Caballo Blanco ya tiene la concesión; faltan permisos para explotar oro: SE

a obtener la concesión lo único que se requiere es que el terreno sea libre, los permisos los otorga la Semarnat, el municipio y el estado ¦ Foto Especial

Al señalar que en la entidad veracruzana hay 90 concesiones mineras, de las cuales cinco ya cuentan con proyectos para su desarrollo, María Jimena Valverde Valdés, coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía (SE), expuso que del proyecto minero Caballo Blanco ya se otorgó la concesión, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los ayuntamientos de Alto Lucero y Actopan y el gobierno estatal determinarán si se otorgan los permisos o no, dependiendo que sea un proyecto responsable con el medio ambiente y con la seguridad de los veracruzanos.

 

Entrevistada al concluir la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) y la Dirección de Minería de la SE, para la elaboración de 20 cartas geológicas que permitan un mayor desarrollo en la investigación minera, la exploración y explotación racional y sustentable de más yacimientos en la entidad, Valverde Valdés mencionó que la concesión no implica dar autorización para la explotación del mineral.

 

Para obtener la concesión lo único que se requiere es que el terreno sea libre, los permisos los otorga la Semarnat, el municipio, el estado, “tener la concesión no da derecho a la explotación, sino que te da derecho a buscar qué se va a explotar, y es el caso de Caballo Blanco”, dijo la funcionaria federal.

 

Las autoridades competentes son las que tienen que resolver si hay o no afectaciones, en este caso, Semarnat, CFE, INAH, ya que, reconoció que es un proyecto que tiene varios paradigmas porque está cerca de Laguna Verde, porque está la parte ambiental y está la cuestión arqueológica, “pero si se logran salvar, sortear los paradigmas y realmente tener un proyecto responsable con el medio ambiente y seguridad, podría ser una oportunidad para el desarrollo económico en el estado”.

 

La funcionaria federal detalló que la SE dio la concesión a Minera Cardel –luego de ser cuestionada que si el concesionario era Carlos Slim–, “no sé quienes son los inversionistas, está Goldgrup, empresa canadiense acaba de comprar 100 por ciento de las acciones, pero intereses atrás lo desconozco”.

 

Asimismo, mencionó que en la entidad veracruzana “tenemos 90 concesiones mineras, hay cinco proyectos importantes, está Jáltipan con el azufre, la parte de oro en Caballo Blanco, y en Las Minas, minería metálica y en rocas dimensionales, pero las 90 concesionadas, no significa que todas puedan, primero tienen que buscar si hay algo para explotar”.

Así, comentó que en el estado la minería aporta 9 mil empleos directos, pero por cada empleo directo se calculan cuatro indirectos, entonces estamos hablando de 30 mil empleos, “el estado da para mucho y hay que reconocer la riqueza geológica para detonar el desarrollo”.

Al tiempo que informó que la inversión que genera la minería en el país ya superó la que tenía el turismo en el país, “tenemos como 11 mil millones de dólares de inversión en la minería contra 9 mil millones de dólares, está dejando 20 mil millones de dólares en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, lo que equivale a 4 mil millones de dólares anuales”.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=111109_123106_606&id_seccion=3

URGE FUNDALEX APROBAR LEY FEDERAL PARA DELITOS CONTRA PERIODISTAS

México, D. F., a 9 de noviembre de 2011

 

Tras los hechos ocurridos la madrugada del domingo 6 de noviembre en la ciudad de Córdoba, Veracruz, contra el diario El Buen Tono, la Fundación para la Libertad de Expresión urge a los miembros de la Cámara de Diputados para que, en su carácter de Representantes de la Nación, suban al pleno la votación del Dictamen de la Iniciativa de Ley Federal para delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación, aprobado en comisiones el pasado 27 de octubre.

Esta ley permitirá que las autoridades federales conozcan de los delitos del fuero común contra periodistas en el ejercicio de la libertad expresión, información e imprenta.

Las instalaciones del diario incendiado, con escasas semanas de circulación, fueron baleadas por alrededor de 15 individuos, afortunadamente sin desgracias personales porque la veintena de trabajadores que se encontraba en labores de impresión logró refugiarse en el área de rotativas.

