“Tira” Anonymous sitio de Interpol en protesta por el arresto de 25 miembros

La RedacciónMÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de ciberactivistas Anonymous embistió de nueva cuenta contra el sitio web de la Interpol, en represalia por el arresto de 25 de sus miembros en España, Chile, Argentina y Colombia.

Las detenciones se dieron en el marco de la operación “Exposure” de la Interpol, que investiga lazos internacionales de la red de hackers de Anonymous.

A través de algunas de sus cuentas, los hacktivistas hicieron referencia al ataque. Por ejemplo, el usuario @IberoAnon escribió:

 

“http://www.interpol.int/ TANGO DOWN! ESO SE MERECENN!! POR QUE ANONYMOUS SOMOS MAS!”

“Tango down” es una expresión que las fuerzas de Estados Unidos utilizan cuando han eliminado a un enemigo.

 

En la misma cuenta, el colectivo advirtió: “Los inútiles esfuerzos de la policía y los gobiernos por ‘desarticular’ a Anonymous sólo nos hacen más fuertes. Expect us.”

 

La Policía española detuvo a cuatro presuntos activistas del colectivo de hackers en Madrid y Málaga. Otros 10 fueron arrestados en Argentina, seis en Chile y cinco más en Colombia.

 

A los detenidos en España se les considera presuntos responsables de ataques de denegación de servicio (DDoS) y defacement (modificación de una web si autorización del propietario).

Sus ataques estaban dirigidos a páginas web de partidos políticos, instituciones y empresas, así como a la publicación en la red de datos de escoltas de la Presidencia y miembros de la Policía Nacional.

 

En ocasiones los ataques eran dirigidos de manera individual, pero apoyados por varias personas que unían sus esfuerzos y conocimientos para llevarlos a cabo.

 

Luego de analizar miles de blogs, la Intepol logró identificar a las personas que se encontraban detrás de estas actividades ilícitas.

 

La Dirección General de la Policía informó que dos de los arrestados ingresaron a prisión por orden judicial, uno quedó en libertad bajo fianza y el cuarto es un menor de edad, por lo quedó bajo custodia de sus padres.

 

Los investigadores identificaron y detuvieron en Málaga a quien identificaron como F.J.B.D., conocido como “Thunder” o “Pacotron”, presuntamente encargado de administrar y gestionar la infraestructura informática utilizada por Anonymous en España e Iberoamérica, principalmente.

 

Los servidores que administraba estaban alojados en la República Checa y Bulgaria y servían a los ciberactivistas para comunicarse de forma segura y coordinar nuevos ataques.

 

Los agentes lograron también la identificación J.M.L.G., “Troy”, presunto autor material de los ataques más destacados y filtraciones reivindicadas por Anonymous en España. Fue arrestado en Madrid.

 

Aunado a los arrestos, la policía española, en coordinación con la Interpol, realizó cuatro registros en los que se intervinieron 25 ordenadores, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento que ya son analizados por los especialistas.

 

Por su parte, la Policía chilena confirmó hoy la detención de seis presuntos miembros de Anonymous, uno de ellos de nacionalidad colombiana y dos menores de 17 años. Fueron ubicados en las localidades de Rabcagua, La Calera, Colina, y en los sectores de Maipú, SanMiguel y Ñuñona, en Santiago, la capital.

 

En Ñuñona fue donde la policía arrestó al colombiano de 23 años, quien reside legalmente en Chile desde hace tres años.

 

Los arrestos fueron realizados por detectives de la Brigada contra el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI). Los involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Centro Norte de Santiago.

 

En conferencia de prensa, Jaime Parra, subprefecto de la PDI, dijo que los hackers quedaron en libertad en calidad de “apercibidos”, por lo que deberán prestar declaración y podrían ser imputados formalmente.

 

Los principales ataques de los hacktivistas chilenos fueron dirigidos a Endesa Chile, Hidroaysén, el Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional y varios sitios del gobierno colombiano, según la policía chilena.

 

Los hackers, agregó, no se conocían físicamente entre ellos, y aunque su identidad se mantiene reservada, se indicó que uno es estudiante de informática, egresado de análisis de sistema, y otro iba a ingresar este año a la misma carrera.

