Margarita Guillaumin Romero - domingo, julio 10, 2011
La constitución de los poderes públicos mediante la participación de la ciudadanía y con el método del voto universal, directo y secreto, tiene como objeto que el poder dimane de la ciudadanía y adquiera de ésta la legitimidad para ejercer el poder, para gobernar.
En México no es así. Este elemento fundamental de la democracia electoral, no obstante su condición de ley vigente, no existe. No tiene eficacia y la fuente que está dando origen a los poderes públicos no es el voto libre, directo y secreto de la ciudadanía; sino otros factores que se ha dado en denominar los poderes fácticos, los que detentan el poder económico, el político y con éste los recursos y los programas de gobierno y el de los medios masivos de comunicación. Estos factores, y no el poder del voto ciudadano, son los que descaradamente han hecho, puesto e impuesto a los gobernantes de los últimos 30 años por hablar de nuestra historia reciente. Para hacerlo han recurrido al fraude digamos evidente, descarado o escandaloso; del tipo del operado en las elecciones presidenciales de 1988 y 2006, años en que la votación ciudadana se expresó abierta y libremente por candidatos opositores que postularon programas y proyectos de gobierno que antagonizaron con los intereses de esos poderes fácticos; pero también al fraude a la ley y a los derechos políticos de los ciudadanos que, fue lo que vimos y vivimos en las elecciones de los estados de México, Nayarit y Coahuila, del pasado 3 de julio, como antes ya lo habíamos visto y padecido aquí, en Veracruz en 2007 o en 2010.
En estos procesos en mayor o menor medida se expresaron y dieron el triunfo a los candidatos ganadores, los votos del hambre, los de la pobreza infamante que generaron y ahora manipulan los propios gobernantes, los del miedo a perder la dádiva gubernamental de uno u otro programa clientelar, y los que resultan de la desinformación enajenante que proviene de los medios masivos de comunicación, particularmente de las dos grandes cadenas de televisión. Por otro lado es más que evidente la parcialidad de las autoridades electorales que están muy lejos de ser garantes de la legalidad, certeza y transparencia de nuestros procesos electivos y que, contrariamente a su función, se han convertido los más de ellos en factores de defraudación electoral.
La complejidad de todos los factores de perversión que contribuyen a la ineficacia de nuestro sistema electoral nulifican o cancelan, y éste es el grave riesgo ante el cual nos encontramos la vía institucional, pacífica, legal y democrática de las elecciones públicas como medio para que los ciudadanos nos demos a nosotros mismos el o los gobiernos que respondan a nuestras necesidades y anhelos de alcanzar objetivos de vida en el ejercicio y disfrute pleno e integral de nuestros derechos a la seguridad, el trabajo, la vivienda, la educación y la felicidad que merecemos y que sólo resulta de la satisfacción de nuestras necesidades y derechos.
Ante esta situación los ciudadanos todos y las agrupaciones sociales y políticas progresistas, demócratas, de izquierda, que postulan y defienden la necesidad de que se promuevan y ejecuten cambios en nuestro sistema económico, político y social tendientes a mejorar sustantiva y realmente las condiciones y la calidad de vida de la mayoría de las mexicanas y mexicanos tendrán que hacer un profundo ejercicio de reflexión y echar mano de toda su voluntad y capacidad organizativa y aglutinadora, para lograr incidir desde sus diferentes espacios en la vida pública, obligando a través de su propia y pacífica participación a todos los que tienen y ejercen funciones de gobierno, a diseñar y ejecutar las acciones, programas y políticas públicas tendientes a detener y revertir un conjunto de problemáticas sociales que son la causa directa del dramático deterioro de nuestra vida y nuestras relaciones de vida.