 

El propietario del diario, José Abella y su director, Julio Fentanes, advierten que el hecho pudo tener tintes políticos porque han puesto en evidencia desde el Presidente Municipal de Córdoba, Francisco Portilla Bonilla, en casos de corrupción y de tráfico de influencias, hasta al Director de Tránsito y Transporte del Estado, Carlos Demuner Pitol.

 

Para el Comité Directivo de la Fundalex es urgente que los señores diputados den el siguiente paso, luego de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia aprobaron por unanimidad las modificaciones constitucionales.

 

México ha sido calificado por la Organización de las Naciones Unidas como un país de alto riesgo para ejercer el periodismo.

El estado de Veracruz ha sido uno de los más violentos para el ejercicio del periodismo este año: Han sido asesinados Noel López Olguín, Miguel Ángel “Milo Vera” López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz y se encuentra desaparecido Gabriel Manuel Fonseca Hernández.

 

Consejo Directivo

Fundación para la Libertad de Expresión

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CONTACTO: Renato Consuegra
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Controlan Zetas y cártel de Sinaloa la mayor parte del país: Siedo

Presenta Salinas Martínez mapa de zonas de operación del crimen organizado

Foto: Vanguardia/Especial

7retweet..México, DF. El titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), José Cuitláhuac Salinas Martínez, reveló este martes, en un foro organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), que los cárteles de Los Zetas y de Sinaloa son los que operan en una porción más amplia del territorio nacional.

 

De acuerdo con el documento de la Siedo, Los Zetas, dirigidos por Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y Miguel Ángel Treviño Morales, prácticamente controlan la mayor parte del país, lo mismo en zonas del sur que en el norte de México, y tienen conexión con regiones de gran movilidad comercial, como Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas.

En tanto, el grupo que dirigen Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada García y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, controla la parte colindante con el océano Pacífico, desde una zona de Baja California hasta las costas de Jalisco, aunque también opera en Quintana Roo.

 

Durante su participación en el foro titulado Delincuencia organizada y nuevos modelos de imputación penal, Salinas Martínez señaló que los grupos del narcotráfico que operan en el país actúan con estructuras empresariales piramidales, en las cuales los elementos de menor nivel no conocen a los mandos y cada integrante desempeña tareas específicas, lo que hace más difícil combatirlos.

 

Afirmó que los cárteles, a diferencia de hace 10 o 15 años, cuando tenían una organización horizontal y todos se conocían, ahora son como compañías "con una estructura empresarial dedicada a determinadas funciones", donde cada miembro tiene una función específica. Explicó que debido a esa función determinada, dirigida desde un mando piramidal, las estructuras inferiores no conocen a las superiores y entonces "tenemos un problema de vinculación en relación con la autoría y la coautoría del sujeto".

Con apoyo de una presentación multimedia, el titular de la Siedo dio a conocer un mapa de las zonas de operación y de confrontación de las organizaciones criminales. Sin embargo, al final de su ponencia –titulada La estructura y modus operandi de la delicuencia organizada en México: cárteles y otros grupos–, Cuitláhuac Salinas se negó a proporcionar copia del documento a los medios de comunicación.

No obstante, se obtuvieron algunas imágenes del documento y en la gráfica general se menciona que el cártel de los hermanos Arellano Félix, encabezado por Enedina Arellano, su hijo, Fernando Sánchez, y Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, sólo tiene presencia en Baja California, pero no se explica la forma en que se abastece de droga para vender en esa entidad o enviarla a Estados Unidos, principalmente al área de San Diego, California, una de sus zonas históricas de operación.

 

En cuanto al cártel de Sinaloa, se menciona que ocupa una pequeña parte de Baja California, todo Baja California Sur y parte de las rutas de distribución de enervantes de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango y Coahuila (en las dos últimas entidades existen disputas con Los Zetas), y que en Jalisco, Colima y Nayarit sostiene enfrentamientos con grupos como Los caballeros templarios (o La Familia), los Beltrán Leyva y Los Zetas.

Asimismo, opera en zonas de Oaxaca y Chiapas, en el lado del océano Pacífico, y del lado del Golfo de México tiene células en Veracruz, que operan con el nombre de Jalisco Nueva Generación o Matazetas.

