Publicado: 14/11/2012 Veracruz, Ver.
El Instituto de la Policía Auxiliar y
Protección Patrimonial (IPAX) para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
quedó constituida por decreto gubernamental y publicado a través de la Gaceta
Oficial el 12 de agosto del 2005, y su
misión es proporcionar servicios de seguridad, protección e integridad física y
patrimonial a empresas industriales, instituciones bancarias, comercios, a
particulares e instituciones gubernamentales apoyado en productos de tecnología
de punta para sistemas electrónicos de seguridad, cumpliendo con estándares de
calidad total y niveles éticos de desempeño.
Dicha instancia tiene como autoridad máxima
la Junta de Gobierno y el titular es nombrado comisionado. El IPAX depende de
la Secretaría de Seguridad Pública, pero brinda servicios privados a quien la
contrate para el resguardo de sus negociaciones, viviendas o de su persona.
En el caso de la empresa Tenaris-Tamsa es
quien contrata a los elementos del IPAX que resguardan las instalaciones de
dicha negociación o toda aquello que ostente por la vía legal como propiedad de
Tubos de Acero S.A. de C.V. por lo tanto, es quien controla de manera directa a
los elementos de dicha prestadora de servicios en el rubro de la seguridad en
el caso de así requerirlo.
Debido a ello, el acto de desalojo que la
empresa Tenaris-Tamsa ordenó a los elementos del IPAX a su servicio en el
inmueble ubicado en la avenida Díaz Mirón con esquina en Simón Bolívar, fue un
acto totalmente fuera de su personalidad jurídica luego de que dicho edificio
no es de su propiedad, pero sí de los trabajadores sindicalizados, quienes
argumentan que éste es rentado ilegalmente y para beneficios económicos
personales por parte de ex secretario general, Pascual Lagunes Ochoa.
Con este agravio, queda demostrado el
estrecho vínculo que mantiene el ex líder sindical con la empresa, el cual es
evidente; por ello los trabajadores sindicalizados, lo acusan de haber operado
en contra de sus intereses a lo largo de 21 años que se mantuvo en el poder, pues
derivado de ello se ha enriquecido indebidamente a costa de la propiedad, la
cual ahora está en discrepancia, la cual está a nombre del Sindicato
"Unidad y Progreso", (SNUP), de la factoría de Tubos de Acero de
México, S.A. de C.V. (Tamsa).
Por tal razón, los obreros sindicalizados
están demandando lo que les corresponde y aunado al desconocimiento que
mantienen sobre Pascual Lagunes Ochoa como dirigente del sindicato, derivado de
las irregularidades en las que han incurrido y sobre el enriquecimiento ilícito
que ha perpetrado permitiéndole tener importantes bienes como son ranchos y
propiedades.
Posterior al enfrentamiento que mantuvieron
trabajadores y jubilados de Tamsa el día de antier con los elementos del IPAX,
uno de los líderes del grupo disidente fue retenido de manera injustificada y
llevado a los separos de la Agencia Veracruzana de Investigación, donde estuvo
detenido por más de 12 horas. Para obtener su libertad –sin tener pruebas en su
contra- tuvo que pagar una fianza de 35 mil pesos. Desafortunadamente este tipo
de situaciones las han padecido muchos veracruzanos, pues en el estado de la
“prosperidad” para gozar de impunidad se tiene que ser político, delincuente o
las dos cosas de manera conjunta. La ley está diseñada para quienes no ostentan
ni un cargo de importancia dentro del gabinete, para el ciudadano común, para
el trabajador que como en este caso, exige sean respetados sus derechos.
El grupo disidente, argumenta que
actualmente Pascual Lagunes al ver la poca probabilidad de mantenerse en el
poder, ahora se encuentra formando una planilla con gente comisionada
–trabajadores que se encuentran de aviadores dentro de la empresa y los cuales
les deben muchos “favores” al ex dirigente- para que sean un grupo de choque y
generen entre la clase trabajadora divisionismo y lograr debilitar el
movimiento disidente.
Pascual Lagunes pretende
con la formación de este grupo, es que logren la dirigencia del sindicato
tamsero, con la idea fija que estos no incurran en hacerle una auditoría, pues
el grupo disidente de llegar a controlar la secretaría general, sería una de las
principales acciones que ejecutarían en contra de este líder “charro”.
