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24 de septiembre de 2012
GOBIERNOS PRIISTAS ENDEUDAN A VERACRUZ...
PRENSA DE VERACRUZ AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE JAVIER DUARTE DE OCHOA
DIARIOS LAMBEHUEVOS...
Apareció ayer una imagen en Facebook, que luego tuiteó el monero José
Hernández, en la cual un montón de diarios de Veracruz tienen exactamente el mismo titular lambiscón al gobernador priista Javier Duarte
de Ochoa: "Respeto pleno a las libertades, esencial para el desarrollo de
Veracruz: JDO."
Por
Victor Hernandez.
En sí el que todos los periódicos tengan exactamente el mismo
titular en sus 8 columnas ya es grave. La última vez que eso ocurrió fue cuando
todos los diarios de OEM pretendieron hacerle creer al público que la visita de
Peña Nieto a la Ibero fue "un éxito."
Pero es mucho más grave. Resulta que una nota con exactamente
el mismo titular sobre Duarte fue redactada por la oficina de comunicación
social del gobierno priista de Veracruz.
¿Cómo se eso? Pues porque la misma nota, con el mismo
titular, fue publicada en un sitio que solía ser pejista y ahora es
peñanietista.
Y se de primera mano que ese sitio no sólo publica íntegras
las notas que le envía comunicación social de Veracruz, sino que además gente
de comunicación social de Veracruz tiene password para subir ellos las notas
directamente.
Lo gracioso es que se hacen llamar sitio
"independiente". Y hasta hay carreras políticas que se pretenden
construir sobre esa "independencia."
...que obedece a los mandatos de Javier
Duarte.
Desde luego la nota es una enorme hipocresía por parte de
Javier Duarte. ¿Respeto a los derechos? ¿El que mandó encarcelar tuiteros por
retuitear rumores?
¿El mismo cuyos achichincles golpearon jóvenes manifestantes
por ejercer su derecho constitucional a la libre manifestación de ideas durante
un mitin de Enrique Peña Nieto en Córdoba?
¿No lo recuerdan? Les refrescamos la memoria:
Pero regresando al tema inicial, la pregunta es ¿cuántas
redacciones se venden de esa manera a Javier Duarte?
Lo he dicho antes y lo digo de nuevo: las únicas fuentes
confiables de información serán los sitios ciudadanos de noticias. Lo demás
sólo dice lo que el PRI le paga por decir, o por callarse.
PD: Desconfíen de quienes se digan de izquierda y
publique en lugares plegados al PRI. A estas alturas era como para que no les
siguieran haciendo el caldo gordo. Si lo siguen haciendo ya es trabajo sucio
para el PRI.
Publicado
por ALZA LA VOZ ://alzalavozenveracruz.blogspot.mx/
EL GOBIERNO DE JAVIER DUARTE DE OCHOA OCULTA INFORMACIÓN DE EJECUTADOS EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ...
20 de Septiembre hace un año.
Fueron arrojados sobre importante avenida y frente a Plaza Américas, de Boca del Río, 35 cadáveres de diferentes edades. 23 hombres y 12 mujeres ejecutados y lamentablemente en su mayoría, inocentes quienes sufrieron secuestro o fueron “levantados”. El peor escándalo internacional para Veracruz, en el poco tiempo de gestión de Javier Duarte de Ochoa.
Lunes 24 de Septiembre del 2012.
Claudia Guerrero Martinez
Hace un año, una serie de ocurrencias declaradas el mismo día del hallazgo, por parte de funcionarios de alto nivel, como es el caso del empleado de los veracruzanos, Javier Duarte, quien asesorado por incompetentes, le venden la idea para escribir en su cuenta de Twitter: “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q (sic) esas mismas personas hayan escogido dedicarse a la extorsión, secuestrar y matar”…
Los ilustres funcionarios estatales idearon argumentar que los datos e identificaciones de las víctimas son tomadas del sistema de datos “Plataforma México”.
Ésta base de información federal replicó desmintiendo y aclaró: “Es imposible que nuestra base de datos pueda arrojar resultados con tanta rapidez y menos aún cuando la única evidencia de la que disponían las autoridades son las huellas dactilares”…
Duarte fue atacado sin piedad por la comunidad en redes sociales y objeto de burla y suspicacia durante semanas, por la prensa de todo el mundo…
Por su parte Reynaldo Escobar Pérez, quien era Procurador General de Justicia de Veracruz aseguró de forma categórica, inmediata y sin pruebas, que los ejecutados, “todos”, eran delincuentes y con antecedentes vinculados con el crimen organizado como secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo…
Vaya crítica en el que fue sometido, cuando el buen “Rey” se contradice y reconoce ante la cadena televisiva internacional CNN, tener identificado sólo a siete ejecutados. Los demás, eran un misterio…
Recordemos el viacrucis de las familias para reconocer a sus difuntos depositados en las instalaciones forenses.
En el piso, sobre lonas sucias y sin la menor medida sanitaria ni de limpieza.
