El robo que hizo Josefina Vázquez Mota de los recursos para los techos de los taraumaras. Hecho que los condenó a muerte por el frío. Asì son los Politicos, asi son los gobiernos: inutiles, insensibles, inhumanos...
4 de febrero de 2012
3 de febrero de 2012
Veracruz: otra deuda exorbitante
Con base en cifras de Hacienda y del Inegi, legisladores panistas federales y locales de Veracruz revelan que en 11 años esa entidad ha hecho crecer desproporcionadamente su deuda pública. En poco más de una década, afirman, el adeudo estatal se elevó más de 67 mil por ciento y ahora la entidad debe pagar unos 60 mil millones de pesos, para lo cual ya comprometió las participaciones federales de los próximos 30 años… “Algo anda mal”, concluyen, aunque no es posible castigar esa irresponsabilidad, porque todo se ha hecho con el aval del Congreso local.
Javier Duarte, actual gobernador de Veracruz. Foto: Yahir Ceballos |
VERACRUZ, VER. (Proceso).- Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán, exmandatarios, y Javier Duarte, actual gobernador y quien fue secretario de Finanzas de aquél, contribuyeron a que la deuda del estado de Veracruz en 11 años (de 2000 a 2011) haya tenido un crecimiento acumulado de 67,000%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Aunque oficialmente Veracruz sólo tiene registrada ante Hacienda su deuda con instituciones bancarias –que al 31 de marzo del año pasado era de 21 mil 874 millones 400 mil pesos–, diputados de oposición afirman que el monto real es de más de 60 mil millones, por adeudos acumulados en otros rubros.
La administración veracruzana ha comprometido los recursos de las participaciones federales de los próximos 30 años para pagar líneas de crédito contratadas desde el gobierno de Alemán Velasco, que en 2004 le dejó al estado una deuda de 3 mil 500 millones de pesos, la que hoy se acerca oficialmente a 22 mil millones.
Un análisis del área económica del grupo legislativo del PAN en el Congreso de la Unión sobre la deuda de los estados –elaborado con datos de la SCHP, el Inegi y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– calificó de “sorprendente” el caso de Veracruz.
En el análisis del periodo 2000-2011, la deuda veracruzana creció 67 mil 939% al llegar el último año a 21 mil 874 millones de pesos, dice a este semanario el legislador federal Luis Enrique Mercado.
Según el estudio sobre la deuda de las entidades federativas, difundido en agosto pasado, explica que si los estados tuvieran que pagar sus adeudos en estos momentos, en promedio invertirían 60% de las participaciones federales, “lo que constituiría un problema financiero”.
En torno a Veracruz, asegura que cualquier pasivo que crece 67,000% indica que algo anda mal y aunque se ha actuado de manera irresponsable, en este momento “no hay ninguna sanción, ya que son entidades soberanas y corresponde al Congreso local poner freno a esa velocidad de endeudamiento”.
Gasto corriente, en riesgo
El senador veracruzano Juan Bueno Torio afirma que la deuda pública en las entidades creció de manera desproporcionada, ya que en 2000 era de 90 mil 731 millones de pesos y al 30 de septiembre de 2011 había llegado a 358 mil 501 millones.
Con excepción de Tlaxcala, que mantenía su endeudamiento en cero, y Querétaro, que lo redujo 7%, las obligaciones financieras de entidades y municipios se cuadruplicaron en los últimos 11 años, significando ya una tercera parte de las participaciones federales para los estados, dice a Proceso.
“Esto representa un aumento global de 295.1% en términos nominales y de 144.8% en términos reales, observándose una tendencia a incrementar su deuda pública pese a que han aumentado las participaciones federales para los estados”, apunta.
El también subcoordinador de política económica de la bancada panista en el Senado explicó que en 2000 las participaciones federales que recibieron los estados por los ramos 28 y 33 fueron de 357 mil millones de pesos, en 2011 fueron 915 mil millones y en 2012 serán 985 mil 953 millones.
No obstante considera que ante el crecimiento de la deuda pública en estados y municipios “hay un riesgo latente de que una parte sustancial de esos recursos sean destinados a cubrir pasivos en el corto y mediano plazos”, lo que imposibilitaría el pago de su gasto corriente.
