15 de julio de 2011

El Baldón: La última despedida

Por José Miguel Cobián

Sabemos que es inevitable, tarde o temprano todos nos marchamos de este mundo. En México incluso celebramos a la muerte, a los muertos. Tenemos presente en nuestra vida la muerte, no sólo por los noticieros, mucho más por las tradiciones, por nuestras raíces indígenas para quienes la muerte era un misterio por explicar, una ausencia por entender, y un adiós irreparable.

Hoy me enteré de la muerte de un familiar muy cercano de un amigo mío. Hace poco me enteré de la muerte de Facundo Cabral a quien admiraba y de quien algo debo de haber aprendido. Unos días antes, me enteré de la muerte de un familiar cercano y muy querido. La tristeza ha rondado en mis cercanías. Me entristece ver seres queridos sufriendo la pérdida, me entristece la propia pérdida, y sobre todo me entristece pensar en tantos y tantos mexicanos que están sufriendo las mismas pérdidas sin una razón natural, todos aquéllos que han perdido a alguien en esta guerra sin sentido. Ambos bandos (o será mejor decir todos los bandos) están conformados por mexicanos, por seres humanos, por hijos, hermanos, esposos, parejas, padres…

Hoy entiendo la frase que en tantas ocasiones se escribió en la historia de la humanidad. ¨Son tiempos oscuros¨. Oscuros porque el alma se torna gris cuando la cubre la nube del miedo, de la tristeza, del dolor. Tiempos oscuros porque la solidaridad, el mutuo apoyo, el amor al prójimo, están lejos y ausentes de nuestra convivencia. Hay pequeños rayos de luz, muy pequeños, muy esporádicos. Lo malo es que hoy, la oscuridad es más fuerte que la luz. Y los que supuestamente debieran ser mensajeros de la luz, tienen sus mentes obnubiladas por la ambición, por la soberbia, por el poder…

Todos habremos de pasar por esa última despedida. Primero diciendo adiós a los que se nos adelantan en el camino, y luego siendo nosotros mismos los que nos alejemos de nuestros seres queridos… Hace tiempo leí un texto que decía que todos somos prestados, y simplemente habremos de acompañarnos por un trecho en el camino de la vida. La compañía de amigos, de familiares, de conocidos es siempre momentánea, pues unas cuantas horas, unos cuantos días, unos cuantos años no son más que un momento en la eternidad.

Por ello, creo que no vale la pena gastar ese momento en pleitos, en envidias, en ambiciones que al final del camino no servirán de nada. Allí es cuando entiendo que el ser humano hubiera inventado al demonio, para justificar esa mala sangre que todos llevamos dentro y que unos controlamos mejor que otros. Allí es cuando entiendo el mensaje de las principales religiones del mundo, ese de ¨Ama al prójimo como a ti mismo¨, porque sólo viendo al prójimo como una extensión de nosotros mismos es que podemos alegrarnos de sus alegrías y entristecernos de sus tristezas.

Estudiosos del comportamiento humano han descubierto que a mayor empatía, mejor el trato entre semejantes. Por ello, los líderes oscuros que buscan separar al ser humano y convertirnos en enemigos los unos de los otros, siempre están buscando diferencias. Azules distintos a rojos. Buenos distintos a malos. Ellos, los otros, los diferentes por simpatía a un equipo, por distinto color de piel, por cualquier razón que los haga distintos a nosotros, así se rompe la empatía, y se puede lograr que un ser bueno haga daño a otro ser bueno, (porque la bondad está dentro de la naturaleza humana), y logre sacar lo malo de sí mismo para dañar a los demás, a esos otros que no merecen nuestro respeto porque son diferentes, a ellos, que son distintos a nosotros, y por ello nos justificamos para dañarlos en cuerpo y alma.

El día que los mexicanos entendamos que todos somos ¨nosotros¨, que no hay ellos, y luego eso lo extrapolemos al resto de la humanidad, volveremos a ver la luz y saldremos de esta oscuridad que hoy nubla nuestra razón y nuestra Nación. He aquí un enfoque diferente para resolver los problemas de hoy. Recordar que todos somos lo mismo, que todos somos uno. Que fácil y que difícil a la vez.