 

Los seis detenidos son investigados por su presunta participación en mayo de 2011 en el ataque “Tormenta del Sur”, contra los sitios de la generadora Endesa y del consorcio HidroAysén, que desarrollan un proyecto para levantar varias represas en la Patagonia, mismo que es rechazado por la comunidad.

 

También están involucrados en el ataque los sitios del Ministerio de Educación y la Biblioteca Nacional, en el marco de la operación “Mal Educados” de junio pasado, en apoyo a las movilizaciones de estudiantes chilenos.

 

En Chile, este tipo de delitos alcanza una pena que va de 541 días a cinco años de prisión.

 

La policía del país sudamericano también investiga ataques a sitios web del gobierno de Colombia, entre ellos el Ministerio de Defensa, en los que podría estar involucrado el activista de esa nacionalidad, detenido hoy en Chile.

http://www.proceso.com.mx/?p=299586

Lo torturan, lo acusan de asesino, lo encarcelan 12 años y… resulta inocente

Isaín Mandujano

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Torturado hace 12 años por policías judiciales de Chiapas para confesar un crimen que, dice, nunca cometió, Ananías Laparra Martínez fue liberado por las autoridades locales bajo la figura de “sentencia suspendida”.

 

El 14 de octubre de 1999, Laparra Martínez, su esposa Rosa Godínez, y sus hijos José Ananías y Rocío Laparra Godínez, de 14 y 16 años de edad, respectivamente, fueron detenidos y torturados. El padre de familia fue sentenciado a 28 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, supuestamente perpetrado contra Elvis Díaz Martínez en el municipio de Coacahotán.

En 2007, ocho años después de ocurrido el suceso, amigos, familiares y abogados del acusado crearon el Comité Laparra y exhibieron los abusos cometidos por el gobierno de Chiapas.

 

El caso se llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, en Washington, Estados Unidos.

 

Tras varios años de esfuerzo y gestoría, hoy se realizó una reunión en la que participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación y autoridades del gobierno del estado de Chiapas. Estuvieron presentes miembros de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, del Consejo Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Salud, así como el abogado Ricardo Lagunes Gasca.

 

Desde Seattle, Alejandra Gonza y Thomas Antkowiak, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, presenciaron el evento protocolario vía Skype.

 

Ananías Laparra Martínez, de 64 años de edad, recordó que luego de ser torturado, sin saber leer ni escribir y con la complicidad del Ministerio Público, fue forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, confesando un crimen que no cometió.

Pese a las reiteradas denuncias de tortura que hizo Laparra desde el primer momento en que estuvo frente a un juez, fue sentenciado a más de 28 años de prisión.

 

La confesión obtenida bajo tortura fue la prueba principal de su condena, aceptada por los jueces mexicanos con base en el principio de inmediatez procesal.

 

Laparra Martínez era un blanco fácil para la policía y el Ministerio Público. De escasos recursos económicos y sin instrucción académica, su detención no sería objetada y dotaría a las autoridades de una condena sin mayores esfuerzos de investigación.

 

En una misiva, el director de la Clínica de Derechos Humanos, Thomas Antkowiak, señaló que este caso “representa una dura realidad en México: el uso sistemático de la tortura y coerción como método de investigación por parte de la policía y el Ministerio Público, y la aceptación de prueba coaccionada por parte del Poder Judicial”.

 

Esa práctica sistemática ha sido reconocida y reprochada por numerosos organismos internacionales, que han solicitado al Estado mexicano realice cambios estructurales en su sistema de justicia.

De acuerdo con Antkowiak, un momento decisivo en la historia del caso Laparra fue la presentación, por parte de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Varios estudiantes de derecho participaron en el análisis del expediente, así como en la preparación y el seguimiento del caso ante la CIDH.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano que instrumentara medidas adecuadas para dotar de tratamiento médico y proteger la delicada situación de salud de Laparra.

 

“La decisión de la CIDH se transformó en una herramienta trascendental para generar un espacio de negociación con oficiales del gobierno local y federal sobre el caso de Ananías Laparra”, dijo Alejandra Gonza, abogada representante en el caso.

 

Después de un intenso periodo de negociaciones y reuniones, y con la adopción –el pasado viernes 24– de medidas cautelares por parte del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, la Mesa de Reconciliación determinó liberar a Laparra este martes, bajo la figura de sentencia suspendida.