Acerca del cártel de Juárez, que dirige Vicente Carrillo Fuentes (hermano de Amado Carrillo, El señor de los cielos, fallecido en julio de 1997), la Siedo ubica sus zonas de operación principalmente en partes de Chihuahua (Ciudad Juárez es uno de sus bastiones), Sonora, Quintana Roo, Durango y Coahuila.

 

La organización de los Betrán Leyva, de acuerdo con el mapa elaborado por la Siedo, cuenta con células operativas en Sinaloa, Durango, Coahuila, Nayarit, Colima, Guerrero, Morelos, estado de México y en zonas limítrofes de Guerrero con Michoacán.

 

El cártel del Golfo centra su presencia en Nuevo León, Tamaulipas y zonas de Veracruz, todas en disputa con sus antiguos socios Los Zetas, quienes han extendido sus operaciones desde Nuevo León hasta Tabasco, Zacatecas, San Luis Potosí, estado de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Por lo que hace a Los caballeros templarios, la Siedo focaliza las operaciones de este grupo en los estados de México, Michoacán, Jalisco y Morelos.

 

Cárteles de impacto local

El documento presentado por el titular de la Siedo no reconoce como cárteles a organizaciones como el autodenominado Cártel Independiente de Acapulco, Jalisco Nueva Generación ni Cárteles Unidos; tampoco menciona las zonas que disputan los grupos criminales, porque considera que sólo tienen impacto a escala "local o estatal".

http://www.vanguardia.com.mx/controlanzetasycarteldesinaloalamayorpartedelpaissiedo-1143112.html

Kelly Brook lanza su sexy calendario

La modelo, actriz, diseñadora británica Kelly Brook acaba de presentar su calendario 2012 que dejará a más de uno con la boca abierta. (Especial)

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre.- La modelo, actriz, diseñadora británica Kelly Brook acaba de presentar su calendario 2012 que dejará a más de uno con la boca abierta.

La celebrity inglesa aparece posando en ropa interior y mostrando su parte más erótica y sensual con su impresionante anatomía.

La Brook tiene una cintura de 60,96 centímetros y caderas de 86,36, y tales son las medidas indicadas por los científicos de la Universidad de Texas como las de los cuerpos más hermosos.

En la actualidad, la también presentadora de TV de 31 años y su esposo, el ex jugador de rugby escocés Thom Evans, forman una de las parejas más famosas del Reino Unido.

2011-11-09 07:06:00
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=funcion&cat=3&id_nota=781945&photo=1

Anonymous declara la guerra contra la corrupción en México

Llama a hackear "sin contemplaciones" las webs, correos y servidores de los organismos gubernamentales del país.

Redacción

 

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre.- El colectivo Anonymous anunció este martes que atacará "sin contemplaciones" todos los sitios en internet de los organismos gubernamentales de México e hizo un llamado a "hackear sus webs, sus correos, sus servidores. A sacar a la luz toda la información oculta que demuestre que México tiene gobernantes corruptos".

En su comunicado, Anonymous no especifica que sitios seran sus objetivos en los próximos días, pero pide el apoyo de la población en general para combatir a "los funcionarios corruptos".

"Durante estos días hemos estado al tanto del clamor de un pueblo olvidado por sus dirigentes. Un pueblo maltratado por la violencia gratuita, la corrupción, la indiferencia de su gobierno, la pasividad de sus cuerpos de seguridad... Nos hemos dado cuenta de que los mexicanos están solos. No tienen a nadie de su lado ni nadie en quien creer", señalá el escrito.

Asegura que "desde Anonyumous" han tratado de hacer conciencia en el pueblo para que esto cambie y han intentado que el gobiernos los escuche y tome las medidas oportunas para arreglar la situación, pero "nos hemos dado cuenta que llega a tal punto la corrupción y el miedo, que ya nadie quiere hacer nada para cambiar las cosas".

Por eso, hacen un llamamiento "a todos los Anonymous del mundo, a toda la comunidad hacker mundial, dejando de lado nuestras diferencias, a atacar sin contemplaciones a todos los organismos gubernamentales de México".

"Declaramos oficialmente la guerra contra la corrupción en Mexico", señala y agrega que los carteles de la delincuencia organizada no los asunta, al tiempo que exhorta a la población a manifestarse, salir a la calle sin mieto y que los ayude a cambiar la situación que se vive en el país.

