Xalapa, Veracruz 
Derrame en CoatzacoalcosLa ordeña de ductos y los derrames de petróleo ocurren en Veracruz al amparo de las autoridades competentes, como es el caso de Pemex, que en complicidad con las autoridades locales y estatales se ha distinguido por carecer de un plan de prevención y respuesta ante este tipo de emergencias, sobre todo en el rubro de las afectaciones al medio ambiente.
Esta situación se demuestra por la gran cantidad de casos de derramamiento en la entidad a lo largo de casi 15 años, sin que las sucesivas autoridades del estado y la paraestatal hayan implementados medidas efectivas al respecto.
En diciembre del 2010, por ejemplo, Veracruz se encontraba ya en el primer lugar de tomas clandestinas del hidrocarburo. En ese mismo año, de las 585 chupaductos detectados en el país, 88 estaban registrados en territorio veracruzano, principalmente en la zona centro, equivalente al 15 por ciento del total.
En el estudio “Daños Ambientales en Veracruz provocados por Pemex”, del Colegio de Veracruz, signado por el doctor Rafael Vela Martínez y coordinado por la maestra Verónica Norma Rodríguez Ávila, se señala la importante afectación al medio ambiente por los constantes derramamientos de combustible en el estado.
Los investigadores encontraron 9 microsistemas con afectaciones por derrames:
En la zona petrolera de Minatitlán y Cosoleacaque, la selva baja caducifolia; en la zona de Poza Rica, el bosque perennifolio; en el Puerto de Veracruz, el humedal marino del Golfo; en Tuxpan y Coatzacoalcos, los humedales riparios y marinos; en la Cuenca del Río Pánuco, el sistema lagunar, el más grande del estado; en la zona Ixtaczoquitlán, la diversidad del bosque mesófilo de montaña y la selva subperennifolia; y, finalmente, los terrenos tropicales de Cosamaloapan y Tierra Blanca.
El estudio destaca las pocas acciones de las autoridades de la petrolera y de los sucesivos gobiernos del estado por atender el deterioro causado por los derrames; incluso, señalan que una de las causas de la continuidad de los escurrimientos es la aparente protección que los funcionarios locales brindan a la paraestatal cuando ocurre un siniestro de este tipo.
La noticia más reciente de derrame fue el pasado 2 de junio, cuando vecinos de Poza Rica reportaron que durante más de un mes han sucedido escurrimientos de aceite y brote de “chapopote” en el arroyo “Salsipuedes”.
Los inconformes manifestaron que los residuos de petróleo sobre el manto acuífero producían olores putrefactos en el área. Sobre el puente situado en el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Palma Sola, los brotes de chapopote están esparcidos a orillas del arroyo, donde además existe acumulamiento de basura.
A pesar de que los escurrimientos fueron reportados desde hace un mes, personal de Pemex no se ha presentado al lugar para –por lo menos- inspeccionar el área.
En otro caso, reportado por la misma paraestatal, una toma clandestina en el municipio de Ixtaczoquitlán produjo un derrame aún de dimensiones no calculadas.
El 31 de mayo pasado, vecinos del lugar advirtieron sobre un derrame que causaba una fuerte pestilencia.
El ducto perforado –como después lo informó personal de Pemex- tenía de un diámetro de 24 y 30 pulgadas, y comenzaba a afectar el agua y las plantaciones de la zona.
Un caso conocido de daño al medio ambiente por derrame de hidrocarburos es el de la zona de Chicontepec, donde Pemex realiza operaciones de extracción en forma semicladestina, pues ha negado la existencia de los trabajos.
Aunque los daños a la región son constantemente denunciados por los habitantes de Chicontepec, la paraestatal continúa negando sus labores y rechaza cualquier exigencia de indemnización.
En octubre de 2010, de las 88 tomas clandestinas y derrames encontrados en Veracruz, la mayoría se concentraron en los municipios de Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Omealca, Amatlán, Maltrata, Alto Lucero y Nogales. En noviembre, en Nogales, Omealca, Ixtaczoquitlán, Minatilán, Maltrata Fortín de las Flores y Tierra Blanca.
Siguiendo con el estudio coordinado por Vela Martínez y Rodríguez Ávila, los municipios de Poza Rica, Coatzacoalcos y Minatitlán se encuentran en el primer grupo con mayor número de derramamientos, seguido por el grupo de Las Choapas, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste y Nachital (lugar donde ocurrió una peligrosa fuga de amoniaco en abril de 2007), seguido -a su vez- por el grupo de los Puertos de Tuxpan y Veracruz. Algunos de los grandes derrames en la historia del estado ocurrieron en estas regiones o sus alrededores, como el caso de los 10 mil barriles de gasóleo que brotaron de un oleoducto de 30 pulgadas de diámetro de Pemex en el tramo Nuevo Teapa-Salina Cruz, municipio de Jesús Carranza, el 25 de octubre de 2007.
Se trató de un derrame subterráneo que afloró a la superficie del arroyo temporal que transportó cuatro mil barriles hasta el río Jaltepec y, aunque personal de Pemex colocó barreras, el crudo las sobrepasó y llegó hasta el Río Chiquito y Coatzacoalcos.
El gobierno del estado calculó los daños en 8 mil millones de pesos.
En ese mismo año se presentaron los derrames causados por una serie de explosiones en ductos de Omealca, Balastrera, Zempola y La Antigua, que el Ejército Popular Revolucionario se adjudicó, en demanda por la libertad de algunos de sus militantes.
El 14 de Abril de 2005 tuvo lugar uno de los hechos de mayor gravedad en los registros de Veracruz. Un derrame de amoniaco de un ducto de Pemex provocó la muerte de al menos cinco personas, cuatro desaparecidas y la evacuación de 6 mil habitantes de las comunidades de Tepeyac y San Miguel, en el municipio de Nanchital.
