12 de mayo de 2013

PRENSA REPRIMIDA, POLICÍA IMPUNE


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Por Mussio Cárdenas Arellano/
Ver a Javier Duarte con la sonrisa que le inunda el rostro, el pulgar en señal de triunfo y el camarógrafo de Televisa —un día antes agredido— mostrado como trofeo, mientras su policía reprime, amenaza, hostiga, tortura y viola, sencillamente no tiene precio.
Duarte es una máscara. Su sonrisa da risa. Su rostro real es otro, el del agobio y la angustia, la ira cuando el mundo se le viene encima. Javier Duarte, el de carne y hueso, vive atormentado por el caos que ha traído a Veracruz, su gobierno a los tumbos, perdido en el laberinto, sin hallar la salida, devorado por la corrupción, el amiguismo, el nepotismo, los ladrones de elecciones, el escándalo de ayer, el escándalo de hoy y el escándalo de siempre.
Su estrategia es fingir. Su pecado, no saber hacerlo.
Verlo ahí, su brazo sobre el hombro de Luis Alberto Román Córdova, la imagen para la foto, la sonrisa que da risa, la promesa de sanción al policía agresor, lo pinta tal cual. Simula orden en medio del desorden y reparación del daño en medio de la impunidad.
Román Córdova, el camarógrafo de Televisa, vivió momentos críticos la mañana del martes 7 de mayo cuando captaba con su cámara el cambio en la policía de Coatzacoalcos, la extinción de la nefasta intermunicipal, en la víspera de la instalación del Mando Único.
“El señor llegó de la nada con una actitud agresiva hacia nosotros, que solo hacíamos nuestro trabajo. Desconozco por qué no querían que grabara, puesto que solo grababa a los elementos de la extinta intermunicipal mientras devolvían su uniforme. Sin embargo, el señor (José Manuel Martínez, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública) no quiso que grabara y llegó con una actitud déspota y amenazadora”, declaró el camarógrafo.
Román Córdova había llegado temprano a las instalaciones del intermunicipal, en el antiguo penal de Palma Sola. Se le acercó un grupo de policías, ya dados de baja. Le externaban su inconformidad, mientras los grababa. Eso bastó para desatar la furia de jefe policíaco.
Apabullado por la prepotencia, el camarógrafo de Televisa Veracruz sólo atinaba a explicar que cumplía con su trabajo. A cambio recibió como respuesta: “Deja de grabar o te voy a romper tu puta madre”, al puro estilo del alcalde de Coatzacoalcos, Marco César Theurel Cotero, que así trata a empleados, ediles, contratistas y a su familia, porque como dice el refrán cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde.
Ya encuerdado, el alevoso jefe operativo instó a otros periodistas a retirarse. Nadie lo peló.
Minutos después, la agresión verbal y la amenaza surcaban los rincones de las redes sociales, retomada la denuncia por los medios de comunicación.
Un día antes, otro acto represivo reveló que los periodistas están en la mira —literalmente en la mira— de la policía del gobernador. Bibiana Varela, reportera gráfica del diario Órale, captaba imágenes de los gendarmes en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos. A una instrucción, la hostigaron, la despojaron de su equipo, la obligaron a borrar sus fotos, la mantuvieron retenida contra su voluntad y la amenazaron.
Protestó el gremio y la Asociación (Política) de Periodistas de Coatzacoalcos lo hizo a su muy peculiar y ambivalente manera, pues entregó una carta al secretario de Seguridad Pública en que relataba los hechos y los condenaba, y después acudía a una comida del gobierno represor duartista, cuyo platillo principal debió ser chayote con maíz.
De lujo, pues, el arranque de la instalación del Mando Único Policial. Al día siguiente llegaba Javier Duarte a Coatzacoalcos, anunciaba que se aplicaría en otros cuatro municipios: Cosoleacaque, Nanchital, Acayucan y Minatitlán, donde por supuesto la policía intermunicipal estuvo involucrada en el secuestro del hijo del alcalde Leopoldo Torres, y de sostener vínculos con el crimen organizado, al que le filtraban información clave.
