Las instituciones electorales creadas a lo largo de los últimos 30 años parecen no estar preparadas para desafíos como la violencia criminal, los asesinatos políticos, los gastos ilegales de campañas y las crisis en ciertos estados.
Un miembro del Ejército resguarda las boletas electorales impresas en los Talleres Gráficos de la Nación. Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro
Las reformas electorales de finales de los años setenta fueron promovidas en buena medida por la impronta que había dejado la violencia que sacudió al país cuando llegó a su fin el régimen del llamado mito fundacional de la Revolución Mexicana. Esa violencia, engendrada en las propias instituciones del Estado por la ausencia de libertades plenas, estalló en las calles, principalmente contra estudiantes, quienes tenían como primer reclamo mayores libertades públicas.
La incapacidad del régimen para procesar esas demandas propició mayor violencia y provocó que segmentos del movimiento estudiantil y popular llegaran a la conclusión de que no había salida por cauces legales. La aparición de numerosos contingentes armados en buena parte del país llevó a la represión y, una vez debilitadas sensiblemente estas fuerzas opositoras al régimen priista, encauzaron sus energías por la vía política, aprovechando los canales que el propio régimen creó en esos años para solucionar ordenadamente éstos y otros conflictos sociales y políticos.
El proceso de liberalización política se puso en marcha para transitar un largo camino que llega hasta la actualidad, y que ha dejado casi una decena de reformas constitucionales y reglamentarias, más docenas de modificaciones en los ordenamientos locales, que constituyeron un entramado institucional complejo y de varias velocidades que todavía persisten en el país. La apuesta en aquellos lejanos días de los setenta fue transitar gradualmente hacia un modelo electoral que evitara cumplir la máxima autoritaria de Fidel Velázquez: “A balazos llegamos al poder, a balazos nos sacarán de él”.
La vía estaba trazada para que por medio de elecciones se canalizaran las demandas de todos los segmentos de la sociedad. Esto fortaleció el sistema de partidos y favoreció una nueva distribución del poder. Sin embargo, más de 30 años después, cuando cualquiera pensaría que ese esfuerzo de fortalecimiento de los sistemas electorales y del sistema de partidos lograría erradicar al viejo régimen hegemónico y tender diques ante la demanda social, la violencia en muchos estados da cuenta de una cierta insuficiencia de esas instituciones de la República.
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