7 de junio de 2011

La supuesta “libertad de expresión”

Por: Silvia Núñez Hernández
Este día se celebra la “libertad de expresión” en todo el país. Originado a ello, funcionarios de los tres niveles de gobierno, organizan, comparten y hasta “reparten” una serie de regalos para enarbolar esta importante labor supuestamente ejecutada por parte de los representantes de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional.
 
Algunos periodistas comparten con los funcionarios desayunos, comidas y cenas durante toda esta semana, y reciben sin problema los regalos procedentes de diferentes oficinas gubernamentales, municipales, direcciones y demás dependencias públicas, donde sus titulares se los ofrecen para festejarlos en su “gran día”.

Para muchos periodistas el 7 de junio representa la oportunidad de sentirse “querido” por parte de los funcionarios públicos, y el valor de esa “querencia” se determina por el valor del regalo que recibe por parte de ellos, los cuales oscilan desde una pluma hasta coches, casas y joyas.
 
La libertad de expresión expuse el día de ayer en twitter, es similar a un oasis en el desierto; la cual la ves de lejos, pero al momento de acercarte a ella te das cuenta que no existe.

En la entrega realizada el pasado 3 de junio, denominado “Noé López y Carlos Rodríguez, son parte de las estadísticas” http://www.agninfover.com/noticia.php?id_noticia=65938 se explicó que el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en crímenes contra periodistas; situación que pone en manifiesto la falta de “libertad de expresión” concedida por quienes se mantienen el poder en el estado.

La nulidad de este capítulo para expresar libremente no es privativa en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional. Por ende, resulta indignante que muchos periodistas no honren la memoria de quienes han caído realizando su labor de informar a la ciudadanía.

El gremio periodístico es el único sector que no recuerda protocolariamente a sus muertos en este día, al contrario, hace oídos sordos y concede el paso a la impunidad, como si la muerte de un periodista no representara una pérdida humana y no le enviara la advertencia que cargar una “pluma crítica” es similar a escribir a través de una granada activada.
 
Un puñado de dinero, regalos costosos y hasta la aspiración del pago de un desayuno han mellado la razón del propio periodista, quienes en su gran mayoría se conforman con un escueto “pago” que puede proceder desde los altas esferas de poder hasta del funcionario del más bajo perfil de alguna dependencia pública, sin percatarse que le ha puesto precio a su “libertad de expresarse”.
 
Este día, tanto los medios de comunicación como periodistas deberían de unir sus esfuerzos para exigir a las autoridades una real procuración de justicia en el país, pero sobre todo, brindarle al periodismo en México reformas que permitan el pleno tránsito y garantías que permitan una palpable “Libertad de Expresión”.

Hasta ahora, se puede decir que cada 7 de junio el periodismo a nivel nacional celebra el “Día de la Impunidad en México”, donde los grupos de PODER establecen las normas en el que una sociedad pueda desarrollarse y jamás será a beneficio de ella, sino siempre cuidando sus propios intereses.
 
Buen aventurados quienes saben cumplir y se enorgullecen de nuestra real “Libertad de Expresión” la cuál empieza desde nuestra propia conciencia.

Quejas y comentarios:
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En política…Aprovechando la Libertad de Expresión… Si en verdad existe.

Por Miguel Ángel Cárdenas Martínez

Córdoba, Ver. Junio 06 de 2011.- Durante este día y en el marco celebrativo a la libertad de expresión, uno puede esperar más “calor” de los políticos, pero sobre todo más respeto cuando se trate de llegar puntual al evento donde se invita a los comunicadores, mas no es el caso en Córdoba, donde se cito a representantes de los medios a una hora, y pareciera que el invitado especial fuera el presidente municipal de los ciudad de los treinta caballeros, con un retraso de una hora cuarenta minutos al desayuno ofrecido por su administración.

La cita 9:30 am, pero a la máxima autoridad de extracción priista el Lic. Francisco Portilla Bonilla, se le olvido que quienes fuimos invitados somos informadores y críticos, no empleados del ayuntamiento de Córdoba. Venia haciendo su arribo en su nube de ensueño, exactamente una hora cuarenta minutos después, de que empezó a correr la hora de la cita, y a las 11:15 dio un discurso, que más que lo anterior fue mero protocolo político.

