21 de abril de 2013

JAVIER DUARTE DE OCHOA PASÓ DE SER UN GOBERNADOR “POLÉMICO” A UNO “PELIGROSO”


ANALISTAS: JAVIER DUARTE PASÓ DE SER UN GOBERNADOR “POLÉMICO” A UNO “PELIGROSO” PARA EL PRI Y PARA EPN

Por: Redacción / Sinembargo - abril 21 de 2013
El 1 de diciembre de 2010, el priista Javier Duarte de Ochoa asumió el Gobierno de Veracruz. Se acercó a su antecesor Fidel Herrera para estrecharle la mano y se quedó esperando al ahora Presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó tarde por el mal clima. Ese día hubo promesas y esperanzas de cambio para los veracruzanos.

“Los retos y compromisos son superiores a los enfrentamientos, divisiones, rencores y personalismos”, dijo en su discurso, en el que también afirmó: “No podemos ser ajenos a las condiciones de pobreza y desigualdad que aún privan en muchas de nuestras regiones, tampoco, a la falta de empleo y oportunidades que afectan a un gran número de mujeres y hombres” de la entidad.

Duarte es ciertamente un hombre polémico. Pero no se queda allí: su administración se ha caracterizado por el azote de la violencia: secuestros, enfrentamientos y múltiples ejecuciones. Encima, la entidad es considerada como la más peligrosa para ejercer el periodismo, aunque él acaba de recibir un premio de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos AC por sus “esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

Mostró su apoyo público e incondicional a Peña Nieto, le han criticado su cercanía con el ex Gobernador Fidel Herrera, a quien incluso llamó “turista distinguido”, y -según reportes de prensa- mientras el huracán “Ernesto” azotaba Veracruz y dejaba daños considerables en prácticamente la mitad de los municipios de la entidad, Duarte se otorgó vacaciones en Europa.

De nueva cuenta está en la mira de la opinión pública por la amenaza del Partido Acción Nacional (PAN) de presentar en días próximos una solicitud de juicio político contra el Gobernador y la Secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles.

El presidente del PAN, Gustavo Madero, los acusa de haber utilizado recursos públicos de programas sociales con fines electorales. “El Gobierno del estado interviene de manera abierta en el proceso electoral para favorecer al PRI y a sus candidatos”, dijo.

Veracruz es uno de los 14 estados que el próximo 7 de julio celebrarán elecciones locales. En ese proceso, los veracruzanos votarán por 50 diputados locales y por 212 presidentes municipales. De hecho los panistas ya presentaron una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Gobernador de Veracruz y 57 funcionarios.

Esto se deriva de más de 13 horas de grabaciones de audio y video que fueron presentadas por este órgano político en días pasados. Se trataría de un escándalo más en la larga lista que tiene Duarte de Ochoa, quien estará al frente de Veracruz hasta 2016.

“Más que polémico, Duarte es un hombre peligroso”, dice un analista consultado. “Más pronto de lo que se cree, el PRI y el gobierno federal se darán cuenta del daño que ha hecho a la imagen del partido y de la administración de Peña Nieto”.

Otros coinciden en esa misma revisión: los errores de Duarte no compensan el trabajo que hace, “incluso con recursos públicos”, para el PRI.
Gobierno polémico
Gobierno polémico

MÁS DEUDA
Javier Duarte de Ochoa asumió el poder en 2010 con una deuda pública –heredada del también priista Fidel Herrera Beltrán– de 21 mil millones de pesos. 

El 7 de febrero de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el endeudamiento que registró el gobierno veracruzano y sus municipios, al cuarto trimestre de 2011, ascendió a 27 mil 938 millones de pesos, pero diputados de oposición afirmaron que el monto real era de más de 60 mil millones, por adeudos acumulados en otros rubros.

Datos de la Secretaría de Hacienda dados a conocer en junio de ese año, indican que en esta entidad los pasivos crecieron en 69 mil 939.9 por ciento, con lo que se convertía en la quinta entidad más endeudada con 31 mil 815 millones de pesos.

