21 de julio de 2011

Caravana recorrerá ruta de migrantes en México


Una caravana recorrerá la ruta de los migrantes en México. - AFP


MEXICO - El padre Alejandro Solalinde Guerra, encabezará una caravana que recorrerá la ruta del migrante en México, la cual partirá desde Chiapas al estado de Veracruz.

Las delegaciones están integradas por asociaciones civiles de Honduras, Guatemala, México y El Salvador, destacó La Prensa de Honduras, en su versión digital.

De acuerdo a Solalinde la caravana partirá el 25 de julio y llegará a Coatzacoalcos, Veracruz el 2 de agosto en el marco de la visita de Felipe González, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Trabajadores Migratorios.
 
Sensibilizar sobre los riesgos para los indocumentados.

El objetivo del recorrido busca sensibilizar al gobierno y a la sociedad civil sobre los riesgos que corren los indocumentados, principalmente centroamericanos y sudamericanos, en busca del llamado "Sueño Americano".

Solalinde, integrante de la Pastoral de la Movilidad Humana, aseguró que los grupos del crimen organizado siguen secuestrando a indocumentados "están procurando los delincuentes no dejar testigos, no dejar huellas, desapareciéndolos, eso implica que los mueven más arriba de Veracruz", destacó el prelado, según reprodujo La Prensa.

Además dijo que el estado de Veracruz, es donde se registran en mayor medida el secuestro de indocumentados, territorio controlado por le cártel de "Los Zetas".
 
Para el jerarca católico la falta de coordinación o voluntad política ha provocado que los indocumentados corran riesgo en México, ya que no se les brinda seguridad
 
Hizo un llamado a los ciudadanos para que de forma anónima denuncien a los criminales y que defiendan a los inmigrantes que se dirigen a la frontera norte, para llegar a Estados Unidos.

Delegaciones de Centroamerica

Los delegados de organizaciones sociales de Honduras, Guatemala, México y El Salvador denunciarán el irrespeto y violaciones a los inmigrantes en un encuentro con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la semana próxima.

El encuentro con Felipe González, relator para trabajadores migratorios y miembros de sus familias de la Comisión, se realizará el 27 de julio en la ciudad mexicana deTapachula, dijo el lunes a The Associated Press la directora del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), Lucy González Acevedo.
 
"El objetivo principal es pronunciarnos por tanto secuestros, masacres que se están dando en México" contra la comunidad inmigrante", agregó.
 
González Acevedo informó que los centroamericanos se reunirán el 26 de julio en el río Suchiate, en la frontera entre Guatemala y México, para emprender el día siguiente hacia Tapachula la denominada caravana "paso a paso hacia la paz" en la que participarán más de 20 organizaciones de derechos humanos y búsqueda de inmigrantes desaparecidos.

Para COFAMIDE será la segunda caravana para pedir por los derechos humanos de los inmigrantes luego de la primera en febrero del 2009.
 
Desde su fundación en el 2006, COFAMIDE investiga 309 denuncias de violaciones a los derechos humanos y desapariciones en Guatemala y México de salvadoreños que han viajado sin papeles a los Estados Unidos. Ha ubicado a 48 personas y repatrió cinco cadáveres.
 
Masacre en Tamaulipas

Las organizaciones se pronunciarán sobre una serie de secuestros de inmigrantes y masacres como la ocurrida el 24 de agosto del año pasado en el que murieron 72 inmigrantes en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos y atribuido al cartel de las drogas de los Zetas.
 
Según un reciente informe de la Procuraduría General de la República de México, de los 59 migrantes que fueron identificados, 24 procedían de Honduras, 14 de El Salvador, 13 de Guatemala, cuatro de Ecuador, tres de Brasil y uno de la India.
 
Un informe del ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador señaló que los 14 salvadoreños ejecutados en Tapachula forman parte de 21 asesinados en México en el 2010 entre unos 250 víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetrados "en su mayor frecuencia" por la policía federal, el crimen organizado y la delincuencia común.
 

