17 de abril de 2013

EL GOBIERNO DE VERACRUZ FRAGUÓ IR CONTRA PERIODISTA: PROCESO; ARTÍCULO 19 EXIGE A LA SEGOB DARLE PROTECCIÓN

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– El semanario Proceso denunció el día de hoy que su reportero Jorge Carrasco Araizaga corre peligro. Difundió que recibieron información de que presuntos agentes del estado de Veracruz se trasladaron a la Ciudad de México para capturar al periodista, y hacerle daño en caso de que se resista.

Carrasco Araizaga ha realizado una cobertura y coadyuvancia en las investigaciones ministeriales sobre el asesinato de Regina Martínez Pérez, quien fue asesinada en la localidad de Felipe Carrillo Puerto el pasado 28 de abril de 2012.

De acuerdo con un comunicado de prensa del medio, funcionarios y ex funcionarios de seguridad pública y de la Procuraduría del estado se habrían reunido en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa “con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero.”

La noche de este martes, después de que se difundiera la noticia, la organización internacional de protección para comunicadores Artículo 19 exigió a la Secretaría de Gobernación brindar protección al periodista.

Exigió al gobierno de Javier Duarte que facilite las investigaciones sobre esta denuncia, y “garantice la integridad física de periodistas y defensores de derechos humanos que continúan investigando el caso de Regina Martínez”.

Hizo un llamado a la comunidad de periodistas, editores y medios de comunicación de México y el resto del mundo a mostrar su solidaridad con Jorge Carrasco y la revista.

Proceso dijo en el comunicado contar con información sobre el supuesto traslado de agentes policiales de Veracruz a quienes se les ordenó “tener cuidado con las cámaras de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra ‘gente’ del estado de Veracruz.”

El semanario informó que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), ya fueron informadas de las reuniones.

Asimismo responsabilizó al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa “de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario en todo el país,” dice el texto.

La revista informó que Duarte negó haber participado en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en ellas. Por el contrario, el mandatario prometió que “habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco.”

COMUNICADO DE PROCESO

El semanario Proceso informa a la opinión pública que a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales llevadas a cabo por nuestro reportero Jorge Carrasco Araizaga en el caso del asesinato de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, hemos recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del periodista.

Desde el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.

La cita habría tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario puedo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista.

Este martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista.

Los asistentes a dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación fueron puestas al tanto por este semanario de todos los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos participantes. Desde la noche del lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.

Proceso responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario en todo el país.

En el curso de hoy martes, tanto el gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín, director de la Agencia Veracruzana de Investigación, negaron de manera tajante haber tomado parte en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en ellas.

En declaraciones a Proceso, el mandatario y sus colaboradores se comprometieron explícitamente a respetar el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del corresponsal con sede en Xalapa, Noé Zavaleta. Duarte, adicionalmente, se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco.

COMUNICADO DE ARTÍCULO 19

Cuando Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Xalapa, fue asesinada hace casi un año, Jorge Carrasco fue nombrando como responsable de dar seguimiento a las investigaciones en representación del semanario. Desde entonces el periodista monitoreó el desarrollo de las pesquisas tanto de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y la Procuraduría General de la República. Además ha venido aportando un cúmulo de pruebas que de haber sido investigadas por las autoridades veracruzanas, la línea de investigación que vincularía el asesinato de Martínez con su trabajo periodístico pudieran haber resultado fortalecida.
Nadie conoce mejor que Jorge Carrasco las limitaciones en la investigación recién cerrada tras la sentencia en contra de Jorge Hernández Silva, así como el poco rigor en el manejo de pruebas y evidencia que colmaron el proceso penal iniciado en contra de los supuestos asesinos de Regina Martínez. La voz de Carrasco y su trabajo periodístico han sido determinantes en la demanda de justicia, ya que ha sido un testigo privilegiado del ciclo de impunidad en el caso de Regina Martínez.
Durante los últimos 5 días, según el comunicado emitido por la Revista Proceso, Carrasco recibió información sobre un plan primero para agredirlo físicamente. El complot, abunda el comunicado, fue fraguado con la participación de agentes del gobierno de Veracruz. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo de Protección a Periodistas a nivel federal fueron notificados y ofrecieron medidas de protección de acuerdo con lo establecido en el marco legal correspondiente.
En conversación con ARTICLE 19, Carrasco explicó que está tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y la su familia. Al mismo tiempo que reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia en caso de su colega Regina Martínez.
ARTICLE 19 expresado toda su solidaridad con Jorge Carrasco y el resto del equipo de la revista Proceso. Hoy más que nunca hacemos nuestra la demanda de justicia y reivindicación de la memoria de Regina Martínez.
ARTICLE 19 solicita de manera enfática al Mecanismo de Protección encabezado por la Secretaría de Gobernación para que el caso sea atendido como un caso de riesgo extraordinario y que las medidas sean extendidas para la familia del periodista, así como para el resto del equipo que labora en la revista Proceso.
Al mismo tiempo, hace un llamado a la Fiscalía Especial de Delitos en contra de la Libertad de Expresión para que investigue de manera expedita los dichos en el comunicado de la revista Proceso y que llame a declarar a cada uno de los funcionarios presuntamente implicados.
Del mismo modo, ARTICLE 19 exige al gobierno de Javier Duarte para que facilite las investigaciones y garantice la integridad física de periodistas y defensores de derechos humanos que continúan investigando el caso de Regina Martínez.
Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad de periodistas, editores y medios de comunicación de México y el resto del mundo a mostrar su solidaridad con Jorge Carrasco y la revista Proceso.