Apenas el 4 de septiembre Duarte solicitó una nueva línea de crédito por mil 274 millones de pesos, a pagar en 20 años. El préstamo fue aprobado.

TERRORISMO Y LEY DUARTE
Los episodios polémicos han marcado su gestión y muchos han quedado grabados en nuestra memoria.

El 2 de septiembre de 2011, Duarte defendió la decisión de su Gobierno de acusar de terrorismo a dos tuiteros que el 25 de agosto de ese año difundieron rumores sobre ataques a escuelas en el puerto de Veracruz.

Insistió en que era “correcta” la acusación contra la periodista María de Jesús Bravo y el profesor Gilberto Martínez, pues la conducta de terrorismo y sabotaje que aparece tipificada en el Código Penal de Veracruz, “concuerda perfectamente con la actividad que estas dos personas realizaron y que puso en riesgo a miles de niños”.

Era la primera vez en la historia mexicana que dos internautas eran detenidos. Y también la primera ocasión en que estos cargos eran presentados.

Ese mismo mes el Congreso local del estado de Veracruz aprobó la Ley de Perturbación que tipifica como delito la perturbación del orden social y la difusión de rumores a través de las redes sociales. Con 33 votos a favor y 14 en contra, los legisladores aprobaron la llamada Ley de Perturbación o “Ley Duarte”, que plantea imponer cárcel o multas de 500 a mil días de salario mínimo a “quien o quienes provoquen alarma con la intención de perturbar el orden público difundiendo información falsa” sobre la existencia de artefactos que puedan causar daño a la salud.

Días más tarde, Duarte envió una iniciativa al Congreso de Veracruz para modificar el código penal estatal. Así fue que María de Jesús Bravo y Filiberto Martínez Vera, acusados de “terrorismo equiparado y sabotaje” (el 31 de agosto de 2011 se les dictó auto de formal prisión) alcanzaron la libertad bajo fianza.

Duarte finalmente anunció que la autoridad desistiría de la acción penal en contra de los dos tuiteros acusados de terroristas. “Al existir una nueva legislación que tipifica la conducta de las dos personas que causaron disturbios, es que la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) se desistirá de la acción penal”, escribió en su cuenta de Twitter. Presuntos terroristas.
Presuntos terroristas. Foto: Twitter
Foto: Twitter

HALLAZGO MILLONARIO
La noche del viernes 27 de enero de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Miguel Morales Robles y a Saíd Sandoval Zepeda, colaboradores del Gobernador de Veracruz, por transportar 25 millones de pesos en un avión oficial. El dinero en efectivo se encontraba en dos maletas, cuyo origen y destino no pudo ser acreditado.

Tras el aseguramiento, Vicente Benítez González, tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, renunció sin aclarar nada. Antonio Tarek Abdala Saad quedó como su sucesor.

Entre pesquisas, peticiones y dudas, el 5 de junio la PGR devolvió al Gobierno de Veracruz el dinero asegurado e incluso el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes entregó además 236 mil 586 pesos por concepto de intereses.

Por otra parte, a principios de 2013 Benítez, fue nombrado subsecretario de Desarrollo Social  y Humano de la Sedesol estatal.

UN PREMIO DUDOSO
Veracruz se ha convertido en una de las entidades de más alto riesgo para el ejercicio periodístico en México y América Latina, a pesar de las reiteradas promesas y compromisos del gobierno estatal por esclarecer estos homicidios, que continúan impunes.

Para muchos comunicadores y algunas ONG’s existe un severo control y censura en el estado contra los periodistas.

En un caso reciente, el Gobierno de Veracruz negó la existencia de grupos de autodefensa en la entidad, pero la agencia Cuartoscuro demostró evidencia fotográfica de que sí se han originado estos movimientos.

El pasado 14 de marzo se publicó un reportaje del fotoperiodista Félix Márquez, sobre habitantes del predio “El Inglés”, ubicado en la localidad de Piedras Negras, municipio de Tlalixcoyan, quienes se agruparon para conformar  la Guardia Civil de Autodefensa. En las instantáneas se muestra a personas encapuchadas, con rifles y palos en medio de la calle.

