años parecen no estar preparadas para desafíos como la violencia criminal, los asesinatos políticos, los gastos ilegales de campañas y las crisis en ciertos estados.

Un miembro del Ejército resguarda las boletas electorales impresas en los Talleres Gráficos de la Nación. Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro

Las reformas electorales de finales de los años setenta fueron promovidas en buena medida por la impronta que había dejado la violencia que sacudió al país cuando llegó a su fin el régimen del llamado mito fundacional de la Revolución Mexicana. Esa violencia, engendrada en las propias instituciones del Estado por la ausencia de libertades plenas, estalló en las calles, principalmente contra estudiantes, quienes tenían como primer reclamo mayores libertades públicas.

 

La incapacidad del régimen para procesar esas demandas propició mayor violencia y provocó que segmentos del movimiento estudiantil y popular llegaran a la conclusión de que no había salida por cauces legales. La aparición de numerosos contingentes armados en buena parte del país llevó a la represión y, una vez debilitadas sensiblemente estas fuerzas opositoras al régimen priista, encauzaron sus energías por la vía política, aprovechando los canales que el propio régimen creó en esos años para solucionar ordenadamente éstos y otros conflictos sociales y políticos.

 

El proceso de liberalización política se puso en marcha para transitar un largo camino que llega hasta la actualidad, y que ha dejado casi una decena de reformas constitucionales y reglamentarias, más docenas de modificaciones en los ordenamientos locales, que constituyeron un entramado institucional complejo y de varias velocidades que todavía persisten en el país. La apuesta en aquellos lejanos días de los setenta fue transitar gradualmente hacia un modelo electoral que evitara cumplir la máxima autoritaria de Fidel Velázquez: “A balazos llegamos al poder, a balazos nos sacarán de él”.

La vía estaba trazada para que por medio de elecciones se canalizaran las demandas de todos los segmentos de la sociedad. Esto fortaleció el sistema de partidos y favoreció una nueva distribución del poder. Sin embargo, más de 30 años después, cuando cualquiera pensaría que ese esfuerzo de fortalecimiento de los sistemas electorales y del sistema de partidos lograría erradicar al viejo régimen hegemónico y tender diques ante la demanda social, la violencia en muchos estados da cuenta de una cierta insuficiencia de esas instituciones de la República.

http://www.msemanal.com/node/4091

La sociedad mexicana carece de la capacidad para derrocar al gobierno

"somos una sociedad completamente desorganizada, y estamos en ciudades que viven sus propios procesos de manera independiente y lo de Ciudad Juárez o la sierra de Guerrero no conmueve como debería serlo”, expresó el escritor y periodista Alejandro Páez Varela ¦ Fotojarocha

De la Redacción - martes, mayo 24, 2011

Al gobierno federal que encabeza Felipe Calderón Hinojosa lo persiguen las almas de las 40 mil víctimas de la violencia que él no reconoce, pues es la única explicación que se tiene cuando habla de shots de tequila, expresó el escritor y periodista Alejandro Páez Varela

Alejandro Páez aseguró que el presidente de México ha perdido el rumbo y está a punto de perder la razón, porque se siente como Churchill y habla de shots de tequila frente a miles de muertos, cuyas almas lo atormentan y “yo creo que eso lo va a perseguir para siempre, eso espero”, agregó el periodista.

Ante esta situación, lamentó que la sociedad mexicana no tiene la capacidad para derrocar a Felipe Calderón ni a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, porque “somos una sociedad completamente desorganizada, y estamos en ciudades que viven sus propios procesos de manera independiente y lo de Ciudad Juárez o la sierra de Guerrero no conmueve como debería serlo. Si a mí no me alcanza el desmadre nacional, yo no me voy a movilizar; si no me llega a la puerta de mi casa, toca y dice ‘soy el desmadre nacional, vengo por ti’, yo no me voy a movilizar”, expresó.

Dijo: “Yo sí creo que la prensa mexicana tiene que empezar a sacudirse fuertemente y pensar que todo lo que estamos haciendo en este momento es importante, lo que estemos escribiendo o dejando de escribir es sumamente importante. Como nunca el periodismo mexicano está siendo sometido a grandes pruebas, a unos los están matando y otros siguen pensando que la de ocho columnas puede ser una nota pagada. Yo creo que mi oficio está en una prueba muy fuerte”.

En la presentación de su libro No incluye baterías, publicado por Ediciones Cal y Arena, participó César Silva, quien calificó el trabajo de Alejandro Páez como una prosa limpia y ágil, además de que sus temas son propios de la vida cotidiana.

En tanto, Raquel Velasco, del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias (IIL-L) de la Universidad Veracruzana, coincidió con Silva sobre la narrativa del autor y comentó que No incluye baterías es un testimonio, una narración de urgencia.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=110524_124710_118&id_seccion=0

Gremio petrolero, víctima del crimen organizado, denuncia Deschamps

Señala que los estados más afectados son Campeche, Veracruz, Tabasco Tamaulipas, en donde los petroleros han sido víctimas de la delincuencia organizada. Dijo que hay un número indeterminado de desaparecidos y en los últimos tres años se ha agudizado el problema.

