Alvaro Belin Andrade/Hora Libre
Cada vez son más los funcionarios públicos en activo que se incorporan a la
corriente instaurada por el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, de
aprovechar el puesto, los recursos materiales y financieros, los vehículos y el
personal a su mando, para adelantar vísperas en la carrera rumbo al Congreso de
la Unión en 2015.
No hay semana en que el coatepecano no utilice su puesto
para moverse a comunidades que pertenecen a municipios del distrito Xalapa
Rural, y se reúne con padres de familia, autoridades municipales y comunitarias,
líderes políticos y maestros. Hasta esas escuelas lleva útiles escolares, apoyos
diversos relacionados con la educación, soluciones a pequeños problemas de
infraestructura y, por supuesto, su discurso.
Porque Mota Hernández ha
definido a ese distrito electoral federal como su plataforma para impulsarse de
nueva cuenta a la Cámara de Diputados, sin que su jefe le llame la atención por
no concentrarse en un puesto donde solo ha sido una mala figura
decorativa.
Es lamentable que se le deje tejer su proyecto personal, mientras
los avances logrados en educación van derrumbándose a pasos agigantados. Mota
Hernández encarna la figura más deleznable del político que solo busca su propio
beneficio. No lo merecemos los veracruzanos.
Gracias a ello, el sector
público más importante en términos de presupuesto ha sido abandonado a las
inercias de la estructura burocrática dominada principalmente por los sindicatos
magisteriales, y que sobre sus áreas administrativas se cierna cada año el ojo
crítico y cuestionador de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por
subejercicios, desvíos y malversación de recursos federales, mientras el
inexperto político usa su tiempo en sus sueños políticos.
Pero lo mismo
sucede en la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde su Tesorero, Tarek
Abdalá Saad, está empecinado en convertirse, el año próximo, en el candidato
priista a la diputación federal por Cosamaloapan.
Vicente Benítez, quien es
el nuevo Oficial Mayor de la SEV, mueve todos sus hilos para ligar el apoyo
popular en el distrito de San Andrés Tuxtla, donde una cofradía de alcaldes
ambiciosos, encabezada por Manuel Rosendo, alcalde sanandrescano, busca a toda
costa crear dominio político impulsándolo al Congreso.
La manzana nunca cae lejos del árbol
No es criticable buscar un puesto de elección popular, menos cuando el
prospecto tiene un conocimiento amplio de los problemas que enfrentan las
poblaciones en el distrito al que aspira. Pero hay de formas a modos.
Al
menos dos aspirantes a ser candidatos a diputados federales tienen la misma
responsabilidad que el secretario Mota, pero no son tan cínicos a la hora de
promover su figura entre los grandes electores.
Me refiero a los secretarios
de Desarrollo Social, Jorge Carvallo Delfín, y de Gobierno, Érick Lagos
Hernández, quienes buscarían colarse al Congreso que cuidará el último tramo del
presidente Enrique Peña Nieto, jugándosela por los distritos XIX de San Andrés
Tuxtla y XX de Acayucan, respectivamente.
Ambos han debido atender las
responsabilidades de su encargo, al mismo tiempo de hacer política partidista
para refugiarse en la Cámara de Diputados un año antes de la finalización del
sexenio de Javier Duarte de Ochoa, y en una de esas, hasta protegerse con fuero
de una posible persecución política en caso de que el PRI pierda la gubernatura
en 2016.
Nohemí Guzmán Lagunes, secretaria de Protección Civil, a quien todo
mundo da como segura contendiente a la diputación federal por el distrito IX con
cabecera en Coatepec, no ha dejado tirados los bártulos en el área tan sensible
que le corresponde dirigir, pese a que se da su tiempo para gestionar adhesiones
y simpatías en una demarcación donde prevalecen los municipios serranos
(Acajete, Altotonga, Ayahualulco, Xico, Las Vigas de Ramírez, Tlacolulan, Las
Minas, Perote, Tlalnehuayocan, Rafael Lucio, Tatatila, Cosautlán de Carvajal,
Ixhuacán de los Reyes, Teocelo, Villa Aldama y Coatepec).
Algo se debería
hacer desde las instancias fiscalizadoras para evitar que la labor de un
secretario del despacho, cuya jurisdicción es estatal, se concentre en
municipios donde orienta su interés político. Aunque, claro, nada se va a hacer,
porque prácticamente todos los que se mueven en esa dirección seguramente tienen
la autorización de su jefe, el gobernador.
En negocios, estamos a mitad de la tabla
Aunque corren rumores de que el estudio fue por encargo de la SHCP y
gobiernos estatales priistas, lo cierto es que en el quinto reporte Doing
Business 2014, elaborado por el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera
Internacional (CFI), Veracruz aparece en el lugar 13 en cuanto a número de
trámites y regulaciones para abrir un negocio.
Pese a la reiterada promoción
que de su labor realiza el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedecop), Érick Porres Blesa, y de que ha asegurado que la gestión para abrir
un negocio en la entidad se ha reducido en número de trámites, autorizaciones y
certificaciones, lo cierto es que Veracruz tiene mucho que trabajar en este
sentido.
Es cierto que el estudio ubica en el último lugar del ranking al
Distrito Federal, y que otorga las más altas glorias a los estados de Colima,
Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí, Veracruz se mantiene como en casi
todos los indicadores que gusten y manden (incluso en lo deportivo): en la media
tabla: ni muy bueno ni muy malo. Como dice el dicho popular, Veracruz ni huele
ni hiede.
El estudio no solo mide número de trámites y tiempo mínimo que
transcurre entre comenzar la gestión y poner en marcha la empresa; agrega cuatro
indicadores: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción,
registro de la propiedad y cumplimiento de contratos.
Muchos de los trámites
y gestiones dependen de otros actores públicos, y no solo estatales, desde
dependencias federales hasta del nivel municipal, pero no se ve que se hayan
resuelto del todo en el caso veracruzano.
Nos superan tres vecinos
Superan a la entidad en mejor clima para hacer negocios, además de los cuatro
ya enunciados, los estados de Chiapas, Campeche, Zacatecas, Sinaloa, Estado de
México, Sonora, Puebla y Michoacán.
El estudio señala que abrir en el país
una empresa requiere en promedio siete trámites, 12 días y una erogación
equivalente al 11 por ciento del ingreso per cápita. Para contrastar, baste
señalar que en Nueva Zelanda se puede abrir una empresa en menos de un día,
pagando 0.3 % del ingreso per cápita y realizando un solo trámite en
línea.
Veracruz, junto con Colima, Aguascalientes y Puebla, es de los estados
donde es más fácil y rápido realizar el trámite para el registro de propiedad,
mientras que para ejecutar una sentencia, los emprendedores tardan en promedio
seis meses tanto en el Distrito Federal como en Veracruz.
No sería
desproporcionado sugerir al gobernador Javier Duarte de Ochoa que despabile a
Érick Porres Blesa, empresario por cierto, para que simplifique aún más los
trámites que se exigen para la apertura de nuevas empresas.
Muchas veces,
este factor disminuye nuestra competitividad frente a otras entidades vecinas,
como Chiapas, Puebla o San Luis Potosí, mejor situadas en este ranking; y es que
Veracruz necesita la creación urgente de fuentes de empleo.
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