 

Para llegar a este punto fue fundamental el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la representación legal del abogado mexicano de la familia Laparra Martínez, Ricardo Lagunes Gasca, con quienes la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle pudo consolidar la libertad.

 

Lagunes, Gonza y Antkowiak dijeron que la Clínica y todo el equipo de abogados y organizaciones que los apoyaron continuarán trabajando en representación de la familia Laparra Martínez, para que el Estado de mexicano le otorgue una reparación integral por las graves violaciones a sus derechos humanos.

 

Los esfuerzos, añadieron, incluirán el litigio pendiente ante la CIDH, además de las iniciativas entabladas ante autoridades estatales y federales.

 

Laparra Martínez dejó el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número de 3 de Tapachula, Chiapas (CERSS 3), pero la travesía apenas empieza para él, pues ahora iniciará la búsqueda de su hijo José Ananías, quien “huyó” de la entidad luego de haber sido torturado por policías judiciales, y hasta ahora nada saben de él.

 

Lo último que Ananías Laparra Martínez supo de su hijo, ahora con 26 años de edad, es que estaba en el Distrito Federal y que se había hecho adicto a las drogas.

http://www.proceso.com.mx/?p=299563

Si hay corrupción en el ejército, acepta General...

El General Roberto de la Vega Díaz aceptó la posibilidad de que exista corrupción entre personal del Ejército y que además es problema generalizado entre las corporaciones.

De acuerdo con El Universal, De la Vega exhortó a los soldados, agregó, es a que no se involucren en actividades ilícitas.

 

En el marco de una ceremonia en las instalaciones de la Región Militar en Torreón, Coahuila, de la Vega aceptó que hay corrupción en las filas del ejército.

 

Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador ha señalado que se debe retirar al ejército de la guerra contra el narco precisamente para evitar que se corrompa.

 

Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, o obstante, se han declarado a favor de mantener al ejército en la misma guerra contra el narco de Felipe Calderón.

Posted by Victor Hernandez

http://elsenderodeveracruz.blogspot.com/2012/02/si-hay-corrupcion-en-el-ejercito-acepta.html

ABOUT JUSTICIA PARA GABRIELA ARLENE BENITEZ YBARRA

Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe exige justicia en el caso de la estudiante veracruzana de 17 años Gabriela Arlene Benitez Ybarra. 

Exigimos que se esclarezca este caso, y se castigue con todo el peso de la ley a las personas responsables. 

Fue un feminicidio y las autoridades también tuvieron una parte de responsabilidad en este acto deliberado de violencia e impunidad, la familia de Gabriela Arlene exige justicia contra este terrible crimen que arrebató la vida de su hija. 

Gabriela Arlene sólo es una de las miles de chicas que desaparecen todos los días, sin que a las autoridades les interese actuar, y posteriormente aplicar todo el rigor de la ley, estos crímenes flagelan a nuestra sociedad. 

Simplemente no podemos permitir que este acto deleznable quedé en la impunidad y el olvido, que las autoridades sigan haciendo caso omiso de nuestras exigencias, de no resolver, ya basta. 

¡No más feminicidios! 

¡Alto a la Impunidad y a la indiferencia! 

¡Ni una mujer o niña más víctima de las redes de trata! 

¡Ni una mujer o niña más víctima del crimen organizado!

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ANTECEDENTES

Uno de los casos más emblemáticos sobre desaparecidos en Veracruz registró la noche del viernes su capítulo más dramático, al hallarse el cuerpo de Gabriela Arlene Benítez Ybarra, una joven bachiller de 17 años desaparecida el 13 de junio pasado.

La Procuraduría de Veracruz, dijo Ybarra, perdió mucho tiempo al considerar que Gabriela se había escapado de la casa.

"Pierden mucho al principio, iban a investigar si no andaba mi hija con un grupo (delictivo). Te desprestigian, pierden mucho tiempo en desprestigiar a la victima", contó Ybarra entrevistada el pasado 18 de septiembre en Xalapa en el marco de la Caravana por la Paz al Sur.

"La autoridad perdió tiempo valioso en desestimar el caso, diciendo que escapó (...) que había violencia intrafamiliar", dijo Ybarra, quien detalló que empezó a buscar a su hija por su cuenta luego de que las autoridades no avanzaban con las investigaciones.