Su entrada a las 10:40 am al patio de Ceballos; fue como siempre con el aire de veo a mis súbditos, y por debajo del hombro, pues saludo a dos que tres que le quedaron al paso, para dirigirse a su mesa, misma donde había unos compañeros quienes al igual que un servidor no tenían conformidad a tan notado retraso del cual nunca se disculpo el connotado alcalde.

La presencia de algunos regidores paso desapercibido por los reporteros, nunca se le vio al síndico Mauricio Delfín Domínguez; lo cual demarca el poco interés a lo que hablen de mí, diría quizás el empresario farmacéutico, indiscutiblemente que la encargada del departamento de comunicación social la Lic. Angélica Salmerón Hernández; quiso dar lo mejor de si, mas fue opacado por la impuntualidad e informalidad de su jefe, el presidente municipal.

Con esta acción se demuestra que no se respeta el “o” los compromisos de trabajo de quienes informan diariamente a la población, y hubo quienes optaron por retirarse antes al esperado acto de la rifa de regalos, es el caso en mención de solo uno, el de la ex encargada de comunicación social en la era Lavín Torres; la Lic. Irene Cervantes; y quien ahora labora en conocido grupo radiofónico, misma que fue nombrada por el regidor primero y también comunicador y columnista Lic. Octavio Lara Báez, para que pasara a recoger el premio con envoltura verde, del cual fue ganadora y ya no estuvo para recogerlo. Por su atención, gracias.

Comentarios, quejas o amenazas: enpolitica@hotmail.com

Fuero político, protección innecesaria para legisladores

En la zona Norte de Veracruz los expertos en derecho coinciden en que el fuero es mal utilizado por la mayoría de los políticos. Urge una reforma para que se aplique solo en delitos menores: Carranza.
Por: Gilberto Viveros Sánchez/Martínez de la Torre
Martínez de la Torre, Veracruz, (AVC).- Tras señalar que el fuero político es una protección innecesaria para los legisladores, y que muchos lo han utilizado para cometer ilícitos y quedar impunes; el abogado Víctor Hugo Carranza Cadena, aseguró que es necesario que este privilegio sea reformado, a fin de que solo aplique para delitos menores.

Dijo que, para evitar que los congresistas evadan la ley y aprovechen sus cargos para cometer actos graves que afecten la integridad física o patrimonial de los ciudadanos, se tienen que hacer modificaciones y los mismos legisladores deben ser consientes de que el fuero no es algo indispensable, para que ellos puedan cumplir con sus funciones de una forma correcta.
 
“Quienes opinen lo contrario es porque de alguna manera han hecho uso de sus cargos, para cometer actos corruptos, pero los que son sinceros y derechos saben bien que su trabajo se puede realizar hasta sin fuero. Sin embargo, la propuesta de los abogados no es dejarlos desprotegidos, sino hacer una reforma al sistema, para que este privilegio solo se aplique en delitos menores”, insistió.
 
Carranza Cadena afirmó que si que si la reforma llegara a ser efectiva, la población se sentirá conforme, tranquila y tendría más credibilidad en la procuración e impartición de justicia, y los políticos estarían absteniéndose de incurrir en delitos del fuero federal para no caer en la cárcel.
 
“Sabemos bien que ley es capaz de proteger a los delincuentes, principalmente a los que hacen usos de sus cargos para cometer atropellos, como los que se han visto últimamente, por eso es que los abogados insistimos en que se deben hacer modificaciones a favor del agraviado, y en contra de quien resulta culpable de delitos del fuero federal, sin excepción de cargos públicos o representaciones políticas”, expresó.

Y es que, según el experto en derecho, en los últimos años el número de delitos cometidos por congresistas a aumentado considerablemente, sin embargo, la mayoría quedan impunes porque el fuero no permite que las autoridades los castiguen; eso que la ciudadanía se inconforme y a veces hasta quiera hacer justicia por su propia mano.