20 de julio de 2011

EL DESMANTELAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PUBLICA.- Segunda y última parte

"La deducción de Impuestos a la Educación Privada, tiene la finalidad de fomentar la inversión privada en la educación vía exención de impuestos al sector empresarial por parte del gobierno y reducción del gasto público al rubro educativo" : Jorge Cruz Ibañez

Por : Jorge Cruz Ibáñez
Con el impulso del neoliberalismo en México en el campo educativo, por recomendaciones de los órganos financieros internacionales como El Fondo Monetario Internacional ( FMI ), el Banco Mundial ( BM) , el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), entre otros, en donde en momentos de crisis social extrema, como la que vivimos, el desarme intelectual y cultural de los sectores populares es fundamental para impedir la emergencia de procesos de autonomía ética y cultural desde las clases populares que pongan en riesgo la hegemonía de la burguesía.

En este sentido las reformas educativas neoliberales son también reformas políticas que persiguen objetivos de dominación, provocando cambios significativos en la organización del sistema , el currículo, el desarrollo profesional de los docentes, los salarios y la participación social en los asuntos escolares, entre otros.
 
Pero quiero volver al análisis comparativo de estas políticas educativas que realizaron los compañeros maestros de la Instancia de Coordinación Política de la Sección 22 del SNTE-CNTE de Oaxaca.
 
En el 2009 se realiza la Primera entrega de Estímulos a docentes en base a resultados de la prueba ENLACE, en base a la Ley General de Educación y con el fin de someter a concurso estímulos económicos bajo un procedimiento injusto e inequitativo como es la prueba ENLACE que no contempla las variantes del contexto educativo. Como afectación delicada es que se genera segregación, marginación y rivalidad entre escuelas y personal docente por atraer a los alumnos con mejores resultados en la prueba estandarizada.
 
También en el 2009 se impulsa la conformación de los Consejos Escolares de Participación Social ( CEPS ) con fundamento en la Ley General de Educación con la finalidad de fomentar la participación de la sociedad e iniciativa privada en aspectos de financiamiento, supervisión y fiscalización del desempeño pedagógico de los docentes como parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como afectación grave tenemos que se pierde autonomía en la planeación y diseño en la forma de abordad los contenidos de aprendizaje por parte de los maestros. Los CEPS son quienes determinarán en un momento dado la permanencia reubicación o separación de docentes con bajo desempeño educativo.
 
En el 2010, específicamente el 21 de octubre, el Senado de la República aprueba 24 Artículos que modifican y reforman la Ley General de Educación, con base en el Artículo 3ª Constitucional, con la finalidad de disponer de un marco legal que permita al Ejecutivo a través de la SEP aplicar sin cortapisas todos los planteamientos de la Alianza por la Calidad de la Educación ( ACE ). Entre las afectaciones tenemos que a partir de ahora todos los recursos federales destinados al presupuesto educativo se asigna en base a la ACE mediante anexos técnicos. Por disposición legal todos los docentes entran al esquema de la certificación obligatoria. Se reglamentan nuevos mecanismos de contratación y se somete al magisterio en un ambiente de riesgo e inestabilidad laboral, entre otras cuestiones graves.

El 14 de febrero del presente año Calderón decreta la deducción de Impuestos a la Educación Privada, con base en la Ley General de Educación y con la finalidad de fomentar la inversión privada en la educación vía exención de impuestos al sector empresarial por parte del gobierno y reducción del gasto público al rubro educativo. Entre las implicaciones de esta política tenemos que se amplía la cobertura del sector educativo a la iniciativa privada y se reduce la responsabilidad del estado de garantizar educación en los términos del Artículo 3ª Constitucional.
 
El 25 de mayo del presente se firma la creación del Sistema Universal de Evaluación entre la SEP-SNTE, con fundamento en la Ley General de Educación y Ley de servicio profesional de carrera. Acuerdo número 465 fecha 31 de diciembre de 2008. Con el fin de monitorear periódicamente el estado que guarda el sistema educativo nacional para detectar las debilidades de los docentes y depurar a los de nulos resultados con la certificación. Entre las afectaciones tenemos que se cumple con el V eje de la ACE en donde los docentes están obligados a ser evaluados cada 3 años mediante un sistema global de pruebas estandarizadas y correr el riesgo de ser separado del servicio si los resultados no son favorables dando mayor preponderancia al resultado de los alumnos. ( ENLACE )

El 31 de mayo, SEP –SNTE modifican los Lineamientos Generales del Programa de Carrera Magisterial, con fundamento en la Ley General de Educación y con la finalidad de concluir con estas medidas en proceso de certificación de los docentes y condicionar la distribución de estímulos. Entre las implicaciones y afectaciones tenemos que se pierde la estabilidad o permanencia en los niveles alcanzados en el programa de carrera magisterial y aunque se sigue considerando como opcional la decisión de ingresar o promoverse al programa, este factor se incluye en el sistema universal de evaluación.
 