Tras la publicación de las imágenes, el fotoperiodista fue acusado de usar fotos de archivo y posteriormente, de pagar para que “los encapuchados posaran” ante su cámara.

Javier Duarte aseguró: “Esa nota es una vacilada tiene el mismo efecto de tomar una foto disfrazada de Blue Demon, La Mujer Maravilla y Batman, no tienen ninguna consecuencia es un tema que no tienen que ver con la realidad”.

“Veracruz es un estado que está estabilizado, esto no significa que ya se hayan ido los malos, significa que el control de la calles lo tenemos nosotros”, expresó. Paradójicamente, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos AC entregó el pasado 2 de abril a Javier Duarte de Ochoa un reconocimiento “a los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

El organismo también reconoció el “empeño” del mandatario estatal por “proteger” a los comunicadores con la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, lo que consideró “un marco legal inédito en el país y en el mundo”. El premio fue muy cuestionado. De acuerdo con el informe Doble asesinato: la prensa entre la violencia y la impunidad, presentado el 13 de marzo pasado por la oficina para México y Centroamérica de la organización internacional Artículo 19, los estados en los que se ejerció más violencia contra periodistas durante el 2012, fueron en primer lugar Veracruz, con 28, y el Distrito Federal con un número igual.

De acuerdo a la organización, en el lapso comprendido entre el 28 de abril y el 14 de junio de 2012 fueron asesinados cinco periodistas en las ciudades de Xalapa y Veracruz. En el tiempo que Duarte de Ochoa lleva al frente del Gobierno veracruzano un total de nueve periodistas han sido asesinados. Calificado por distintos medios e internautas como “un premio chayotero”, el 4 de abril diversos diarios que conforman la AMEPAC se deslindaron del reconocimiento.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también marco distancia en cuanto a la premiación y Reporteros sin Fronteras (RSF) criticó que haya sido galardonado. A unos días de que Duarte recibiera su premio, Verónica Danell, ex directora editorial y conductora de Mega Noticias, acusó al Gobierno de Veracruz de haber ejercido presión a su empresa para que la despidieran por llevar una línea crítica contra la administración. “No se puede hacer periodismo en tiempos de Duarte. No se puede. Ya no hay reportes de los hechos violentos en el estado. Hablan de que tenemos un bajo índice delictivo y ya no se publica información sobre violencia, pero la Secretaría de Seguridad Pública sigue presentando detenidos por secuestro y secuestro exprés. ¿Existe o no existe el delito? Pues sí, sí existe. Lo que no existe es información. Ya no se hace periodismo en tiempos de Duarte”, acusó.

En otros hechos, la revista Proceso denunció el 16 de abril que su reportero Jorge Carrasco Araizaga estaba en peligro, luego de recibir información donde indicaba que presuntos agentes policiacos del estado de Veracruz se trasladaron a la Ciudad de México para capturarlo. Al día siguiente, el Procurador general de Justicia de la entidad, Felipe Amadeo Flores Espinosa, rechazó estas acusaciones y las calificó de “infundadas”. 
El premio a Duarte no fue respaldado por la mayoría de los periodistas
El premio a Duarte no fue respaldado por la mayoría de los periodistas

VIOLENCIA IMPARABLE

La violencia es otra de las constantes en el Gobierno de Duarte. El 14 de enero de 2011, cuando Duarte sólo tenía un mes al frente del Ejecutivo local, sicarios de diversos grupos criminales se enfrentaron entre sí y con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en varios lugares de Xalapa, dejando un saldo de 14 muertos y con ello marcando el inicio de ejecuciones y luchas. 