Un espectáculo horripilante, situación que reporteros nacionales quisieron exponer y fueron amenazados, incomunicados y hasta les borraron información e imágenes de vergonzosas escenas por parte de policías de Seguridad Pública, bajo las órdenes de altos funcionarios del Gobierno de Javier Duarte…
A un año de este suceso trágico, que puso a Veracruz en la crítica y los debates, también evidenció la inexperiencia y un gobierno ocurrente…
El único culpable: Duarte… Se mostró la incapacidad para reaccionar ante una desgracia mayúscula y fue sospechosa la actitud de Javi Du por ocultar a toda costa el mensaje directo con espeluznante escena…
Cuerpos tirados, como si no valieran nada y mostrando el trabajo de mentes torcidas quienes enviaron mensajes sangrientos y grotescos…
Nuestra pregunta obligada: ¿A quién iba dirigido este mensaje de 35 cuerpos tirados en plena avenida de importante zona turística?…
Quizá, a todos los Procuradores del país, quienes asistían al Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales y Procuradores Generales de Justicia efectuada en el WTC de Boca del Río… Quizá, el mensaje también fue para el Presidente Felipe Calderón… O quizá, fue planeado para evidenciar y presionar al perdido Javier Duarte…
Tampoco es coincidencia la fuga de 32 reos, 24 horas antes de este horrendo suceso… Lamentablemente, hay muchas hipótesis…
A un año de esta tragedia, no hay culpables. Ni lista final de víctimas. Tampoco la cifra exacta de ejecutados, pues se especulan cinco cuerpos mutilados incompletos más, entre los ejecutados.
Tampoco hay culpables por la fuga de los 32 reos en Penales de Amatlán de los Reyes, Coatzacoalcos y Cosamaloapan, el 19 de septiembre del mismo año.
Ni de la situación jurídica de José Rodrigo Berber Macías y Erick Jiménez Garrido, director y jefe de Seguridad y Custodia del Centro de Readaptación Social de la Toma, en Amatlán de los Reyes, donde se fugaron 16 internos.
Mucho menos de la situación de Pablo Navarrete Cruz y Luis Francisco Castro Rodríguez, director y subdirector del Cereso “Morelos” en Cosamaloapan, en el cual se evadieron cuatro reos.
Por su parte, tampoco se sabe de la situación Enrique Parra Landa y Arturo Herrera Carreón, director y subdirector del Penal “Dupor-Ostión” en Coatzacoalcos, donde escaparon 12 internos. De ésta, Gerardo Buganza, al ser rebasado en su inexperiencia gubernamental, argumentó haber reaprendido a 14 de los reos fugados… ¿Quiénes?, eso nunca se supo. Ni tampoco se publicaron fotos de ellos, ni sus fichas de Prevención y Readaptación Social…
También quedó en entredicho la intervención de grupos armados, a quienes se les atribuyen la fácil salida de estos internos y en eso días, las publicaciones en medios nacionales, que estos grupos delictivos tenían el control de 14, de los 17 penales en Veracruz…
Lo interesante de todo esto, es que ni Reynaldo Escobar Pérez, en ese entonces titular de la PGJE, ni Gerardo Buganza Salmerón, actual Secretario de Gobierno, ni el exdirector de Prevención y Readaptación Social del Estado de Veracruz, Víctor Flores Hernández, a quien sólo le aceptaron su renuncia inmediata, tuvieron una responsabilidad directa por la numerosa fuga de reos…
Peor, que el buscador y llamada “La enciclopedia libre Wikipedia”, tiene poco registro de los logros políticos y sociales de Javier Duarte de Ochoa y mucho material de sus tropiezos y ocurrencias…
Puede consultarla en la liga: http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Duarte_de_ochoa
Nos resta exigir al Gobierno del Estado respuestas. Evitar ocultar información valiosa y tratar de demeritar sucesos violentos. Mismos, ocurren todos los días en las principales ciudades del Veracruz. Ejemplos, las contantes quemas de taxis en la capital del estado, por no pagar piso o no integrarse a la actividad ilícita del narcomenudeo.
Tampoco informan de la cancelación de cinco a seis concesiones de taxi cada semana, por estar involucrados en actividades ilícitas descubiertas por la Marina…
Mucho menos, del acoso a empresarios por parte de células delictivas, muchos de estos dueños de comercios toman la decisión de cerrar sus puertas…
Hay mucho silencio. Mucha tolerancia. Y mucha complicidad…
Mientras, el “Inseguro” Arturo Bermúdez Zurita, el “dormido” Amadeo Flores Espinoza y el “inexperto” Gerardo Buganza Salmerón, obedecen órdenes del “desorientado” Javier Duarte…
Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmai.com
21 de septiembre de 2012
PREPOTENTE Y AUTORITARIO, COMO SIEMPRE, JUAN ANTONIO NEMI DIP, QUIERE JUSTIFICAR SU ACTITUD...
¡¡¡ BÁJATE DE LAS NUBES GORDO!!!
Nemi Dip quiere justificar su acción violenta: Campesinos.
FELIPE VILLANUEVA.
CIUDAD MENDOZA, VER.- La carta publicada por el Director Estatal del DIF, Juan Antonio Nemi Dip en su página de Facebook, en donde asegura que los campesinos con los que tuvo altercado el pasado 14 de septiembre en las afueras del Hospital de Río Blanco estaban intoxicados, texto que fue tomado por un diario local para su publicación, ha causado indignación entre las organizaciones campesinas de la sierra de Zongolica, por lo que este viernes pedirán al gobernador Javier Duarte de Ochoa le llame la atención.