Los primeros 15 días, dijo, empezó a enviar correos electrónicos, luego empezó a convocar conferencias de prensa para difundir el caso y el 14 de agosto viajó al centro del país para participar en la marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y buscar un encuentro con Sicilia.

"De alguna manera ésto se hizo público muy fuerte, fue como el caso, no sé si pones en riesgo la vida de ella, pero no te puedes quedar callado, no puedo yo callar esto" De acuerdo con Bárbara, el caso de su hija no es el único en el estado. Asegura que hay varios jóvenes desaparecidos de 16, 18 años en promedio.

MIENTRAS SE PREOCUPAN POR SEGUIR EN EL PODER, NO LES IMPORTA LO QUE LES PASA A LAS Y LOS VERACRUZANOS... ¿HASTA CUANDO SEÑOR JAVIER DUARTE DE OCHOA...? ¿HASTA CUANDO SE HARA JUSTICIA A LAS VICTIMAS?

Ernestina Ascencio Rosario: una historia que no termina

VICTIMA DE LA IMPUNIDAD Y DEL MALDITO PODER...

ACUERDOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS PISOTEAN LA DIGNIDAD DE LOS POBRES Y... A ESTOS IMBÉCILES "NI SUS MADRES LES CREEN"

Nuevamente, doña Ernestina Ascencio Rosario se coloca en el centro y con ella la historia de impunidad y complicidades de los hombres en el poder. Cuando parecía que el caso quedaría en la historia, la inhabilitación del médico forense, Juan Pablo Mendizábal, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, por haber “contaminado” las pruebas que confirmaron la violación por parte de soldados contra doña Ernestina, revive la historia con más fuerza.

Y lo hace porque nuevamente deja al descubierto las cadenas de complicidades dentro y fuera del aparato de justicia al servicio del poder.

Hace tres años la lucha por la verdad de lo sucedido con doña Ernestina se debatía entre el pueblo de Soledad Atzompa, el Gobierno Federal  y la CNDH.  Por un lado una población que creía en la voz de doña Ernestina, quien antes de morir aseguró que “los soldados se me echaron encima”.

Para estas fechas el certificado de la necropsia realizada por el médico Juan Pablo Mendizábal y en la cual se certifica desgarro en el ano y vagina, así como la presencia de semen, es invalidada desde los Pinos y  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El gobierno de Fidel Herrera y la procuraduría de Veracruz se retractan de la versión de agresión sexual contra doña Ernestina, lo que días antes habían defendido dando la razón a los hallazgos del médico forense, por arte de magia, se niega, como judas tres veces.

La violencia cometida contra doña Ernestina amplia su círculo hasta llegar a intimidar al propio pueblo de Soledad Atzompa, y al personal médico involucrado en el caso.

Esta violencia institucional cometida contra Doña Ernestina para ocultar la verdad llevó a la suspensión del forense Juan Pablo Mendizábal, de la médica Catalina Rodríguez quien atendió a Doña Ernestina aún con vida; al médico forense Ignacio Gutiérrez, quien intervino en la exhumación y en la segunda necrocirugía; y contra la química Ana María Roldán, quien localizó las enzimas P30 y fosfatasa ácida que se produce en la próstata.

Tres años después del proceso iniciado en contra del Forense Juan Pablo Mendizabal, la procuraduría veracruzana decidió  inhabilitarlo por haber “contaminado las muestras de líquido hemático que se tomaron del cadáver de doña Ernestina, versión realizada en 2006 por el entonces presidente de la CNDH, José Luis Soberanes.

La resistencia del Pablo Mendizabal para “corregir su versión”  y corroborar lo dicho por Calderón y defendido por Soberanes, lo llevó a una persecución. Sostenerse en que “la señora murió por razones traumáticas y no por patología” provocó la inhabilitación de su cargo después de 23 años de servicio.

Pero esta historia no termina aquí, pues a decir de Mendizabal el llegará hasta las últimas consecuencias para demostrar que su trabajo solo mostró la verdad, una verdad que no les gusta a los hombres del poder y que han hecho todo para ocultarla.

