11 DE OCTUBRE DE 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- A menos de dos meses de que Felipe Calderón entregue la banda presidencial a Enrique Peña Nieto, Amnistía Internacional alerta sobre el incremento de la práctica de la tortura por parte de servidores públicos en México y de la impunidad que la cobija.
En el informe denominado “Culpables conocidos víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México”, la organización con sede en Londres, Inglaterra, advierte que el objetivo del mismo es “ilustrar el hecho evidente de que el gobierno del presidente Felipe Calderón no ha combatido seriamente la tortura y para pone de relieve los retos que deberá hacer frente el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto cuando entre en funciones en diciembre, para poner fin a la tortura y a los malos tratos”.
Tras señalar que el documento será presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre próximo, la organización resalta la crisis de inseguridad en la que se vio envuelto México tanto por la guerra entre los cárteles como por el despliegue de tropas en el país.
“Al menos 60 mil personas han sido víctimas de homicidio y más de 160 mil se han visto desplazadas internamente, debido sobre todo a la violencia provocada por disputas territoriales entre cárteles, pero también a operaciones de las fuerzas de seguridad. Es en este contexto en el que se han aumentado de manera alarmante los informes de tortura y malos tratos”, sostiene AI.
En el informe se destaca que durante los últimos tres años AI documentó casos representativos en los 31 estados y el Distrito Federal, y que pudo constatar que las violaciones graves a los derechos humanos como “homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tortura cometidas por funcionarios públicos federales, estatales y municipales”.
Sin embargo, la organización considera que el despliegue de tropas del Ejército y la Marina, unos 50 mil efectivos, “ha contribuido a este acusado aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de militares. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que en alguno de los casos que ha documentado se haya dictado sentencia condenatoria por un delito de tortura”.
En el informe se destaca la complejidad para documentar el delito de tortura, toda vez que el delito no está estandarizado en las 32 legislaciones, por lo que no todos los casos son procesados judicialmente, en tanto que la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) sólo tramita los casos atribuidos a servidores públicos federales.
Aun así, tomando como base los informes de la CNDH, se agrega, el incremento del delito es impactante. En 2007, el organismo sólo tramitó cuatro denuncias por tortura, incrementándose la prevalencia año con año, hasta que en 2011, la cifra creció a 42. Se acumularon 110 expedientes por tortura en el organismo, en tanto que por malos tratos, abrió 4 mil 731 expedientes.
“De las 110 denuncias de tortura, 31 han dado lugar a recomendaciones de la CNDH, mientras que 57 siguen siendo objeto de examen. De las 4 mil 731 denuncias de malos tratos, 83 han dado lugar a recomendaciones”, se indica en el documento.
El documento de AI incluye reportes de otras dependencias gubernamentales para ilustrar lo complicado de documentar con certeza la tortura en México. De acuerdo con la PGR, de 2008 a 2011 se abrieron 58 averiguaciones previas por ese delito, de las que sólo cuatro concluyeron en acusaciones formales; en el mismo periodo, la Judicatura Federal registró 12 procesos judiciales de los que se emitieron cinco sentencias condenatorias.
De su lado, el INEGI reportó que en el ámbito federal, de 2006 a 2010, sólo hubo un proceso judicial y ninguna sentencia; en el fuero común, en el mismo periodo, se reportaron 37 procesos y 18 sentencias condenatorias por tortura.
“Resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hace rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen”, puntualiza AI.
Sobre denuncias contra militares por tortura, AI señala que, con base en una solicitud de información pública, la Sedena afirmó que inició mil 60 denuncias contra militares que cometieron delitos contra civiles en 2010 y 449 en 2011, lo que dio origen a 118 investigaciones, entre ellas las de 17 soldados implicados en casos de tortura.
“De los militares afectados 98 se enfrentaban a cargos penales, algunos por violencia contra personas causantes de muerte, y al menos nueve enfrentaban cargos de tortura. Durante 2010 y 2011 se condenó a nueve militares por delitos contra civiles. Según la Sedena, durante la administración de Calderón se han condenado ante tribunales militares por abusos contra los derechos humanos a 38 soldados. Sin embargo, 11 de estas sentencias condenatorias corresponden a casos ocurridos antes de la administración de Calderón y al menos 19 de las 27 restantes están en proceso de ser recurridos”, resalta AI en su informe.
El documento, que incluye también temas de violencia contra mujeres, migrantes y desaparecidos resalta que queda en evidencia una vez más que a pesar de que en materia de política externa México se ha destacado por ser uno de los Estados promotores de los derechos humanos, al interior “esta postura es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de medidas eficaces para impedir y castigar la tortura y otros malos tratos”.
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