El 20 de septiembre de ese mismo año 35 cadáveres fueron arrojados en medio de la glorieta de los Voladores de Papantla en la Avenida Ruiz Cortines y Ejército Mexicano, en Boca del Río. Al siguiente día el Gobernador expresó en Twitter: “Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de Plataforma México”. Conforme avanzaron las investigaciones, se supo que entre los muertos se encontraban menores de edad sin ninguna relación con el crimen organizado. Incluso esta aclaración salió de Los Pinos. 

También el 5 de octubre, se informó el descubrimiento de 32 cuerpos en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, y de otros cuatros en diversos puntos del puerto sumando un total de 36. 

En agosto de 2012 siete personas fueron degolladas en una congregación del municipio de Manlio Fabio Altamirano, muy cerca del puerto de Veracruz, entre ellos cuatro niños. 

El primer año del Gobierno de Javier Duarte estuvo marcado por estos homicidios, pero la ola de violencia no ha desaparecido en el estado.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/21-04-2013/595071

VERACRUZ, TRAMPA MORTAL PARA PERIODISTAS


Protesta en Veracruz por el asesinato de Regina Martínez. Foto: Rubén Espinoza
Protesta en Veracruz por el asesinato de Regina Martínez. Foto: Rubén Espinoza
En el informe que dieron a conocer este mes, los delegados de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias y el Instituto Internacional de Prensa que visitó México en febrero pasado señalaron las alarmantes presiones contra la libertad de prensa que se viven en el país. Además, tras entrevistarse con gente del gremio, legisladores y políticos, la misión internacional advierte que, digan lo que digan los funcionarios de Javier Duarte, Veracruz está convertido en una trampa mortal para periodistas, ya que ahí convergen el crimen organizado y la impunidad institucionalizada.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- “El estado de Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los profesionales del periodismo”, es la frase con que abre el informe La situación de la libertad de prensa en México, elaborado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI).
El documento refiere que con nueve asesinatos en los últimos años –entre ellos el de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en el estado– y con 20 comunicadores desplazados, ser periodista en Veracruz “puede tener consecuencias mortales”.
En el texto, de 31 páginas, se refleja la experiencia que obtuvieron tras un viaje a México en febrero pasado los integrantes de las organizaciones mencionadas, con oficinas en París, Francia, Damstadt, Alemania, y Viena, Austria
La delegación incluyó a Roger Parkinson, expresidente de WAN-IFRA, exeditor, director general y presidente del grupo canadiense Globe&Mail y miembro del IPI; Larry Kilman, director general adjunto de WAN-IFRA; Bárbara Trionfi, responsable de la Libertad de Prensa del IPI; Rodrigo Bonilla Hastings, responsable de misiones de Libertad de Prensa de WAN-IFRA, y Scott Griffen, asesor de Libertad de Prensa para América Latina y el Caribe del IPI.
Tras entrevistarse con periodistas, editores, miembros de la sociedad civil, representantes del cuerpo diplomático, legisladores y funcionarios federales, así como integrantes del gobierno estatal que encabeza el priista Javier Duarte, la misión internacional llegó a la conclusión de que la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Gerardo Buganza Calderón,  “ejerce un firme control sobre todos los canales de información, poniendo al descubierto un estilo de gobierno preocupantemente autoritario”.
En ese estado, los periodistas “no sólo se enfrentan al riesgo que conlleva cubrir (informativamente) al crimen organizado, sino también al de ejercer su profesión bajo un régimen de hostil intolerancia”, y peor aún, “se sabe que, en muchos casos, el crimen organizado actúa bajo los dictados del gobierno local”.
Las agrupaciones defensoras de la libertad de prensa consideran como operadora de la “hostil intolerancia” hacia la prensa y los periodistas a la coordinadora general de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, a quien –dice el informe– llaman “vicegobernadora”, “un apodo que revela su inmensa influencia política en el estado”.