Los estados que más han aumentado su nivel de deuda respecto de sus participaciones federales de 2005 a marzo de 2011 fueron Chiapas con mil 320%; Nayarit, 542%; Colima, 456%; Oaxaca, 413%; Tamaulipas, 398%; Campeche, 269%; Veracruz, 243%; Coahuila, 223%; Quintana Roo, 201% y Tabasco, 160%, detalla.
En el caso de Veracruz, explica por su lado el secretario general del Comité Directivo Estatal panista, Marco Antonio Núñez, las participaciones y aportaciones federales entregadas a la entidad en 2011 ascendieron a 62 mil 457.1 millones de pesos, lo que significa una tasa de crecimiento acumulado de 110% en el periodo 2000-2011.
Señala a la reportera que el saldo de la deuda registrada ante Hacienda hasta marzo del año pasado era de 21 mil 874 millones 400 mil pesos, con un promedio de crecimiento de 81.4% en los últimos 11 años, aunque “el endeudamiento real del estado es superior a los 60 mil millones”.
Agrega que en agosto pasado el propio subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez, mencionó que en algunas entidades se observó un crecimiento acelerado de la deuda pública vinculada con una evolución en sus gastos, que no fue acorde con el comportamiento de sus ingresos.
El mismo funcionario federal, dice Núñez, “admitió que hay una diferencia cercana a 50 mil millones de pesos entre los montos de deuda registrada y la no registrada por los estados” ante la SHCP, la cual no podía ser resuelta con un mero incremento en los recursos federales que reciben.
El nivel de endeudamiento que enfrenta el estado, subraya Núñez, provocó que en 2011 se paralizara la actividad económica en Veracruz: “No hubo obras ni inversiones”, ya que el gobierno de Duarte tuvo dificultades para restructurar la deuda pública autorizada por el Congreso local.
Y es que según la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el año pasado la deuda estatal con la banca sólo era de 12 mil 600 millones de pesos, más 17 mil 400 millones de adeudos que desde 2010 no se habían liquidado a contratistas, proveedores y prestadores de servicios.
Baja calificación
De hecho la calificación crediticia ha ido a la baja desde principios de 2000; incluso la calificadora internacional Fitch Rating puso las finanzas estatales en situación de riesgo debido “fundamentalmente al fuerte deterioro en las finanzas públicas al cierre del ejercicio 2010”.
En agosto pasado el Congreso local autorizó a Duarte contratar un nuevo crédito para restructurar la deuda pública y para el cumplimiento de obligaciones pendientes de pago con terceros, así como la afectación de participaciones federales, “como fuente de pago o garantía de los financiamientos a contratar”.
En el decreto número 289 –publicado el 5 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial de Veracruz– se aseguró que el nuevo endeudamiento sería destinado a la restructuración de la deuda pública vigente de la entidad “por un monto de hasta 12 mil 600 millones de pesos”.
Además fue autorizada “la contratación de endeudamiento para hacer frente a las obligaciones con terceros pendientes de pago, derivado de la ejecución de obras, contratación de servicios y adquisición de bienes, hasta por un monto de 17 mil 400 millones de pesos.
“Los montos de endeudamiento autorizados podrán contratarse mediante la celebración de uno o varios créditos con instituciones bancarias mexicanas o mediante la emisión de instrumentos bursátiles y su colocación entre el gran público inversionista en el mercado de valores, hasta por un plazo de 30 años”, señala el decreto.
El dinero sería para refinanciar los contratos de apertura de créditos celebrados en noviembre y diciembre de 2010 con el banco Interacciones hasta por 4 mil 100 millones de pesos; mil 500 millones con el Banco del Bajío; mil 100 millones con banca Afirme; mil millones con banca Mifel; 500 millones con la misma institución y mil 400 millones con banco Inbursa.
Pero en el mismo decreto también se autorizó al titular del Ejecutivo estatal a solicitar un plazo de amortización adicional de garantía para liquidar la deuda contratada, que causará intereses por 50% del monto total de los financiamientos.
En esa misma fecha el Congreso local autorizó al Ejecutivo, a través de la Sefiplan, contratar un crédito por 4 mil 756 millones 960 mil pesos con Banobras, para hacer frente a las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
Este último crédito, establece el decreto, “únicamente deberá destinarse a inversiones públicas productivas y para cubrir aportaciones al correspondiente fideicomiso Fonden estatal, relativa a la declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación en 2010 para solventar costos de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura dañada por fenómenos meteorológicos”.