FUENTE: SIN EMBARGO

“Infundada” la versión de Proceso: Procurador de Veracruz

El procurador general de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinoza; y el gobernador, Javier Duarte. Foto: Rubén Espinosa
El procurador general de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinoza; y el gobernador, Javier Duarte. Foto: Rubén Espinosa

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de Justicia de Veracruz calificó de “infundada” la información difundida por la revista Proceso respecto a las amenazas recibidas por el reportero Jorge Carrasco a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales que ha llevado a cabo sobre el asesinato de nuestra corresponsal Regina Martínez Pérez.

De acuerdo con el escrito enviado al semanario la medianoche del martes y que firma el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, se invita “a la revista y a su equipo” presenten ante las autoridades correspondientes “los elementos que sustenten sus señalamientos”.

El comunicado de Proceso destaca que ha recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del reportero Jorge Carrasco.

A continuación se reproduce la carta íntegra del procurador.

Lic. Rafael Rodríguez Castañeda
Director de la Revista proceso
Lic. Julio Scherer García
Consejo de Administración

El día de hoy la Revista proceso, a través de su edición en línea, publica una nota intitutlada “Amenazas contra el reprotero Jorge Carrasco” en donde se plantea que han recibido informes sobre supuestos planes y amenazas en contra del comunicador.

En el Gobierno de Veracruz rechazamos tajantemente estas acusaciones infundadas y teiteramos nuestro compromiso con el cabal cumplimiento del Estado de Derecho y con el libre ejercicio de la profesión del periodismo y el pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.

Ante acusaciones tan serias, invitamos a la revista y a su equipo que si cuentan con elementos que sustenten sus señalamientos, los presenten de manera inmediata ante las autoridades correspondientes para que pueda seguirse el debido proceso, y de ser el caso, se finquen responsabilidaes.

Atentamente

Felipe Amadeo Flores Espinosa
Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz

16 de abril de 2013

ARTÍCULO 19: EN EL CASO REGINA “ESTAMOS MUY LEJOS DE CONOCER LA VERDAD JURÍDICA”

Una de las protestas en solidaridad con Regina Martínez. Foto: Yahor Ceballos
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La organización Artículo 19 lamentó la manera en que las autoridades de Veracruz han conducido la averiguación penal del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en esa entidad, ocurrido el 28 de abril de 2012.

En un comunicado difundido esta noche, Artículo 19, organización que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo, destaca que en el caso del homicidio de Regina Martínez “estamos muy lejos de conocer la verdad jurídica”.

El director ejecutivo de Artículo 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez, detalla en ese escrito las dudas que tienen sobre dicha investigación, entre ellas, el por qué no se investigó el trabajo periodístico de Regina Martínez, el por qué la fiscal del caso no esperó los resultados de la investigación que abrió la PGR sobre la posible tortura a que fue sometido Jorge Hernández Silva, El Silva, quien fue sentenciado a 38 años de prisión y por qué, sin existir una sola prueba científica que coloque a El Silva en el lugar y momento del asesinato se le acabó inculpando.

A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado de Artículo 19.