Será este viernes cuando la comisión representativa de las agrupaciones de la sierra que exigen la destitución del director del Hospital Regional de Río Blanco Rafael de Jesús Picasso Figueroa , se entrevisten con el Director Estatal de Política Regional Luis SardiñasSalgado, así como con el Secretario de Salud Pablo Anaya Rivera y personal de la Secretaría de Gobierno para entregar un listado de todas las anomalías cometidas por el directivo del citado nosocomio y lograr su destitución; ahí mismo harán la petición del llamado de atención para el Director Estatal del DIF.
"De inicio la exigencia era la destitución del director del hospital de Río Blanco, y ahora el problema ha crecido; lamentamos que un político de la embestidura de Juan Antonio Nemi Dip tenga que justificarse con falsedades y esconder su verdadera intención que era amedrentar a las personas al tratarnos como animales y no como personas; él tendrá en su momento que demostrar que aquellos campesinos a los que llamó pendejos, estaban intoxicados con solventes, alcohol u otras sustancias, tan sólo por ver sus rostros rojos por las quemaduras del sol y la falta de alimentación y por exigir sus derechos de ser tratados como cualquier otra persona al reclamar los servicios que debe ofrecer el estado para todos por igual", señalaron los inconformes quienes se reunieron la noche de este jueves en el municipio de ciudad Mendoza, para acordar su salida a la ciudad de Veracruz hoy viernes en que tendrán su entrevista.
Hay que recordar de manera textual lo que escribió el funcionario Juan Antonio Nemi Dip y transcribió el medio local.
"Nunca me esperé encontrarme con una turbamulta (Gentuza) integrada --en su gran mayoría-- por jóvenes intoxicados, con la mirada perdida, los ojos rojísimos, ellos olorosos a solvente y alcohol y muy descontrolados; algunos apenas adolescentes, con un impresionante nivel de agresividad que, te aseguro, no buscaban sino camorra y que en la mayoría de los casos ni siquiera entendían por qué ni para qué estaban allí. De haberlo sabido yo anticipadamente, en tanto que tampoco como lumbre, ni me les acerco".
Este fue uno de los puntos que más indignó a las representaciones campesinas y sostuvieron que Nemi Dip debería regresar a la Dirección Estatal del IPAX ya que su actitud es de un policía y no de un servidor público que debe estar dotado de humanidad y comprensión para con las personas que menos tienen, pero al parecer dicen, mostró su verdadero lado humano al amenazar con un arma de fuego a los campesinos quienes temerosos se dispersaron para dejar pasar la camioneta en la que emprendió la huida al pensar que sería agredido.
Al volver a la esencia de la reunión que sostendrán hoy en el puerto de Veracruz con funcionarios de gobierno, reiteraron su postura al asegurar que no dejarán ser engañados, y en el caso de que el director del Hospital Regional no sea cambiado o destituido, tomarán las instalaciones del nosocomio hasta que se les den respuestas satisfactorias a sus peticiones.
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Cuando el pueblo se arma/ Zona Franca
Por ROBERTO MORALES AYALA.
Veracruz vive entre su cotidiana y dramática violencia y el mundo de mentiras de sus gobernantes; entre el levantón y el caso de extorsión y el discurso oficial que nos dice que vamos bien y viene lo mejor; entre los hechos de sangre y las voces ofensivamente tramposas que nos aseguran que ya casi, sí, casi casi, acabamos con el crimen organizado.
En medio de ese clima de miedo y de suspicacia, la sociedad va ejerciendo su derecho a no creer, a desconfiar, a protestar y, finalmente, a autoprotegerse porque a fuerza de tanta corrupción y palos de ciego, las instituciones nos cayeron de la gracia.
La decepción hacia nuestro gobierno es palpable en todas las capas de la sociedad. Los ricos—unos de abolengo, otros por el esfuerzo y los más por la transa— viven con el temor entre las sábanas, paranoicos, acechados por el fantasma de los malosos o, en el peor de los casos, pagando su cuota para aminorar el riesgo de morir.
Las clases media y baja, que antes no significaban un atractivo económico para la delincuencia, hoy son un blanco a modo porque, bien que mal, producen dinero, lo que sea, pero producen.
Veracruz perdió la tranquilidad y no hay cómo reconvertirlo en un rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar, parafraseando a Lara, ni en cómo transformarlo en pedacito de patria que sabe sufrir y cantar, aunque suene a mal encaminada abnegación, y por qué no, masoquismo puro.
Se nos ha dicho que el operativo Veracruz Seguro es un éxito demoledor, que la delincuencia ya pintó su raya y se fue a mejores solares de México, y hasta el gobernador Javier Duarte condecora y otorga la presea Veracruz, el máximo galardón que otorga el gobierno estatal, al almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina.
Quizá parcialmente le asista la razón y la Marina-Armada de México haya metido orden y recompuesto el panorama y aminorado el nivel de violencia, pero Veracruz está lejos de abandonar la pesadilla y de ser de nuevo el remanso de paz que antes fue.
Los políticos suelen decir que su mayor capital es su prestigio. El prestigio se gana con credibilidad. La credibilidad nace de la congruencia entre lo que dice y lo que se hace, entre la palabra sensata y profunda y las acciones de gobierno o los proyectos de impacto social.