De esta manera en un solo paquete el Congreso autorizó a Duarte contratar más de 34 mil 756 millones de pesos con diversas instituciones bancarias.
Opacidad
No fue sino a principios de este mes cuando el titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, aseguró haber “logrado” la restructuración de la deuda pública hasta por periodos de 15, 20 y 25 años “con la finalidad de dar continuidad a los proyectos de desarrollo del estado”.
En declaraciones a medios locales, sin precisar el monto real del endeudamiento que mantiene el estado a la fecha, el martes 3 el funcionario aseguró que en una primera etapa pudo restructurar “18 mil millones de pesos”.
“Con esta reestructura logramos incrementar los plazos de 15, 20 y hasta 25 años, dependiendo de la institución bancaria, lo que permite una menor carga financiera (…) para que pese menos el pago de la deuda y de esta forma no se limiten las posibilidades de desarrollo en el estado en el corto plazo”, dijo.
Según Ruiz esta medida “fue posible gracias al esfuerzo que se ha hecho para poner orden en la hacienda pública, en el restablecimiento del orden en las finanzas, sin lo cual no hubiera sido posible la reestructura de obligaciones financieras”.
Con estas acciones, agregó, “fue posible pagar parte de la deuda que se mantenía con empresas proveedoras y contratistas. Fue un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos y el faltante se cubrirá en las próximas semanas”.
Para el diputado local panista Óscar Lara Hernández lo dicho por el titular de la Sefiplan, no dejan de ser “declaraciones mediáticas”, ya que hasta hoy sigue habiendo opacidad en torno al monto real de la deuda pública del estado: “Se nos sigue negando la información”.
“El juego de cifras es la estrategia que el gobierno del estado ha venido utilizando para generar confusión en la población, ya que lo real es que el estado está financieramente quebrado y fácilmente debe 60% de los 86 mil millones de pesos de presupuesto autorizado por este Congreso”, acusa.
El también exdirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el puerto de Veracruz dice a este semanario que está seguro de que el gobierno estatal no ha pagado ni siquiera 10% de sus obligaciones financieras con terceros, “pues sólo se han hecho abonos muy pequeños que no llegan ni a mil millones de los 17 mil millones que reconocen”.
Este gobierno persiste en su estrategia, remarca, “ya que la información de Tomás Ruiz no concuerda con la realidad al declarar que había restructurado 18 mil millones de la deuda; legalmente es imposible porque el Congreso sólo le autorizó restructurar 12 mil 600 millones”.
Lo único cierto, acota, “es que hay opacidad, falta de transparencia, de ética y profesionalismo gubernamental para dar los datos correctos y mientras siga con este juego mediático para desinformar a la población, no podemos tomar medidas de algo que desconocemos”.
Hasta hoy, subraya, “como diputados lo único que sabemos es que dentro del presupuesto de egresos de este año se destinan más de 3 mil 800 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda, lo que nos indica, haciendo una corrida financiera, que ésta ronda casi los 60 mil millones”.
Los datos de la deuda pública estatal incluso “se ocultan” en el informe de resultados del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) relativo a la cuenta pública de 2010, que el Congreso local deberá dictaminar antes de que acabe este mes.
“El rubro de la deuda pública viene limpio”, señala por su lado el coordinador de la bancada panista Danilo Alvízar Guerrero, quien a pesar de ser secretario de la Comisión de Vigilancia del Congreso –que deberá dictaminar este asunto– no ha recibido “suficiente información”.
Dice a la reportera que en el informe de resultados de las auditorías al último ejercicio fiscal de Fidel Herrera sí se hace mención de la deuda pública, lo grave es que “no se da la cifra, lo cual nos preocupa porque pareciera que quieren ocultar la situación fiscal”.
Por ejemplo, refiere, “no viene suficientemente explicado el tema de los 10 mil millones de pesos del préstamo que pidió Fidel Herrera de último momento; no se dice en qué ni cómo se ocupó ese dinero que estaba destinado a la reconstrucción de zonas devastadas por los huracanes de 2010, porque durante 2011 no se realizó ninguna obra”.