Indicó que la semana pasada realizó una operación para difundir datos personales e institucionales de legisladores, en la llamada "Operación Diputados".

Tambien -agregó- el grupo de hackers declaró la guerra a los Zetas, en reclamo por el secuestro de uno de sus activistas en Veracruz, quien fue liberado luego de que el colectivo amenazó con revelar nombres y datos de funcionarios, pólicias e incluso taxistas coludidos con Los Zetas.

Denuncia que el pasado domingo el gobierno mexicano infiltró a un agente del CISEN para impulsar y difundir la #OpCartel "con fines que desconocemos, pero que posiblemente pretenden neutralizar a Anonymous y enfrascar a ese movimiento en una guerra contra grupos criminales, especificamente con Los Zetas".

El gobierno federal, plantearon los activistas, intenta infiltrarse en sus canales de comunicación y presionar en redes sociales para que se retome la operación #OpCartel, "con lo que se responzabilizaría a Anonymous de un baño de sangre y ademas se le impediría de facto el manifestarse pacíficamente".

jgm

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=781765&seccion=seccion-nacional&cat=1

El dueño del PT

ALBERTO ANAYA GUTIERREZ, UN IZQUIERDISTA MEXICANO MODERNO

Raymundo Riva Palacio

Alberto Anaya es señalado como el usufructuario de una franquicia política que le ha permitido construir un estilo de vida, junto a su familia, financiado por el erario público. Entregado a Andrés Manuel López Obrador para que le inyecte oxígeno, dinamismo y seguidores al Partido del Trabajo, se le suele descalificar como un oportunista sin escrúpulos. Pero la biografía política de Anaya es mucho más que esa caricatura de su vida; es la de una izquierda maoísta que ha sido autora de las turbulencias sociales más importantes en el país en los 15 últimos años.

Anaya no es un dirigente que salió de la nada, como si lo hubiera inventado Raúl Salinas de Gortari en los 70s y fuera una marioneta de su hermano, Carlos, el ex Presidente, con quienes tiene una relación personal, fluida y de cercana. Anaya fue uno de los dirigentes de lo que los estudiosos de movimientos sociales en América Latina consideran una de las experiencias urbanas más importantes del Continente, que tuvo el apoyo directo del hoy repudiado mandatario, Luis Echeverría, quien estimuló y financió la creación de una izquierda social en México que hoy, como antes, toma como causa la lucha por los pobres.

 

Los 70s son el punto de inflexión entre una izquierda perseguida y asesinada, y una que encontró, al repudiar la vía de las armas, cauces legales para su desarrollo. Anaya pertenece a esta última, cuyo núcleo intelectual surgió de la Facultad de Economía de la UNAM de la mano de la corriente Política Popular (PP), donde figuraban Hugo Andrés Araujo, Gustavo Gordillo y Rolando Cordera, bajo el liderazgo de Adolfo Orive, hoy coordinador del PT en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que fue guía ideológico de movimientos populares y armados, entre los que se incluyeron Tierra y Libertad en Monterrey, donde participó Anaya, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.

 

La PP surgió antes del Movimiento Estudiantil de 1968, y coincidieron en la UNAM con un grupo de personas que iniciaron su camino al poder: Carlos y Raúl Salinas, Manuel Camacho y Emilio Lozoya, con quienes se cruzarían nuevamente a mediados de los 70s. La matanza de Tlatelolco y la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz al Movimiento, provocó la diáspora de ese grupo, mas no su disolución. Anaya regresó a su natal Durango, donde fue un brigadista de la incipiente Línea de Masas, un movimiento campesino de corte maoísta que recibió el apoyo económico y político del entonces presidente Echeverría, de su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y más adelante del ex presidente José López Portillo.

 

Anaya llegó a Monterrey en 1971, donde una helada mañana del 28 de marzo de 1973, al frente de mil 500 personas invadió unos terrenos entonces inhóspitos en las faldas del cerro Topo Chico en donde fundaron la colonia Tierra y Libertad, que sirvió como el centro coordinador del movimiento urbano que de ahí tomó su nombre. No fue esa una primera invasión de tierras, ni el síntoma de un fenómeno social, sino la conclusión de la primera etapa de una revolución social urbana.