LLAMA FUNDALEX A DIRIMIR DIFERENCIAS CON DIÁLOGO Y PRIVILEGIAR LIBERTAD DE EXPRESIÓN

México, D. F, a 6 de junio de 2011
 
El Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión, consciente de que toda forma que reprima la libre expresión se convierte en un poderoso estímulo para dilucidar por la fuerza o la violencia los conflictos sociales, hace un llamado a las fuerzas políticas y/o gremiales a respetar el libre flujo de información e ideas que permitan fortalecer la democracia, principalmente en el grave momento que vive nuestro país.

Es la libertad de expresión un instrumento esencial para la participación pública y el funcionamiento de la democracia, la cual no es posible cuando hay miedo, oscuridad y silencio. Por lo que la Fundalex hace un llamado a los distintos actores sociales para hacer de ella el fundamento del respeto y la tolerancia.

La construcción de una sociedad requiere de la participación de todos aquellos involucrados quienes, mediante el diálogo y la tolerancia, deben hacerse escuchar, alejados de los intentos de imponer, por la fuerza, una forma o línea de pensamiento.
 
La Fundalex, en este sentido, se pronuncia porque la sociedad oaxaqueña y sus actores políticos y sociales resuelvan sus diarias diferencias mediante el diálogo y la convivencia pacífica y democrática, haciendo uso privilegiado de la libertad de expresión a manera de evitar agresiones como las sufridas el pasado viernes por el diario Noticias de Oaxaca.
 
Ese día, un grupo de supuestos maestros utilizó la fuerza y las agresiones con el fin de limitar el ejercicio periodístico de los informadores que laboran en dicho rotativo.
 
Para el Consejo Directivo de la Fundalex no es gratuito que el relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, haya expresado en su más reciente informe que México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.
 
Otro caso en Oaxaca es el relacionado con la demanda por daño moral interpuesta por el ex Director Jurídico del Gobierno estatal, Mario Emilio Zárate Vásquez en contra del periodista Jaime Méndez Pérez, por la cantidad de 20 millones de pesos como reparación del supuesto daño.

El 1 de junio pasado fue encontrado muerto Noel López Olguín, reportero de los semanarios Horizonte y Noticias de Acayucan, así como del diario La Verdad, quien fue reportado como desaparecido el 8 de marzo pasado en Jáltipan, Veracruz. Con su muerte, se incrementó el número de muertos a 78 desde 2001 a la fecha.

En los últimos días también fueron violentadas las instalaciones del Periódico Vanguardia de Saltillo, la noche del domingo 29 de mayo.

La Fundalex se solidariza con los familiares de los periodistas agredidos y las empresas amenazadas y manifiesta su condena a los actos de violencia que nos lastiman aún más de lo que ya estamos como sociedad.

RENUNCIA ERNESTO VILLANUEVA A LA UDLAP

Ernesto Villanueva renunció a la dirección del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLAP por la intolerancia del Rector Luis Ernesto Derbez.


Intolerancia del rector Luis Ernesto Derbez, la causa

Por José Martínez M.

Puebla, Pue., a 06 de junio de 2011

Académico notable, agudo crítico de la realidad del país, Ernesto Villanueva rompe el silencio. Decide desde su espacio en la Universidad de las Américas Puebla sobre el motivo de su renuncia a la UDLAP, una de las instituciones académicas mejor posicionadas en el ranking de las universidades mexicanas, de acuerdo a diferentes criterios de evaluación.

En la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Villanueva brilla con luz propia. Su palmarés académico es apabullante. Ha recibido un par de doctorados honoris causa, ha alcanzado el máximo nivel en el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Ha sido asesor parlamentario de varios países en América Latina. Es autor de más de una veintena de obras y coautor de medio centenar de libros especializados.

Basta decir que de manera desinteresada donó hace dos años una de las bibliotecas más especializadas y documentadas en derecho a la información a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, —la institución de educación superior de mayor tradición en el estado de Michoacán. Con ese bagaje llegó, hace menos de un año, el doctor Ernesto Villanueva a la UDLAP, pero decidió romper con ese espacio de confort que caracteriza a la burocracia y las elites académicas de nuestro país.

Vestido de manera informal, entre sorbos a su refresco y su infaltable laptop, el doctor Villanueva accede a la entrevista.

– ¿Por qué decides renunciar a la UDLAP, cuando venías desarrollando un proyecto muy importante que atrajo, desde un principio, los reflectores en distintos ámbitos, en especial el académico y el político?