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El secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, (STPRM), Carlos Romero Deschamps, aseguro hoy en Boca del Rio, que por lo menos 43 integrantes de su gremio han sido víctimas de secuestros, por parte de la delincuencia organizada.

 

Señala que los estados más afectados son Campeche, Veracruz, Tabasco Tamaulipas, en donde los petroleros han sido víctimas de la delincuencia organizada.

Dijo que hay un número indeterminado de desaparecidos y en los últimos tres años se ha agudizado el problema.

El líder petrolero menciono que ha buscado el apoyo de las secretarias de seguridad pública de estos estados para mantener una coordinación con las autoridades pero además dar con el paradero de los desaparecidos.

Con información de Evelyn Hernández

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=174822

Corrupción migratoria

Raúl Contreras Bustamante - lunes, mayo 23, 2011.

Los macabros hallazgos de fosas clandestinas multitudinarias en estados como Tamaulipas y Durango han hecho salir a la luz pública una de las más serias incongruencias del gobierno federal y uno de los procesos de descomposición social más severos del país.

 

Al tiempo en que el gobierno de Felipe Calderón hace esfuerzos políticos para que los gobiernos de las entidades federativas acepten crear un mando único de todas las policías preventivas de la Federación y trata de responsabilizar a los gobiernos de los estados y del DF por su falta de colaboración en la “certificación” de sus mandos policiales, sale a relucir la grave corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración (INM).

 

El comisionado de ese Instituto, Salvador Beltrán del Río, reconoció de manera reciente, que: “ha habido un cese de 200 agentes hasta el momento por incurrir en diversas irregularidades; 40 de ellos, por cierto, están sujetos a proceso penal”.

En el penúltimo año de gobierno, ese órgano, dependiente de la Secretaría de Gobernación, inició una etapa de depuración para evitar vínculos con la delincuencia. Existe, además, una policía aduanera, que depende de la Secretaría de Hacienda, que no parece servir de mucho, cuando uno se percata de que el país está rebosante de mercancía de pésima calidad que entra al país de manera ilegal mediante el contrabando, de origen principalmente de chino.

No hay un discurso del presidente Calderón que no aluda a su lucha contra la delincuencia organizada y su eterna queja respecto a la escasa colaboración del Congreso y los gobernadores a sus deseos. Pero uno no se explica cómo pretende convencer a sus interlocutores de crear la flamante “policía única”, si no ha comenzado por hacerlo dentro de sus propias facultades e instituciones.

 

¿Por qué no ha unificado el manejo de las policías aduaneras, fiscales y migratorias bajo un solo mando? ¿Si dependen del Poder Ejecutivo y existen evidencias de que se conducen con total indolencia y desapego a los afanes presidenciales de mejorar la seguridad pública, no comenzó por sus propias responsabilidades.

¿Acaso no es materia de delincuencia organizada el contrabando y la piratería? ¿No le producen millonarias ganancias a las bandas delincuenciales la prostitución, la introducción ilegal y la extorsión de inmigrantes?

Es alarmante que se haya denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde hace años, los hechos de corrupción en materia migratoria y que apenas se anuncie su “depuración” y cese de delegados y agentes, sólo después de los hallazgos de cientos de personas enterradas de manera clandestina.

Indigna escuchar las denuncias de migrantes que salvaron la vida de manera milagrosa, que señalan que fueron funcionarios de la Secretaría de Gobernación quienes los detuvieron y entregaron a los grupos armados, en lugar de proceder a su deportación. Cuando uno trata de entender cuál es el móvil de los secuestros, asesinatos y entierro de esos cientos de inmigrantes, no resulta fácil dilucidarlo.

Secuestrarlos para pedir rescate, se dice. Pero pensar en que alguien prive de la libertad a un numeroso grupo para este fin, los retenga, tenga que vigilarlos y alimentarlos mientras se pide su rescate a familias centroamericanas, es imposible de creer. Si además, estamos seguros que se trata de personas pobres –que precisamente por eso viajan de manera clandestina– que pretenden ir a trabajar fuera de sus localidades en busca de mejores ingresos; y con seguridad ya agotaron sus ahorros pagándole de manera anticipada a los “polleros” por el viaje; resulta infantil tragarse la hipótesis del secuestro con fines de ganar dinero con el rescate.

 

Aunque no hay una investigación seria al respecto, estas acciones brutales parecen escarmientos para desestimular la migración ilegal de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Podríamos estar frente a una serie de acciones financiadas por intereses ultraconservadores de ese país, que pretenden crear una alarma dentro de los grupos de inmigrantes, que desincentive el ingreso hacia esa nación por medios terrestres, usando a nuestro territorio como paso.

Lo que es un hecho es que estas terroríficas manifestaciones de descomposición social dentro de nuestro país dejan al gobierno federal desarmado y sin calidad moral para denunciar el maltrato que padecen nuestros connacionales cuando cruzan la frontera norte en busca del empleo que somos incapaces de darles en casa.