13 de julio de 2011

Orizaba, Ciudad Fantasma...

Calle Madero de Orizaba, Veracruz, cerrada y adoquinada por Hugo Chahin Maluli

Los altos índices de desempleo, los salarios miserables y la emigración, hacen de Orizaba una Ciudad fantasma.

El mejoramiento del equipamiento urbano en Orizaba, no ha significado precisamente el desarrollo social y económico de esta Ciudad. La actual arquitectura urbana, solo la pueden disfrutar unos cuantos. Las grandes mayorías están sumidas en la pobreza, en la miseria, agobiados por la falta de empleo y por las deudas.

Los parques de la ciudad bien barridos e iluminados, pintados, reforestados y algunos hasta con música como el Parque Castillo. Son testigos mudos del grave deterioro social y económico que vive la gente. Las bancas de estas áreas verdes son utilizadas para llenar solicitudes de empleo, la gente va a escuchar música instrumental o clásica con el estomago vacio, huyendo de sus casas por el acoso de los cobradores de sus deudas que el anatocismo las ha hecho impagables.

Ante esta realidad, es necesaria la unidad y organización de todos los sectores sociales y económicos de esta región de Orizaba, para impulsar y promover acciones que resuelvan la grave problemática social y económica que vive el pueblo orizabeño.

Es necesario constituir figuras de participación ciudadana amplias, plurales y multidisciplinarias de investigación social y económica para que a través de su diagnóstico, análisis y debate en foros y/o asambleas ciudadanas, se encuentren soluciones viables para la deteriorada situación regional del comercio, industria y servicios, que por la crisis económica y por las políticas públicas de los últimos gobiernos municipales de Orizaba, han sido gravemente afectados estos sectores de la la economía regional, generando desempleo y agudizando la pobreza, con graves repercusiones sociales.

Orizaba Ver. a 11 de agosto del 2011
Por el Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales Organizados (FUTURO)
Jorge González Rojas Integrante de la Dirección Colegiada

SCJN: militares irán a tribunal civil si violan garantías individuales

Acotó el fuero militar y facultó a jueces para determinar apego a Constitución en materia de DH.

Gustavo Castillo y Fernando Camacho
Publicado: 13/07/2011 09:17
México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó restringir el fuero militar para que cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garantías fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.
 
Las resoluciones históricas dictadas ayer por el máximo tribunal del país se dieron a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, líder social del municipio de Atoyac, Guerrero, desaparecido en 1974 durante la guerra sucia.
 
Asimismo, otorgó facultades a todos los tribunales del país para que puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, con lo que modificó la posición que había asumido en los últimos 70 años de ser el único órgano mexicano que podía analizar la legalidad de una ley y su aplicación.

De esta manera, seguirá discutiendo los alcances de la sentencia de la CIDH y su aplicación formal en el ámbito jurídico nacional, mientras los integrantes del Poder Legislativo modifican constitucionalmente el fuero militar para que esté en coincidencia con los acuerdos firmados por México en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a que todas las violaciones de garantías individuales deben ser sancionadas por jueces civiles.

La SCJN concedió así una de las demandas que diversas organizaciones civiles habían planteado durante los últimos años, en el sentido de que tribunales civiles juzguen a los miembros de las fuerzas armadas que violen los derechos humanos, y con ello se adelanta a cinco casos que están siendo analizados en tribunales internacionales.

La medida podrá llevarse a cabo una vez que la Corte emita el engrose de este caso y para los que ocurran posteriores a su entrada en vigor, sin que tenga efectos para sucesos como los ocurridos durante la guerra sucia.
 
Los ministros Juan Silva Meza, presidente de la SCJN; Sergio Salvador Aguirre Anguiano; José Ramón Cossío Díaz, ponente; José Fernando Franco Salas; Arturo Zaldívar Lelo de La rrea; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Luis María Aguilar Morales; Sergio Armando Valls Hernández; Olga María Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia determinaron aceptar esa restricción al fuero establecido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, conforme lo había ordenado la CIDH.
 
