Apegado a una defensa legal López Obrador demanda la invalidez de los comicios basado en seis presuntas violaciones que habrían alterado el resultado electoral.
Por Jonathan Villanueva -
El argumento central es inamovible: se violaron principios constitucionales que generaron inequidad en la contienda electoral. Por eso Andrés Manuel López Obrador pidió formalmente invalidar la elección presidencial del primero de julio. La defensa del voto no solo contempla una ruta judicial. Incluye una nueva versión de la resistencia civil pacífica de 2006.
Así lo anunció el candidato presidencial del Movimiento Progresista pero no ofreció mayores detalles.
"Indujeron el voto haciendo creer a los ciudadanos que la elección ya estaba resuelta. Colocaron a Peña hasta 18 puntos arriba de Andrés, y al final la realidad fue muy distinta".
Ricardo Monreal, Coordinador de la campaña de AMLO
El primer esbozo de las acciones civiles comprende abrir a los ciudadanos una página electrónica en la que puedan firmar a favor de la impugnación que se presentó anoche. El documento, elaborado por especialistas en materia electoral, no solo busca anular la elección por la falta de equidad en la contienda, sino que lleva implícita la solicitud de que, en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva a favor de los demandantes, Enrique Peña Nieto no pueda contender en una segunda elección.
En el cúmulo de pruebas de inequidad destacan los tiempos de radio y televisión a los que tuvo acceso el PRI a través de los medios de comunicación que apoyaron su proyecto. Los cuales son violatorios del Artículo 41 de la Constitución. El juicio de invalidez concentra sus baterías en demostrar que el abanderado de la coalición Compromiso por México rebasó su tope de gastos de campaña más de 14 veces.
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) fijó un tope de 332 millones de pesos para que los candidatos presidenciales promovieran su imagen durante los 90 días de campaña. Andrés Manuel López Obrador afirma que el PRI cometió una serie de violaciones a la Constitución para favorecer a Peña Nieto en las preferencias del electorado. Jaime Cárdenas, abogado del tabasqueño, sostiene que tienen acreditado que la alianza del PRI-PVEM erogó 4 mil 266 millones de pesos más de lo autorizado por el IFE, lo cual es determinante en la elección. El segundo factor que incidió en los resultados, según los argumentos legales de AMLO y el Movimiento Progresista, es la doble contabilidad del abanderado tricolor que no fue reportada a las autoridades electorales.
“Principalmente se dio este tipo de casos en las zonas más pobres del país, donde se compraron votos a cambio de dinero en efectivo, despensas y enseres domésticos. Lugares donde Peña Nieto ganó con niveles atípicos de votación”, dijo Andrés Manuel. Los casos que enmarcan dichos agravios son los de Soriana y Monex, que han sido acreditados con cuentas bancarias, facturas, monederos electrónicos y hasta testimoniales con fe notarial. El candidato del PRD-PT-Movimiento Ciudadano hizo un recuento de los sucesos de los últimos meses y de la participación de los gobiernos tricolores en las campañas mediante el uso de recursos públicos.
Explicó que por esa razón el Tribunal Electoral debe revisar el nivel de endeudamiento que registran las entidades que gobierna el PRI, ya que desde ahí se coaccionó el voto de los ciudadanos. Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de AMLO, destacó el tema de las encuestadoras, que tuvieron una injerencia real en las preferencias electorales al colocar a Peña Nieto como “inalcanzable”. Consideró que las encuestas se convirtieron en la herramienta del PRI para darle la vuelta a la ley y beneficiarse de propagada en medios impresos y electrónicos durante los últimos meses.
“Indujeron el voto haciendo creer a los ciudadanos que la elección ya estaba resuelta. Colocaron a Peña hasta 18 puntos arriba de Andrés, y al final la realidad fue muy distinta”, dijo Monreal anoche.
La doble contabilidad a través de Soriana y Monex induce a pensar en posibles operaciones de lavado de dinero. Pero eso no es todo. Los casos de estas dos empresas constituyen una violación más de la ley electoral porque se rebasó el límite de financiamiento privado al que tienen derecho los partidos.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que las aportaciones privadas están permitidas hasta el 10 por ciento del financiamiento público, que es de 33 millones 611 mil 208 pesos.