– Porque no hay condiciones para seguir adelante. Mi vida profesional la he dedicado a los temas de transparencia, libertad de expresión y combate a la corrupción. Lo más fácil era no hacer nada y quedarme en la cómoda zona de confort de dejar hacer, dejar pasar, pero el silencio me convertiría en cómplice. Reconozco que tener un trabajo bien remunerado quizá sea argumento para que muchos miren para otro lado, disfruten la vida tranquila de Cholula y vean pasar el tiempo con sus familias. Es respetable esa postura, pero esa no es, sin embargo, la mía.

Agrega el catedrático: “En Puebla he sido incómodo en muchos aspectos que generalmente no se tocan, no se discuten por comodidad, por temor o por conveniencia o por las tres cosas juntas. He querido hacer la diferencia. Lo mismo critiqué la iniciativa regresiva del gobernador (Rafael) Moreno Valle en materia de daño moral, como también he hecho lo propio con el Poder Judicial del Estado. Incluso también hice críticas a la propia Universidad de las Américas Puebla con un ánimo de identificar problemas y proponer soluciones”.

Ernesto Villanueva recuerda que “lamentablemente ello ha sido considerado por su rector Luis Ernesto Derbez como una agresión a su gestión. Por esa razón, he presentado mi renuncia con fecha 31 de agosto, de suerte que con toda responsabilidad y tiempo pueda concluir los proyectos en desarrollo, salvo que razones ajenas a mi voluntad impidan cumplir este propósito. Mis colegas del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLAP han decidido solidarizarse conmigo y marcharse en la misma fecha por su propia decisión que mucho valoro y reconozco”.

– Reflexivo, agudo en sus juicios, el doctor Villanueva está consciente del peso de sus palabras. Asume su actitud como siempre lo ha hecho, con el compromiso que asume todo universitario comprometido con su país. La pregunta es obligada: ¿Realmente se afectaron tantos intereses?

– Creo que así ha sido visto por algunos directivos. No hay una cultura del debate, de la discusión y se privilegia desacreditar al mensajero más que el mensaje. La intolerancia es parte de la naturaleza humana. Las universidades deberían ser, sin embargo, un espacio de universalidad, pluralidad de ideas y proyectos. No es el caso de la UDLAP. Sus umbrales a la tolerancia y a la crítica son escasos. Cualquier postura que se aparta del discurso oficial es vista como una “agresión a la Universidad”. Es muy grave para mí que no se diferencien las personas de las instituciones, situación que finalmente pone en riesgo a estas últimas.
– Bueno, tú tienes un amplio prestigio académico, has sido un importante consultor en el Poder Legislativo, se han aprobado leyes en base a propuestas jurídicas en el área de tu especialidad, ocupas un cargo relevante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Para abreviar traes una importante trayectoria como académico. ¿En la UDLAP te esperabas un panorama como éste?

– Por desgracia, no. He trabajado en universidades privadas como la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la UNAM y el nivel de debate y de discusión es distinto. Jamás he visto un caso como el de la actual gestión directiva de la UDLAP que carece de proyecto. En realidad se trata de una suma de ocurrencias, sin método. Es lo que se denomina una política de estímulo-respuesta, que es lamentable. Y nada abona a la calidad educativa y menos a la investigación.

– Es innegable que rompiste muchas inercias ¿A propósito, cómo han reaccionado ante tu posición crítica? ¿Has recibido amenazas o presiones?

– Por supuesto. Primero empezó con un aislamiento dentro de las figuras institucionales de la UDLAP y una molestia del rector Derbez porque salía más en los medios de comunicación que él. En el ámbito de profesores y trabajadores existe, como en toda institución, personas con mayores prendas académicas que otras. Por desgracia, en la UDLAP no hay mecanismos de certidumbre laboral, circunstancia que hace que la crítica sea excepcional. Lo he dicho siempre, quien no tiene independencia económica carece de libertad de expresión y de crítica.

Ernesto Villanueva hace una pausa y expresa: “El colmo de las cosas fue que se me fabricó una acusación de acoso utilizada como disuasivo para que dejara de opinar. Como dije, se busca descreditar mi persona para minimizar mis dichos. En mi caso se equivocaron de estrategia. Le he entregado al diario Síntesis copia de la acusación, de mi respuesta y del deslinde de los supuestos testigos para que se publiquen y sean del conocimiento del público protegiendo los datos personales por responsabilidad y para proteger el legítimo derecho a la vida privada y a la propia imagen de quienes son citados”.