Sedena no abrirá investigación sobre muerte de Ernestina Ascencio: Croiz

EL EJÉRCITO ASUMIÓ UNA POSTURA QUE DESPUÉS DESMINTIÓ. PRIMERO ADMITIÓ QUE PUDO HABERSE TRATADO DE UN ATENTADO PERPETRADO POR SUS ELEMENTOS Y QUE ESTABAN INVESTIGANDO, SIN EMBARGO EN EL SEGUNDO BOLETÍN DESMIENTE AL ANTERIOR Y DICEN QUE HAY ELEMENTOS CONTRARIOS AL EJÉRCITO QUE PODRÍAN SER LOS CAUSANTES DEL CRIMEN. ELLOS SE PLEGARON A LOS DICTADOS DE FELIPE CALDERÓN: ERNESTINA MURIÓ NATURALMENTE ¦ FOTO PERSEO BERNAL.

FERNANDO INÉS CARMONA

Soledad Atzompa, Ver.- La muerte de Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua originaria de la congregación de Tletalzinga en este municipio, sirvió para que el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán presionara a Felipe Calderón y canjeara la liberación de dinero federal, “que se utilizó en las elecciones de 2007”, por la convalidación de “la muerte natural”, de lo que los indígenas aún llaman “asesinato de la hermana Rosario”. Ahora y pese a la oferta de reabrirlo, la Sedena reafirma, “el caso está cerrado y no se reabrirá”.

Hasta febrero de 2007 la indígena Ernestina Ascencio era inexistente, mediáticamente, nadie sabía de su existencia en la congregación de Tetlalzinga en esta sierra. Una presunta violación masiva, a manos de la milicia con su consecuente fallecimiento, la hizo salir del anonimato y a la vez permitió que incluso familiares y líderes sociales, presuntamente lucraran con el fallecimiento.

El primer beneficiado del asesinato, considera Julio Atenco Vidal, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (Croisz) y en ese entonces director de Obras Públicas del ayuntamiento de esta localidad indígena, “fue Fidel Herrera Beltrán”, a quien el entrevistado califica como un político pragmático que obtuvo dinero federal para las elecciones de 2007 negociando los hechos. Fidel Herrera es un profesional electoral”.

No obstante, reconoce que tras los hechos el ex gobernador sí fue sincero “o al menos eso es lo que creíamos en un principio, me sorprendió porque se mostraba sincero en cuanto a respaldar la lucha por que se hiciera justicia”, narra.

Pero primero Fidel me pidió que le garantizara que en esta parte de la sierra no había guerrilleros, quería la certeza que no estábamos protegiendo a la guerrilla a cambio de que el gobierno del estado encabezaría, con firmeza, defender hasta donde fuera necesario el caso. Él se comprometió a mantenerse firme en que se hiciera justicia.

“Esa actitud la reconocí incluso ante medios de comunicación nacionales. Con Carmen Aristegui, con Javier Solórzano, incluso él en una de las entrevistas al aire me preguntó si en verdad creía en la sinceridad de Fidel Herrera, le respondí que sí porque hasta ese momento había sido congruente y mientras lo sea merece una estrellita, cuando se actúa correctamente hay que reconocer sea quien sea”, dice.

Desafortunadamente, lamenta, Fidel Herrera es un político muy pragmático y cuando él dialogó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos da la impresión fue la emisaria de Felipe Calderón, cambió su actitud”.

Otra de las muestras de presunta sinceridad que tuvo Fidel Herrera, fue el 15 de abril de 2007 al convocar a una reunión en uno de los salones de palacio de gobierno, a una comisión plural de diputados locales y federales para detallarles el caso. Ahí los médicos forenses se explayaron con sus informes y nos aseguraron que en el caso de Ernestina Ascencio estaban frente a un crimen.

“No sabemos por qué, nunca quiso asumir la equidad de género”

Ahí se aportaron las pruebas, se dio un informe pormenorizado, pero la única que mostró desconfianza fue la entonces diputada federal y ahora alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales, “no sabemos por qué nunca quiso asumir la equidad de género, de defender a otra mujer, ni siquiera por sensibilidad. Ella aceptaba la tesis que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: muerte natural”.

A partir de ahí Fidel Herrera cambió la postura. “Tres meses después se reúne con el que era presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes y afirma que entre el dictamen de la CNDH y la postura del gobierno del estado no había diferencia sustantiva”.