 

raulcontreraslajornada@gmail.com

PERSISTEN AGRAVIOS DEL IPE EN CONTRA DE PENSIONADOS

Por: Jorge Cruz Ibáñez

Este 16 de mayo del presente, la comisión organizadora de la Coalición de Pensionista del Instituto de Pensiones del Estado ( COPIPE ) asistimos a las oficinas del Instituto de Pensiones del Estado ( IPE) con el fin de entrevistarnos , previa cita, con el director de este Instituto C.P. Gonzalo Morgado Huesca ; sin embargo, ante su ausencia nos recibieron funcionarios de menor rango como el Lic. Armando Adriano Fabre Subdirector de prestaciones institucionales, entre otros, para que nos dieran una explicación clara y contundente sobre la persistencia del descuento , cuyo concepto es provisión , a pesar de que gran cantidad de pensionados y jubilados ya habíamos gestionado la suspensión de tal gravamen.

En dicha reunión se le señaló a estos funcionarios que el descuento mencionado es a todas luces irregular y fuera de toda normatividad, ya que los propios ordenamientos de la Ley del IPE establecen que: Art. 33 “ Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta Ley establece. Devengadas o futuras. Serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectivas la obligación de ministrar alimentos por mandato judicial o para exigir el pago de adeudos, con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley “. Así mismo, se le hizo hincapié que el Art. 107 de la misma Ley señala: “ El Consejo Directivo, deberá ajustar sus acuerdos dentro del marco de esta Ley. En todo caso sus miembros serán responsables del daño patrimonial que originen al Instituto los acuerdos que no se encuentren debidamente fundados en este ordenamiento, independientemente de las responsabilidades administrativas , civiles y penales en que incurran. Los acuerdos tomados por el Consejo Directivo, o Director General del Instituto que contravengan o se aparten de este ordenamiento serán nulos”.

Ante esta situación, se les subrayó a dichos funcionarios que por nuestra parte emplearemos la conciliación y el diálogo para resolver esta problemática, pero de ser necesario acudiremos a las instancias pertinentes para hacer valer nuestro derecho por la vía legal correspondiente.

Los compromisos que asumieron los representantes del Director del IPE fueron: Informar al Director de nuestra demanda a efecto de que en la próxima sesión del Consejo se plantee la aprobación de dicha solicitud, dado que fue el propio Consejo el que, como máxima autoridad del Instituto, tomó la decisión. Y 2) entregar a la COPIPE copia del Estudio Actuarial externo que se nos dijo está en curso.

La preocupación que se le externó a los representantes del Director del IPE en relación al estudio actuarial mencionado, fue que no nos vayan a salir que es el fundamento para desaparecer el régimen solidario del IPE para transformarlo en un régimen de cuentas individuales, es decir en implantarnos las AFORES, tal como son los deseos del Gobierno Federal a cambio de una suma millonaria.

Ante esta amenaza de cambiar el régimen solidario del IPE por uno de cuentas individualizadas , quienes más lesionarían sus intereses y derechos serían a los trabajadores activos, por lo que los alertamos y estar pendientes para defender a nuestro sistema de pensiones del IPE.

Finalmente se nos informó que para este día 27 de mayo del presente se reunirá el Consejo Directivo del IPE y se nos va a permitir que una representante de la COPIPE estará presente en dicha sesión, sin voz ni voto, por lo que hacemos votos para que en buenos términos y en apego a la propia Ley del IPE se puedan dar solución a nuestras peticiones.

jorgecruzi@hotmail.com

SOLIDARIDAD DE FUNDALEX DURANGO CON CAMARÓGRAFO LESIONADO

Durango, Dgo., a 24 de mayo de 2011.

La Comisión Durango de la Fundación para la Libertad de Expresión, Fundalex, lamenta profundamente los hechos en los cuales resultó lesionado un camarógrafo de televisión por cable, cuando cubría la información para el medio de comunicación en el que labora.

La madrugada de ayer lunes 23 el camarógrafo acudió a grabar imágenes de un accidente vial, cuando fue alcanzado por las balas que iban dirigidas a los agentes de vialidad quienes realizaban el peritaje.

Ante estos hechos, la Comisión Durango de la Fundalex, que dirige Lourdes López Salas, se solidariza con el gremio periodístico y con el camarógrafo lesionado, deseando su pronta recuperación luego de haber sido intervenido quirúrgicamente.

López Salas expresó que ante la difícil situación que se vive en el país y en Durango en la lucha contra la delincuencia organizada y que cambió las condiciones de trabajo de los periodistas, la Comisión Durango de la Fundalex como parte de sus lineamientos, hace unos días solicitó al mandatario estatal Jorge Herrera Caldera, buscar mecanismos que garanticen la labor periodística a través de una legislación estatal.

Señaló que es necesario trabajar en conjunto -periodistas y autoridades-, opciones que permitan garantizar el desempeño de los trabajadores de los medios de comunicación, ante el actual escenario violento que se vive en la entidad y el país.