Es necesario terminar con la inseguridad y la violencia públicas generadas por una estrategia gubernamental fallida, que se dice es para combatir al crimen organizado pero que en realidad está cancelando derechos básicos a la población, criminalizando a los jóvenes por la sola razón de serlo, a los defensores de derechos humanos, a la población migrante y a la protesta social. Es necesario remediar primero y terminar lo más pronto posible con la pobreza infamante que ahoga a más de la mitad de la población y la hace tan vulnerable a la manipulación majadera en época de elecciones; es necesario garantizar a las niñas, niños y jóvenes sus derechos básicos a la alimentación, la educación, la vivienda y, en su momento el trabajo; es urgente garantizar sus derechos a la población indígena y campesina; tenemos que atender como país a la producción de alimentos para alcanzar la soberanía alimentaria como un asunto de seguridad nacional; tenemos que cuidar nuestros recursos naturales y energéticos; tenemos que cambiar muchas cosas y terminar con el binomio corrupción e impunidad de los servidores públicos que tan bien ejemplifican las acusaciones que entre sí se hicieron en días recientes la maestra y dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, y el señor Miguel Ángel Yunes Linares, ex candidato a la gubernatura veracruzana por el Partido Acción Nacional; para todo esto necesitamos cambiar, necesitamos muchos más que un simple cambio de gobernantes, necesitamos un cambio verdadero de sistema económico, social y de gobierno, y para ello necesitamos, sí, un cambio de gobernantes para que éstos nos garanticen que van a trabajar con honradez y en el sentido de los cambios que se requieren y que son para beneficio de las mayorías, a favor de las mayorías y sin menoscabo de derechos de las minorías.
El Estado mexicano y sus representantes o gobernantes tienen la obligación, no se olvide, de equilibrar los factores de la producción y tener la rectoría económica del país; el abandono o incumplimiento de sus funciones en esta materia y de las sociales es lo que nos condujo al estado de desigualdades profundas y criminales que hoy padecemos.
Para alcanzar y concretizar estos cambios por métodos pacíficos necesitamos sacudirnos la indiferencia y la inactividad cívica que se expresa en los altos porcentajes de abstención electoral superiores en algunos casos al 50 por ciento de la población registrada en los listados nominales de electores y de un sistema de elecciones públicas que garantice que éstas sean libres, apegadas a derecho, ciertas, limpias y equitativas. Esto, que en teoría lo tenemos más o menos normado, en la práctica estamos muy lejos de tenerlo, por la falta de credibilidad, profesionalismo y por la parcialidad de los órganos electorales, empezando por el Instituto Federal Electoral, pasando por los Institutos Electorales de los estados y por el Tribunal Federal Electoral y por todos los órganos jurisdiccionales en esta materia en las entidades federativas.
Por eso es absurdo y hasta infantil que ante un sistema electoral corrompido e intencionalmente ineficaz, como el que padecemos, escuchemos voces que pretenden culpar de los resultados electorales adversos a los partidos políticos identificados con la izquierda, señaladamente al PRD y a sus propios problemas, rencillas o disputas internas, o bien a los dirigentes o caudillos en los que unos u otros creen y a los que se aferran, o a los factores endógenos de ineficacia electoral, a los candidatos que se postularon o a las estrategias que se implementaron o las que se dejaron de implementar como lo fueron las alianzas entre partidos y con el PAN. Con esto no digo y no quiero decir que no se realice un balance y una revisión autocrítica, profunda, puntual y específica, ésta es necesaria pero no para repartir culpas, aun cuando desde algunas perspectivas las haya o pudiere haber, sino para asumir responsabilidades y hacer un alto que permita identificar, diseñar e implementar una estrategia electoral correcta, integral, incluyente, profesional, dinámica y plural que nos permita desde ahora fortalecernos, corregir lo que haya que corregir, cambiar lo que debamos cambiar, hacer lo que debamos hacer cada uno y todos juntos para enfrentar en 2012 a quienes no son y no serán nunca una verdadera opción de gobierno democrático para todas y todos.
Es hora de trascender y trascendernos a nosotros mismos en tanto individualidades e incluso como organizaciones y partidos políticos para poner en primer término el superior e insoslayable interés de nuestro país y con él el de todos sus habitantes que sufren y pagan sin deberlo el costo y consecuencias de tantos años de malos gobiernos.