“¡Cómo chingados no la había! Claro que sí, porque aquí se sostiene que era un crimen y la CNDH dice que era muerte natural. Ese era el aviso que Fidel Herrera y Felipe Calderón ya habían pactado.

“De hecho, el 19 de abril la hipótesis de la CNDH es la postura oficial del gobierno del estado y cuando Fidel Herrera la hace suya a través de los medios de comunicación, se le liberan los recursos económicos, todos aquellos que no habían llegado y los que estaban retenidos”.

Ese dinero, presume, se ocupó en la elección de 2007. Fidel Herrera compró votos, personal de tiempo completo para operar las elecciones porque él es muy profesional en términos electorales. Él tuvo muchos recursos, nos traicionó para tener recursos económicos y electorales. En esas elecciones el PRI recuperó la mayoría del Congreso local y de las alcaldías del estado.

Sedena y sus cambios de comunicados

Horas después de los hechos, recuerda, el Ejército asumió una postura que después desmintió. Primero admitió que pudo haberse tratado de un atentado perpetrado por sus elementos y que estaban investigando, sin embargo en el segundo boletín desmiente al anterior y dicen que hay elementos contrarios al Ejército que podrían ser los causantes del crimen. Ellos se plegaron a los dictados de Felipe Calderón: Ernestina murió naturalmente.

Primer comunicado que el cuartel Miguel Hidalgo emite

La misma tarde de los hechos admite la acusación y promete que se estaba investigando. Minutos después de haberlo entregado a los reporteros locales, los soldados reciben la orden de pedirle a los reporteros el anterior comunicado para canjearlo por otro en donde se acusa a grupos delictivos, “que usando ropa de color verde” pudieron haber sido los culpables de los hechos.

Caso cerrado: Sedena

A cinco años de los hechos, este fin de semana se cumplieron, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirmó: el caso no se reabre.

Esta postura contradice a la oferta que en septiembre de 2011 se nos hizo en la ciudad de Boca del Río de analizar la posibilidad de reabrir el caso. En noviembre de ese mismo año nos notificaron que el caso no se reabriría. El aparato jurisdiccional ya había dictaminado al respecto. La respuesta da por hecho que el caso está cerrado, eso contradice a la supuesta voluntad del Ejército de dialogar con la sociedad civil. No se trata de un crimen de un animal o de un daño al medio ambiente, se trata de un ser humano y de la acción del Estado mexicano frente a este crimen.

En el Estado mexicano, considera, “pareciera que hay una razón de Estado para que este crimen quede en la impunidad. La justicia es un mito, está controlado por la corrupción e impunidad. El caso de Ernestina Ascencio es emblemático del Ejército frente a la mujer indígena, de la injusticia que impera en el país, es un caso que la Croisz no va a abandonar.

Médico forense temió ser agredido

Pero este caso implicó a otras personas. El médico forense Juan Pablo Mendizábal Pérez tuvo que resguardar información, no sé dónde, en caso de sufrir un atentado.

Él sigue en la misma tesis, hasta ahora él tiene elementos que están en custodia por si le pasaba algo. Tiene información que acumuló donde demuestra la existencia de violación y crimen, lo tuvo que poner en custodia.

Familiares beneficiados; pueblo, inconforme

“Si tú le preguntas a la gente sobre el sentir, ellos te dicen que no creen en lo que dijo Felipe Calderón, que se trata de una injusticia. El caso Ernestina está latente, hay organizaciones sociales como la Croisz que la defienden.

En contraste, los hijos sí se beneficiaron. Les mejoraron su casita, les dieron dinero, al parecer vía Renee Huerta, entonces dirigente de la Croiz, alrededor de 100 mil pesos a cada quien.

Sin embargo, no todos los familiares asumieron la compra de conciencia, “las hijas no están de acuerdo, pero por costumbre no hablan de lo que ellas sienten”.

Hay otros familiares, como los sobrinos nietos, cuñados que no están de acuerdo, ellos se mantienen firmes en la demanda de justicia y en ello se sustenta nuestra lucha”.