Duarte quiso lavar la afrenta. Ofreció al camarógrafo Luis Alberto Román Córdova que el agresor sería castigado. Le sonrió, le estrecho la mano y lo hizo posar a su lado, difundida la foto para dar el mensaje de que el gordobés nada tiene contra la prensa. Luis Alberto, sin embargo, sigue esperando justicia.
No es éste el único caso de hostigamiento a los periodistas y a la sociedad. El operativo Coatzacoalcos Seguro, instalado en 2012, se inauguró con un cateo en un bar, golpeados los parroquianos, saqueada la caja, robados varios teléfonos celulares, manoseadas las meseras. Fueron acusados policías estatales y navales. Siguen impunes.
Días después el domicilio del periodista Rafael León Segovia fue allanado, tratado como delincuente. Su madre sufrió el susto y el acoso. Los vecinos padecieron la intimidación, invadidas sus casas, destrozadas sus puertas.
Rafael León organizó una marcha por las calles de Coatzacoalcos. Protestó y exigió castigo. La Asociación (Política) de Periodistas de Coatzacoalcos pretendió diluir el tema, suavizar el reclamo. Dicen los que saben que de las arcas de Seguridad Pública salieron 50 mil pesos, que Rafael León desdeñó pues aún continúa exigiendo sanciones a los responsables.
Aquel operativo fue un desastre. Dedicado a infraccionar automovilistas, el dúo policía-navales debió tragarse la humillación de ver a cuatro personas ejecutadas por el crimen organizado, mientras ellos paseaban por la ciudad en sus rondines inútiles.
Decenas de ciudadanos llevaron sus quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, abiertos aún los expedientes por tortura, incomunicación, lesiones e incluso la violación y abuso sexual de tres jovencitas, conminadas a cantar sobre el paradero de los traficantes de droga, de las que ellas dijeron no saber de qué diablos les hablaban.
Duarte, en seguridad y trato con la prensa, ha sido un fracaso. Corruptas, desprestigiadas, las policías intermunicipales debieron ser desmanteladas por su inoperancia y por sus vínculos con el crimen organizado. Ahora la prensa sufre el acoso del aparato de seguridad y al día siguiente recibe el apapacho del gobernador. O sea, te pego y luego te sobo.
Con o sin Mando Único, con o sin operativo Coatzacoalcos Seguro, la policía del gobernador reprime, amenaza, hostiga, roba, tortura y viola para garantizar, según la doctrina Duarte, la seguridad de los veracruzanos.
Así, ni cómo creerle. 
Archivo muerto 
Parchado, el Pacto por México superó la terapia intensiva, salió de coma y latió de nuevo. Regresa a la vida con un addendum, suscrito por el Presidente Enrique Peña Nieto, PAN, PRD y PRI, que supuestamente blinda los programas sociales federales y los preserva de ser manipulados con fines electorales. Teóricamente es el fin de la primera crisis política de Peña Nieto, ninguneado por el PAN y el PRD que tras el escándalo de los mapaches de Javier Duarte, los ladrones de elecciones de Veracruz, se levantaron de la mesa y dejaron hablando solo al Presidente de México, le rompieron el canal de negociación por su torpeza verbal cuando en el éxtasis de limitaciones, lengua sin cerebro, respondió a los videos en que se ve a la pandilla duartista ufanarse de cómo se usa Oportunidades, 65 y Más, el Seguro Popular, el abasto de despensas y leche para canjearlo por votos, vía la presión y la represión a los beneficiarios. 
“No te preocupes, Rosario, hay que aguantar”, le dijo Peña Nieto a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario Robles Berlanga, tránsfuga del PRD, de las izquierdas. Y que se arma el desmangüile. Peña Nieto lanzó una señal de impunidad y la oposición lo reventó con otra señal peor: el congelamiento de sus reformas estructurales, que si no pasan por el Pacto por México, menos por el Congreso. Primero el PAN, el 29 de abril por noche, y luego el PRD, el martes 30, expresaron que si no le aplican la ley a la pandilla duartista y a los funcionarios de SEDESOL, ya podía olvidarse Peña Nieto de reactivar el diálogo y, por supuesto, de dos reformas cruciales: la fiscal y la energética. 