Reporte Indigo dio a conocer esta semana que la ruta legal del Movimiento Progresista busca invalidar la elección presidencial con base en las violaciones a la Constitución, tal como lo anunció Andrés Manuel López Obrador.
Las estructuras paralelas de financiamiento pueden convertirse en el tema rector de la invalidez de la elección, según Jaime Cárdenas, quien señaló que el Tribunal Electoral tiene la facultad para rastrear el origen y destino de esos recursos.
AMLO aseguró que hubo compra de votos, y que esto está sustentado en los resultados de las 902 casillas especiales que se instalaron en el territorio nacional.
“Ahí, la gente votó consciente. En esas casillas no hubo acarreo, y los resultados son muy diferentes. El PAN tuvo 27 por ciento de la votación, el PRI 28 por ciento y nosotros obtuvimos el 41 por ciento, contra un 1.8 por ciento de Quadri”, puntualizó.
El caso del empresario estadounidense José Luis Aquino Ponce, propietario de la televisora Frontera Television Network, quien demandó al priista por el incumplimiento de un presunto contrato de 56 millones de dólares para promover su imagen en Estados Unidos, también salió a colación.
Andrés Manuel afirmó que la próxima semana darán a conocer el plan de acción para la defensa del voto por la vía civil. Por lo pronto, tratarán de conseguir que la presión de la ciudadanía obligue a los magistrados a analizar el caso a profundidad.
Los presuntos agravios
La estrategia central se basa en la promoción de un Juicio de Inconformidad ante el Tribunal Electoral: > Equidad. Se rebasó significativamente el tope de campaña autorizado por el Consejo General del IFE. > Compra y coacción del voto. Caso Soriana, MONEX y operación de gobernadores del PRI para apoyar a EPN. > Manipulación de encuestas para confundir a la opinión pública e inducir en el voto. > Violación de los topes máximos de aportación particular que no puede ser más del 10% del tope de gasto de campaña (máximo $33,611,208) > Adquisición de tiempo en radio y televisión para transmitir encuestas como propaganda electoral, violando el artículo 41 de la constitución. > Estructuras paralelas e ilícitas de financiamiento.
Los casos
Ejemplos donde presuntamente se violó la Constitución, de acuerdo con el Movimiento Progresista.
1. Caso Tabasco
Boletas pre-votadas a favor del candidato del PRI, las cuales fueron certificadas ante notario antes de las elecciones una vez verificado ante el IFE que eran auténticas
2. Caso Zacatecas
Operación del gobierno priista del estado para la compra del voto a cambio de dinero y/o productos en especie.
3. Caso contrato con José Aquino
Demuestra la triangulación de recursos y el manejo clandestino e ilegal que se hizo a favor de EPN por $56 millones de dólares para promoverlo en Estados Unidos
4. Credenciales y tarjetas
El PRI recurrió a la compra del voto, mediante el regalo de tarjetas de descuentos, telefónica y de monederos electrónicos de diversas denominaciones y características.
A) Caso Monex
B) Caso Soriana
5. Promocionales y utilitarios
De una magnitud incuantificable por todo el país.
ANTECEDENTE: ANULAN ELECCIÓN EN MORELIA
Los comicios para la renovación de alcalde del 13 de noviembre de 2011, fueron cancelados por antidemocráticos
Por Félix Arredondo
No es una hipótesis. En México ya sucedió.
Una elección puede ser anulada si se demuestra que se violaron los principios constitucionales para que un proceso electoral pueda ser calificado como auténticamente democrático. El antecedente es muy reciente. La elección para la renovación de alcalde en Morelia, Michoacán, celebrada el 13 de noviembre de 2011, fue anulada el 28 de diciembre del mismo año por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Toluca.
Los comicios se repitieron el pasado primero de julio.
“De presentarse casos en los cuales las irregularidades acaecidas en un proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional, evidentemente ese acto o hecho, de afectar o viciar en forma grave y determinante al proceso comicial atinente, podría conducir a la invalidez de la elección por ser contraria a la Constitución.