El experto en transparencia, protección de datos personales, derecho a la información y libertad de expresión, entre otros temas, añade: “La persona que me acusa no es una victimaria, sino una víctima de Derbez. Ella ha sido responsable en su trabajo, con capacidad y seriedad, pero lamentablemente cayó en un juego que no es el suyo. Los ataques infames lejos de perjudicar a quienes los reciben, denigran a quien los realiza. Es indignante la manipulación como medio para intentar desacreditarme, con calumnias al peor estilo del PRI”.

– Muchos estudiantes tienen la sensación de que la UDLAP tiene un alto prestigio académico ¿Qué tan real es el prestigio de la UDLAP, universidad de las más caras y selectas porque al parecer hay evidencias que demuestran lo contrario?

– Mira, mi respuesta es que es importante diferenciar a las personas individualmente identificadas de las instituciones. La UDLAP tiene un prestigio apreciable, hay personas que con conocimiento, buena fe y compromiso realizan sus tareas todos los días, como profesores, trabajadores o alumnos. Tiene el mejor campus del país, hasta donde conozco y también un equipamiento de primer nivel. Hay, empero, casos puntuales que son muy lamentables y son los que se deben identificar y ponerles un cerco sanitario para que no contaminen a la Universidad en su conjunto.

– Bueno yo te pregunto ¿Qué te animó a involucrarte en la UDLAP y hoy te encuentras con una universidad patito?

– La UDLAP no es de ninguna manera una universidad patito. Tiene un capital humano y material altamente competitivo. El problema reside en personas específicas que identificaré en estas páginas con las pruebas en la mano en los próximos días. Me animó venir a Puebla porque pensé que podría ser un factor de cambio, de reforma de usos y costumbres ajenos a la ley y a la ética. Asumo las consecuencias de ese propósito y denuncio públicamente este intento infantil de persecución.

– ¿Tenías las condiciones adecuadas para trabajar en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLAP?
– Sí y no. Sí porque se tuvo un presupuesto inicial apreciable y no porque su ejercicio resultó tan complicado que prácticamente quedó sin ser ejercido debido a la burocracia interna. Se tuvo que gestionar con entidades externas a la UDLAP para financiar más del 90 por ciento de las actividades realizadas, como lo señalo en mi carta de renuncia, donde esbozo las actividades hechas, con independencia de que presentaré un informe de trabajo al final del periodo. Destaco que no obstante la negligente función que obstaculizó el ejercicio presupuestal, conseguí recursos externos, de ahí que el Centro no sólo era funcional sino que aportaba recursos para desarrollar sus labores de investigación y difusión científica.

– Bueno, pasemos entonces al tema de la educación, que es uno de los problemas fundamentales del país, ¿por qué ha llegado la corrupción a las universidades públicas y privadas comenzando por sus autoridades?

– Es parte de los retos que tiene México. Opacidad más impunidad es igual a corrupción. Las universidades públicas y privadas son parte del país. No son islas de cumplimiento de la ley. Esa es la realidad. En el ámbito de la transparencia las universidades públicas son reacias a informar sobre sí mismas. Debemos recordar que la autonomía de la mayor parte de las universidades públicas no es sinónimo de ser sujeto de excepción de observar la ley. En este ámbito deberemos avanzar en reformas futuras en las leyes de transparencia.

Villanueva da un sorbo a su refresco mientras agrega: “En las universidades privadas, la transparencia debe ser una política corporativa para generar credibilidad y prestigio, sobre todo por lo que concierne a su oferta educativa y a su planta de académicos. No hay que olvidar que las Universidades Privadas al depender de los Registros de Validez Oficial de la SEP, están prestando un servicio público que debe estar lo más abierto al escrutinio público.

– ¿Tienes algún temor por lo que revelas y más todavía por lo que vas a revelar, aunado a nuestras propias investigaciones?