El miércoles 2 de mayo, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, líderes panista y perredista, respectivamente, emitieron un comunicado conjunto en que radicalizaron su postura a partir del show de los mapaches de Boca del Río. Seguro entonces pasaba por la mente de Peña Nieto aquella sugerencia que apuntaba a zafar a Javier Duarte del gobierno de Veracruz, incluso antes de que el PRI volviera a Los Pinos, para evitar que lo metiera en mayores bretes y que la elección de Congreso y alcaldías del 7 de julio en suelo jarocho, lo pudieran enfrentar los priístas con operadores de nivel y no jefaturados por un aprendiz de político, cuyo mayor mérito fue cargarle la maleta a Fidel Herrera Beltrán y de ahí iniciar su descabellada carrera política. 
Una semana después, el miércoles 8, el addendum garantizaba transparencia en el manejo de los programas sociales y un observatorio ciudadano para verificar que las mapaches no lucraran con la ayuda a los pobres a cambio de votos para los partidos. Horas después, sin embargo, dos señales revelaron el tamaño del embuste: los legisladores priístas bloquearon un punto de acuerdo para que el Senado instara a la Procuraduría General de la República a hacer comparecer a Javier Duarte, señalado como el líder de los ladrones de elecciones, y el IFE se declaró incompetente para fiscalizar el uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos, en este caso en Veracruz. Irredento, casado con sus mañas, el PRI no va a abandonar su proclividad al fraude. 
Duarte y su pandilla siguen afiliando abuelitos en el programa 65 y Más hasta alcanzar la cifra de 70 mil. Con el calzón a medio camino, PAN y PRD cedieron a la promesa de Peña Nieto, sin que la justicia que tanto reclamaban hubiera llevado a un solo la mapache a prisión. Fue, dirían los clásicos, no atole sino addendum con el dedo… Corrían los días en el DF y Marcos, ausente, seguía embelesado con su nuevo juguete: el Corredor de aquí a Salina Cruz. Él allá, hablando sin ton ni son, taladrando con su rollo, vendiendo un sueño. Ajeno estaba a los juegos de la suegra, la abuela impune, ella en Xalapa añadiendo un plus a su ambición personal: Lu-pilla sería candidata suplente, impuesta por su madre a sabiendas del conflicto que habría de detonar. Marcos tramaba reventar al PRI, a Joaquín, a Mónica, a Alejandra, a quien fuera, pues dicen que ni a su sangre respeta. 
Pero con Lu-pilla en la fórmula, el plan abortaba. Burlado el bipolar, enterado tardíamente cuando nada podía remediar, montó en cólera y emprendió el regreso. Llegó hecho una furia, reclamó, zarandeó a la flaca: un jab por aquí, un volado por allá, un gancho más allá. Menuda la chamaca, parecía de trapo. Recibía una madrina peor que si se le hubiera atravesado Mayweather. Ante la magnitud de la felpa, alguien del servicio alertó al personal y de sus manos se la arrancaron viva. Ebrio, como estaba, fue a encarar a la suegra. 
Dañó el portón y activó el arma. Se escucharon tres, cuatro balazos, mientras los vecinos, pecho a tierra, convocaban a la policía. Lu-pilla se ocultó hasta que las huellas de la golpiza se esfumaron. Y de ahí se unió a la campaña. No duró mucho. Marcos la volvió a retirar. 
Cuando llegó el reclamo por la ausencia, recordó sus pactos inconfesables, las dádivas subterráneas, el chayote y el favor. Y si algo faltara, la existencia de un video titulado: Héctor también peca. Es el fragmento de un guión teatral, historia de poder, pasión y masoquismo. Cualquier semejanza con la realidad, no es coincidencia, es realidad…
PLUMAS LIBRES