Ahí se halla el punto flaco del gobierno veracruzano, del régimen duartista.
Carece de credibilidad. No inspira confianza. Su policía está infiltrada por la delincuencia común o por el crimen organizado. La depuración de sus corporaciones camina a paso lento, lo que permite que los malos policías sigan ostentando una placa para delinquir y una pistola para matar.
Por eso llamó profundamente la atención una noticia que incendió el escenario público, los medios de comunicación, a la sociedad en general, y que irritó, como era de esperarse, al gobierno de Veracruz: el surgimiento de una “guardia civil” para enfrentar el secuestro, levantones y abusos del crimen organizado.
Desde redes sociales y portales en internet, incluso en desplegados periodísticos, el 8 de septiembre, el Comando Civil de Defensa de Tantoyuca y Platón Sánchez: Guardia Civil Huasteca, suscribió un comunicado en el que plantea que “ante la manifiesta incapacidad de la autoridad establecida para resguardar el orden y con ello garantizar la paz, ciudadanos del norte de Veracruz han decidido armarse y constituir una Guardia Civil para combatir al crimen organizado que azota esa región dominada por Los Zetas; la zona norte de Veracruz se ha convertido, prácticamente, en tierra de nadie”.
Criticaba por igual al gobierno federal que al estatal, y recriminaba su “incompetencia” para enfrentar las acciones violentas del crimen organizado. Uno de sus párrafos era tan claro como contundente. Así lo expresaba:
“En esa región los ataques a ciudadanos y familias indefensas se han intensificado en las últimas fechas, por lo que el Comando Civil de Defensa de Tantoyuca-Platón Sánchez declara su inicio de actividades armadas”.
Recordaba que a finales de 2011, ya en el gobierno de Javier Duarte, se registraron tres masacres en la región de la Huasteca. Murieron 40 personas, entre ellas 11 víctimas inocentes, al ser atacados por delincuentes.
El comunicado precisaba que los integrantes de la Guardia Civil Huasteca preferían parar en prisión “por matar delincuentes”, que morir a manos del grupo delincuencial Los Zetas por no pagar un secuestro.
Obviamente, las autoridades civiles y militares respingaron y negaron que algún grupo de ciudadanos se estuviera armando para ejercer la autodefensa. Sin embargo, dos voces discordantes arreciaron la polémica: Arturo Matiello Canales, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República (PGR), y la diputada local del PRI, Olga Lidia Arévalo Robles, quien representa al distrito de Pánuco, justamente en el norte de Veracruz.
A Matiello Canales lo pararon en seco. Tras su incendiaria declaración en que elogiaba que la sociedad se integrara, matizó el tono, convocó a los ciudadanos a confiar en las instituciones y a que cualquier intento de organización sea para “unirnos y coadyuvar con las autoridades para mantener la seguridad y fortalecer a la vez la cultura de la autoprotección”.
Enfatizó que “no tenemos registro verídico de agrupación civil armada en Veracruz”, porque además, la autoprotección en otros países no ha funcionado y han resultado contraproducente.
Restaron seriedad al anuncio de que un sector de la población del norte de Veracruz había optado por armarse, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón; el jefe de la Sexta Región Militar, René Carlos Aguilar Páez, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
No obstante, al paso de los días, pesó más la declaración de la diputada Olga Lidia Arévalo Robles, quien le mide mejor el pulso a la región de Pánuco, que los responsables del área de seguridad.
Como haya sido, la integración de la Guardia Civil Huasteca es el reflejo de la pérdida de credibilidad de las instituciones de gobierno, del rechazo al discurso demagógico, a los alardes en materia de seguridad por logros que nadie ve y por la certeza de que la corrupción que impera en las corporaciones policíacas llegó para quedarse, y cuyos elementos se llevan de maravilla con los malosos, sin inquietarse por la supuesta depuración, que todos cuentan pero en la que nadie cree.
Los focos de alerta prenden y apagan. Advierten el sentir de la sociedad hacia gobiernos que incumplen su función, que no pueden o no quieren enfrentar al crimen organizado, que se ven rebasados por la ola de violencia y por la impunidad.
Cuando los pueblos se arman, y eso es histórico, es porque los gobiernos no funcionan.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
Ubican a Veracruz como “infierno” para periodismo
“El estado mexicano de Veracruz vio morir en menos de un año a 10 periodistas. El riesgo de ejercer allí esa profesión alcanza niveles heroicos. El trabajo de reporteros gráficos, caricaturistas y redactoresparece provocar la mayor ira de las narco-organizaciones, no sólo en Veracruz, sino también en Morelos, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado México, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca”, expresa un amplio reportaje publicado por el medio argentino Argenpress.info y divulgado ampliamente a nivel internacional.
El texto, titulado “México: Veracruz, infierno del periodismo”, destaca que la violencia contra los periodistas está latente en todo el país, pero especialmente en Veracruz, por lo que periodistas han decidido exiliarse ante las amenazas que penden sobre ellos.
Uno de los testimonios es del caricaturista Rapé, quien se fue de Xalapa al descubrir un mensaje intimidatorio sobre el parabrisas de su vehículo.
“Rafael Pineda Rapé, talentoso caricaturista de Milenio y la revista El Chamuco, de Xalapa –la capital de Veracruz–, conocido por su mordacidad contra el gobierno estadal, cumplió el 10 de septiembre un año de abandonar su terruño, refugiado en Ciudad de México”.
“Después de darle alojamiento a un corresponsal que sufrió un intento de secuestro encontró que en el parabrisas de su auto escribieron ‘Calladito’. Se fue de inmediato. Y describe su vida como un infierno: ‘Tengo afectos muy importantes allá que no puedo ver tan seguido como antes y eso me da en la madre’. Lo peor viene de noche: ‘Lo más significativo es el insomnio, pues duermo tres o cuatro horas, máximo’”.
“Es lamentable lo que está pasando en Veracruz. No hay garantías para ejercer la libertad de expresión, es evidente que el gobernador está jugando a ser una especie de ‘dictador’ “, afirmó Rapé aCarmen Aristegui“.
Sangre, impunidad y un país arrasado, la herencia de Felipe Calderón
A 90 días de terminar su administración como presidente de México, Felipe Calderón deja tras de sí un país devastado –“el más mortífero del mundo”, de acuerdo con el diario francés Le Monde–, una lista interminable de agravios y total impunidad.
MARCELA SALAS CASSANI
México DF. Muerte, desapariciones, impunidad, injusticia, pobreza, inseguridad, desempleo y falta de oportunidades es lo que han dejado al país los seis años de mandato de Felipe Calderón, coinciden en entrevista con Desinformémonos Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco; Salvador Campanur, de la emblemática comunidad de Cherán; Abel Barrera, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; y Michel Salas, abogada y defensora de los derechos humanos, del colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez.
Apenas hubo tomado el poder, en diciembre de 2006, Felipe Calderón, cuya administración está a noventa días de concluir, emprendió una “guerra contra el narcotráfico” como parte de una estrategia para legitimar su llegada al poder, que había sido severamente cuestionada. Un sexenio después, las fatídicas consecuencia de su fallida táctica, han dejado al país bañado de sangre, con más de 70 mil muertos a cuestas.
“El balance que como pueblo mexicano tenemos de este gobierno que termina es que estamos cada vez peor. Felipe Calderón emprendió una lucha dizque ‘en contra del narco’, pero en realidad esta guerra es en contra de nosotros, se ha ejercido una tremenda violencia en contra del pueblo”, apunta Trinidad Ramírez, figura emblemática de la defensa que desde el año 2000 el pueblo de Atenco, en el Estado de México, ha protagonizado contra los intentos de despojo de su territorio para construir un aeropuerto.
“México está siendo saqueado y agredido. El saldo que deja este gobierno son muchas desapariciones, asesinatos, inseguridad, desempleo, privatización de la educación y de la atención a la salud y cada vez más pobreza. En lugar de avanzar e ir saliendo de todo lo que hemos vivido, todo lo malo se ha ido intensificando a raíz de la imposición de Felipe Calderón”, agrega Ramírez del Valle.
Para los pueblos indios de México, el panorama tampoco ha sido halagador. “El sexenio de Calderón no ha sido otra cosa que la aplicación de la ley foxista, que es una ley de muerte para nosotros. Durante este mandato, se ha aplicado la práctica del olvido, las desapariciones, los asesinatos y los encarcelamientos para la gente de abajo, la gente humilde, la gente indígena. Vemos que sigue habiendo inseguridad. Nada bueno ha traído este sexenio para los pueblos indios”, asegura Salvador Campanur.
En la comunidad purhépecha de Cherán, en Michoacán, hace un año y cinco meses que sus habitantes –hartos de los talamontes que saqueaban sus bosques y de las autoridades que solapaban y encubrían a los grupos criminales– los comuneros, encabezados por las mujeres, retomaron su forma tradicional de gobierno, para procurarse la protección y justicia que el Estado les había negado.
“Nosotros seguimos exigiendo que se castigue a los responsables de todo lo que ha dañado a comunidades como la nuestra, porque va de por medio la vida o la muerte de nuestros compañeros. Para nosotros, nuestra lucha significa una lucha por la vida. Pero el gobierno en lugar de dar protección y de abrir las puertas de la justicia, sólo nos da sangre” apunta Campanur.
El comunero recuerda además, que desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, en 1994, los gobiernos han modificado la Constitución –sobre todo el artículo 27, que habla de la posesión de la tierra– para que “se haga más fácil la aplicación del despojo, del robo y la privatización de nuestro territorio”.
En materia de derechos humanos, la cifra de muertos y desaparecidos y, sobre todo, la forma en que la población ha sido sometida por el crimen organizado, arrojan un balance fatídico para el país, explica Abel Barrera, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero. “Con una mirada desde la Montaña –un lugar donde la pobreza y la violencia se siguen profundizando– la situación es sumamente grave, en tanto que se ha roto el tejido comunitario de estos pueblos y se ha generado una desconfianza entre la ciudadanía hacia los órganos investigadores, hacia los encargados de la seguridad pública y ante quienes tiene la obligación de impartir justicia. Es decir, no hubo justicia para los ciudadanos, no se les atendió. Hay una deuda mayor de este gobierno hacia las víctimas y, lo más cruel es que se dejó atrás una ley que atendía el reclamo de las víctimas”.
