Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 9 de mayo (apro).- El Poder Judicial Federal confirmó la denuncia que por largo tiempo han hecho los migrantes: que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la secretaría de Gobernación, están coludidos con la delincuencia organizada en la extorsión y explotación de que son objeto.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, emitió un comunicado en el que corroboró la participación de agentes del INM en el trato delincuencial de los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.
El Instituto citó el caso de 81 mexicanos y 39 centroamericanos que habían sido secuestrados en Tamaulipas, y que, tras ser liberados en distintos operativos por las fuerzas armadas, identificaron a agentes del INM “como las personas que las bajaron de un camión de pasajeros, cuando viajaban a la frontera, y los entregaron a hombres armados”.
Apoyados por el IFDP en lo que fue la primera acción de su tipo por parte del Poder Judicial Federal, varios de los inmigrantes centroamericanos reconocieron a los empleados gubernamentales que los entregaron a quienes “las autoridades ministeriales han identificado como miembros de la delincuencia organizada”.
Los migrantes están ahora bajo protección de la PGR, “ya que no se consideró seguro enviarlos a las estaciones migratorias”, luego de que identificaran a los agentes, añadió el Instituto Federal de la Defensoría Pública. En el caso de los mexicanos, “se verificó que fueran trasladados con seguridad a sus estados”.
De acuerdo con testimonios obtenidos por Proceso (1773), en otras estaciones y oficinas migratorias del país, en particular las de Veracruz, agentes del INM entregan a los inmigrantes a delincuentes identificados como Zetas a cambio de beneficios económicos.
La información, dada a conocer un día después de la Marcha por la Paz, la Justicia y la Dignidad, en la que participaron inmigrantes centroamericanos, es la primera de su tipo que surge del Poder Judicial desde el descubrimiento de las fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en las que se presume que hayan sido enterradas algunas personas que pretendían emigrar a Estados Unidos.
El IFDP indicó que en el caso de Tamaulipas, la atención a los 120 migrantes representa el primer caso de personas que apoya a partir de los nuevos lineamientos de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, vigentes desde el 28 de febrero pasado.
Con los migrantes también se encontraban seis ciudadanos de origen chino, tres de ellos menores de edad.
Los nuevos lineamientos establecen que las víctimas u ofendidos por tal ilícito deben recibir asistencia gratuita de un asesor en materia penal designado por el IFDP.
Tras ser rescatados, los migrantes fueron entregados a la PGR, que solicitó la intervención del Instituto que depende del Consejo de la Judicatura Federal, la instancia encargada de la vigilancia y administración de los tribunales federales del país. El apoyo del IFDP consistió en asesoría jurídica ante las autoridades migratorias para quienes solicitaron su permanencia en el país.
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/91087
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