11 de mayo de 2013

EL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO CONVOCA A UNA MANIFESTACIÓN PARA EL PRÓXIMO LUNES 13 DE MAYO CONTRA LAS PRIVATIZACIONES Y LA CORRUPCIÓN...


EL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO ESTA CONVOCANDO A UNA MANIFESTACIÓN ESTE LUNES 13 DE MAYO, PARA PROTESTAR EN CONTRA DE LAS POLÍTICAS DE PRIVATIZACIÓN, COMO LA EDUCACIÓN Y LAS RIQUEZAS ENERGÉTICAS.

Y ADEMÁS PARA REPUDIAR LAS ADMINISTRACIONES CORRUPTAS DE FORTÍN DE LAS FLORES Y CÓRDOBA, VERACRUZ, ENCABEZADAS EN SU MOMENTO POR CESAR TORRECILLAS Y JUAN ANTONIO LAVÍN TORRES, RESPECTIVAMENTE. SEÑALAN QUE HA HABIDO CORRUPCIÓN POR PARTE DE ESTOS DOS EX PRESIDENTES MUNICIPALES Y QUE HAN GOZADO DE IMPUNIDAD.

LOS REPRESENTANTES DEL FPR EXTERNAN SU INCONFORMIDAD ANTE LA CERRAZÓN DEL GOBIERNO EN ATENDER DIVERSAS DEMANDAS SOCIALES, EN DONDE LOS CIUDADANOS SON BURLADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.

Recibido por correo electrónico del frentepopular@outlook.com

UN ÉXITO EN LAS REDES SOCIALES LA MEGAMENTADA EN CONTRA DE ENRIQUE PEÑA NIETO

English: CARTAGENA/COLOMBIA, 7 APRIL 2010 - En...


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Publicado el 10/05/2013
Mucha alegría se vivió en el Zócalo capitalino, la gente se reunió este 10 de mayo 2013 para mentarle le madre al copetón que no sabe leer, en lo que bien puede convertirse en la nueva tradición contemporánea de México.


QUE ME DEVUELVAN A MI HIJO


Por: Lydia Cacho
Nunca olvidaré el impacto que me causó mi primer viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua hace 15 años, cuando convocada por Esther Chávez Cano fui a documentar las desapariciones y asesinatos de mujeres. Allí estaba yo, grabadora y libreta en mano, frente a esta mujer que parecía estar al borde del colapso, pero que en lugar de desmoronarse frente a mí recuperaba su fuerza invocando a su hija de 16 años. Me mostraba su fotografía, me contaba anécdotas. Que si era buena estudiante, que de adulta quería ser enfermera; que era una niña dulce. Y luego otra mujer, que su hija trabajaba en la maquiladora para pagarse los estudios. Una y otra vez las escuché, sentí su rabia, su desesperación, su amor, su ansiedad. Reconocí en ellas esa manera de aferrarse a la vida que tienen quienes han perdido a una hija, a un hijo y no se dan por vencidas ante la desventura. 

Pero ellas seguían andando. A lo largo de 15 años documentando la violencia en mi país, he aprendido las más grandes lecciones de ética, de humanismo, de solidaridad. Aprendí, porque necesitaba entenderlo para explicarlo y porque es la responsabilidad de una reportera estudiar y conocer lo que se investiga, de qué está conformado el andamiaje de la impunidad, los materiales férreos y sólidos de la corrupción. Y retraté la mirada, perdida en el hartazgo a veces, a veces gélida, de miles de servidores públicos, desde presidentes hasta legisladores, pasando por policías y procuradores. 

Documenté su soez trato a las víctimas, su ineficacia profesional, su intolerancia hacia una prensa inquisitiva. Pero ellas seguían andando. Y 15 años después miro a las madres defender el derecho a saber sobre sus hijos, sobre sus hijas; buscarles en cada rincón del país, decir sus nombres al amanecer y al anochecer, como quien eleva una plegaria para que el milagro se haga presente. 