En el marco de una política belicista, el aumento de la militarización en el país es un indicador de que solamente aumentaron las muertes y las confrontaciones, y de que esta estrategia no dejó ningún saldo positivo para que las víctimas alcancen justicia. Aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército y no hubo forma de garantizar que los crímenes cometidos por los militares fueran a la justicia civil. A pesar de las sentencias de la Corte Interamericana, sigue imperando la protección al ejército.
Barrera advierte que en lo relacionado a las desapariciones ahora no se investiga, sino se criminaliza y se descalifica la trayectoria de las personas que son secuestradas o “levantadas”. “Es un saldo rojo el que deja Calderón, en todos los sentidos, pero sobre todo en el tema de justicia y falta de respeto a los derechos humanos. Hoy la gente no cree en los órganos de justicia, tiene temor de operaciones policiacas y sabe que el ejército no ha sido de ayuda para proteger, sino más bien que genera un patrón de violaciones a los derechos de seguridad y de integridad física”.
En cuanto al tema de los feminicidios la administración que está por concluir deja otro sexenio más sin que los culpables hayan sido procesados, enjuiciados o encarcelados. En entrevista con Desinformémonos, la abogada y defensora de los derechos humanos Micheel Salas, explica que las familias de las víctimas que han sido asesinadas siguen esperando justicia y las familias de las jóvenes desaparecidas –que hoy sabemos que están siendo víctimas de las redes de trata– siguen esperando que sus hijas sean rescatadas.
En días pasados se inauguró en Ciudad Juárez una escultura en memoria de las víctimas de violencia de género. La inauguración del monumento forma parte de los resolutivos dictados en la sentencia de la Corte Interamericana –el máximo tribunal de derechos humanos a nivel interamericano– en 2009, sobre el caso emblemático de Campo Algodonero. Allí, un grupo de familiares de las víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas irrumpieron en el acto, manifestándose y exigiendo que se buscara a sus hijas y que los culpables fueran sancionados, pero al final del acto el secretario de Gobernación –que iba en representación del gobierno mexicano- se limitó a tomar brevemente la palabra y decir “Bueno, pues sabemos que hay mucho por hacer”, pero “sabemos que en 90 días difícilmente todos los pendientes podrán resolverse”, advierte Micheel Salas.
La litigante asegura además que en el caso de Ciudad Juárez, “la estrategia de Calderón de llevar a los militares a las calles ha provocado que aumenten considerablemente el número de mujeres asesinadas”. De 1993 a la fecha, han sido asesinadas más de mil 300 mujeres en la entidad. Desde 2007, año en que el gobierno implementó el Operativo Conjunto Chihuahua Seguro, aumentó la presencia de militares y policías federales en el estado y han muerto más de 700 mujeres. Esto, se suma al fenómeno del alarmante incremento que habido en las desapariciones de mujeres y niños.
La entrega del Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, coincide con la designación oficial de Enrique Peña Nieto como presidente de México, por parte del Tribunal Electoral, un hecho que ha provocado protestas en la cámara de diputados y movilizaciones diversas, tanto en la Ciudad de México, como en el resto del país.
Abel Barrera advierte que con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia “se va a acentuar más la situación que tenemos en el país, es decir, habrá mayor polarización, mayor tensión, sobre todo el tema de la justicia, un endurecimiento de las políticas de seguridad y mayor protección al ejército. Es decir, se vislumbra un escenario poco halagador para las víctimas. No vemos que en verdad haya una agenda o se haya trabajado con compromisos para atender a la situación que enfrentan miles de víctimas”.
Con todo el sistema de seguridad está colapsado y sin la más mínima intención por parte del Estado para depurar en el corto plazo a las corporaciones policiacas “va a haber mayor protección para quienes violan los derechos humanos y existe la tendencia de que se siga criminalizando a los defensores de los derechos humanos y de los movimientos sociales, y éstos tendrán que seguir trabajando contracorriente”, explica en antropólogo.
El director del Centro de Derechos Humanos, advierte además que debido al “descontento social generado por la falta de acceso a la justicia, durante el gobierno de Peña Nieto podría haber un incremento del uso de la fuerza para socavar la organización y tratar de sofocar cualquier inconformidad social. Esto es lamentable para quienes hacemos un trabajo de acompañamiento a las víctimas en términos del sistema de justicia, pues no está representando ninguna ventana de oportunidad para que puedan tener esta confianza de que se van a atender sus demandas”.
Salvador Campanur coincide con el pronóstico poco halagador de Abel Barrera. “Pensamos que el gobierno que viene, con Peña Nieto, no es otra cosa que el seguimiento de las políticas de despojo, de robo y de privatización del país con todos sus recursos materiales, humanos y económicos. No nos espera nada bueno, sino la continuación de las políticas salinistas: privatizadoras, globalizadoras y entregusitas”.
Mientras tanto, desde Atenco, Trinidad Ramírez del Valle recuerda que Enrique Peña Nieto “es el responsable de las violaciones de nuestras compañeras y de los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés”, y asegura que, “si no nos mantenemos unidos y organizados, va a hacer con otros movimientos lo mismo que hizo en Atenco”.
