MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El semanario Proceso informa a la opinión pública que a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales llevadas a cabo por nuestro reportero Jorge Carrasco Araizaga en el caso del asesinato de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, hemos recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del periodista.
Desde el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.
La cita habría tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario pudo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista.
Este martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista.
Los asistentes a dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación fueron puestas al tanto por este semanario de todos los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos participantes. Desde la noche del lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.
Proceso responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario en todo el país.
En el curso de hoy martes, tanto el gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín, director de la Agencia Veracruzana de Investigación, negaron de manera tajante haber tomado parte en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en ellas.
En declaraciones a Proceso, el mandatario y sus colaboradores se comprometieron explícitamente a respetar el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del corresponsal con sede en Xalapa, Noé Zavaleta. Duarte, adicionalmente, se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario