La titular de la Sedesol, Rosario Robles, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Foto: Yahir Ceballos
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El chanchullo jarocho descubierto y denunciado penalmente por el PAN puso en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto. En un principio, la estrategia oficial pretendió desactivar la bomba política ocasionada por la presunta utilización de recursos de la Sedesol destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre para favorecer a los candidatos del PRI en Veracruz, mediante la destitución de funcionarios de nivel medio, el espaldarazo presidencial a Rosario Robles y el intento por minimimizar el escándalo en los medios de comunicación. La estrategia no funcionó y el gobierno se vio obligado a rectificar.
La denuncia penal presentada por el PAN el martes 16 consta de 50 cuartillas y está sustentada en 13 horas de grabaciones de audio y video que muestran de manera contundente y probatoria la existencia de una red de complicidad entre los tres niveles de gobierno para la compra de votos. Ambos documentos revelan que los principales implicados en dicha trama de corrupción político-electoral son el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, contra quienes el PAN ha demandado juicio político por haber utilizado recursos públicos de programas sociales con fines electorales. Las bancadas del PRD y el PT en la Cámara de Diputados se sumaron a la demanda panista.
Al mismo tiempo, los presidentes del PAN y del PRD manifestaron su inconformidad con la reacción del gobierno ante la denuncia del chanchullo jarocho y se negaron a asistir a la presentación de la reforma financiera, prevista para el martes 23 a las 10 de la mañana en Palacio Nacional. A las dos de la mañana de ese día, Presidencia dio a conocer un comunicado en el cual se informa de la suspensión de las actividades públicas relacionadas con el Pacto por México, “con el fin de abrir un espacio para el diálogo franco que permita superar los desencuentros”. El gobierno afirma que no escatimará esfuerzos para asegurar que el pacto “continúe siendo un instrumento eficaz de cambio”.
La rectificación presidencial fue acertada y oportuna, pero no es suficiente. Su declaración del “No te preocupes, Rosario”, emitida el sábado 20 en Chiapas, tuvo la intención no sólo de apoyar a su secretaria, sino de minimimizar la perversa intención de intercambiar beneficios sociales por votos, lo cual, además de ser un delito electoral, ofende la dignidad ciudadana. Es necesario que la denuncia del PAN se lleve hasta sus últimas consecuencias con el fin de castigar a los responsables y evitar el uso corrupto de recursos públicos destinado a los 7.4 millones de mexicanos que padecen hambre. La investigación judicial debiera estar a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Procuraduría General de la República, que a su vez depende de la voluntad del Ejecutivo. ¿Irá a fondo la investigación?
No es casual que la mayoría de los delegados de la Sedesol nombrados hasta ahora provengan de comités estatales, congresos locales y federal, así como de gabinetes de los estados gobernados por el PRI, sin experiencia en programas de desarrollo social. Entre ellos destaca el caso del conocido operador político Pedro de León Mojarro, quien coordinó la campaña presidencial de Peña Nieto en Zacatecas y fue nombrado por Robles coordinador de los delegados de la Sedesol en los estados (El Financiero, 10/IV/13). Ello revela una probable estrategia de corrupción electoral a escala nacional.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1904 de la revista Proceso, ya en circulación.
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