“Sabemos que seguimos en la mira, porque Peña Nieto va a intentar reactivar el proyecto de aeropuerto, va buscar toda las estrategias que hasta ahora no ha podido consumar para arrebatarnos nuestra tierra, nuestra historia, nuestra forma de vida, pero nosotros seguiremos luchando con valor y coraje, y sobre todos, tendremos que convencer a otros hermanos de que la lucha es de este lado, no con quien promete y regala una cubeta o una gorra o un lápiz. La lucha es del pueblo”.
Article printed from Desinformémonos: http://desinformemonos.org
A 90 días de terminar su administración como presidente de México, Felipe Calderón deja tras de sí un país devastado –“el más mortífero del mundo”, de acuerdo con el diario francés Le Monde–, una lista interminable de agravios y total impunidad.
MARCELA SALAS CASSANI
México DF. Muerte, desapariciones, impunidad, injusticia, pobreza, inseguridad, desempleo y falta de oportunidades es lo que han dejado al país los seis años de mandato de Felipe Calderón, coinciden en entrevista con Desinformémonos Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco; Salvador Campanur, de la emblemática comunidad de Cherán; Abel Barrera, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero; y Michel Salas, abogada y defensora de los derechos humanos, del colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez.
Apenas hubo tomado el poder, en diciembre de 2006, Felipe Calderón, cuya administración está a noventa días de concluir, emprendió una “guerra contra el narcotráfico” como parte de una estrategia para legitimar su llegada al poder, que había sido severamente cuestionada. Un sexenio después, las fatídicas consecuencia de su fallida táctica, han dejado al país bañado de sangre, con más de 70 mil muertos a cuestas.
“El balance que como pueblo mexicano tenemos de este gobierno que termina es que estamos cada vez peor. Felipe Calderón emprendió una lucha dizque ‘en contra del narco’, pero en realidad esta guerra es en contra de nosotros, se ha ejercido una tremenda violencia en contra del pueblo”, apunta Trinidad Ramírez, figura emblemática de la defensa que desde el año 2000 el pueblo de Atenco, en el Estado de México, ha protagonizado contra los intentos de despojo de su territorio para construir un aeropuerto.
“México está siendo saqueado y agredido. El saldo que deja este gobierno son muchas desapariciones, asesinatos, inseguridad, desempleo, privatización de la educación y de la atención a la salud y cada vez más pobreza. En lugar de avanzar e ir saliendo de todo lo que hemos vivido, todo lo malo se ha ido intensificando a raíz de la imposición de Felipe Calderón”, agrega Ramírez del Valle.
Para los pueblos indios de México, el panorama tampoco ha sido halagador. “El sexenio de Calderón no ha sido otra cosa que la aplicación de la ley foxista, que es una ley de muerte para nosotros. Durante este mandato, se ha aplicado la práctica del olvido, las desapariciones, los asesinatos y los encarcelamientos para la gente de abajo, la gente humilde, la gente indígena. Vemos que sigue habiendo inseguridad. Nada bueno ha traído este sexenio para los pueblos indios”, asegura Salvador Campanur.
En la comunidad purhépecha de Cherán, en Michoacán, hace un año y cinco meses que sus habitantes –hartos de los talamontes que saqueaban sus bosques y de las autoridades que solapaban y encubrían a los grupos criminales– los comuneros, encabezados por las mujeres, retomaron su forma tradicional de gobierno, para procurarse la protección y justicia que el Estado les había negado.
“Nosotros seguimos exigiendo que se castigue a los responsables de todo lo que ha dañado a comunidades como la nuestra, porque va de por medio la vida o la muerte de nuestros compañeros. Para nosotros, nuestra lucha significa una lucha por la vida. Pero el gobierno en lugar de dar protección y de abrir las puertas de la justicia, sólo nos da sangre” apunta Campanur.
El comunero recuerda además, que desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, en 1994, los gobiernos han modificado la Constitución –sobre todo el artículo 27, que habla de la posesión de la tierra– para que “se haga más fácil la aplicación del despojo, del robo y la privatización de nuestro territorio”.
En materia de derechos humanos, la cifra de muertos y desaparecidos y, sobre todo, la forma en que la población ha sido sometida por el crimen organizado, arrojan un balance fatídico para el país, explica Abel Barrera, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en Guerrero. “Con una mirada desde la Montaña –un lugar donde la pobreza y la violencia se siguen profundizando– la situación es sumamente grave, en tanto que se ha roto el tejido comunitario de estos pueblos y se ha generado una desconfianza entre la ciudadanía hacia los órganos investigadores, hacia los encargados de la seguridad pública y ante quienes tiene la obligación de impartir justicia. Es decir, no hubo justicia para los ciudadanos, no se les atendió. Hay una deuda mayor de este gobierno hacia las víctimas y, lo más cruel es que se dejó atrás una ley que atendía el reclamo de las víctimas”.
En el marco de una política belicista, el aumento de la militarización en el país es un indicador de que solamente aumentaron las muertes y las confrontaciones, y de que esta estrategia no dejó ningún saldo positivo para que las víctimas alcancen justicia. Aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército y no hubo forma de garantizar que los crímenes cometidos por los militares fueran a la justicia civil. A pesar de las sentencias de la Corte Interamericana, sigue imperando la protección al ejército.