Añade que pese a que el Orfis envió dicho informe al Congreso local, la bancada del PAN ha insistido en la ampliación de información sobre la situación financiera de la deuda pública y de las dependencias del gobierno del estado. “No nos ha llegado para poder analizarla”.
Se queja de que la capacidad de trabajo de su partido –por ser de oposición– en este tipo de temas se ve limitada “por los filtros” que hay desde la Comisión de Vigilancia, donde la mayoría la tiene el PRI, que seguramente aprobará el informe del Orfis.
El presidente de la Comisión Dictaminadora, el priista Américo Zúñiga Martínez, cuestionado sobre cómo había salido la revisión fiscal de la deuda pública, se limita a señalar que todo viene “perfectamente” explicado en el informe del Orfis.
–¿No hubo ninguna irregularidad? –le pregunta Proceso.
–Eso no puedo decirlo. No he dicho que no haya irregularidades. Creo que la cuenta pública viene con importantes puntualizaciones en los entes públicos fiscalizables: municipios y gobierno estatal. En el informe vienen también de forma muy directa y muy puntual las deficiencias que se han detectado, pero en este momento estamos en la construcción del dictamen.
Protestan laicos contra reforma
Córdoba.- Mediante una convocatoria a nivel nacional en contra de la reforma al artículo 24 Constitucional, cientos de manifestantes laicos de esta región se concentraron en la explanada del Parque 21 de Mayo de esta ciudad para exigir de forma pacífica la no aprobación de lo que ellos llaman una reforma para el retroceso del país.
Diferentes asociaciones religiosas no católicas comenzaron a hacer acto de presencia en las principales calles y avenidas de la ciudad, para después concentrarse dentro de la explanada municipal en protesta en contra de la reforma al artículo 24 Constitucional.
Emérico Meza Mercado, ministro de la iglesia la Luz del mundo, explicó que la marcha y el plantón de hoy son parte del movimiento que se realiza simultáneamente en todo el país con el mismo objetivo, dijo “es para que los senadores y diputados federales comprendan que no todos los mexicanos somos católicos, ya que en la República Mexicana existen más de 18 millones de evangélicos y en el estado un millón 200 mil ciudadanos que no ejercen la religión católica”.
Eliseo Illescas Gómez, representante de “México Laico AC”, aseguró que la propuesta de la reforma al artículo 24 Constitucional fue presentada por el diputado priista José Ricardo López Pescador, por orden de Enrique Peña Nieto, quien ha manifestado mantener un compromiso con el alto clero y con la Arquidiocéis de México, quienes pretenden la desmantelación del estado laico.
Indicó que la intención de rechazar la iniciativa presentada por el diputado José Ricardo López Pescador es pedir a los diputados locales que, en caso de aprobarse la reforma en el Senado, no la aprueben en el Pleno de la Legislatura local, ya que al ser una reforma constitucional requiere la aprobación del 50% más uno de los Congresos de los Estados.
Abundó, que de pasar la reforma afectaría a todas esas organizaciones religiosas no católicas, por eso realizan estas acciones dejando en claro que no tienen la intención de hacer de su lucha un asunto electoral, tomando en consideración que este año se renueva la Presidencia de la República, el Senado y las diputaciones federales, “nosotros lo que queremos es que los legisladores escuchen la voz de los más de 18 millones de mexicanos que no profesan la religión católica”, mencionó Illescas Gómez.
Por último agrego que es ahora cuando hacen estas movilizaciones de paz para impedir su aprobación, ya que una vez puesta en marcha la reforma al articulo 24, vendrá con ello la reforma al articulo tercero, que habla de la educación, con la finalidad de que vuelva a introducirse la educación religiosa en las escuelas.
El Baldón: La sequia y la prevención
Por José Miguel Cobián
Sonora es un estado dónde rara vez llueve, sin embargo es de los principales productores de algodón, de carne de res de primerísima calidad, de carne de cerdo y de otros tantos productos agrícolas y ganaderos. Curiosamente allá se ha desarrollado una cultura de prevención de sequías impresionante. El agua se considera un producto escaso y valioso y así es tratada.