“De presentarse esta situación, es claro que el proceso sería inconstitucional y esa circunstancia devendría suficiente para tornarlo ilícito, al contravenir el sistema jurídico nacional, con lo cual no podría generar efecto válido alguno”, sostuvieron Santiago Nieto Castillo y Carlos Morales Paulín, dos de los tres magistrados que integran la Sala Regional, en el texto de la sentencia. Y en consecuencia, resolvieron decretar “la nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Michoacán, celebrada el 13 de noviembre de dos mil once”.
Y revocar “la declaración de validez de la elección y las constancias de mayoría expedidas a favor de la planilla registrada en candidatura común por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde”.
¿Por qué se anuló?
Las razones de los magistrados podrían sonar nimias si se les compara con la magnitud de los agravios que AMLO expresó en la demanda que presentó ayer ante el Tribunal Electoral. Y es que hubo dos faltas graves que llevaron a los magistrados de la Sala Regional a anular la elección michoacana. Por una parte, el candidato priista a la Alcaldía, Wilfrido Lázaro Medina, apareció indebidamente durante cinco minutos en un canal de televisión de paga local. Por la otra, el boxeador Juan Manuel Márquez lució un logo del PRI en una pelea un día antes de la elección.
Por ello, la Sala Regional del TEPJF resolvió que el PRI, “a pesar de estar constituido como una entidad de interés público, vulneró dispositivos constitucionales y trastocó los principios de equidad, certeza y legalidad, rectores de todo proceso electoral, no obstante que al tener dicho carácter, se encuentra obligado a observar y cumplir la Constitución y la ley”.
El voto libre
Para el Tribunal, “la transmisión de propaganda electoral y política en análisis, sin duda generó efectos negativos que atentan en contra del principio de la libertad del voto, en tanto que pueden constituir un factor determinante que influya en el ciudadano para orientar su elección electoral”. Como consecuencia de ello, la elección no pudo ser libre, como lo prevé la Constitución, razonaron los magistrados. Y es que las elecciones libres, según se expresa en la resolución del Tribunal, “se dan cuando se ejerce la facultad natural del sufragante de dirigir su pensamiento o su conducta según los dictados de la razón y de su propia voluntad sin influencia del exterior”.
Hay que decirlo también. Un elemento fundamental para los magistrados Nieto Castillo –ponente en el asunto– y Morales Paulín fue determinar “si la infracción resultaba cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección impugnada”.
Y es que en el caso de los comicios de Morelia, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de apenas 2 mil 317 votos. ¿Podrían esas nimias infracciones haber influido en el juicio del elector, desequilibrar la equidad de la contienda y revertir los resultados?
Para los magistrados, sí. El principio de certeza y equidad estaba en juego, y por exagerado que parezca, decidieron anular la elección. Ayer, López Obrador y el Frente Progresista demandaron la invalidez de la elección presidencial del primero de julio.
Si prueban sus agravios y demuestran que los resultados se habrían revertido de no haber ocurrido esas infracciones, debería anularse la elección. Sin embargo, ¿se atreverán a hacerlo los magistrados del Tribunal? Y si no... ¿qué opciones tienen los inconformes?
EL FRAUDE, UN FANTASMA SEXENAL
Reaparece cada seis años como ánima en pena. Este año lo evoca la izquierda. Hace 12, las denuncias contra el Pemexgate y Amigos de Fox sellaron al PRI y al PAN, pero no pusieron en vilo los resultados de la elección
Por Armando Estrop
El fantasma del fraude persigue a las elecciones en México. Cada seis años como ánima en pena regresa para espantar los resultados electorales. A pesar de que el país cuenta con un enorme aparato institucional para lograr comicios limpios y transparentes, la presunta trampa siempre vuelve de la tumba en que todos creen que yace. En el más reciente ejercicio electoral, el del pasado primero de julio, nuevamente aparece este fantasma. Lo evocan los partidos de izquierda al asegurar que hubo compra de votos por parte del PRI para poder ganar la contienda. No es la primera vez ni es el primer partido. Existen dos casos emblemáticos de acciones de presunta coacción del voto que han sellado al PRI y al PAN.