Los hijos directos “no cambiaron su forma de vida, a los hermanos mayores Julio y Francisco, les financiaron un taller de carpintería, pero lo que sí les cambiaron fue su forma de ser, ahora son soberbios, déspotas, toman mucho y ofenden”.

“Hace un año supimos que uno de ellos estaba molesto porque desde el gobierno del estado ya no les querían dar más dinero y estaba dispuesto a hablar, me imagino de cómo los centavearon pero ya no sabemos nada de ello”, señala.

Hoy Ernestina Ascencio, sepultada en el panteón de Tletalzinga está abandonada. Ni una flor aparece en ella, pese a que se cumplieron cinco años de su muerte.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?seccion=0&ID=120227_130646_482

Parquímetros en Orizaba, al margen de la ley; crecen protestas de usuarios

EL DICTADORCILLO PUEDE HABER INCURRIDO EN ABUSO DE AUTORIDAD...

FERNANDO INÉS CARMONA

Orizaba, Ver.- El alcalde Hugo Chahín y sus ediles pudieron haber incurrido en el delito de abuso de autoridad. El programa de parquímetros, aplicado por acuerdo de cabildo, no tiene la autorización para multar, inmovilizar o detener vehículos que sobrepasen las tres horas de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad, si se atreven a hacerlo sobrepasarían su función, “Tránsito del Estado es la única autorizada para aplicar infracciones viales”.

Pero el abogado Juan Oropeza, secretario del Foro de Abogados y Postulantes Metropolitanos, va más allá y revela que si el ayuntamiento, a través de los operadores de los parquímetros “se atreve a poner las arañas en las llantas de los vehículos, el conductor puede demandar al ayuntamiento y de paso promover un juicio de amparo que seguramente ganará”.

Las condiciones en las que opera el programa de parquímetros deja en claro que el ayuntamiento omitió la ley.

El ayuntamiento no tiene facultad para cobrar por el estacionamiento de vehículos en las calles, “no existe una reforma al Código Hacendario, a los ediles se les olvidó ese detalle. Debe existir una reforma, que incluso debe ser aprobada por el Congreso del Estado”.

Pero en el supuesto caso que esa reforma existiera, aún no podrían sancionar a los vehículos, “tendría que sostenerse un convenio con la Dirección General de Tránsito del estado para entonces pedirles el apoyo y se proceda a la sanción. Queda claro que el ayuntamiento y su departamento jurídico no se condujeron por los caminos legales. Lo hicieron al vapor”.

Estas condiciones permiten que cualquier automovilista pueda estacionar su vehículo en los cajones habilitados, pasar el tiempo de tolerancia, tres horas y ni el ayuntamiento o Tránsito del Estado puede sancionar, multar, inmovilizar y arrastrar con grúa el vehículo. Eso sería un abuso de autoridad. No hay argumento legal.

Por otro lado, Organizaciones No Gubernamentales criticaron el programa que desde hace una semana puso en marcha el ayuntamiento. El fin de semana fijaron su postura y advierten que el ayuntamiento “viola las garantías individuales como el libre tránsito”. Señalan que los operadores de los parquímetros lo único que pueden hacer es eso: operar los aparatos y no más.

No obstante, la operación de los parquímetros no es el único tema en discusión. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) promotora del programa ahora se dice inconforme, no por la operatividad sino por la distribución de los recursos económicos que se obtengan de ellos.

El ayuntamiento, a través de su Departamento de Comunicación Social, anunció que el dinero recaudado se destinará de la siguiente forma: 80 por ciento para el DIF municipal y 20 por ciento para el mantenimiento del centro histórico, incluido los 16 parquímetros instalados.

“Creemos que debe haber una reconsideración”, reclama el presidente de la delegación de Canaco, Enrique Guillomen Maldonado, “debe haber mayor dinero para mantener en buenas condiciones el centro histórico y no que el DIF se lleve la mayor parte”, exige.

En tanto el haber abierto los cajones de estacionamiento y reducir nuevamente a un carril el tráfico vehicular provocó que los congestionamientos viales regresaran al centro de la ciudad. Hasta hace apenas dos semanas el desplazamiento vehicular en cuatro calles en línea recta era no mayor a los cinco minutos, hoy el mismo tramo se recorre hasta en 15 minutos, sobre todo en horas pico.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?seccion=0&ID=120227_130855_248