Se cuenta con doce cuencas hidrológicas abastecidas por un número equivalente de ríos, la mayoría de los cuales inician en las sierras de Chihuahua o en la Rumorosa, y cuyos recursos hídricos son cuidados por ganaderos y agricultores como un preciado recurso. Allá están acostumbrados a la sequía. Allá el sol pega a más de cuarenta grados centígrados buena parte del año, y las tierras de labranza y de pastos se observan cuarteadas y resecas, sin embargo, mediante los canales de riego y las bombas de agua, se lleva ésta a cada espacio y parcela, circulando por surcos y llevando vida a los cultivos. Así, día con día se lucha contra la escases y se produce mucho con muy poco. En Sonora todos los ríos se cuidan y protegen porque son patrimonio de todos. En Sonora no encuentras ríos contaminados… En Veracruz sí.
Curioso que Veracruz esté incluida (la entidad federativa) entre las que han sufrido la espantosa sequía que ha atacado a nuestro país. Curioso porque Veracruz es el estado con más recursos hidrológicos del país. Triste y vergonzoso para los veracruzanos el tener tanta agua y echarla a perder con tanta alegría. Descargas de drenaje, descargas industriales, descargas de procesos agrícolas, todas ellas convierten nuestros ríos en basureros, y paradójicamente generan estiaje en dónde debiera disfrutarse de la abundancia.
Veracruzanos irresponsables y fuereños abusivos han convertido nuestros ríos y cauces en verdaderos vertederos. En la zona centro del estado pasa un río caudaloso, con caudal suficiente para alimentar cultivos intensivos en uso de agua a su alrededor, y además alimentar a las sedientas ciudades con agua pura y cristalina. Sin embargo, el cauce del Río Blanco es de los más contaminados del país y del mundo, otorgando a Veracruz uno de los primeros lugares en irresponsabilidad y descuido.
Empresas extranjeras lo contaminan al eliminar en él los desechos que en su país están prohibidos. Así, México se convierte en basurero del capital extranjero, a cambio de unos cuantos puestos de trabajo, mal pagados. Somos humillados con la basura de los grandes inversionistas y con la mierda de nuestras ciudades, convirtiéndonos en cómplices de un terrible daño ambiental, que hoy se vuelve en contra nuestra, pues aún en Veracruz habrá sequía. Y si a ello añadimos el descuido de nuestros bosques altos, la tala inmoderada, los grandes negocios de unos cuantos perjudicando el futuro de millones, entonces Veracruz queda al nivel de una república bananera de esas en las que todos los poderosos buscan su propio beneficio sin importar que mañana no quede nada para las próximas generaciones.
Ignorancia, ambición, desinterés, componendas, complicidades, tráfico de influencias, negocios sucios, son los que están acabando con los mejores recursos naturales con que cuenta nuestro estado. Hace falta el enorme esfuerzo de un joven gobernante y de su equipo para revertir esa tendencia. Hoy todavía estamos a tiempo, en pocos años quizá ya no. Los responsables del área deben de dar resultados inmediatos, o ser cambiados por quien desee enfrentar y resolver esta problemática. Ya basta de funcionarios que naden de ¨muertito¨ y no resuelvan nada.
Se cuenta con casas de estudios serias con la Universidad Veracruzana que podría realizar un diagnóstico confiable para saber dónde estamos y como revertir la tendencia a destruir ríos y bosques, y entonces todos unidos en un mismo esfuerzo recuperar nuestro patrimonio. En el entendido que en un futuro no muy lejano, el agua será el recurso más preciado. El agua limpia, el agua clara, no el agua turbia y sucia que hoy poseemos como herencia para las generaciones venideras en Veracruz.
@jmcmex
PELOTA DURA
El PRI espera más imputaciones contra exmandatarios, entre estos Humberto Moreira
FIDEL HERRERA BELTRAN OCASIONO DAÑO AL PRI |
Por raymundo Riva Palacio
Impecable y con el respaldo de los medios, el Gobierno Federal problematizó los conflictos dentro del PRI y esbozó una posible estrategia electoral. En un solo día colocó en el patíbulo de la opinión pública al Gobernador de Veracruz y a tres exgobernadores de Tamaulipas. La sola sugerencia de que andaban en malos pasos, rompió la cohesión en el PRI y mostró sus divisiones y temores de que esto es sea sólo el principio de una temporada de patos.