Considero que esta serie de reformas educativas constituyen otra vuelta de tuerca del proyecto que inauguró el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica ( ANMEB ): alargamiento del tiempo de trabajo; reducción del salario; mayor despotismo o control patronal del proceso de trabajo docente y funcionalización extrema de contenidos y procesos de calificación según los criterios empresariales.
 
Ensanchamiento de la desigualdad; desnacionalización de contenidos y adoctrinamiento proyanqui y procapitalista, además de la propagación del temor, del miedo y el autodesprecio. Las instituciones calificadoras y los exámenes constantes: INEE, CENEVAL, PISA, ENLACE y otros, van de la mano de la implantación del terror de estado, la militarización y la violencia generalizada.
 
Finalmente, vivimos en lo educativo y en lo social las secuelas de un proyecto desnacionalizador que en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte encuentra su razón de ser, en donde se establece también, por primera vez en la historia del país, la educación como “ actividad económica “ abierta a la inversión extranjera.

¡¡¡UNA MAS DE SOLDADOS!!!...NEGLIGENCIA E IRRESPONSABILIDAD DE MILITARES...Amputan brazo y pierna a niño en HNP, tras explotarle granada.

Por Juan Carlos López Rojas
Miércoles, 20 de Julio de 2011
Osvaldo Zamora Barragán perdió un brazo y una pierna, después que le explotó una granada de fragmentación cuando trastabilló y cayó sobre este artefacto supuestamente olvidado en un paraje de Petlalcingo por elementos del Ejército Mexicano.
 
En el Hospital del Niño Poblano se llevó a cabo la amputación de las dos extremidades, como también un dedo de la mano izquierda; sin embargo, el niño todavía no está libre de peligro y su estado de salud es grave.
 
María Barragán Soberanes denunció que los soldados culpan a su sobrino del accidente por meterse a una zona de prácticas, por lo que pidió justicia, no sólo una indemnización por el accidente, sino también que le den una pensión de por vida, "pues ya no va a trabajar y es hombre, en algún momento tendrá que mantener una familia".
 
La madre de Oswaldo, Paula Barragán Soberanes, recordó que su hijo le gusta ser pastor y que ya tenía un rebaño de siete chivos y ovejas, por lo que en estas vacaciones se dedicaba la mayor parte del tiempo a este oficio, sobre todo porque hace poco su abuelo le regaló un animal caprino, al que le llamada Pocholo.

COCINAN FRENTE COMÚN ORGANIZACIONES CONTRA EL METROBÚS

Rodolfo Pardo explicó con diapositivas que la calle Juan Cuamatzin carecía de los problemas que afirma el Jefe de Gobierno, tienen.
* Comerciantes establecidos de La Merced se comprometen a luchar por que se anule la construcción hoy que aún es tiempo.

México, D. F., a 20 de julio de 2011

La Organización de Comerciantes Establecidos de La Merced se comprometió con sus compañeros de las calles Ayuntamiento, El Salvador, Belisario Domínguez y Venezuela, además de los vecinos de la Unidad Kennedy y la colonia Tabacalera, a formar parte de un frente común para luchar por la anulación de la Línea 4 del Metrobús en el Centro Histórico o las calles antes mencionadas, además de Juan Cuamatzin, “hoy que aún es tiempo”.
 
Los comerciantes y vecinos coincidieron que la construcción de la Línea 4 del Metrobús es una decisión improvisada y claramente impositiva del gobierno capitalino que ya les arroja pérdidas económicas, por lo que comenzarán a trabajar de inmediato para generar las diferentes estrategias jurídicas y de movilización para detener la obra, las cuales se verán seguramente en los siguientes días.