Los ministros determinaron por unanimidad que «todos los jueces del Estado mexicano deben aplicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo primero constitucional», a fin de garantizar en sus sentencias la aplicación de la Constitución y todos los tratados en materia de derechos humanos que beneficien a las víctimas.

Además, para dar efectividad al cumplimiento de la sentencia, en aplicación del artículo primero constitucional, por unanimidad también resolvieron que la SCJN «deberá reasumir su competencia originaria en relación con casos concretos existentes y a futuro en materia de desaparición forzada», ya que «en su calidad de órgano jurisdiccional límite del Estado mexicano, se cumpla con la obligación que dicta la sentencia de la CIDH y establezca criterios unificadores en la materia».
 
Incompatibilidad con la Convención Americana
 
El ministro Cossío Díaz, quien fungió como ponente del tema por la ausencia de la ministra Margarita Luna Ramos, dijo que «el corazón del proyecto» consistía en señalar que «por ninguna circunstancia puede operar el fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles», y por ello la CIDH «determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina castrense no garantiza a los civiles o a sus familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos, que tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez tribunal ordinario».
 
En tanto, el ministro Lelo de Larrea expuso: “esta Suprema Corte y todos los tribunales del país estamos obligados a interpretar este precepto a la luz de la Convención, y, consecuentemente, siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado, al menos en apariencia, sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la jurisdicción será del fuero común, y no la jurisdicción militar, no porque nosotros lo decidamos –reiteró–, sino porque hay una decisión de la Corte Interamericana que hemos decidido que nos obliga y que nos vincula”.

Sergio Valls Hernández señaló que esto es un mensaje «para el Legislativo de que haga una serie de reformas». Pero –explicó– “esto no obsta para que la Suprema Corte pueda emitir criterios en particular –frente a asuntos que sabemos que ya están en puerta– que se establezcan sobre el artículo 59 del Código de Justicia Militar y sobre el artículo 215 del Código Penal Federal”.

Antes de llegar al tema del fuero militar, los ministros emitieron una votación dividida de siete contra tres, para conceder que todos los tribunales del país puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.
 
De esta manera, «todos los jueces nacionales están obligados a ejercer un control de convencionalidad en el que analicen la compatibilidad de una determinada norma frente a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación que sobre los mismos emitan los órganos especializados», y ahora tendrán facultades para enjuiciar a militares que violen las garantías individuales de los ciudadanos.

Demandan erradicar corrupción en el aparato de justicia

El abogado postulante Jorge Reyes Toriz, demandó una depuración y expulsión de los “mercaderes de la justicia” que operan en los tribunales de la entidad. Exigió cerrar la puerta a actores acusados de corrupción

Por: Thalía Ugalde/Boca del Río
 
Veracruz, Veracruz, (AVC).- El abogado postulante Jorge Reyes Toriz, demandó la depuración y la expulsión de los “mercaderes de la justicia” que operan en los tribunales de la entidad.
 
El especialista en Derecho denunció una serie de corrupciones por parte de los que imparten la justicia en Veracruz, como lo son los jueces.
 
Señaló que si se busca una mejor justicia en Veracruz, es necesario que se cierre la puerta a los actores que son acusados de corrupción.
 
Ya que este 12 de julio se celebra el Día del Abogado, aseguró que no se puede celebrar esa fecha como tal, si antes no se dignifica la profesión, depurando el sistema del Poder Judicial.

Destacó que hay jueces penales contra los que existen quejas por diversas arbitrariedades, pero no han recibido ningún castigo o penalización, ya que son cobijados por la impunidad.
 
La corrupción en el sistema judicial, dijo, ha sido reconocida por el propio ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Reynaldo Madruga Picazzo, quien comparó la corrupción con el alcoholismo, es decir que debe ser reconocido, pero nunca hizo algo para detenerlo.

“Hacer una limpia de todo esto, expulsar a los mercaderes de la justicia del templo de la justicia misma, si queremos que Veracruz vaya para adelante alguien debe de cerrar la puerta, pero tenemos que hacerlo, sexenios van y sexenios vienen y siempre es lo mismo”.

Reyes Toriz aseguró que los delitos de corrupción se registran más en el área penal, donde se “comercializa” con el dolor ajeno, por ello pidió que se realicen exámenes de oposición para evitar los compadrazgos y que las personas que impartan justicia sean calificadas.