También se narra el encuentro que la misión de WAN-IFRA y el IPI tuvieron con Buganza Salmerón, Domínguez Colío, la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, Namiko Matsumoto, y la directora de Investigaciones Ministeriales de la procuraduría veracruzana, María del Consuelo Lagunas.
En esa ocasión, se indica, “las autoridades de Veracruz insistieron en que los periodistas no eran asesinados por su profesión, sino por comportamientos dudosos en sus vidas privadas –incluyendo la complicidad con el crimen organizado– o por falta de profesionalismo”.
La misión internacional da cuenta asimismo de la desconfianza que muestran los informadores hacia la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de Periodistas, entre otras razones porque de los 15 millones de pesos de su presupuesto sólo destina 747 mil 755 al apoyo del gremio y el resto se reparte entre los altos salarios de sus funcionarios y los gastos de oficina.
Como los miembros del gobierno veracruzano se resistieron a admitir que los periodistas enfrentan un ambiente hostil en la entidad y no quisieron hablar de las irregularidades en la investigación del asesinato de Regina Martínez, Larry Kilman los interrumpió:
“Han confirmado nuestro profundo escepticismo. No reconocer la magnitud del problema de la libertad de prensa en su estado y pretender que tienen una respuesta a todas las cuestiones que les hemos planteado hoy sólo aumenta nuestras reservas sobre su versión de los hechos”, dijo al final de la reunión el director general adjunto de WAN-IFRA, según el informe.
En entrevista telefónica Rodrigo Bonilla Hastings detalla que en la junta realizada el 13 de febrero en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México, Domínguez Colío “empezó afirmando que en Veracruz hay 100%  libertad de expresión, garantizada; después seguimos con detalles, entre ellos el caso de Regina, y nos bombardearon con citas de la investigación, que el folio tal y no se cuánto, y que aquí está clara la confesión del supuesto asesino (Jorge Antonio Hernández Silva) y que podían conseguir sin problema el certificado médico de cuando hizo la confesión para probar que no hubo ningún tipo de tortura… Tuvimos que pararlos, era un diálogo de sordos”.
Veracruz es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, “con un saldo de 11  muertos desde 2006, de acuerdo con (el programa) Death Watch del IPI”, acota Bonilla Hastings. Y después de oír a los funcionarios de Duarte “se fortalece la hipótesis de que está concientemente queriendo borrar una parte de la realidad y mostrar otra. Es gravísimo”, más aún cuando hay muchos casos de violencia contra periodistas que no se están reportando:
“Me habló el dueño de un medio. Me comentó cómo habían levantado a uno de sus editores, lo habían golpeado. Amenazaron que si se iba del estado iban a ir por el resto del equipo del periódico. El tipo se tiene que quedar muerto de miedo y a la cabeza de la redacción, también atemorizada. Todo esto no salió a la luz. Si lo que se sabe es terrible, ¿cuántas cosas hay que no se saben?”.
Bonilla Hastings recuerda que al reunirse la delegación internacional con los subsecretarios de Derechos Humanos y de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón  García y Eduardo Sánchez Hernández, respectivamente, se les planteó el tema de Veracruz. Sánchez respondió que “el gobierno federal va a usar los instrumentos legales que tiene a su disposición para no permitir que los gobiernos estatales cometan un abuso, sean del partido que sean”.
Por ello, dice el activista, “estamos por enviar una carta al presidente Enrique Peña Nieto para exigir garantías de seguridad para (el periodista) Jorge Carrasco, así como esclarecimiento de las denuncias presentadas porProceso, y vamos a recordar lo que dijo Sánchez, que fue publicado en un comunicado que emitimos el 15 de febrero. Si es verdad lo que dicen, que no importa qué partido gobierne en los estados donde hay abusos, que empiecen por Veracruz”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1903, ya en circulación)

SEDESOL-VERACRUZ: EL USO DEL HAMBRE


Rosario Robles, titular de Sedesol. Foto: Hugo Cruz.
Rosario Robles, titular de Sedesol. Foto: Hugo Cruz.