En el caso particular de La Merced, expresó Rodolfo Pardo, “en la calle de Juan Cuatmazin y la zona comercial de La Merced observamos ya el caos por la reducción de carriles para el tránsito vehicular en estas tres semanas, por lo que nuestras ventas se han visto mermadas en casi un 30 por ciento”.
 
La problemática principal y de ello se deriva nuestra oposición a la construcción del Metrobús, agregó el comerciante de La Merced, “es la necesidad que nuestros clientes transiten por zonas amplias de carga y descarga, situación que entorpece dicha obra”.
 
A su vez, Jesús Calderón, dijo que “el mayor temor que tenemos los comerciantes es que nuestros clientes se desplacen a otras zonas a comprar y empiece a desaparecer nuestro mercado, con ello afectaría directamente el pago de rentas, nómina y proveedores”.
 
Agregó que la zona de comercio popular de La Merced comprende 12 mil locatarios establecidos que pagan impuestos, mientras que a los comerciantes en vía pública se les reubica para seguir vendiendo.
 
“Para quienes tenemos locales establecidos, nuestro patrimonio está asentado ahí y está en juego”, agregó Pardo.

Durante la conferencia de prensa los comerciantes y vecinos de la calle Juan Cuamatzin realizaron una presentación donde dejaron ver que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal en realidad no quieren acabar con el comercio informal, tampoco desean regular los espacios públicos y mucho menos acabar con la delincuencia y la trata de blancas en La Merced.

Por el contrario, escogieron dicha calle porque es la que menos problemas les dan, ya que no existe comercio informal, mucho menos intereses políticos y económicos qué perjudicar y apuestan a que los comerciantes establecidos permitan que los perjudiquen sin meter las manos.
 
Sin embargo, dijeron que van a luchar en contra de la construcción del Metrobús y que si en los diálogos a que esperan ser llamados, les piden una propuesta, ésta es que el sistema de transporte pase por la calle General Anaya que permitirá combatir la delincuencia, regularizar los espacios públicos y acortar el paso del Centro Histórico a la terminal de San Lázaro y al Aeropuerto en 1.8 kilómetros, evitando el garabato que han formado las autoridades.
 
Expresaron ante sus compañeros comerciantes y vecinos que llegaron al lugar donde se celebró la reunión, que si Marcelo Ebrard quiere hacer un bien a la ciudad, "que anule el Metrobús, regule el transporte, recupere los espacios públicos como son las banquetas y termine la tolerancia al comercio informal".
 
“Hacer otra cosa, es actuar en contra del bien público, que es el bien común al cual se debe proteger”, expresaron los Comerciantes Establecidos de La Merced.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DONA AL EJERCITO UN PREDIO CON UN COSTO DE 40 MILLONES DE PESOS

Gerardo Buganza Salmerón, secretario de gobierno y ex senador, dijo que para reforzar la vigilancia en la zona sur, ya adquirieron un terreno en Acayucan para cederlo al Ejército a fin de que allí se construya un módulo que mantenga una vigilancia constante en el paso de indocumentados, por lo que sólo están a la espera de que el Congreso local apruebe la solicitud del gobernador para la entrega del terreno. El predio con un costo de 40 millones de pesos, operará como módulo y entre sus funciones estará la de revisar y controlar el paso de migrantes respetando sus derechos humanos. “La finalidad es que se revise y se precise por un lado que el control y por un lado la vigilancia de flujo de migrantes sea respetando los derechos humanos, y que se dé con todo orden, buscando que no afecte en ningún momento a la sociedad con cualquier proceso del sur, de los que pasan con la delincuencia, lo atenderían las fuerzas militares, ya está el terreno, el Congreso tiene que aprobar la cesión de esas tierras con el Ejército mexicano”.

Acosos a migrantes traen a México a relator de la CIDH

Por Emilio Godoy
Una patrulla mexicana en un control de migrantes
 
MÉXICO, 20 jul (IPS) - Miguel, un nicaragüense de 32 años, y su esposa permanecen desde hace unos días en un albergue de inmigrantes del suroccidental estado de Oaxaca, en México, como refugiados del acoso de policías municipales corruptos y de pandilleros.