Las sospechas sobre la efectividad de las investigaciones a cargo de las autoridades veracruzanas finalmente fueron confirmadas. En el marco del primer aniversario del asesinato de la periodista Regina Martínez, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz emitió una sentencia que desecha el posible vínculo de los hechos con el ejercicio periodístico de la víctima. De esa forma y como en otros casos de periodistas asesinados en Veracruz, las autoridades estatales se empeñan en vincular los hechos con delincuencia común y asuntos de índole personal.

Durante la administración del gobernador Javier Duarte, han sido asesinados en Veracruz 9 periodistas, teniendo su profesión como el posible móvil de los hechos. Sin embargo la evidencia apunta a lo contrario, Veracruz es hoy una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo en el mundo.

“Lamentamos la decisión y la manera en la que fue conducido todo el proceso penal en el caso de Regina Martínez”, asegura el director ejecutivo de ARTICLE 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez.
“Nuestras sospechas se fundan en la opacidad con la que se manejo el proceso, así como el desaseo con la que fueron omitidas o evaluadas pruebas potencialmente determinantes aportadas por los coadyuvantes de la investigación. Estamos muy lejos de conocer la verdad jurídica del asesinato de Regina Martínez a pesar de la sentencia emitida recientemente”, puntualiza Darío Ramírez.

Es importante destacar que la jueza Beatriz Rivera Hernández, adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, es quien en 2011 sujetó a proceso y determinó prisión preventiva contra dos tuiteros que difundieron información sobre supuestos hechos delictivos, considerándolos probables responsables del delito de terrorismo equiparado y sabotaje. La jueza Rivera Hernández ha demostrado desde entonces su cercanía con el gobierno de Javier Duarte y su desdén por la protección del derecho a la libertad de expresión.

De manera puntual y tomando en cuenta los estándares establecidos en la Declaración Conjunta de los Relatores de 2012 sobre los delitos en contra de la libre expresión, ARTICLE 19 plantea las siguientes 4 dudas:

•La revista Proceso, como coadyuvante de la investigación, ofreció todos los trabajos periodísticos de Regina Martínez publicados en ese medio y su agencia de noticias entre 2011 y 2012, los cuales fueron incluidos en el expediente de la averiguación previa. ¿Por qué esta información no fue debidamente investigada por la Procuraduría veracruzana?

•Jorge Antonio Hernández Silva, el ahora sentenciado por el asesinato de Martínez, argumentó que la confesión hizo fue producto de presiones, amenazas y tortura. La Fiscalía Especial para Delitos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR, en tanto coadyuvante de la investigación, aplicó el Protocolo de Estambul a Silva como dicta la legislación nacional e internacional en estos casos. ¿Por qué la Jueza decidió no esperar los resultados antes de dictar la sentencia?

•No existe una sola prueba científica que coloque a Hernández Silva en el lugar y momento del asesinato. De las 8 huellas dactilares extraídas de la escena del crimen, ninguna corresponde a Hernández Silva.

•Durante el curso de las investigaciones fue patente la pretensión de las autoridades veracruzanas de “litigar” el caso de Regina Martínez en los medios de comunicación, con filtraciones interesadas de información difamatoria, así como con campañas en las redes sociales a través de usuarios falsos.

AMENAZAS CONTRA EL REPORTERO JORGE CARRASCO

Proceso, semanario de información y análisis.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El semanario Proceso informa a la opinión pública que a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales llevadas a cabo por nuestro reportero Jorge Carrasco Araizaga en el caso del asesinato de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, hemos recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del periodista.

Desde el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.

La cita habría tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario pudo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista.

Este martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista.

Los asistentes a dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación fueron puestas al tanto por este semanario de todos los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos participantes. Desde la noche del lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.

Proceso responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario en todo el país.

En el curso de hoy martes, tanto el gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín, director de la Agencia Veracruzana de Investigación, negaron de manera tajante haber tomado parte en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en ellas.

En declaraciones a Proceso, el mandatario y sus colaboradores se comprometieron explícitamente a respetar el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del corresponsal con sede en Xalapa, Noé Zavaleta. Duarte, adicionalmente, se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco.

¿QUIÉN PROTEGE AL IMPORTADOR DE COQUE?/ PIEDRA EN EL ZAPATO

por Lilia Baizabal
16 abril, 2013.“El deber de la sociedad es pelear contra la corrupción y pugnar por la justicia”: Kurt Cobain

Resulta increíble los muchos pretextos que las autoridades de todos los niveles de gobierno, pero especialmente del federal, a los que les toca resolver el problema, han asumido en torno a la contaminación por “pet coque” que afecta a los habitantes de la zona norte del puerto de Veracruz.