Comenzó con la publicación en la prensa que habían detenido a personal vinculado al Gobierno de Veracruz con 25 millones de pesos. Funcionarios veracruzanos explicaron el porqué ni era delito transportar dinero en efectivo —lo que es cierto—, y que esos recursos estaban destinado a pagar varios eventos culturales a proveedores capitalinos —sin aportar documentación de soporte—.
Todo era transparente, alegaron, aunque por la noche destituyeron al tesorero estatal, que contradijo toda la argumentación esgrimida.
El gobernador Javier Duarte se había metido en un pantano. Estaba en la crisis cuando en los pasillos de la PGR trascendió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había emitido una alerta migratoria contra Manuel Cavazos, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, con lo que si quieren viajar al extranjero, tengan que declarar primero ante un ministerio público federal. La PGR demoró 17 horas en matizar la imputación de la medida cautelar, lo que no cambió en absoluto que los exgobernadores estuvieran a merced de la dependencia en el momento que lo desee, ni el daño político infringido.
El golpe mediático sorprendió en el PRI porque no se trató sólo de Hernández, de quien existe desde el año pasado un expediente en la PGR y la sospecha en Los Pinos que tiene que ver en el asesinato del excandidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, sino porque se amplió a otros dos exgobernadores cuyos periodos coinciden con la emergencia de Los Zetas, contra los que el Gobierno ha emprendido una cacería.
Si hay o no sustento jurídico en contra de ellos, es secundario frente al impacto político que causó. No sólo abona al discurso gubernamental de que votar por el PRI este primero de julio sería un retroceso para el País, sino que, menos visible, mostró que la cohesión interna del PRI no es tan sólida como creen muchos, y que el daño que puede hacer a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, aún no puede calcularse.
Altos funcionarios del PRI, aunque ven esos golpes como una acción electoral por parte del presidente Felipe Calderón, dijeron que en el fondo es un problema de los propios priístas por haber hecho cosas, cuando menos, irregulares. Es decir, cambió el discurso de defensa monolítica ante la judicialización de la política, por el deslinde de algunos de sus personajes. Ya no hay defensa a ultranza, sino control de daños.
Esperan más imputaciones, inclusive contra algunos candidatos a puestos de elección popular, como el aspirante a senador Ismael Hernández Deras, exgobernador de Durango. Existen además expedientes en contra los exgobernadores Fidel Herrera de Veracruz, por irregularidades administrativas y delincuencia organizada; Ulises Ruiz de Oaxaca, también por asuntos administrativos; y Humberto Moreira de Coahuila, por cinco mil millones de pesos más de endeudamiento irregular y por delincuencia organizada en el campo de los casinos.
Lo que creen en las cúpulas del PRI es que viene una andanada sistemática en contra de algunas de sus figuras, cuya defensa podría generar más costos que beneficios. Es decir, actuarán como si la gangrena avanzara por sus piernas, donde la mejor opción es cortársela, con todo el dolor que ello signifique, para evitar que les contamine todo el cuerpo y termine aniquilándose. Praxis política pura. Los tiempos no dan para otra cosa.
Remueven a 70 MP de Veracruz
Sacan a servidor que registró hallazgo de los 35 cuerpos en Boca del Río.
Un total de 70 agentes del Ministerio Público de Veracruz fueron removidos de sus cargos y designados nuevos funcionarios en su lugar.
El procurador general de Justicia del estado, Amadeo Flores Espinosa, informó que los cambios son para mejorar “su eficacia, transparencia y servicio a los veracruzanos”.
Se trata de cambios de 16 agentes del Ministerio Público en Xalapa, 13 en Veracruz, 10 en Poza Rica, 10 en Coatzacoalcos, ocho en Córdoba, cinco en Cosamaloapan, cuatro en Tantoyuca, así como tres en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia y uno más en la de Supervisión y Control.
Entre los que fueron cambiados de adscripción, se encuentra el agente segundo del Ministerio Público de Boca del Río, Alejandro García Olivares, quien participó en el levantamiento de los 35 cuerpos que aparecieron a finales de septiembre del año pasado en la zona turística de Boca del Río.