"Los policías me robaron y los pandilleros me piden 2.000 dólares por cada uno para dejarnos pasar, o quedarse con mi esposa y que yo siga", relató por teléfono a IPS desde la localidad de Ixtepec este inmigrante, originario de la ciudad de Matagalpa, en el centro de Nicaragua.

Viajaban hacia Nicaragua para obtener el acta de nacimiento, pasaporte y otros documentos de Miguel, un nombre ficticio por pedido de la fuente, cuando él y su pareja, una hondureña de 20 años, fueron despojados de sus pertenencias por agentes municipales en las localidades de Orizaba y Mendoza, en el sudoriental estado de Veracruz.

Después lograron llegar a Ixtepec, donde Miguel y su esposa, ambos inmigrantes en México, fueron amenazados por miembros de la transnacional "mara" (pandilla) Salvatrucha, que opera en América Central, este país y Estados Unidos. Esto les forzó a pedir refugio en el albergue "Hermanos en el Camino", para evitar caer en sus manos.
 
Historias como las de estos dos inmigrantes centroamericanos componen el duro panorama que encontrará el chileno Felipe González, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, cuando inicie su visita oficial a México e lunes 25.
 
"Vamos a plantear una serie de temas que hemos identificado como centrales", dijo a IPS Fabienne Venet, directora general del independiente Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim).
 
Entre ellos destacó "la securitización (imposición de la seguridad nacional) de la agenda migratoria, la falta de coordinación entre las dependencias federales y locales de seguridad pública y violaciones a derechos humanos".
 
González, quien permanecerá en México hasta el 2 de agosto, se entrevistará con autoridades mexicanas y representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil. Además, visitará los estados de Tamaulipas, en el centro oriental atlántico, Chiapas, en el extremo sur, Oaxaca y Veracruz.
 
Unos 500.000 latinoamericanos cruzan México cada año en ruta hacia Estados Unidos, según organizaciones no gubernamentales y expertos, en un trayecto minado de abusos, robos y secuestros a manos de policías y organizaciones criminales.

Ese camino pasa especialmente por los estados del sureño Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, en una franja que va del sudeste al nordeste mexicano. El gobierno ha identificado entre las fronteras con Guatemala, al sur, y Estados Unidos, al norte, 25 municipios peligrosos para los indocumentados.
 
En México, con 108 millones de habitantes, hay solo dos millones de extranjeros registrados, según cifras oficiales. De ellos, solo 24.000 son centroamericanos, que usan mayoritariamente el país como tránsito o trabajan en él en forma ilegal.
 
Un colectivo de organizaciones dedicadas a la migración entregarán un informe a González, en el cual denuncian el trato agresivo empleado por el gobierno hacia los inmigrantes irregulares, la vulnerabilidad de los defensores de los derechos de los sin papeles y la impunidad que rodea las agresiones a los viajeros indocumentados.
 
"Nos interesa denunciar el hostigamiento y el acoso, por nuestra labor pastoral en atención a los inmigrantes, la violencia que estamos asumiendo y de la cual somos víctimas, a la par de los mismos inmigrantes", relató a IPS la religiosa Leticia Gutiérrez, directora ejecutiva de la Pastoral de la Movilidad Humana, adscrita a la Iglesia Católica.
 
Esa dependencia administra 54 casas, albergues y comedores para indocumentados en México.

Su personal y los propios centros han padecido amenazas de muerte del crimen organizado y autoridades, señalamientos de estas a los responsables de los establecimientos por la labor de solidaridad y denuncia que realizan, la quema de transformadores eléctricos, cortes de luz y rotura de ventanas.
 
Los refugios en mayor riesgo se localizan en Ixtepec, en la sudoriental ciudad de Tenosique, fronteriza con Guatemala, y en las norteñas localidades de Saltillo y Piedras Negras, en el borde con Estados Unidos.
 
Desde 2010, el secuestro de personas indocumentadas ha alcanzado niveles nefastos. En agosto de ese año 72 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, aparecieron muertos en Tamaulipas, ejecutados según las investigaciones por miembros de Los Zetas, un cártel de traficantes de drogas que también plagia personas sin papeles.
 