Plegaria, del latín precari: rogar, suplicar. En este país se exige justicia, se ruega compasión, se suplica que las autoridades trabajen, que indaguen y busquen hasta encontrar a los hijos y las hijas desparecidas. Sin embargo, las respuestas de la autoridad dejan más desconcertadas a las madres sobrevivientes de una tragedia que crece como una montaña. Lía Limón, de la Secretaría de Gobernación, asegura que durante el sexenio de Felipe Calderón se documentó un registro con los nombres de 26,121 personas desaparecidas en México. 

Es decir, según la Segob desaparecieron en nuestro país 11.9 personas diariamente. Y ante el azoro del país, la frustración de las madres y de la FUNDEM (Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos en México), José Oscar Vega, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asegura que la PGR sólo cuenta con un registro documentado de 5,300 personas desaparecidas en 10 años. Mientras las autoridades prometen, las madres se movilizan, buscan, demandan, documentan y la solidaridad que encuentran está en la sociedad civil. Porque la autoridad se niega a investigar los casos de desapariciones forzadas, en las que servidores públicos están relacionados. 

Porque luego de millones de dólares invertidos en la mentada súper Secretaría de Seguridad Pública, en armamento, en equipos de espionaje para mejorar la capacidad e inteligencia del Estado, ahora el PRI anuncia que lo que hicieron durante seis años no sirve, que hay que volver a comenzar. Pero ellas seguían andando. Entonces las madres se plantan frente a la PGR, exigen verificar si sus hijos e hijas aparecen en esa base de datos, que es en realidad la única que podría llevarles a encontrar a las y los desaparecidos, por la sencilla razón de que la lista de la PGR se basa en Averiguaciones Previas. 

La otra, dicen las fuentes de PGR, la que dice que hay 26,121 personas desaparecidas en seis años, es política pero inservible. Por su parte la organización Human Rights Watch asegura que durante el sexenio pasado hubo casi 250 desapariciones de las cuales 149 casos muestran la participación de miembros de las fuerzas del orden, por lo que se consideran desapariciones forzadas. Entonces, me dice una madre cuya hija fue raptada hace tres años en Tamaulipas, si mi hija no aparece en esa lista ¿no existe?, ¿no la han buscado en tres años? 

Las madres de México marchan por sus familiares, pero marchan también por los nuestros, por el país. Ellas exigen que se esclarezca la manera inconsistente en que se documentan las desapariciones. Ahora en la PGR nos dijeron que tienen que hacerlo bien, porque los otros no hicieron su trabajo, dice una activista de Oaxaca con la voz quebrada. ¿Dónde estaba el PRI cuando García Luna y Marisela Morales, en su guerra por el poder, dejaron, como ha dicho Murillo Karam, elefantes blancos en las dos instituciones federales de seguridad y justicia? Porque allí estaban todos los gobernadores priistas, incluido Osorio Chong y Peña Nieto, sentados en la mesa del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobando, tomando decisiones. 

Allí estaban ellos, todos estos priistas que ahora dicen que nada funcionó, sentados en la mesa con el Presidente Calderón, con la Sedena, la Semar, Segob, SSP y el Secretario Ejecutivo del Sistema, felicitando a García Luna. ¿Qué hacían en esas reuniones si no era acordar las estrategias de seguridad y los presupuestos? ¿acaso leyeron los informes? Hoy 10 de mayo marchan en México las madres de miles de personas que pueden estar cautivas en manos de tratantes, cautivas en otros países, esclavizadas en un matrimonio servil, cautivos en un cártel, esclavizados en algún rancho trabajando. Hombres, mujeres, niñas y niños que pueden haber muerto hace meses, en manos de policías corruptos, de sicarios, de militares despiadados, o cuyas vidas están en peligro. 

