lPor Roberto Garduño
México, DF. La aplicación de
políticas neoliberales derivadas en programas asistencialistas para los
campesinos mexicanos, y la indiscriminada apertura a productos perecederos
provenientes del extranjeros, han arrojado que 16.7 millones de personas que
habitan en las áreas rurales vivan en condición de pobreza.
De esa cifra negra se desprende que
11.5 millones se encuentran en estado de pobreza moderada y 5.2 millones
corresponden a una situación de pobreza extrema, como lo reveló el análisis y
medición de la pobreza –publicado el pasado mes de julio del 2013- por el
Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval). En
ese documento, también se confirmó que el número de pobres asciende, a lo largo
de la República a 53 millones 300 personas.
Así, al presentarse en la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos
quinto, 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Rural, el senador priísta Héctor Yunes,
expuso lo siguiente: “Desafortunadamente, la falta de oportunidades en las
regiones rurales del país ha generado marginación y desigualdad, situación que
debe ser erradicada, orientando políticas efectivas hacia las actividades
agropecuarias con el objeto de favorecer el bienestar económico y social para
este sector de la población, que representa uno de los principales rezagos a
nivel nacional.
“Lo anterior nos indica que las zonas
rurales son el sector más vulnerable de la población, debido a su alto índice
de pobreza. Ante esta problemática, coincidimos en que el Poder Ejecutivo debe
realizar acciones enfocadas desde diferentes ángulos, con una perspectiva
agregada y no aislada, diseñando y ejecutando mejores estrategias para el medio
rural.”
Así, como fórmula para erradicar ese
ominoso panorama, presentó una iniciativa con objeto de crear los
sistemas estatales de investigación y transferencia para el desarrollo rural
sustentable, y para articular la coordinación, concertación y vinculación de la
plataforma científica para el desarrollo rural entre las diversas instituciones
de los sectores público, social y privado en cada entidad federativa, a fin de
generar los vértices de una política pública que permita impulsar la
investigación, la transferencia de tecnología e innovación para lograr y
mantener la competitividad del sector rural a partir de proyectos y programas
en materia de investigación a favor de un desarrollo tecnológico competitivo.