– Todo en la vida tiene riesgos, si les podemos llamar así. Yo actúo con responsabilidad. Decir la verdad cuesta. Y si tú lo enfocas como un riesgo, pues yo me lo juego con la verdad, con documentos, con pruebas. Quiero dejar en claro que no tengo ninguna evidencia de una amenaza específica a mi integridad o a la de mi familia. Sería una posición facilista acusar a Derbez de lo que me pueda pasar. Sería, peor todavía, una irresponsabilidad. Si en el transcurso de los próximos días advierto elementos que me permitan hacer presunciones razonables lo haré público para que se tomen las medidas que correspondan, pero no antes. Cuando la razón nos asiste, como es el caso, no sólo hay tranquilidad, sino responsabilidad en la difusión de los datos que permitan a la sociedad estar informada. Y reitero no guardaré silencio para no ser cómplice.

(Se autoriza reproducción de la información)

6 de junio de 2011

Manifiesto a la Nación a dos Años de luto y lucha, 05 de junio 2011

Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio, Asociación Civil
Hermosillo, Sonora México a 05 de junio de 2011

A dos años de luto y lucha
Manifiesto a la Nación

El misterio del amor es más grande que el misterio de la muerte : Oscar Wilde

Hoy es 5 de junio, día de luto para el pueblo mexicano: Una vez más han doblado las campanas y se han soltado al cielo miles de globos blancos en memoria de quienes no debieron morir.
 
Hoy 5 de junio de 2011 se cumplen dos años del horror, del crimen de Estado que arrebató las tiernas vidas de nuestras 25 niñas y 24 niños, mártires sacrificados ante el altar de de la corrupción y la impunidad, erigido por la asociación delictiva entre los gobernantes y sus socios, parientes y amigos para obtener ganancias a toda costa.
 
Han pasado ya 730 largos y dolorosos días, en los que nuestras venas abiertas no han dejado de sangrar ni un sólo minuto, en espera de que se cumpla nuestro anhelo de justicia. Una y otra vez hemos exigido ante todas las instituciones del Estado mexicano justicia, justicia ejemplar, completa, expedita e imparcial, a través de procesos penales transparentes en contra de todos los que resulten culpables y responsables por las muertes y lesiones de nuestras niñas y niños. En estos dos años, el Estado mexicano en sus tres poderes, a través de todos sus niveles y en cada una de las instituciones implicadas han fallado de manera humillante y vergonzosa.
 
¿Qué resolvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que hubo graves violaciones de las garantías constitucionales de las víctimas del incendio. Pero omitieron dolosamente un hecho fundamental: mencionar a los implicados, señalar a los responsables; sustituyéndolos en el dictamen por puntos suspensivos o asteriscos. Llegando incluso al descaro de omitir mencionar el nombre de la guardería ABC. Es así como se ha demostrado la completa inoperancia del poder judicial para castigar a los culpables de este infanticidio masivo, producto de la corrupción extrema, del tráfico de influencias y de la insaciable sed de ganancias de unos cuantos a costa de todos los demás.
 
A esta serie de irregularidades, se suma la molestia que nos da comprobar una vez más la nula validez de la palabra de Felipe Calderón al comprometerse a hacer justicia, “caiga quien caiga, tope en donde tope, sin distingos de relaciones políticas, parentescos o filiaciones partidistas”. Otro funcionario que faltó rotundamente a su palabra empeñada es Guillermo Padrés, quien dijo que la justicia comenzaría al día siguiente de que asumiera su mandato y que destituiría al procurador Abel Murrieta, herencia de su antecesor Eduardo Bours. La falta de voluntad política de los gobernantes actuales para actuar y no sólo prometer no puede ser más evidente.
 
Pero es en lo profundo de la sociedad, luchando hombro con hombro con otros padres y otras madres, abuelos, hermanas, hijos y demás ciudadanos agraviados donde hemos encontrado la mejor respuesta solidaria a nuestros reclamos.
 
Dos años después seguimos en pie de lucha y ya sabemos que no estamos solos en nuestra rabia e indignación: sabemos que junto con ustedes lograremos el ansiado “ABC nunca más”, y tenemos la certeza de que algún día conseguiremos ¡Sin perdón ni olvido! la justicia completa y definitiva a las 49 víctimas infantiles fatales y a los más de 75 bebes lesionados que juntos suman más de 140 niños fallecidos o lesionados de por vida. Esto sin mencionar a sus hermanitos, a nosotros sus padres, madres, tías, abuelos y tantos otros que hacen la suma incontable.

La sociedad sonorense, con las innumerables marchas y la realización de los Juicios Ciudadanos que encontraron culpables, primero, a los socios propietarios de la Guardería ABC y después a 18 funcionarios de los gobiernos estatal y municipal, así nos lo ha manifestado.

De igual forma, el pasado domingo 29 de mayo llevamos a cabo el Juicio Ciudadano al Estado Mexicano, en el Zócalo de la ciudad de México, donde el jurado declaró culpables por igual a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a la CNDH, a los altos funcionarios del gobierno federal y el IMSS, por su responsabilidad, negligencia y omisión en el cumplimiento de los derechos humanos más elementales a la vida y a la seguridad de la infancia.
 
Nuestra eterna gratitud para todas y todos los mexicanos y sonorenses que nos han acompañado como jueces, testigos y como asistentes en este libre ejercicio ciudadano, consagrado en nuestra constitución.
 
Una vez más, cuando ya han transcurrido 24 meses de la tragedia, estas siguen siendo nuestras exigencias:
 
Cárcel a todos y cada uno de los responsables directos e indirectos, de la muerte de nuestros hijos e hijas, y de causar lesiones a más de 70 niñas y niños, que los han dejado marcados de por vida.

Que los funcionarios o servidores públicos a quienes no los alcancen las sanciones penales, sean sancionados administrativamente y queden inhabilitados de por vida para ocupar puesto publico alguno.

Así como lo logramos en el Senado de la República, seguiremos impulsando hasta lograr la expedición por la Cámara de Diputados de la “Ley 5 de Junio”, la Ley General de Estancias Infantiles, que regule cuidadosamente el funcionamiento y operación, los cuidados, la educación, la higiene, la alimentación y la protección de los niños y niñas en las estancias infantiles de todo México.

Mantener permanentemente vivo el recuerdo de nuestros niños y niñas promoviendo la erección de un Memorial que mantenga actualizada su presencia más allá de la vida.

Que se instituya el 5 de Junio de cada año como Día Luctuoso Nacional.

A 24 meses del incendio en la Guardería ABC nuestra lucha contra la impunidad y la corrupción no sólo continúa, sino que crece y se fortalece. No claudicaremos en nuestro pleno derecho a exigir justicia ante todas las instancias nacionales e internacionales.
 
En este segundo aniversario de nuestro duelo y de nuestra lucha, después de haber respirado durante 532,906 largas y dolorosas horas refrendamos nuestro juramento solemne en todos los idiomas y en todas las lenguas; que resuene por todos los países y por todos los rincones del planeta:
 
“No descansaremos hasta ver juzgados y condenados por este horrendo crimen a todos los culpables”.
 
Por el ABC Nunca Más! Ni perdón ni olvido!

Atentamente.

MADRES, PADRES Y CIUDADANOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO 5 DE JUNIO A.C

Padres del caso ABC exigen justicia

•Piden cárcel a los responsables directos e indirectos

El Financiero en línea

Hermosillo, 5 de junio.- Los padres y deudos de los 49 fallecidos en esta capital hace dos años, no han perdido el impulso de reclamar justicia y castigo a los culpables del incendio en la Guardería ABC de aquél trágico 5 de junio del 2009, de hecho a dos años de distancia de la tragedia, señalaron que el trasfondo del problema es de ineficacia de las instituciones y de corrupción extrema en el gobierno.

De hecho este domingo se realizaron distintos actos conmemorativos de la fatal fecha y en memoria de los pequeños se realizó una ceremonia en punto de las 2.45 de la tarde, en las instalaciones de lo que fuera la malograda guardería. Ahí se soltaron cientos de globos blancos, que recuerdan a los pequeños.

Adicionalmente el movimiento por la justicia 5 de junio, realizó este domingo una manifestación por las principales de calles de Hermosillo, misma que concluyó como ha sido una costumbre, en las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, ahí se leyó un manifiesto a la nación, en el que se reitera que los hechos de hace dos años constituyeron un crimen de estado, motivado por la corrupción del estado mexicano y la impunidad de que gozan las élites políticas y económicas en el país.

