Xalapa, Veracruz
El Programa Veracruzano ante el Cambio Climático (PVCC), en cuya elaboración participaron investigadores de la Universidad Veracruzana (UV), señala que la “riqueza biológica de Veracruz se encuentra en grave riesgo" ante la incapacidad de las autoridades para evaluar el impacto ambiental de empresas extranjeras con actividades económicas en el estado y el país.
Las autoridades gubernamentales encargadas de proteger los ecosistemas y la biodiversidad -diden los investigadores- no tienen el presupuesto suficiente para corroborar la veracidad de los estudios de impacto ambiental que presentan –o deberían presentar- las empresas que realizan obras y actividades públicas o privadas que pueden causar un desequilibrio ecológico.
Esto provoca –dicen los investigadores- que “los grandes capitales extranjeros” opten por invertir en países como México donde saben que es poco probable que el gobierno les niegue los permisos para operar.
Tal es el caso del proyecto de minería a cielo abierto conocido como “Caballo blanco”, que la empresa canadiense Gold Group pretende establecer a tres kilómetros de la Central Laguna Verde, entre los cerros de La Paila y La Cruz, en los municipios Alto Lucero y Actopan.
De acuerdo con el investigador Hipólito Rodríguez, integrante del programa, esta iniciativa pone en riesgo no solamente el patrimonio natural sino histórico y cultural de Veracruz y de México, pues en la zona hay especies endémicas que son “excepcionales en la biodiversidad del país”, donde además se han localizado vestigios arqueológicos de importancia.
A la par, la minera representaría un riesgo por la cercanía con la nucleoeléctrica, ya que prevén extraer 100 mil onzas de oro anualmente y para ello necesitarán dinamitar el terreno “con grandes cantidades de explosivos”.
El también integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), agregó que empresas como la Gold Group “hacen en otros países lo que en los suyos está prohibido”.
Para cumplir con el requerimiento del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), solicitado por el gobierno mexicano, las trasnacionales contratan a consultorías especializadas “en mentir, en disfrazar la información. Si hay un cuerpo de agua importante que pudiera correr peligro ellos señalan que no es un “daño significativo”, o bien que “la empresa tomará las medidas necesarias” para mitigarlo”, ejemplificó.
Una vez que integran el informe lo presentan a la autoridad ambiental pero ésta muchas veces no tiene capacidad para verificarlo. Es por ello que estos estudios son objeto de conflictos sociales, políticos y jurídicos, pues “le toca a la población afectada echar mano de sus propios medios e invertir en algo que el gobierno debería hacer”.
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