El entonces director general de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo, fue llamado a comparecer ante el Senado, no sólo por este accidente sino por los otros que habían ocurrido entre diciembre de 2004 y marzo de 2005. Ramírez Corzo señaló que los daños por el total de estos derrames ascendían a mil 559 millones de pesos, además de requerir 136 mil millones de pesos para garantizar de 2005 a 2008 el mantenimiento de esa red de ductos.
La fuga de amoníaco se produjo en una tubería que va de la Petroquímica Pajaritos, en el municipio de Coatzacoalcos, a la Petroquímica Cosoleacaque.
Respecto al nivel tóxico de las sustancias derramadas, que en el caso de la fuerte toxicidad del amoniaco fugado en Nanchital causó la muerte de 5 personas y la intoxicación de por lo menos 20 –de acuerdo con cifras oficiales-, la investigación del Colegio de Veracruz apunta que entre las sustancias tóxicas más comunes se encuentran el aceite o crudo, los combustibles (gasolinas, diesel, combustóleo, keroseno), gas natural y amoniaco.
El primero genera productos residuales como CO2, óxidos de azufre, óxidos nitrosos, etc., sustancias que afectan seriamente a los ecosistemas y a la salud humana, ya que provocan daños en los pulmones e irritación en la piel.
Las gasolinas causan irritación en los ojos, la piel y el tracto respiratorio; la ingestión del líquido genera neumonitis química, y su efecto en el sistema nervioso puede provocar cáncer. El amoniaco contamina el aire, las plantas y los animales, es una sustancia corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio, y en altas concentraciones puede generar edema pulmonar.
En cuanto al papel de Pemex en la atención, seguimiento y prevención de las emergencias por derramamiento, los investigadores señalan que la paraestatal incurre en ofrecer una información sesgada respecto a las causas y afectaciones de la fugas de las sustancias.
“En tanto la actividad de Pemex está clasificada en el apartado de seguridad nacional, en razón de que es un recurso estratégico para la Nación, paradójicamente se ocultan bajo este esquema de seguridad nacional un conjunto de acciones y eventos que no sólo ponen en riesgo el entorno ecológico, sino además a la población en general, aun en los municipios afectados directamente por Pemex”, dice el estudio en una de sus conclusiones.
De igual forma, en el documento se apunta la complicidad entre la cúpula sindical de Petróleos Mexicanos y la dirigencia de la empresa, situación que no permite destrabar los intereses políticos y económicos que se ven afectados en cada emergencia por derrame de combustibles.
De acuerdo con esta situación, y en vista de que la Profeco también participa en este juego de intereses -según el estudio de “Daños Ambientales en Veracruz Provocados por Pemex”- los investigadores proponen la creación de una Contraloría descentralizada de Protección al Ambiente, integrada por un grupo interdisciplinario que promueva la participación de las poblaciones afectadas en el desarrollo de su regiones, con el fin de prevenir y resolver las contingencias de los derrames.
“En esta perspectiva, el recurso humano es el más valioso para el impulso de esta estrategia de desarrollo regional, clara ventaja comparativa de Veracruz con estados de la República mexicana”, concluye el estudio.
EL DERRAME DEL GOLFO EN 2010
El 20 de abril del 2010 ocurrió una las grandes tragedias de contaminación ambiental en el mundo, cuando la plataforma Deepwater Horizon (del grupo británico British Petroleum, BP) explotó en aguas del Golfo, en las costas norteamericanas.
Los litorales mexicanos, en especial los veracruzanas, fueron declarados bajo alerta ante el derramamiento que alcanzó los 16 mil 700 barriles de petróleo. El derrame llegó a las costas de Luisiana, cerca de la desembocadura del río Mississippi, así como en Florida, Alabama.
A un mes del derrame, la organización Greenpeace mostró fotografías de un pez vela muerto en la playa Boquilla de Piedra en Alto Lucero. Los representantes de la organización ecológica llamaron a las autoridades locales a realizar el constante monitoreo de las playas del estado.
Además, señalaron que la empresa británica estaba usando una sustancia llamada Corexit 9500 para limpiar las aguas contaminadas, la cual causaba la muerte de las especies marinas.
En septiembre de 2010, el gobierno de Quintana Roo, junto con los estados de Veracruz y Tamaulipas, presentó una demanda millonaria por daños en contra de la British Petroleum Company. Cabe señalar que el Gobierno Federal de México no se sumó a la demanda interpuesta por los estados.
En una declaración reciente, el 21 de febrero del 2011, el director de Política Ambiental de la Semarnat, Antonio Díaz, durante una visita a Veracruz, aseguró que el derrame petrolero del Golfo no había impactado significativamente el ecosistema marino nacional, en comparación con Estados Unidos, que sufrió los efectos de forma directa.
Sin embargo, el funcionario reconoció que se mantiene la alerta por parte de las distintas dependencias de protección ambiental, tanto mexicanas como estadounidenses, pues dijo que la cantidad de crudo derramado aún es significativo y representa un “riesgo potencial” para el entorno acuático.
En su momento, expertos como Carlos Gay García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y coordinador del Centro de Investigación del Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtieron que los daños del derrame repercutirían durante 10 años en las costas veracruzanas.
“Nos referimos a cuestiones de oxigenación del océano, las especies oceánicas y todo lo que depende de ello, como la pesca; por ende, la alimentación, que es una amplia cadena. Lo probable es que llegue a las costas de México; por ello debemos ponernos las pilas. Afectará nuestras condiciones pero no sabemos cómo se manifestará a ciencia cierta”, precisó el investigador en una entrevista del 20 de junio de 2010.
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