Con ello se frenaría la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencia, y el enriquecimiento ilícito de los jueces veracruzanos.

12 de julio de 2011

Denuncian aumento de desapariciones forzadas

La CNDH documentó 283 casos de 2006 a abril de 2011, pero organismos civiles aseguran que la cifra es de 3 mil, además de que las personas que deciden acusar inician un tortuoso camino en busca de justicia
  • Foto: Vanguardia/ Archivo
México.- En México las desapariciones forzadas (atribuidas al gobierno) y al crimen organizado se han incrementado en los últimos cinco años, a la par del combate a la guerra contra el narcotráfico.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que de 2006 a abril de 2011 se habían registrado 283 desapariciones forzadas, mientras que la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, estima que son más de 3 mil personas las desaparecidas.
Esta grave situación ocasionó que una misión especial de Naciones Unidas visitara el país el pasado mes de marzo, la cual señaló que México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas. Además de la falta de programas integrales para prevenir y sancionarlas.
Para las organizaciones civiles, como la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, las personas que deciden denunciar inician un “tortuoso camino” en busca de la justicia como ocurre con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974, cuya sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no ha sido cumplida, a más de un año de haberse dado a conocer.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que de 2006 a abril de 2011 se habían registrado 283 desapariciones forzadas; de éstas en 2007 se reportaron 43 y en 2010 la cifra se incrementó a 124. Los estados donde se han recibido el mayor número de casos de desaparición forzada son Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nuevo León.
Además, en su informe especial sobre las desapariciones de la guerra sucia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigó 532 casos y sólo encontró material en 275 para responsabilizar al Estado de la desaparición forzada.
Sin embargo, en el informe entregado por la CNDH al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas el expediente sólo lo constituían 240 casos.
Esa comisión también dio a conocer que de 2006 a lo que va de 2011, registró 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes.
Tres mil 457 casos son del sexo masculino, mil 885 del sexo femenino y en 55 casos no se proporcionó el sexo.
A la vez, la diócesis de Saltillo reporta que de febrero de 2007 a mayo de este año se tienen contabilizadas 166 desaparecidos en Coahuila, según lo documentado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y familias que se han organizado en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en esa entidad.
Ante el incremento de los reportes de las desapariciones forzadas, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas realizó una visita a México el pasado mes de marzo y destacó que el país enfrenta una situación muy complicada en materia de seguridad pública debido al incremento de la violencia generada principalmente por el crimen organizado.
El fenómeno de las desapariciones forzadas, indicó, no puede entenderse adecuadamente sin tomar en cuenta el contexto actual de violencia y la presencia de la criminalidad organizada. Sin embargo, no todos los crímenes cometidos, incluidas las desapariciones forzadas, pueden ser atribuidos a la delincuencia organizada.
Uno de los factores del deterioro de la situación de desaparición forzada en México, consideró la Organziación de las Naciones Unidas, es la militarización y la paramilitarización que, desde el gobierno federal, se ha impulsado de manera alarmante, sobre todo, a partir de 2006.
En este contexto de violencia gubernamental y de la llamada “guerra contra el narcotráfico” se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares
La desaparición forzada es un delito establecido en el Código Penal Federal y en la legislación de cinco estados: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit y Oaxaca, además del Distrito Federal; sin embargo, no utilizan la misma definición.
Desde 1980, el Grupo de Trabajo de la Organziación de las Naciones Unidas envió a México 412 casos de desapariciones forzadas.
De estos, 24 casos se han esclarecido sobre la base de la información suministrada por las fuentes y 134 por la información aportada por el gobierno; 16 se han descontinuado y 238 siguen sin resolverse.

Los cuatro grupos vulnerables a convertirse en víctimas de desapariciones forzadas

  • APARADOR POR SERGIO RENÉ DE DIOS CORONA
  • (sergiorene1@hotmail.com)
Desde que Felipe Calderón arrancó su ''guerra'' a la delincuencia organizada, las desapariciones forzadas se incrementaron
Los grupos de personas en México particularmente vulnerables a convertirse en víctimas de desapariciones forzadas son cuatro: las y los defensores de derechos humanos; las que tienen algún tipo de militancia política opositora, pacífica o violenta; los migrantes que pasan por el país rumbo a Estados Unidos, y quienes, sobre todo mujeres y jóvenes, radican en lugares donde se ha incrementado la violencia por los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y las distintas expresiones de la delincuencia organizada.



