Raúl Contreras Bustamante - lunes, mayo 23, 2011.
Los macabros hallazgos de fosas clandestinas multitudinarias en estados como Tamaulipas y Durango han hecho salir a la luz pública una de las más serias incongruencias del gobierno federal y uno de los procesos de descomposición social más severos del país.
Al tiempo en que el gobierno de Felipe Calderón hace esfuerzos políticos para que los gobiernos de las entidades federativas acepten crear un mando único de todas las policías preventivas de la Federación y trata de responsabilizar a los gobiernos de los estados y del DF por su falta de colaboración en la “certificación” de sus mandos policiales, sale a relucir la grave corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración (INM).
El comisionado de ese Instituto, Salvador Beltrán del Río, reconoció de manera reciente, que: “ha habido un cese de 200 agentes hasta el momento por incurrir en diversas irregularidades; 40 de ellos, por cierto, están sujetos a proceso penal”.
En el penúltimo año de gobierno, ese órgano, dependiente de la Secretaría de Gobernación, inició una etapa de depuración para evitar vínculos con la delincuencia. Existe, además, una policía aduanera, que depende de la Secretaría de Hacienda, que no parece servir de mucho, cuando uno se percata de que el país está rebosante de mercancía de pésima calidad que entra al país de manera ilegal mediante el contrabando, de origen principalmente de chino.
No hay un discurso del presidente Calderón que no aluda a su lucha contra la delincuencia organizada y su eterna queja respecto a la escasa colaboración del Congreso y los gobernadores a sus deseos. Pero uno no se explica cómo pretende convencer a sus interlocutores de crear la flamante “policía única”, si no ha comenzado por hacerlo dentro de sus propias facultades e instituciones.
¿Por qué no ha unificado el manejo de las policías aduaneras, fiscales y migratorias bajo un solo mando? ¿Si dependen del Poder Ejecutivo y existen evidencias de que se conducen con total indolencia y desapego a los afanes presidenciales de mejorar la seguridad pública, no comenzó por sus propias responsabilidades.
¿Acaso no es materia de delincuencia organizada el contrabando y la piratería? ¿No le producen millonarias ganancias a las bandas delincuenciales la prostitución, la introducción ilegal y la extorsión de inmigrantes?
Es alarmante que se haya denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde hace años, los hechos de corrupción en materia migratoria y que apenas se anuncie su “depuración” y cese de delegados y agentes, sólo después de los hallazgos de cientos de personas enterradas de manera clandestina.
Indigna escuchar las denuncias de migrantes que salvaron la vida de manera milagrosa, que señalan que fueron funcionarios de la Secretaría de Gobernación quienes los detuvieron y entregaron a los grupos armados, en lugar de proceder a su deportación. Cuando uno trata de entender cuál es el móvil de los secuestros, asesinatos y entierro de esos cientos de inmigrantes, no resulta fácil dilucidarlo.
Secuestrarlos para pedir rescate, se dice. Pero pensar en que alguien prive de la libertad a un numeroso grupo para este fin, los retenga, tenga que vigilarlos y alimentarlos mientras se pide su rescate a familias centroamericanas, es imposible de creer. Si además, estamos seguros que se trata de personas pobres –que precisamente por eso viajan de manera clandestina– que pretenden ir a trabajar fuera de sus localidades en busca de mejores ingresos; y con seguridad ya agotaron sus ahorros pagándole de manera anticipada a los “polleros” por el viaje; resulta infantil tragarse la hipótesis del secuestro con fines de ganar dinero con el rescate.
Aunque no hay una investigación seria al respecto, estas acciones brutales parecen escarmientos para desestimular la migración ilegal de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Podríamos estar frente a una serie de acciones financiadas por intereses ultraconservadores de ese país, que pretenden crear una alarma dentro de los grupos de inmigrantes, que desincentive el ingreso hacia esa nación por medios terrestres, usando a nuestro territorio como paso.
Lo que es un hecho es que estas terroríficas manifestaciones de descomposición social dentro de nuestro país dejan al gobierno federal desarmado y sin calidad moral para denunciar el maltrato que padecen nuestros connacionales cuando cruzan la frontera norte en busca del empleo que somos incapaces de darles en casa.
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