Organización Editorial Mexicana
27 de mayo de 2011
Ciudad de México.- La recién promulgada Ley de Migración no brinda mayores garantías a los migrantes en tránsito por México, toda vez que aún persiste una gran debilidad institucional y corrupción en las instancias encargadas de ejecutar la política migratoria en México, y la violación sistemática de derechos humanos de la población migrante, denunciaron diversas organizaciones defensoras de migrantes.
Refieren que nuestro país requiere una política migratoria con perspectiva de derechos humanos y acorde a la normativa internacional, ya que la debilidad de las instituciones tampoco puede, ni debe responderse con el uso de las fuerzas armadas como pretende hacerlo el Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, quien recientemente propuso la construcción de una base migratoria militar en el municipio de Acayucán, Veracruz.
"Este es un paso más hacia la militarización del país, poner a las personas migrantes en un centro de detención militar es una grave violación a los derechos humanos, extralimita por mucho el mandato de las fuerzas armadas y significa, en la práctica un estado de excepción y la suspensión de garantías", señalaron organizaciones como Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos del Migrante, Colectivo contra la Trata de Personas México; Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria; Infancia Común, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, el Insyde; y el Movimiento Migrante Mesoamericano; ririki, entre otras.
Sostiene que hoy nos encontramos frente a una crisis institucional sin precedentes y cada día más ostensible del Instituto Nacional de Migración (INM); vemos como se desmorona ante las reiteradas denuncias y revelaciones de la población migrante, de las organizaciones defensoras de sus derechos humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por ello, sostienen, México necesita una política migratoria integral para asegurar la protección de quienes transitan, regresan o salen del país y garantizar sus derechos humanos. No obstante, diversos artículos de la nueva Ley de Migración atentan contra los artículos 1°, 11°, 16°, 17° y 21° de la Carta Magna que hacen referencia a la no discriminación, igualdad, libertad de tránsito, no molestia y acceso a la justicia.
Indican que continuar vinculando a la migración con el tema de la seguridad nacional; persiste la participación de la Secretaría de Seguridad Pública en acciones de control y verificación migratoria; no desaparece la realización de operativos y verificaciones domiciliarias sin orden judicial; los tiempos de detención de las personas migrantes se ampliaron y continúa su discrecionalidad; las visas para migrantes de tránsito no cambian de fondo lo que ya existía en la Ley General de Población.
Expresan que la debilidad de las instituciones tampoco puede, ni debe responderse con el uso de las fuerzas armadas como pretende hacerlo el Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora al proponer la construcción de una base migratoria militar en el municipio de Acayucán.
"Este es un paso más hacia la militarización del país. Poner a las personas migrantes en un centro de detención militar es una grave violación a los derechos humanos, extralimita por mucho el mandato de las fuerzas armadas y significa, en la práctica un estado de excepción y la suspensión de garantías", señalan.
No es con más militares que se va a proteger a los y las migrantes, sino con políticas públicas efectivas. Para garantizar que las y los migrantes no sean objeto de abusos, ni sujetos de explotación por parte de bandas criminales y funcionarios corruptos, debe analizarse a profundidad y sobre bases sanas, claras e institucionales la situación del INM, desde la adopción de un sistema o carrera de formación institucional, donde se reformen los procesos internos del INM en el terreno operativo, y se incorporen protocolos y manuales basados en estándares internacionales de respeto de derechos humanos y la profesionalización y evaluación del personal que lo integrará.
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