Ellas no se dan por vencidas, ellas no se callan. Levantan la voz con el nombre de sus familiares, llevan la cuenta de los días, llevan la cuenta de las muertes, llevan la cuenta de las infamias de un Estado ineficaz, incapaz de reconocer el dolor de esa pérdida. Incapaz de darle valor a la vida humana. Incapaz siquiera de asumir su verdadera responsabilidad en la cuenta de las y los desaparecidos. Porque ellas seguirán andando no podemos dejarlas solas. @lydiacachosi

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/10-05-2013/14255

“LA JUSTICIA NO TIENE MADRE, LAS VÍCTIMAS SÍ”


¿Y EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATALES TENDRÁN... VERGUENZA?
– Mujeres marchan para reclamar respuesta ante desapariciones   
Por Anayeli García Martínez
México, DF.- (Cimacnoticias).- Este 10 de mayo, Día de las Madres, decenas de mujeres se volcaron una vez más a las calles para recordar que en este país ellas han tenido que asumir las investigaciones para localizar a sus hijas e hijos desaparecidos, ante la negligencia e incapacidad de las autoridades para brindar justicia.
Con flores blancas, casi marchitas, las madres de mujeres desaparecidas recorrieron la avenida Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, como parte de la “Segunda Marcha de la Dignidad Nacional”, una caminata símbolo de la lucha contra la violencia y la impunidad.
Ahí estaba Adela Alvarado, madre de Mónica Alejandrina Hernández, joven universitaria que desapareció el 14 de diciembre de 2004 en Ecatepec, Estado de México, cuando se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala.
www.eldiariony.com
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Adela se ha dedicado al entretenimiento como payaso a pesar de que estudió una carrera. Hoy con una sonrisa en su rostro dice que pese al dolor de no saber de su hija, sigue trabajando dando alegría a los demás.
Cuando no ameniza una fiesta se dedica a revisar el expediente de su hija; así se dio cuenta de que dos de los compañeros universitarios de su hija eran amigos de una banda de secuestradores, quienes al parecer son los responsables del presunto rapto de su hija.
Adela salió a gritar que “la justicia no tiene madre, pero las víctimas sí”. Así también lo hizo Guillermina Hernández, madre de Selene Giselle, una joven de 14 años que desapareció el 29 de abril de 2010 en Tulpetlac, también en el Edomex.
La policía dice que por estadísticas, mi hija se fue con su novio y que pronto va a regresar con dos o más nietos”, cuenta Guillermina al relatar la respuesta de las autoridades ante su denuncia.
Entonces se puso a investigar por su cuenta y descubrió la posible responsabilidad de la dentista que atendía a Selene, ya que ella fue la última persona que vio a la adolescente, además de que la invitaba a beber alcohol e ir a fiestas.
Una de las consignas de la marcha fue que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, explique qué hace su equipo para localizar a las jóvenes desaparecidas.
DEL DOLOR A LA DEMANDA DE JUSTICIA
Rocío Uribe Ruiz es madre de María Fernanda Tlapanaco Uribe, joven de 14 años que desapareció el 19 de abril de 2012 en Naucalpan, Edomex, tras salir de un curso para poder ingresar a la preparatoria.
“Cuando ella ya no me contestó el teléfono supe que algo pasaba; uno como madre sabe”, narra la mujer al asegurar que está dando un voto de confianza a las autoridades mexiquenses para que localicen con vida a su hija.
El llanto de una madre por su hijo desaparecido/ EFE
El llanto de una madre por su hijo desaparecido/ EFE
En el monumento al Ángel de la Independencia las madres colocaron las fotos de personas desaparecidas.
Otro grupo de mujeres mantiene desde ayer una huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la República (PGR). Ahí está un campamento que retirarán hasta que los altos mandos de la dependencia den la cara e informen sobre la búsqueda de las y los desaparecidos.
La “Segunda Marcha de la Dignidad Nacional” fue convocada, entre otras organizaciones, por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Red Verdad y Justicia de México y Centroamérica, y Centro de Derechos Humanos Victoria Diez (Guanajuato).
Además participaron el obispo Raúl Vera, e integrantes de la Casa del Migrante de Saltillo, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Coahuila), y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi (Coahuila).
También se solidarizaron Amnistía Internacional, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Comité Eureka, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