De lo anterior da cuenta un documento que se entregó ayer al Grupo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas, de visita oficial en México. Se trata de un informe suscrito por 24 organizaciones civiles mexicanas, que ofrece un análisis de las desapariciones forzadas, pasa revista al marco normativo internacional y del país, denuncia las constantes violaciones e impunidad alentadas desde el Estado y plantea un pliego petitorio.

El documento se hizo llegar a los tres especialistas de la ONU que prevén reunirse con los titulares de cuatro secretarías del gabinete presidencial —este lunes estuvieron en la Secretaría de Gobernación— y de la Procuraduría General de la República (PGR); con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con funcionarios de entidades azotadas por las desapariciones como son Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal, y con organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de desaparición forzada.

Desde que Felipe Calderón arrancó su “guerra” a la delincuencia organizada, las desapariciones forzadas se incrementaron. Nadie tiene una cifra exacta, que se modifica diario, pero que las agrupaciones referidas estiman ronda las tres mil personas, entre mexicanos inocentes, defensores de los derechos humanos, periodistas, delincuentes y policías, entre otros.

Tan sólo agrupaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) o la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, entre otras que suscriben el documento entregado a la ONU, tienen documentados 30 casos de desaparición de defensoras y defensores, de 2005 a febrero del presente año, en Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, básicamente.

Del grupo vulnerable por encontrarse en medio de los feroces combates entre policías y militares contra grupos delictivos están los malamente denominados “levantados”. La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila tiene, sólo en esa Entidad, 80 casos documentados de desaparición forzada entre 2007 y 2010. De ese tamaño es la dimensión de una de las más perversas prácticas inhumanas: desaparecer al otro, al enemigo, al diferente.

Tribunales civiles juzgarán a militares por DH: SCJN

Al revisar sentencia de CIDH por desaparición de Rosendo Radilla, ministros determinaron por unanimidad que todos los jueces del país podrán procesar a integrantes del Ejército que incurran en violaciones a garantías individuales.
Gustavo Castillo y Fernando Camacho
Publicado: 12/07/2011 

México, DF. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que todos los jueces del país podrán juzgar a integrantes de las fuerzas armadas que incurran en violaciones a las garantías individuales.

El máximo tribunal solamente conocerá de algún caso cuando esté en duda la constitucionalidad del procedimiento o se tenga que definir si el asunto es competencia de los tribunales militares o civiles.

De esta manera, mientras el Poder Legislativo realiza las reformas constitucionales necesarias para modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y ponerlo a tono con el artículo 2 de la Convención Interamericana, para restringir el fuero militar, la SJCN determinó ya procedimientos o normas a seguir cuando un integrante de las fuerzas armadas incurra en violaciones a derechos humanos estando en servicio.

En la actualidad todos los militares que cometen violaciones a las garantías individuales durante alguna comisión  o estando en servicio, solamente pueden ser juzgados por los tribunales militares por lo que se consideran faltas a la disciplina militar.

El ministro Franco González Salas señaló durante la sesión de este martes que en consecuencia a lo establecido en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Rosendo Radilla, cuando un militar en funciones esté involucrado en violaciones a garantías individuales de civiles, deben ser tribunales ordinarios quienes los juzguen.

El ministro José Ramón Cossío puntualizó  que “lo que vendría a ser el corazón” de la sentencia de la CIDH es  que “fuero militar frente a situación que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar”, y así, la totalidad de los diez ministros presentes en esta sesión aceptaron que todos los jueces del país tienen facultades para conocer y procesar a militares que cometan violaciones a derechos humanos de civiles.

La sentencia de la SCJN se dio al determinar los alcances de la sentencia de la CIDH realizó en torno a Rosendo Radilla, quien fue desaparecido de manera forzada por integrantes del Ejército en 1974.