El entramado político-electoral para usar programas sociales en beneficio del PRI en el estado de Veracruz, puesto al descubierto por el PAN, revela la naturaleza corrupta del partido en el poder federal. Y si bien ya se realizaron las primeras destituciones de funcionarios implicados, es claro que con ellas se pretende lavar imagen y, sobre todo, evitar que rueden las cabezas de dos responsables principales: la del gobernador de esa entidad, Javier Duarte, y la de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La red de funcionarios federales, estatales y municipales para usar ilegalmente los programas antipobreza a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, puesta al descubierto por el Partido Acción Nacional (PAN), no sólo exhibe al gobernador Javier Duarte como jefe de delincuentes electorales, sino también al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que opera el programa emblema del sexenio: La Cruzada contra el Hambre.
En la denuncia penal que presentó el PAN ante la Procuraduría General de la República (PGR), a través del diputado federal Humberto Alonso Morelli, no queda duda: Duarte está al frente de la “estructura paralela” al PRI en Veracruz, como lo confiesan los responsables políticos y operativos de ésta, miembros del primer círculo del gobernador priista.
A lo largo de las 50 cuartillas de la denuncia penal, presentada el martes 16 y de la que Proceso tiene copia, los involucrados describen, a detalle, el plan para hacer triunfar al PRI con base en el uso ilegal de programas federales, estatales y municipales, una trama en la que intervienen al menos 59 servidores públicos –no 57–, la mayoría priistas.
Pero también en la denuncia contra “El cártel rojo de Veracruz” –como lo denomina el PAN– se identifica como “cómplices” a funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), quienes facilitan la infiltración de priistas como funcionarios y realizan cambios de credenciales de elector indebidamente.
Según la denuncia, están involucrados el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) en esa entidad, Sergio Vera Olvera, a Mariana Sánchez “y los encargados de los módulos” del IFE, así como la presidente del IEV, Carolina Viveros González, el vocal de capacitación, que no identifica, y “los capacitadores asistentes electorales”.
La denuncia refiere que los funcionarios del IFE “autorizaron cambios de domicilio de electores entre municipios que no son procedentes de acuerdo con la normatividad legal, principalmente a los municipios de Boca del Río y Veracruz”.
Por ello pide a la PGR que solicite al IFE cuántos de esos cambios se hicieron este año de otros municipios del estado a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, “así como de municipios de los estados limítrofes con Veracruz proporcionando los nombres y demás datos de dichos electores”.
En la denuncia ante la PGR, el PAN asegura: “Se tiene conocimiento de que en todo el estado está operando una estructura paralela similar a la de Boca del Río y de que se ha estado contratando a personas con residencia en otros estados para que voten a favor de los candidatos del PRI a cambio de dinero, transportándolos de sus lugares de origen y regresándolos al terminar la jornada electoral”.
Añade: “Según sabemos, ya realizaron trámites de cambio de domicilio a diversas ciudades del estado, principalmente Veracruz y Boca del Río, con la complicidad de los funcionarios y empleados del Registro Federal de Electores antes mencionados, quienes no exigen un documento que acredite fehacientemente su residencia efectiva”.
En el caso de los funcionarios del IEV, la denuncia recoge testimonios en el sentido de que ese órgano “está de nuestro lado”, pero también se planea colocar como funcionarios de mesa directiva de casilla a priistas, como lo planteó en una reunión la representante del PRI ante el IEV, Rosa María Adriana Mendoza.
La priista dice que se debe trabajar “para que nuestra gente ocupe las primeras posiciones en este proceso electoral” y por eso pide que se invite a priistas para que se capaciten: “Y, bueno, nosotros nos encargamos de lo demás a través del capacitador de  convocarle una posición de escolaridad alta para que él ocupe la integración (de mesas directivas de casilla) como presidente, secretario y como escrutador”.
Otro videoescándalo
Con base en más de 13 horas de grabaciones, el PAN acusa a Duarte de violar los artículos 108 de la Constitución –que establecen que los gobernadores son responsables por las violaciones a ésta, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales–, y 134, que obliga a aplicar con imparcialidad los recursos públicos.
También se le imputa al gobernador y a los otros 56 denunciados cometer numerosos delitos previstos en el Código Penal y en cuatro leyes –asociación delictuosa, entre ellos–, así como el Programa de Blindaje Electoral 2013 de la Sedesol por condicionar la entrega de los programas sociales como Oportunidades, pensiones, despensas, sillas de ruedas, prótesis auditivas…
Este golpe político del PAN a Duarte, difundido el miércoles 17 y cuyo artífice es el expriista Miguel Ángel Yunes, se produce en medio del lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a la que fue invitado el expresidente brasileño Luis Inacio Lula Da Silva.
La operadora de este plan, la experredista Rosario Robles, titular de la Sedesol, fue ubicada por el PAN como la artífice del uso clientelar de los programas sociales en varios de los 14 estados donde habrá elecciones locales en julio de este año como Aguascalientes, Coahuila, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1903, ya en circulación)