LANZARÁN ALERTA PARA PROTEGER MIER Y PESADO


El objetivo es impedir que el sitio sea convertido en un centro comercial
El grupo a favor de proteger el edificio del Asilo Mier y Pesado informó que ya tienen lista la alerta que se lanzará a más de 170 países, a través del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), AC, para impedir que el sitio sea convertido en un centro comercial.
Hace más de un mes, integrantes de dicha organización estuvieron en la ciudad y se dijeron dispuestos a defender el emblemático edificio mediante una alerta internacional, para lo que el grupo Salvemos Mier y Pesado, ha tenido que cubrir una ficha de información del lugar, que ya está lista, informó uno de sus integrantes activos, Christian Pérez Reyes.
La alerta internacional la enviará el Comité Científico de Arquitectura del Siglo XX de Icomos mexicanos, AC, y se incluye las recomendaciones y acciones que como comité sugieren para evitar la depredación del valioso inmueble, símbolo de la identidad de los orizabeños.
Y es que reconocen que si bien el Ayuntamiento no dio permiso para el cambio de uso de suelo, prevén que los representantes legales de la empresa que pretende el llamado “Patio Orizaba”, y la fundación del asilo, en poco tiempo reinicien el trámite.
Recordó que se recabaron más de diez mil firma de orizabeños a través de change.org, sin embargo en tanto la Fundación Mier y Pesado no quiera vender el edificio al municipio, no se puede hacer mucho, y es que recordó que se trata de propiedad privada, y los dueños finalmente son libres de vender al mejor postor.
Además están en espera de que Mier y Pesado sea declarado patrimonio de la humanidad ante la UNESCO, de esa forma, consolidarían el resguardo del inmueble, aunque siga funcionando como asilo.
De hecho, el grupo a favor de Mier y Pesado considera que el mejor uso que podría tener el lugar, es para un Colegio de artes de Orizaba, “sería el mejor uso para el edificio, pero se tendría que negociar con la Fundación Mier y Pesado para que lo venda al municipio”, asentó Pérez Reyes a AVC.

MADRES EN HUELGA DE HAMBRE/ PIEDRA EN EL ZAPATO


por Lilia Baizabal
“Yo creo que llegará un tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la esplendorosa mañana del mundo emancipado, libre de todas las maldades, de todos los monstruosos anacronismos de nuestra época y de nuestras caducas instituciones”: Samuel Fielden 
Aun cuando los principios de las garantías individuales están en la Constitución, hace mucho tiempo más que están plasmados en el derecho internacional; México continúa ofreciendo muestras de corrupción, impunidad y de barbarie como resultado del fracaso en su sistema de procuración e impartición de justicia.
Entristece y preocupa conocer las acciones que madres de desaparecidos  han emprendido para obligar a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), investiguen, procesen a  criminales y ofrezcan respuestas sobre los miles de desaparecidos que engrosan las listas en poder de las dependencias de seguridad.
Cansados de tocar puertas, de ir y venir a las dependencias de gobierno, madres desesperadas buscan en la huelga de hambre ejercer presión pública para que les ofrezcan una respuesta.
Hartos de la corrupción, indiferencia y mediocridad con que se conducen la mayoría de los funcionarios de gobierno en sus tres niveles, las madres se dijeron decidas a morir incluso de hambre, que continuar viviendo llenas de dolor, tristeza y preocupación por no saber qué ha sucedido con sus seres queridos que les fueron arrebatados.
Poco más de 35 mil desaparecidos en los últimos 7 años en México. Escasas o nulas respuestas de las autoridades para detener esta grave situación, que no solo ha afectado a los presuntos responsables, sino a miles de ciudadanos inocentes que tuvieron la mala suerte de “estar en el lugar equivocado”.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dio a conocer este viernes, que en lo que va de la gestión de Enrique Peña Nieto se han registrado 5 mil 296 muertes vinculadas a hechos presuntamente relacionados con bandas de la delincuencia organizada.
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En ninguna línea de las informaciones oficiales se habla de las “víctimas colaterales”. Para las autoridades todos los muertos de estos últimos 6 meses y los pasados 6 años han sido integrantes de la delincuencia organizada.