Barrera advierte que en lo relacionado a las desapariciones ahora no se investiga, sino se criminaliza y se descalifica la trayectoria de las personas que son secuestradas o “levantadas”. “Es un saldo rojo el que deja Calderón, en todos los sentidos, pero sobre todo en el tema de justicia y falta de respeto a los derechos humanos. Hoy la gente no cree en los órganos de justicia, tiene temor de operaciones policiacas y sabe que el ejército no ha sido de ayuda para proteger, sino más bien que genera un patrón de violaciones a los derechos de seguridad y de integridad física”.
En cuanto al tema de los feminicidios la administración que está por concluir deja otro sexenio más sin que los culpables hayan sido procesados, enjuiciados o encarcelados. En entrevista con Desinformémonos, la abogada y defensora de los derechos humanos Micheel Salas, explica que las familias de las víctimas que han sido asesinadas siguen esperando justicia y las familias de las jóvenes desaparecidas –que hoy sabemos que están siendo víctimas de las redes de trata– siguen esperando que sus hijas sean rescatadas.
En días pasados se inauguró en Ciudad Juárez una escultura en memoria de las víctimas de violencia de género. La inauguración del monumento forma parte de los resolutivos dictados en la sentencia de la Corte Interamericana –el máximo tribunal de derechos humanos a nivel interamericano– en 2009, sobre el caso emblemático de Campo Algodonero. Allí, un grupo de familiares de las víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas irrumpieron en el acto, manifestándose y exigiendo que se buscara a sus hijas y que los culpables fueran sancionados, pero al final del acto el secretario de Gobernación –que iba en representación del gobierno mexicano- se limitó a tomar brevemente la palabra y decir “Bueno, pues sabemos que hay mucho por hacer”, pero “sabemos que en 90 días difícilmente todos los pendientes podrán resolverse”, advierte Micheel Salas.
La litigante asegura además que en el caso de Ciudad Juárez, “la estrategia de Calderón de llevar a los militares a las calles ha provocado que aumenten considerablemente el número de mujeres asesinadas”. De 1993 a la fecha, han sido asesinadas más de mil 300 mujeres en la entidad. Desde 2007, año en que el gobierno implementó el Operativo Conjunto Chihuahua Seguro, aumentó la presencia de militares y policías federales en el estado y han muerto más de 700 mujeres. Esto, se suma al fenómeno del alarmante incremento que habido en las desapariciones de mujeres y niños.
La entrega del Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, coincide con la designación oficial de Enrique Peña Nieto como presidente de México, por parte del Tribunal Electoral, un hecho que ha provocado protestas en la cámara de diputados y movilizaciones diversas, tanto en la Ciudad de México, como en el resto del país.
Abel Barrera advierte que con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia “se va a acentuar más la situación que tenemos en el país, es decir, habrá mayor polarización, mayor tensión, sobre todo el tema de la justicia, un endurecimiento de las políticas de seguridad y mayor protección al ejército. Es decir, se vislumbra un escenario poco halagador para las víctimas. No vemos que en verdad haya una agenda o se haya trabajado con compromisos para atender a la situación que enfrentan miles de víctimas”.
Con todo el sistema de seguridad está colapsado y sin la más mínima intención por parte del Estado para depurar en el corto plazo a las corporaciones policiacas “va a haber mayor protección para quienes violan los derechos humanos y existe la tendencia de que se siga criminalizando a los defensores de los derechos humanos y de los movimientos sociales, y éstos tendrán que seguir trabajando contracorriente”, explica en antropólogo.
El director del Centro de Derechos Humanos, advierte además que debido al “descontento social generado por la falta de acceso a la justicia, durante el gobierno de Peña Nieto podría haber un incremento del uso de la fuerza para socavar la organización y tratar de sofocar cualquier inconformidad social. Esto es lamentable para quienes hacemos un trabajo de acompañamiento a las víctimas en términos del sistema de justicia, pues no está representando ninguna ventana de oportunidad para que puedan tener esta confianza de que se van a atender sus demandas”.
Salvador Campanur coincide con el pronóstico poco halagador de Abel Barrera. “Pensamos que el gobierno que viene, con Peña Nieto, no es otra cosa que el seguimiento de las políticas de despojo, de robo y de privatización del país con todos sus recursos materiales, humanos y económicos. No nos espera nada bueno, sino la continuación de las políticas salinistas: privatizadoras, globalizadoras y entregusitas”.
Mientras tanto, desde Atenco, Trinidad Ramírez del Valle recuerda que Enrique Peña Nieto “es el responsable de las violaciones de nuestras compañeras y de los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés”, y asegura que, “si no nos mantenemos unidos y organizados, va a hacer con otros movimientos lo mismo que hizo en Atenco”.
“Sabemos que seguimos en la mira, porque Peña Nieto va a intentar reactivar el proyecto de aeropuerto, va buscar toda las estrategias que hasta ahora no ha podido consumar para arrebatarnos nuestra tierra, nuestra historia, nuestra forma de vida, pero nosotros seguiremos luchando con valor y coraje, y sobre todos, tendremos que convencer a otros hermanos de que la lucha es de este lado, no con quien promete y regala una cubeta o una gorra o un lápiz. La lucha es del pueblo”.
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