Nos motivaron a escribir las declaraciones del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Antonio González Azuara, que con un cinismo y una desfachatez impresionante, manifestó que son los legisladores, los que deben resolver si el “pet coque”, es una sustancia tóxica.

Cuando un funcionario responde a intereses de terceros o simple y sencillamente tiene temor de hacer respetar su autoridad, declara situaciones como las de González Azuara Incoherencias que rayan en lo increíble.

Tratando de evadir su responsabilidad por quién sabe qué intereses, el señor pretende que los diputados pierdan el tiempo proponiendo y aprobando una ley, donde quede claro que el “pet coque”, es una sustancia contaminante.

Para que los señores legisladores cumplan el capricho del flamante nuevo delegado federal de la Semarnat en Veracruz, tendrían que pasar, muchos días, meses y tal vez hasta años, considerando la mediocridad y escasa productividad con que se desempeñan la mayoría de diputados, tanto locales como federales de todos los partidos.

El coque a cielo abierto en el puerto de Veracruz/ Foto Plumas Libres
Claro, no hay que ser muy inteligentes para concluir que el delegado de la Semarnat, pretende evadir su responsabilidad de exigir al director de APIVER ordene a la empresa que importa el “pet coque”, contrate una bodega en el puerto o lo lleve a otras instalaciones, donde el viento no lo lleva hasta las casas de los habitantes de la zona norte.

Una y muchas veces han protestado los ciudadanos que habitan en el norte de Veracruz. Han limpiado sus viviendas y retirado kilos de la sustancia negra, especie de carbón que es arrastrado por el viento hacia la zona norte de la ciudad.

Cumplieron en enero un año. Si, cómo lo leen, un año haciendo públicas sus inconformidades, llevando el coque a todos los lugares para que lo vean los funcionarios de APIVER y del estado. Y nada.

Le escribieron entonces y anexaron fotografías del material que respiran todos los días al flamante Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, (SCT), Gerardo Ruíz Esparza. Es la fecha que la máxima autoridad sobre el Veracruz, no se digna responder la solicitud de apoyo a los afectados.

Qué trabajo le cuesta a Ruiz Esparza, levantar el teléfono rojo y ordenarle al director del puerto de Veracruz Juan Ignacio Fernández Carvajal, resuelva, frene, detenga, ordene al empresario que importa el coque, sea almacenado para evitar que el viento lo arrastre hacia la ciudad.

Qué trabajo le cuesta al Secretario del Medio Ambiente en el estado de Veracruz, Víctor Alvarado Martínez, hacer valer su autoridad y apoyar la demanda de los afectados.

Necesitan que ciudadanos afectados, les lleven a las víctimas con cáncer de pulmón a las afueras del puerto de Veracruz, que vayan a los Pinos a solicitar una audiencia con Enrique Peña Nieto para denunciar el problema, o lleven los enfermos al palacio de Gobierno en Xalapa, para que los señores funcionarios se pongan a trabajar.

Qué más tienen que hacer los habitantes de la zona norte del puerto, para que los escuchen y atiendan el grito desesperado de auxilio que lanzan desde hace un año. Acaso los funcionarios, sufren de sordera, tienen amnesia, o son muchos los recursos que paga el importador del coque por fuera, para que nadie, absolutamente nadie lo obligue a rentar una bodega con techo.

Qué más tienen que hacer los afectados, para que les crean que hay niños y ancianos, con problemas respiratorios, con tos, con infecciones de garganta por respirar todos los dias el “pet coque”.

Cómo es posible que el nuevo delegado de la Semarnat, diga que ese producto derivado del petróleo y con múltiples usos en la industria, no sea contaminante. Por qué no se lleva los kilos de coque a su casa y así vive todos los días, con el polvo arriba de su cocina, de sus muebles, de su patio, de su ropa.

Tanta complicidad, tanta indiferencia, tanta estupideces que declaran los funcionarios, tanta irresponsabilidad con que se conducen despierta rabia, coraje, hartazgo. Y luego se asustan cuando la gente se organiza y decide salir a las calles a exigir la solución de los muchos problemas que están afectando seriamente al estado y al país.