 

Tierra y Libertad nació formalmente tras dos años de invasiones de tierras, realizadas principalmente por campesinos inmigrantes de Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas que tenían el sueño de cruzar a Estados Unidos. No llegaron y no tenían donde vivir, pues las reformas echeverristas de vivienda para los más desprotegidos, fracasaron en sus objetivos finales ante la fuerza del Grupo Monterrey, que tenía políticas paternalistas de vivienda con sus sindicatos blancos, y ante la oposición del sindicalismo oficial de la CTM y la CROC.

La invasión en Topo Chico fue la novena, y la que cambió el rumbo del movimiento urbano de posesionarios. Orive estuvo en Monterrey en el adiestramiento ideológico, y algunos de sus alumnos abrieron brecha. Araujo, diputado y senador del PRI, dirigente de la CNC durante el gobierno de Salinas, fue enviado por Orive a Coahuila, donde se convirtió en arquitecto del experimento comunista en Batopilas, en la Comarca Lagunera, apoyado con trabajo y dinero por los hermanos Salinas. Gordillo fue subsecretario de Agricultura y de la Reforma Agraria en los 90s -hoy colabora con Camacho en el DIA, que coordina las fuerzas de izquierda-, desde donde intentaron políticas que beneficiaran al campesinado.

 

Anaya utilizó la experiencia de la PP en la fundación de la Coordinación del Movimiento Urbano Popular, que es un paraguas de organizaciones de izquierda, varias de ellas radicales, donde coincidió con una dirigente de colonos de Iztapalapa, Clara Brugada, hoy delegada por el PT en esa delegación. La Conamup, que es su acrónimo, nació en 1980 y prácticamente murió entre los escombros del terremoto de 1985 en la ciudad de México, donde vio en el surgimiento de una coordinadora de damnificados, con René Bejarano como uno de sus principales líderes, el relevo como articulador de movimientos sociales urbanos.

 

Anaya debió haber comenzado a eclipsarse en la parte final de los 80 y principios de los 90, cuando sus apoyos de Los Pinos con mandatarios que se identificaban con la izquierda social, dejaron el poder. El presidente Ernesto Zedillo, que nunca abrazó ningún movimiento de izquierda, rompió lazos con ella, no sólo por definición ideológica, sino por desinterés. Zedillo, paradójicamente, le dio viabilidad política a López Obrador, cuando obligó al PRI a no impugnar su candidatura a la jefatura de gobierno del Distrito Federal en 2000, pese a violar la ley electoral por carecer de residencia.

En López Obrador, quien cuando él movilizaba campesinos en Nuevo León con ideología maoísta, era representante del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, encontró su vida transexenal. Con sus viejos aliados fuera del poder y sin recursos para sobrevivir como partido, se recargó en López Obrador, heredero de toda esa cultura que emanó de las luchas sociales y urbanas de los 70s, a quien le entregó el Partido del Trabajo, que fundó en 1990 aún bajo los auspicios de los Salinas, y le encomendó su futuro.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

El Estado mexicano pide perdón por los feminicidios; acto de simulación: deudos

En la ceremonia con que se inauguró el memorial por los feminicidios en Ciudad Juárez, destacó la ausencia del presidente Felipe Calderón y el gobernador César DuarteFoto Alejandro Bringas

Ni Calderón ni Blake asisitieron a la presentación del memorial por las víctimas

Se cumplieron 10 años de que fueron encontrados ocho cuerpos en el campo algodonero

Rubén Villalpando
Periódico La Jornada
Martes 8 de noviembre de 2011, p. 16

Ciudad Juárez, Chih., 7 de noviembre. Al cumplirse 10 años de que fueron localizados los cuerpos de ocho mujeres en el campo algodonero y en medio de reclamos y abucheos de familiares de las víctimas se inauguró el monumento memorial que ordenó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

 

El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, pidió perdón por estos crímenes y reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por omisiones que derivaron en violaciones a los derechos de las víctimas. “Por el incumplimiento a investigar y garantizar el derecho a las víctimas, por violentar su acceso a la justicia y protección, el Estado reconoce su responsabilidad.”