Así fácil y sencillo,  han criminalizado las autoridades a los muertos y desaparecidos,  sin importar las observaciones de cientos de padres, madres, hermanos, hijos; muchos de los que han protestado y presentado pruebas de las actividades honorables a las que se dedicaban muchos de los victimados.
Pero ni así. Nada parece conmover a las autoridades de los tres niveles de gobierno.  Los hechos evidencian una brutal indiferencia para hacer funcional a la administración pública. Las dependencias de velar por la procuración, administración de justicia y seguridad de los ciudadanos son las peores, aunque ninguna otra dependencia escapa.
La corrupción y la impunidad son un problema cada día más fuerte en México. Las listas de muertos, injusticias, abusos, violación  a los derechos humanos, desapariciones continúan creciendo sin que nada conmueva a las autoridades de todos los niveles de gobierno.
Lo más grave es que la sociedad parece ya estar acostumbrada a situaciones de ésta índole.
La gravedad de la corrupción que permea en todos los niveles de la administración pública, mantiene especialmente paralizado al sistema de procuración, administración e impartición de la justicia. Pero también un enriquecimiento inexplicable de la clase política en general.
La corrupción que galopa en las agencias del ministerio público, juzgados y tribunales superiores de justicia, y en todas las administraciones, desde un ayuntamiento hasta el gabinete presidencial, dificulta el fortalecimiento de las instituciones, afianza la impunidad e  impide la mejora en la gestión pública y en la imagen de México en el extranjero.
De acuerdo con un estudio presentado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, la impunidad es un grave problema que afecta al país.
El 98.5 por ciento de los delitos cometidos en México queda impune. El análisis también señala que del total de delitos sólo se denuncia un 22 por ciento y de esa cifra únicamente se investiga el 15 por ciento, pero para desgracia de los mexicanos, nada más el cuatro por ciento de dichas investigaciones concluye. Y por si esto no fuera alarmante, se testifica que sólo se sujeta a proceso penal a un 1.75 por ciento de los delincuentes.
Existen soluciones, por supuesto. Pero en definitiva, no están en las cámaras de diputados o senadores donde los señores ocupan su tiempo en la presentación de iniciativas y aprobación de leyes que solo benefician a unos cuantos. Y eso, los pocos que trabajan pues la mayoría como ha sido público solo se presenta a cobrar.
Hoy más que nunca, el país enfrenta una crisis política de dimensiones descomunales producto de la indiferencia con que la ciudadanía, acepta los magros resultados y la corrupción con que se conducen la mayoría de los funcionarios públicos.
Gran parte de los problemas del país, continuarán hasta en tanto la sociedad no abandone el letargo y la comodidad en la que se encuentra pensando que la violencia, la inseguridad, la extorsión, por parte de los delincuentes o la corrupción e impunidad que avalan las autoridades de todos los niveles, jamás llegará a su puerta.
Es  digno de aplaudir, de ser solidarios, de apoyar la lucha y denuncia de los miles de padres y madres afectados por la ausencia de sus seres amados. No solo de los que se atreven a iniciar una huelga de hambre para presionar a los funcionarios públicos que cumplan con su trabajo, sino también de los que organizan caravanas, realizan grandes caminatas o se atreven a salir a las calles a protestar.
Lento pero cada día son más las voces que se suman a la exigencia de justicia y a la denuncia, presión y protesta contra las corruptas autoridades, gracias a las cuales, México vive una horrible pesadilla de muerte y violencia.
El avance en la organización de la ciudadanía es irreversible. Es prioritario el avance de la sociedad, con los ojos abiertos, y bien dispuestos a colaborar con el supremo interés de luchar contra la corrupción e impunidad y pugnar por la reconstrucción de un nuevo México. Esta es una tarea de todos.