Dígannos señores funcionarios, por qué les cuesta tanto trabajo, ponerse siquiera por un día, de lado de la población. Por qué les cuesta cumplir con su obligación. Para eso les paga el pueblo los impuestos que les permiten ganar millonarios salarios. Son tan grandes las complicidades y los intereses económicos que se mueven entre los funcionarios municipales, estatales y federales como para que prefieran “lanzarse la bolita”, los unos a los otros.

El señor delegado de la Semarnat casi casi propone que se cree una “comisión especial” de diputados, para que vengan a Veracruz, recolecten la sustancia y se la lleven a “investigar”, para que ellos propongan y aprueben una ley, que diga si el “pet coque”, contamina o no y afecta las vías respiratorias de los seres humanos.

Sólo hasta que los señores legisladores den su veredicto, entonces González Azuara, a lo mejor, tal vez, quizás, ya se preocupa con ponerse a trabajar y desquitar el salario que le pagan. Porque si no, pues no, ahí pueden pasarse mil años los afectados denunciando la afectación y ningún funcionario cumple con resolver el problema.

¡Como para Ripley!. Este delegado priista salió peor que el panista Manuel Molina Martínez. ¡Todos son iguales!.

A propósito con el artículo anterior, el lector Leonardo Molina me decía, “pienso que todos los abusos de funcionarios en el estado de Veracruz y en México son resultado de la apatía e indiferencia de la sociedad. Cuando todos nos unamos y salgamos a protestar para que los funcionarios resuelvan los problemas, ese día, cambiará nuestra nación”.

“La honestidad no se encuentra en el ADN de ningún servidor público”. La pregunta en realidad es ¿qué tiene que pasar para que la sociedad se una?.

La gente está consciente de los abusos y la corrupción de la clase política en el poder, de los excesos y complicidades para no resolver los graves problemas de corrupción de inseguridad, de pobreza, de analfabetismo y otros varios, pero nadie se une para exigir una solución, todos están dispersos. A nadie parece importarle la injusticia contra algunos.

Un grupo de 20 personas no puede salir a protestar a la calle porque los ubican y los callan; los intimidad, amenazan y hasta los matan. Sin embargo, hace falta que se unan una parte importante de la sociedad de Veracruz y del país, para hacer una sola voz que no se pueda acallar.

Y entonces, sólo así, no podrán. ¿Qué evento tan impactante pasará que logre esa cohesión en el estado y en el país?. No lo sé y la verdad me aterra pensar en las posibilidades.

Comparto absolutamente este comentario del lector y me sumo a su pregunta, qué tiene que pasar en México y en Veracruz, para que los ciudadanos salgan de esa indiferencia, de ese letargo, respecto a exigir a los funcionarios públicos de todos los niveles, solución a los graves problemas de la nación y entidad.

¿Qué será?.


FUENTE: PLUMAS LIBRES

INVITAN AL ENCUENTRO EN CONTRA DEL IMPUESTO A LOS LIBROS, EN ORIZABA...

Por facebook estan haciendo la invitacion a un encuentro por medio de la siguiente pagina: https://www.facebook.com/events/236576573151512/
 
El 23 de abril se celebra el día internacional del Libro a propuesta de la UNESCO. Invitamos a asistir ese día al parque Castillo de Orizaba para realizar una serie de actividades colectivas para promover la lectura, informar a la ciudadanía y protestar por la pretensión del gobierno Federal de cargar IVA a los libros, acto que afectará gravemente a editoriales, libreros, escritores, promotores culturales y lectores. Este acto forma parte de la Campaña Nacional en defensa de la economía popular de MORENA má...s no queremos hacerlo exclusivo de nuestra organización por eso invitamos a participar a todas y todos a quienes nos duele esta agresión a la cultura. Invitamos a tod@s a enviarnos sugerencias de actividades y si hay entre ustedes alguien que quiera leer en voz alta, declamar, escenificar, hacer un taller de lectura, tocar música, hacer performance o cualquier otra actividad invitamos a participar por aquí nos ponemos de acuerdo. Muchas Gracias.
 
CORTESIA: DESARMADOR POLITICO

ES FARSA 'LIMPIEZA' EN PGR


Por Reforma
México, DF.- La “Operación limpieza” en la PGR que tanto publicitó el Gobierno del ex presidente Felipe Calderón en realidad fue un “cochinero”.

Un juez federal absolvió y liberó ayer al principal acusado de la “Operación Limpieza”, el ex titular de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada,
Noé Ramírez Mandujano
.

El juzgador determinó que funcionarios de la Procuraduría fabricaron contra el acusado la imputación de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva.