20 de abril de 2013

AMENAZAN AL DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN ARTÍCULO 19


El mensaje amenazante contra la organización.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La organización defensora de los derechos humanos y de la libertad de expresión, Artículo 19, denunció este viernes que recibió un mensaje anónimo en sus oficinas con amenazas en contra de su equipo, principalmente contra su director, Darío Ramírez.
“Tomamos con toda seriedad este incidente, nuestra prioridad es salvaguardar la integridad física de nuestro equipo, colaboradores y aliados”, explica Ramírez.
El mensaje impreso fue dejado durante la madrugada en la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, el cual hace referencia al trabajo de defensa de libertad de expresión que realiza la organización.
El mensaje no traía firma de algún grupo o persona.
No es la primera ocasión que se registra una amenaza contra esta organización debido a su labor.
“Sin duda el trabajo de Artículo 19 ha ocasionado malestar a la o las personas que lanzan la intimidación”, afirma Ramírez.
Y agrega:
“Seguiremos defendiendo el derecho a libertad de expresión como un elemento esencial para ejercer otros derechos.
La organización dio a conocer que se acoge plenamente a los mecanismos de protección del Estado mexicano, además de que presentó las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contra quien resulte responsable por el delito de amenazas.
El equipo de Artículo 19 adoptó un protocolo interno de seguridad para garantizar la integridad física de sus colaboradores.
La carta amenazante fue publicada en el portal de Internet de la organización.

CONVOCAN A MARCHA PARA PEDIR JUICIO POLÍTICO A JAVIER DUARTE...


Ante los comentarios de seguidores se abre la página en facebook para convocar una marcha este domingo 21 de abril  a las 10 de la mañana y como punto de reunión será en el Zocalo de Boca del Rio. El link de la página es: https://www.facebook.com/events/551050211612874/?notif_t=plan_user_invited

CONVOCATORIA PARA MANIFESTARSE EN LAS CALLES PIDIENDO LA RENUNCIA DE SALVADOR MANZUR Y JUICIO POLÍTICO A JAVIER DUARTE POR SUS MANIOBRAS ILEGALES USANDO RECURSOS FEDERALES PARA ROBARSE LAS ELECCIONES.
UBICACIÓN DEL PUNTO DE REUNIÓN

19 de abril de 2013

SEGUNDO DÍA DE LA CARAVANA QUE VA POR LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA NACIONALIZADA, EL PETRÓLEO MEXICANO, LA EDUCACIÓN PÚBLICA, LOS DERECHOS SOCIALES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS DE LOS MEXICANOS…


BOLETÍN DE PRENSA.
Radiosme Dos 
En el segundo día de la Caravana

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), reagrupa sus fuerzas, teje nuevas alianzas y exige solución al Gobierno Federal.

La Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” va, en su camino, re ensamblando las piezas del SME. A su paso por el Estado de Hidalgo, cientos de trabajadores, activos y jubilados en resistencia se reencuentran. Vienen de Tulancingo, Tepeapulco, Tlahuelilpan, Progreso, Tezontepec, Tetepango, Tlaxcoapan, para incorporarse a las actividades de la Caravana. Se concentran en las bienvenidas festivas a los caravaneros en Tulancingo, Pachuca y Juandho. Agitan sus banderas, marchan y gritan nuestras consignas, regresan a las plazas y calles de Pachuca a repartir volantes para enterar al pueblo hidalguense, de que el conflicto derivado de la ilegal extinción de Luz y Fuerza NO está resuelto y que el SME está más vivo que nunca.

