Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La juez de primera instancia Beatriz Rivera Hernández le siguió el juego de simulación al gobierno de Javier Duarte de Ochoa y condenó a 38 años y dos meses de prisión al supuesto copartícipe del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.
Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en ese estado, Rivera Hernández se convirtió en la juez a modo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal. Con su sentencia, avaló las incongruencias y deficiencias en la investigación del homicidio, pero además incumplió sus propios ordenamientos para esclarecerlo.
El martes 9 la juez adscrita al Décimo Primer Distrito con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, dictó la condena contra Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, sin más argumentos que los de la PGJ, sin desahogar las pruebas solicitadas por la revista y sin esperar los resultados de los peritajes sobre la tortura a la que el ahora condenado dice haber sido sometido por elementos de la PGJ.
La sentencia de 38 años y dos meses, más una multa de 80 mil pesos, fue apelada por el Ministerio Público, que busca una condena mayor. También fue impugnada por la defensora de oficio de Hernández Silva, quien pretende una reducción de la pena para éste por ser sólo el copartícipe.
La apelación se radicó el miércoles 10 en la Séptima Sala y al día siguiente se le turnó a Edel Humberto Álvarez Peña, quien por decisión del exgobernador Fidel Herrera pasó de ser director del Registro Público de la Propiedad a magistrado.
La juez sólo siguió la “verdad jurídica” construida por la PGJ a partir de la confesión del condenado y de acusaciones de María del Rosario Morales Zárate, su hermana de crianza y esposa de Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien la dependencia señala como el autor principal del homicidio. Tanto a la PGJ como a la juez le bastaron esos dichos. No hubo ninguna prueba pericial que demostrara esa verdad legal, ni huellas o muestras de ADN que inculparan a Silva.
Rivera Hernández dictó la condena sin ser informada por la PGJ de que no se encontró ni una sola huella del Silva en la casa donde la periodista de 49 años fue asesinada el 28 de abril de 2012, en la ciudad de Xalapa.
Un dictamen pericial de la PGJ elaborado el 29 de octubre de ese año, casi un mes después de consignarlo ante la juez, concluye contundente: “Los fragmentos dactilares latentes (dubitable) y los decadactilares del C. Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva (indubitable), no corresponden en ubicación, situación, relación, forma y dirección”.
El dictamen está registrado con el número 18783 y fue firmado por Patricia Bautista Ramírez, perito de la Dirección de los Servicios Periciales y usuarios AFIS, un sistema informático que permite la captura, consulta y comparación automática de huellas dactilares, como se explica en el mismo documento.
Esa prueba, que está integrada al expediente de la investigación ministerial 19/2012/PC, se la reservó la directora general de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, en cuyas manos dejó el caso el gobierno de Duarte. Por eso no aparece en la causa penal 358/2012 que resolvió la juez Rivera Hernández.
Para Lagunas carece de importancia que no se hayan encontrado huellas del sentenciado en el lugar donde se cometió un asesinato y un robo. Es más, de las ocho huellas que la PGJ dice haber recabado en la casa de la periodista, sólo una fue considerada útil por la dependencia. La huella se encontró en una botella de cerveza, de las varias que Regina Martínez invitó a sus victimarios según el MP de Veracruz.
“Jamás se dijo que la huella encontrada en una de las botellas” haya sido de Hernández Silva, justificó Lagunas la mañana del viernes 12 en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en MVS Radio. Insistió en que el robo fue el motivo del asesinato, pues en el medio año que se tomó para “esclarecerlo” la PGJ no abordó ninguna otra línea de investigación.
De la casa de la periodista desaparecieron una computadora, dos teléfonos celulares y un televisor de pantalla plana. Pero se quedaron valiosos bienes como una computadora portátil nueva, una impresora y otros equipos electrónicos.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1902, ya en circulación)
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