•Piden cárcel a los responsables directos e indirectos
El Financiero en línea
Hermosillo, 5 de junio.- Los padres y deudos de los 49 fallecidos en esta capital hace dos años, no han perdido el impulso de reclamar justicia y castigo a los culpables del incendio en la Guardería ABC de aquél trágico 5 de junio del 2009, de hecho a dos años de distancia de la tragedia, señalaron que el trasfondo del problema es de ineficacia de las instituciones y de corrupción extrema en el gobierno.
De hecho este domingo se realizaron distintos actos conmemorativos de la fatal fecha y en memoria de los pequeños se realizó una ceremonia en punto de las 2.45 de la tarde, en las instalaciones de lo que fuera la malograda guardería. Ahí se soltaron cientos de globos blancos, que recuerdan a los pequeños.
Adicionalmente el movimiento por la justicia 5 de junio, realizó este domingo una manifestación por las principales de calles de Hermosillo, misma que concluyó como ha sido una costumbre, en las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, ahí se leyó un manifiesto a la nación, en el que se reitera que los hechos de hace dos años constituyeron un crimen de estado, motivado por la corrupción del estado mexicano y la impunidad de que gozan las élites políticas y económicas en el país.
En ese contexto se exigió justicia ejemplar, completa, expedita e imparcial a través de procesos penales transparente, contra los implicados en los hechos, tanto personas con responsabilidad como instituciones que han fallado en su mandato de hacer justicia.
En el manifiesto los padres de familia afectados por la tragedia consideran que se ha demostrado en los hechos la total inoperancia del poder judicial en México.
Entre las exigencias se encuentran las siguientes:
“Cárcel a todos y cada uno de los responsables directos e indirectos, de la muerte de nuestros hijos e hijas, y de causar lesiones a más de 70 niñas y niños, que los han dejado marcados de por vida.
Que los funcionarios o servidores públicos a quienes no los alcancen las sanciones penales, sean sancionados administrativamente y queden inhabilitados de por vida para ocupar puesto publico alguno.
Así como lo logramos en el Senado de la República, seguiremos impulsando hasta lograr la expedición por la Cámara de Diputados de la Ley 5 de Junio, la Ley General de Estancias Infantiles, que regule cuidadosamente el funcionamiento y operación, los cuidados, la educación, la higiene, la alimentación y la protección de los niños y niñas en las estancias infantiles de todo México.
Mantener permanentemente vivo el recuerdo de nuestros niños y niñas promoviendo la erección de un Memorial que mantenga actualizada su presencia más allá de la vida.
Que se instituya el 5 de Junio de cada año como Día Luctuoso Nacional”.
La manifestación este domingo estuvo cargada de emotividad y hasta su conclusión fue seguida por miles de personas que se solidarizaron con la causa de los padres de familia de la Guardería ABC
Por su parte el gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de la Contraloría, informó que encontró elementos suficientes para determinar responsabilidad directa en servidores públicos de la administración de Eduardo Bours Castelo, de entre los que destaca Gilberto Inda Durán, quien fue secretario de Hacienda, además de Wilevaldo Alatriste, quien fungiera como directos de protección civil, a ellos se les determinó una sanción administrativa por 10 años en los que estarán imposibilidad de asumir cargos públicos.
A través de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, el titular José Ángel Calderón Piñeiro, confirmó la primera resolución en el proceso administrativo en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos estatales por su probable responsabilidad en el incendio de la guardería ABC.
Explicó que el pasado 24 de mayo del presente año se dictó dicha resolución en el proceso administrativo 12/2010, integrado por siete tomos y que se formó con la denuncia que presentara la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría en contra de:
Wilebaldo Alatriste Candiani en su carácter de Coordinador General de la Unidad Estatal de Protección Civil; Carlos Jesús Arias, en su carácter de Director Técnico de la Unidad Estatal de Protección Civil; Eliseo Morales Rodríguez, en su carácter de Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; Francisco Javier Tascareño Arreola, en su carácter de Director General de Bienes del Dominio de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; Gilberto Inda Durán, en su carácter de Ex Secretario de Hacienda; Miguel Eugenio Lohr Martínez, en su carácter de ex Director General de Administración de la Secretaría de Hacienda; y de Jorge Luis Melchor Islas en su actual carácter de Subdirector de Control vehicular de la Secretaría de Hacienda.
Inhabilitados por 10 años los tres procesados.
Después de desahogadas las pruebas presentadas por todos los encausados y luego de analizar sus defensas y excepciones se llegó al convencimiento de que existieron pruebas suficientes para dictar la sentencia en donde resultó demostrada la responsabilidad administrativa en la que incurrieron Wilebaldo Alatriste Candiani; Gilberto Inda Durán y Jorge Luis Melchor Islas.
A los dos primeros se les encontró culpables de su responsabilidad en los hechos ocurridos el día 5 de junio de 2009, y por ello han sido inhabilitados por diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Al igual que Jorge Luis Melchor Islas, a quien se le destituyó de su puesto a partir de la notificación de la sentencia y de igual forma se le dictó sentencia de inhabilitación por el mismo período de diez años.
En el resto de los ex servidores públicos mencionados, se reconoció inexistencia de responsabilidad administrativa por no haber tenido participación según las pruebas de cargo y de descargo que fueron valoradas en el transcurso del procedimiento. (Con información de Finsat/Demian Duarte/LOS/APB)
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