Incluso, el juez primero de Distrito en el Penal del penal “El Rincón”, en Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, dio vistas al Procurador Jesús Murillo Karam para que inicie una investigación por fabricación de pruebas contra quienes armaron el expediente que integró la ex procuradora Marisela Morales.

LA HISTORIA
Cuatro años, cuatro meses y 25 días después de su detención, el juzgador concluyó que Ramírez Mandujano es inocente del delito de delincuencia organizada, porque los testigos protegidos que usó la PGR en su contra fueron “mentirosos, mendaces y preparados”.

El Juez sostuvo que no tenía veracidad la acusación de protección a los Beltrán, porque Ramírez Mandujano consignó y logró que fuera procesado Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” y al mismo tiempo obtuvo órdenes de aprehensión contra Arturo Beltrán “El Barbas”, abatido en Cuernavaca en diciembre de 2009.

En la sentencia, el juez pone en duda lo dicho por el testigo estelar de la “Operación Limpieza”, identificado con el nombre clave “Jennifer”. 

Por ejemplo cuestionó que afirmara con toda certeza que el 10 de septiembre de 2007 había entregado 450 mil dólares al ex subprocurador, pese a que en esa fecha Ramírez estaba en Las Vegas.

Desestiman

El juzgador desestimó los dichos de los testigos protegidos de la Procuraduría porque declararon sin abogado o en ausencia del defensor del acusado o porque no ratificaron sus testimonios.

Lo inédito de la sentencia es que el juez remitió un oficio a Murillo Karam, para que investigue por fabricación de pruebas a los responsables de integrar la averiguación que derivó en la “Operación Limpieza”.

La sentencia

En un hecho inédito, un juez federal estableció en una sentencia que la PGR debe investigar por fabricación de pruebas a los funcionarios que integraron la averiguación previa de la “Operación Limpieza”, en la que fueron encarcelados altos mandos por servir a los Beltrán Leyva.

Se trata del caso más emblemático de la administración del Presidente Felipe Calderón contra las supuestas supuestas redes de corrupción del narcotráfico y de un expediente que no sólo integró Marisela Morales Ibáñez, sino que la catapultó para ser titular de la SEIDO y luego de la PGR.


Inocente

Cuatro años con cuatro meses y 25 días después de su captura, el juzgador concluyó que Ramírez es inocente del delito de delincuencia organizada, porque los testigos protegidos que usó la SEIDO en su contra fueron mentirosos, mendaces y preparados en sus dichos.

Contra el ex funcionario también declararon los testigos protegidos “María Fernanda”, quien ya había sido denunciada por el juez Fernández ante su falta de colaboración, así como el narcotraficante Sergio Villarreal “El Grande”, extraditado a Estados Unidos.

También lo hicieron “Moisés”, “Saúl” y “David”, los tres militares y ex funcionarios de la SEIDO, el primero preso en el Penal de Occidente y los otros dos libres y resguardados por la autoridad. 

Pero sus dichos fueron desestimados porque las imputaciones eran de oídas; otras como las de “El Grande” se hicieron mucho tiempo después y con inconsistencias, mientras que algunas se obtuvieron en forma ilegal, sin presencia de abogados de los mismos testigos o del acusado.

“Existieron indicios suficientes de que efectivamente, altos funcionarios de la SEIDO incurrieron en actos de corrupción, incluso, algunos de ellos, se integraron al programa de testigos colaboradores; sin embargo, no se aportó prueba idónea y legal que estableciera que el acusado Noé Ramírez Mandujano, formara parte de esa red de corrupción, ni tampoco que se advirtiera alguna irregularidad en su encargo como subprocurador”; señaló el juzgador.

El ex titular de la SEIDO fue detenido el 20 de noviembre de 2008 en las instalaciones de la SEIDO, a donde acudió a declarar voluntariamente por un citatorio en la averiguación previa que se había iniciado por la “Operación Limpieza”.

El fallo que hoy ordena su libertad fue notificado por el juez a Ramírez Mandujano, en la rejilla de prácticas del juzgado, en una diligencia especial en presencia de su esposa, sus dos hijos, su padre, abogados, la subdelegada de Procesos de la PGR en Nayarit y dos agentes del Ministerio Público.

De acuerdo con una fuente que estuvo presente, el ex subprocurador se mostró en todo momento serio e inexpresivo. Al momento de que le leyeron su absolución, sus familiares rompieron en llanto.

FUENTE. REFORMA