 

La intervención del funcionario, así como la de Graciela Ortiz, secretaria de Gobierno de Chihuahua, y la de Héctor Arcelús, secretario del municipio, fueron interrumpidas por los gritos de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas que reclamaban justicia.

Los deudos los llamaron mentirosos y corearon consignas de “ni una mas” o “vivas se las llevaron, vivas las queremos”, y a pesar de todo los funcionarios siguieron con los discursos que traían preparados.

 

Los familiares de las víctimas cuyos nombres quedaron inscritos en el memorial no acudieron, por considerar que el Estado mexicano ha incumplido con la sentencia internacional, incluido el monumento que deben erigir y que sólo fue presentado de manera parcial.

 

Ante la ausencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa o del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para pedir perdón, señalaron que “ni en eso le dieron importancia a este acto”.

 

Antes de iniciar su discurso para reconocer la responsabilidad del Estado, como ordenó el fallo de la CIDH, Felipe Zamora solicitó un minuto de silencio por las víctimas de feminicidio y desaparecidas.

 

El funcionario dijo que desde el inicio de la indagatoria del caso del campo algodonero, hubo negligencia, ya que no recabaron las pruebas suficientes y eso retrasó la indagatoria.

 

No se cuenta con la identidad de los responsables, además de que los deudos no fueron informados de las indagatorias, dijo.

 

Reconoció que las autoridades de los tres niveles violaron los derechos humanos, ya que incumplieron con la responsabilidad de proteger a las víctimas y familiares, los cuales sufrieron acoso.

 

Por su parte, la Red Ciudadana por la No Violencia y Dignidad Humana, en la que participan las familias de Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda, por cuyas muertes fue condenado el Estado mexicano en la CIDH, dio a conocer que no acudió a la develación del memorial levantado en el campo algodonero.

 

La decisión fue por “la negativa a incorporar los nombres de todas las víctimas desde 1993 y cuando menos hasta el año 2006, como ordenó el tribunal internacional en su sentencia del 10 de en diciembre de 2009”.

En un documento difundido por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC, Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, afirman que “los artículos 16 y 17 de esta resolución establecen que el Estado mexicano deberá hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, el cual debe realizarse en la misma ceremonia que se devele el monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez”.

 

En virtud de que el resolutivo 17 de la sentencia –agrega el texto– precisa que el monumento es “en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez” y no únicamente para las víctimas del caso, existe un acuerdo suscrito entre el subsecretario de de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, las familias y sus representantes para diseñar un mecanismo que incorpore los nombres de todas las víctimas desde 1993 hasta 2006.

 

Sin embargo, denuncian, “el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, ha ignorado dicho acuerdo y se ha negado a que los nombres de todas las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez sean incluidas en el memorial, a pesar de que las organizaciones representantes de las familias han proporcionado la información e iniciado un proceso de consulta con las familias de las víctimas”.

 

El pronunciamiento señala por otra parte que, “a pesar de las manifestaciones reiteradas del presidente Felipe Calderón y del secretario de Gobernación, Francisco Blake, de que se cumplirá la sentencia del campo algodonero, en los hechos no hay ningún esfuerzo por ejecutar el mandato de la CIDH a cabalidad y las diversas acciones que han hecho públicas no acatan integralmente la resolución, sino simulan su cumplimiento”.

 

Pendientes 12 resolutivos

Hasta la fecha, de los 13 resolutivos dictados por el tribunal internacional, “el Estado mexicano únicamente ha dado cumplimiento a uno de ellos”.

Recordaron que Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y Claudia Ivette González, de 19, fueron reportadas en fechas distintas por sus madres como desaparecidas, pero las autoridades nunca hicieron algún esfuerzo por localizarlas. Sus cuerpos sin vida, junto con los de otras cinco jóvenes, fueron localizados en un lote conocido como campo algodonero, los días 6 y 7 de noviembre de 2001.

 

Ante la negligencia de las autoridades, las señoras Irma Monreal, Benita Monárrez y Josefina González, madres de las tres jóvenes, decidieron acudir ante la CIDH y, después de ocho años de litigio, el día 10 de diciembre de 2009 fue notificada la sentencia contra el Estado mexicano.

http://www.jornada.unam.mx/2011/11/08/politica/016n1pol?partner=rss