Después de la elección del año 2000 se conocieron los polémicos casos Pemexgate y Amigos de Fox.
A pesar de haberse dirimido tanto en la arena política como en la judicial, y haber existido sanciones para cada uno de los partidos, ambos no pasaron de ser un escándalo electoral más en el país con sus respectivas multas. Escándalo que cada seis años se repite.
Jamás se ha puesto en vilo el resultado de una elección.Pemexgate. Los escándalos políticos en México terminan en “gate”. Una especie de sufijo del lenguaje popular para marcar todo lo que huele a tranza. El mote está derivado del caso Watergate ocurrido en Estados Unidos, y por el que tuvo que dimitir como presidente de ese país Richard Nixon, acusado de espiar a su adversario político durante la campaña para la reelección.
Es curioso que ningún “gate” en México haya cobrado facturas tan caras como la que pagó “Tricky Dicky” en 1974.
En el 2001 se descubrió, luego de la contienda presidencial, que la campaña del candidato priista Francisco Labastida había sido financiada de manera ilegal con mil 500 millones de pesos del fondo del Sindicato de Petróleos Mexicanos. El líder de esta organización, Carlos Romero Deschamps, y el tesorero, Ricardo Aldana, fueron los principales sospechosos de triangular el dinero de los sindicalizados a favor de la campaña del primer candidato priista perdedor en casi 70 años de gobierno. El Tribunal Electoral impuso una multa de mil millones de pesos al PRI. Los dos líderes sindicales jamás fueron consignados y llevados ante la justicia.
No sólo eso, han gozado desde entonces de senadurías y diputaciones plurinominales de su partido. El ex candidato Francisco Labastida fue Senador los últimos seis años y presidió la Comisión de Energía.
De hecho, los representantes de los trabajadores petroleros nuevamente están de regreso. Romero Deschamps ya está en el Senado y Aldana en la Cámara de Diputados.
Amigos de Fox
Hartos del PRI, los mexicanos vieron en el exitoso empresario ranchero Vicente Fox una esperanza. Hoy, todo lo explica mejor el hartazgo que había, más que la necesidad de un cambio. Para ganar la presidencia de la República, se requería de un andamiaje que pudiera competir contra la anquilosada maquinaria priista. De esa necesidad nació la organización Amigos de Fox. Su misión era lograr apoyos tanto de participación ciudadana como electoral. Funcionó como las llamadas pirámides, cada integrante que se unía a la organización tenía que lograr la unión de otros más.
Fue de los primeros en incursionar en Internet con página del movimiento, mucho antes de que esta herramienta tuviera el número de usuarios que hoy tiene en México. Durante 1998 y 1999 Amigos de Fox, con dinero de empresarios, militantes panistas y simpatizantes de la organización, mantuvieron la precampaña del guanajuatense. Amigos de Fox logró una estructura electoral fuerte y económicamente muy poderosa. Y eso se convirtió en su propio verdugo. Una vez que se logró ganar la contienda electoral se iniciaron una serie de denuncias porque Amigos de Fox había sido un cuerpo financiero paralelo al presupuesto autorizado por la Ley electoral.
El dinero con el que se apoyó a Fox rebasaba los topes de gasto de campaña y por eso debía sancionarse. Las denuncias tuvieron éxito y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descubrió que el financiamiento paralelo podría haber llegado a los 91 millones 917 mil pesos, por lo que impuso una multa a la coalición del PAN y Partido Verde de 545 millones de pesos.
Lino Korrodi, administrador de Amigos de Fox y amigo del ex presidente desde la infancia, fue el más atacado de todos. Se le acusó de permitir financiamiento del extranjero y de procedencia inexplicable. La amistad terminó y Korrodi se volvió crítico de primera línea de Fox y su esposa Martha Sahagún, acusándolos de corruptos y cínicos.
La multa que se le impuso al partido, como todas estas sanciones, son pagadas con las prerrogativas que el IFE les entrega. Con el propio dinero de los mexicanos.