Durante toda la jornada, los electricistas en resistencia preguntan a cielo abierto…

¿Hasta cuándo el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Gobernación cumplirá con la entrega de su propuesta de solución al conflicto?

¿Hasta cuándo insistirán en castigar, todavía más, a las miles de familias electricistas que viven una situación de vida precaria a raíz del despido injustificado de más de 44 mil trabajadores?

El gobierno sigue sin responder, es insensible a la tragedia de miles de trabajadores cuyo único “delito” fue defender la Industria Eléctrica Nacionalizada, su contratación colectiva y autonomía sindical.

Discriminación por delante y por encima de nuestros derechos de antigüedad, el Gobierno Federal nos niega la reinstalación en Comisión Federal de Electricidad con el argumento de que los líderes charros del Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana SUTERM-CTM, se oponen.

¿Eso detiene su “voluntad política” para resolver el conflicto?

O acaso, ¿Están retardando la presentación de su propuesta con la intensión de desgastar a nuestro movimiento, queriendo ganar tiempo, para montar una nueva celada en contra del Mexicano de Electricistas?
Ellos dicen una cosa y hacen otra.

Parece ser que el Gobierno Federal está optando por el endurecimiento de su política de frente a los conflictos sociales, sin tomar en cuenta que lo único que alienta es la polarización del país.

Nosotros estamos demandando la solución del conflicto desde hace tres años y seis meses. No pedimos mucho. Sólo exigimos que nos devuelvan el empleo que por la fuerza nos arrebató el ejército y la policía. Robo que luego desde el poder con argucias legaloides quisieron justificar, de espaldas a la Constitución y nuestros Derechos Humanos, instruyendo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a los tribunales venales y la deshonrosa Suprema Corte de Justicia de la Nación para que torcieran la ley.

Hemos demostrado cientos de veces que Felipe Calderón Hinojosa le mintió al Pueblo de México cuando prometió que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro bajarían las tarifas eléctricas. Hoy, la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” recoge a su paso el descontento de miles y miles de usuarios del servicio, que imposibilitados para pagar los altos costos de la electricidad están siendo criminalizados y reprimidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las autoridades municipales y estatales de todo el país.

Hoy por la mañana, al salir de la hermana división de Juandho, cuando marchábamos a las a las afueras de su Planta Hidroeléctrica, soldados del ejército mexicano dentro de las instalaciones, al vernos y escuchar nuestras consignas se formaron amenazantes y cortaron cartucho de sus armas largas. En el lado opuesto de la misma calle, un grupo de niñas y niños del Pre-escolar Mariano Silva y Aceves salieron al paso de la Caravana para gritar consignas a favor de los trabajadores ¡Que el mal Gobierno le regrese el empleo a mi papá!

La muerte contra la vida, la vergüenza contra la dignidad, esa es la verdadera dimensión de nuestro conflicto en un país donde existen 65 millones de pobres dentro de las mismas fronteras de la tierra, por donde no ha pasado la cruzada por la justicia. Hacen falta más caravanas como la nuestra.

Tenemos voz, somos incansables…

¡¡La Caravana Va “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”!!

¡¡La Caravana Va por la reinstalación de los 16,599 trabajadores electricistas en resistencia desde hace tres años seis meses!!

¡¡La Caravana Va por la libertad de nuestro compañero Jorge Eulises Uribe Gaona preso político del SME!!

¡¡La Caravana Va por la solución de las demandas de los maestros democráticos de la
CNTE!!

¡¡La Caravana VA por la defensa de la Industria Eléctrica Nacionalizada, el Petróleo Mexicano, la educación pública, los derechos sociales y las libertades democráticas de los mexicanos!!

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.

Juandho, Hidalgo, México a 19 de Abril del 2013.