En ese contexto se exigió justicia ejemplar, completa, expedita e imparcial a través de procesos penales transparente, contra los implicados en los hechos, tanto personas con responsabilidad como instituciones que han fallado en su mandato de hacer justicia.

En el manifiesto los padres de familia afectados por la tragedia consideran que se ha demostrado en los hechos la total inoperancia del poder judicial en México.

Entre las exigencias se encuentran las siguientes:

“Cárcel a todos y cada uno de los responsables directos e indirectos, de la muerte de nuestros hijos e hijas, y de causar lesiones a más de 70 niñas y niños, que los han dejado marcados de por vida.

Que los funcionarios o servidores públicos a quienes no los alcancen las sanciones penales, sean sancionados administrativamente y queden inhabilitados de por vida para ocupar puesto publico alguno.

Así como lo logramos en el Senado de la República, seguiremos impulsando hasta lograr la expedición por la Cámara de Diputados de la Ley 5 de Junio, la Ley General de Estancias Infantiles, que regule cuidadosamente el funcionamiento y operación, los cuidados, la educación, la higiene, la alimentación y la protección de los niños y niñas en las estancias infantiles de todo México.

Mantener permanentemente vivo el recuerdo de nuestros niños y niñas promoviendo la erección de un Memorial que mantenga actualizada su presencia más allá de la vida.

Que se instituya el 5 de Junio de cada año como Día Luctuoso Nacional”.

La manifestación este domingo estuvo cargada de emotividad y hasta su conclusión fue seguida por miles de personas que se solidarizaron con la causa de los padres de familia de la Guardería ABC

Por su parte el gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de la Contraloría, informó que encontró elementos suficientes para determinar responsabilidad directa en servidores públicos de la administración de Eduardo Bours Castelo, de entre los que destaca Gilberto Inda Durán, quien fue secretario de Hacienda, además de Wilevaldo Alatriste, quien fungiera como directos de protección civil, a ellos se les determinó una sanción administrativa por 10 años en los que estarán imposibilidad de asumir cargos públicos.

A través de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, el titular José Ángel Calderón Piñeiro, confirmó la primera resolución en el proceso administrativo en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos estatales por su probable responsabilidad en el incendio de la guardería ABC.

Explicó que el pasado 24 de mayo del presente año se dictó dicha resolución en el proceso administrativo 12/2010, integrado por siete tomos y que se formó con la denuncia que presentara la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría en contra de:

Wilebaldo Alatriste Candiani en su carácter de Coordinador General de la Unidad Estatal de Protección Civil; Carlos Jesús Arias, en su carácter de Director Técnico de la Unidad Estatal de Protección Civil; Eliseo Morales Rodríguez, en su carácter de Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; Francisco Javier Tascareño Arreola, en su carácter de Director General de Bienes del Dominio de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; Gilberto Inda Durán, en su carácter de Ex Secretario de Hacienda; Miguel Eugenio Lohr Martínez, en su carácter de ex Director General de Administración de la Secretaría de Hacienda; y de Jorge Luis Melchor Islas en su actual carácter de Subdirector de Control vehicular de la Secretaría de Hacienda.

Inhabilitados por 10 años los tres procesados.

Después de desahogadas las pruebas presentadas por todos los encausados y luego de analizar sus defensas y excepciones se llegó al convencimiento de que existieron pruebas suficientes para dictar la sentencia en donde resultó demostrada la responsabilidad administrativa en la que incurrieron Wilebaldo Alatriste Candiani; Gilberto Inda Durán y Jorge Luis Melchor Islas.

A los dos primeros se les encontró culpables de su responsabilidad en los hechos ocurridos el día 5 de junio de 2009, y por ello han sido inhabilitados por diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Al igual que Jorge Luis Melchor Islas, a quien se le destituyó de su puesto a partir de la notificación de la sentencia y de igual forma se le dictó sentencia de inhabilitación por el mismo período de diez años.

En el resto de los ex servidores públicos mencionados, se reconoció inexistencia de responsabilidad administrativa por no haber tenido participación según las pruebas de cargo y de descargo que fueron valoradas en el transcurso del procedimiento. (Con información de Finsat/Demian Duarte/LOS/APB)