Norma Trujillo Báez
Ante el retroceso del estado en cuestiones de transparencia, rendición de cuentas y castigo a quienes desviaron y robaron recursos públicos de municipios y dependencias del gobierno del estado, Rogelio Franco Castán, diputado local por el PRD, propuso la iniciativa de Reforma a la Ley de Fiscalización Superior y al Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo para obligar al Orfis a administrar los recursos de supervisión de obras, comparecer ante los diputados y presentar directamente demandas ante el Ministerio Público por el desvío de recursos.
En su exposición de motivos el legislador perredista sostiene que “en cada trienio las nuevas autoridades se encuentran con las arcas vacías, deudas impagables, laudos estratosféricos, falta de infraestructura o destruido y nunca se finca responsabilidad por el daño patrimonial y a la función pública a los malos servidores públicos y esto tiene que terminarse obligando al Orfis a que denuncie ante el Ministerio Público toda conducta ilegal, no solamente para que resarza el daño sino para que purguen la sentencia debida los delincuentes por sus ilícitos”.
La reforma, agrega, propone derogar y reformar los artículos 8, numeral 1; 17, numeral 3; 23, numeral 1; 38, numeral 1; 39, numeral 1; 63, numeral 1, fracción XII y XIII; 67, numeral 2; 69, numeral 1, fracción I y 74, numeral 1, fracción 3 de la Ley Superior de Fiscalización para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Quien fuera dirigente estatal de su partido destaca que los municipios nunca sean los encargados de inspeccionar, supervisar y vigilar sus propias obras porque son juez y parte del proceso fiscalizador, actualmente esa tarea la hacen conviniendo con el Orfis la retención el cinco al millar que debe destinarse por ley para ello, “con la propuesta se suprimen esos convenios y con la iniciativa se busca que los municipios deban entregar íntegramente el cinco al millar y sólo será el Orfis el encargado de inspeccionar, supervisar y vigilar la obra pública con el objeto de garantizar su calidad, su pertinencia, su entrega a tiempo y sobre todo que sea licitada de manera legal”.
También de manera prioritaria la iniciativa de reforma plantea que el Congreso valide el padrón de despachos contables, facultad que actualmente compete al Órgano y que se ha vuelto un tema delicado, pues es del conocimiento público que dichos despachos ofrecen sus servicios “garantizando que todo quedará arreglado” con el Orfis si contratan sus servicios; por ello, no solamente se revisará la capacidad y probidad de dichos despachos sino que además se hace obligatorio que el auditor general acuda al pleno del Congreso a rendir su informe y a responder los cuestionamientos que los diputados le hagan por su actuación.
Cabe recordar que el estado, según el análisis que realiza Transparencia Internacional en el combate a la corrupción, Veracruz ocupa el lugar 24 dentro de las 32 entidades federativas y a escala internacional el país, de igual manera, ocupa el nada honroso sitio 98 de 178 naciones e hizo un recuento de las instituciones para vigilar el ejercicio del presupuesto, “se crearon primero las Contralorías y posteriormente los Órganos Superiores de Fiscalización para revisar la legalidad, imparcialidad y confiabilidad de las cuentas públicas.
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