En un comunicado de prensa, el fiscal del estado afirmó que los relevos buscan garantizar a los veracruzanos “el acceso a una justicia eficiente y expedita”.
Señaló que sólo con servidores públicos respetuosos, profesionales y honestos, se podrá mantener un Estado de derecho que asegure la paz social y el desarrollo.
El funcionario llamó a los nuevos agentes del Ministerio Público a actuar bajo los principios de honradez, imparcialidad, eficiencia y profesionalismo para cumplir cabalmente a los veracruzanos.
“Estos cambios buscan que las instancias ministeriales puedan desempeñar a plenitud las funciones públicas establecidas en la ley”, expresó el funcionario estatal, quien afirmó que la procuración de justicia requiere de la actualización permanente para su mejoramiento.
Afirmó que seguirán las estrategias para fortalecer la institución, combatir actos de corrupción en su interior, aplicar con rigurosidad los exámenes de confianza y control al personal que la integra.
Estos cambios se presentan tras varias depuraciones de cuerpos policiacos en el estado. El 25 de mayo de 2011, el gobierno veracruzano disolvió la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan y el 20 de diciembre, la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río.
Unos días después, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, Luis Fernando Perera, dijo que lo que urgía era redimensionar el trabajo de los agentes del Ministerio Público y de los empleados que trabajan en los juzgados, y otorgar capacitación sobre temas como el trato a las víctimas del delito.
Ayer, trabajadores de agencias del Ministerio Público de Veracruz-Boca del Río denunciaron en diversos medios de comunicación supuestas irregularidades en la asignación de los nuevos funcionarios.
Yunes Márquez sale ileso de ataque
El operativo implementado después los hechos ocurridos alrededor de las 15:00 horas. Foto: Especial |
Miguel Ángel Yunes Márquez, ex alcalde de Boca del Río, salió ileso de un ataque a balazos que sufrió cuando transitaba en su camioneta por la comunidad de Ticotlán.
La familia Yunes en un comunicado indicó que “el objetivo probable” del ataque era el secuestro, el cual se frustró gracias a la pericia del conductor, al blindaje del vehículo y a la decisión con la que se enfrentó a los delincuentes.
De acuerdo con la Procuraduría de Veracruz, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando la camioneta de Yunes Márquez, una Cherokee color gris, y otro vehículo en el que viajaban otros funcionarios del programa Oportunidades fueron interceptados por otros automóviles cerca de la comunidad de Ticotlán, cuando se dirigían al municipio de Castillo de Teayo.
Al menos ocho hombres fuertemente armados comenzaron a disparar contra los funcionarios públicos, quienes lograron escapar de los agresores y solicitar ayuda a las autoridades.
De inmediato se implementó un operativo por parte de fuerzas federales y estatales en la zona e incluso Yunes Márquez, quien también es coordinador de la campaña en Veracruz del precandidato presidencial panista Ernesto Cordero, fue trasladado al puerto de Veracruz en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La Procuraduría de la entidad dio a conocer que informó que inició las investigaciones de los hechos ocurridos en el tramo carretero Álamo-Alazán, pero hasta el cierre de esta edición no se sabía nada más de los agresores.
Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, ex candidato panista a la gubernatura del estado, acababa de asistir a una reunión del Programa Oportunidades en la cabecera municipal de Álamo, y se dirigía a un acto similar al ayuntamiento de Castillo de Teayo.
En su comunicado la familia Yunes “reconoce y agradece el apoyo de las fuerzas armadas, Policía Federal y del gobierno de Veracruz, y reitera su más firme respaldo a la valiente y patriótica decisión del Presidente de la Republica de combatir con toda la fuerza del Estado a la delincuencia, que tanto ha lastimado a las familias mexicanas”.
Claves
Ecatepec: 4 ejecutados
• La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México informó que en el municipio de Ecatepec fueron hallados dos cadáveres en la colonia Jardines del Tepeyac y otros dos en Lázaro Cárdenas.
• Por otra parte, durante la madrugada del miércoles y la mañana del jueves fueron ejecutadas tres personas, una de las cuales fue encontrada cerca de la comunidad de Tunzingo.
• En Chihuahua las autoridades informaron de seis homicidios ligados al crimen organizado, entre ellos el de un hombre en un bar. En Durango hubo un ejecutado.
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