En diciembre, otros 40 indocumentados fueron secuestrados en Oaxaca, sin que aún se sepa nada de su suerte.

Otro grupo de al menos 80 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, fue secuestrado en junio en Veracruz, sin que tampoco se tenga noticias de ellos.
 
La estatal y autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un recuento de unos 20.000 inmigrantes secuestrados en 2010. Generalmente, el rescate oscila entre los 1.500 y los 5.000 dólares, según esa investigación.
 
Este año ha habido al menos siete casos de agresiones a defensores de los migrantes indocumentados, en comparación con los dos registrados entre octubre de 2009 y el mismo mes de 2010, según organizaciones de derechos humanos.
 
"La situación está difícil. Los policías son cómplices del crimen organizado. Estamos a la espera de lo que pase, no tengo la menor idea de cómo vamos a salir", aseguró Miguel, quien ya contactó con la embajada nicaragüense en México para obtener algún tipo de garantía.

Las organizaciones no gubernamentales que atienden a los migrantes piden la construcción de una base de datos centralizada sobre personas desaparecidas y cadáveres no identificados, la integración de un sistema regional de intercambio de información y el acceso de los familiares de las víctimas a esa información. Asimismo, solicitan un programa para atacar la falta de investigación de los delitos contra los inmigrantes y la impunidad y un rol activo del relator en el seguimiento de las recomendaciones hechas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al gobierno mexicano.
 
"No es posible adjudicar únicamente la culpa al crimen organizado y donde el gobierno mexicano debe asumir su responsabilidad en el marco de sus compromisos internacionales para proteger a los inmigrantes y garantizar sus derechos. Vamos a pedir la promoción de un nuevo enfoque desde la seguridad para los migrantes", planteó Venet.
 
"Estamos entre dos fuegos cruzados, el crimen organizado y el gobierno, para que no se conviertan en nuestros enemigos. Queremos que el gobierno tenga instrumentos para atender la realidad migratoria en términos de desarrollo y para reconocer el trabajo de quienes trabajamos día a día con los inmigrantes", acotó Gutiérrez.
 
Entre enero y mayo de este año, las autoridades migratorias deportaron a 27.410 centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. (FIN/2011)

19 de julio de 2011

Concilia Frente Popular con autoridades orizabeñas

El Frente Popular Revolucionario desistió de su manifestación y paro permanente en el parque Apolinar Castillo, cerca de llegar a los 4 meses de haberse instalado Gaudencio Brito líder moral, decidió levantar su casa de campaña y dejar de nueva cuenta libre el paso a los transeúntes

ORIZABA,Ver.- El Frente Popular Revolucionario desistió de su manifestación y paro permanente en el parque Apolinar Castillo, cerca de llegar a los 4 meses de haberse instalado Gaudencio Brito líder moral, decidió levantar su casa de campaña y dejar de nueva cuenta libre el paso a los transeúntes.
 
En el convenio celebrado se estipuló el retiro inmediato y permanente de los manifestantes a fin de poder ofertar sus productos en algunas periferias de la ciudad. En próximos días, 45 integrantes del Frente Popular Revolucionario iniciarán sus ventas a las afueras del Centro Histórico.

Los lugares a ubicarse son pasando la Oriente 9, hacia el Poniente y Oriente de la ciudad, Los comerciantes pagarán una cuota equivalente a un salario mínimo mensual para cubrir su derecho de venta en la vía pública.

El convenio fue firmado por el líder del Frente Popular Revolucionario Gaudencio Brito y el coordinador de Mercados y Comercio Ambulante, Andrés Morales Cortés.
 
Tras su retiro Brito manifestó que se da un voto de confianza a las autoridades y sobre todo serán respetuosos de la ley y de los acuerdos firmados en la minuta.
 
Los integrantes del FPR entregarán por escrito a las autoridades el padrón de vendedores que estará ubicado a las afueras del Centro Histórico. Las calles a ocupar serán Oriente 11 y 13 y siguiente, Norte 2, 4, 6 y 8, sin ocupar Oriente 9 y Poniente 8 pues aún son pertenecientes al Centro Histórico.