Desde el inicio de su mandato, Duarte ha mantenido el discurso de que trabaja de manera eficaz para restablecer los índices de seguridad en la entidad. En meses recientes, por ejemplo, ha dicho que “Veracruz está en calma” y que “en Veracruz no hay extorsiones, no hay balaceras y no hay secuestros”.
Sin embargo, los hechos derriban sus palabras. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de su gestión han ocurrido la mayor cantidad de homicidios, extorsiones y secuestros de las últimas tres administraciones.
Al respecto, son ilustrativos dos casos en los que se puso en evidencia cómo el gobierno de Duarte intentó ocultar información. El primero de ellos ocurrió en octubre de 2011, cuando entre la noche del 5 y el mediodía del 6, la policía estatal encontró 31 cadáveres en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
El día 6, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno veracruzano, entonces comandada por la polémica Gina Domínguez, emitió un comunicado en el que negaba los hechos y aseguraba que no había ninguna confirmación oficial. Ese mismo día, la Secretaría de Marina (Semar) respondió con otro comunicado, en el que hacía referencia al hallazgo de los cuerpos, con lo que evidenció al gobierno estatal.
Para salir al quite, la Coordinación de Comunicación Social intentó justificar el ocultamiento de información asegurando que los responsables de la investigación habían mantenido el operativo en secrecía hasta su conclusión.
El otro caso ocurrió recientemente, cuando el 16 de junio pasado elementos de la Semar encontraron al menos 31 cadáveres en fosas clandestinas localizadas en el rancho “El Diamante”, en el municipio de Tres Valles. Fue hasta dos días después de que se localizaron los entierros que el entonces Subprocurador Regional de Justicia, Arturo Herrera Cantillo, confirmó el hallazgo.
Este hecho le valió ser removido de su cargo. El Gobernador Duarte afirmó que se trataba de un hecho atípico, pero a finales del mes de junio, en paraíso Novillero, en la misma zona del rancho “El Diamante”, fueron encontrados más cuerpos. En respuesta, el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, rechazó la existencia de la nueva fosa. Además, Duarte negó que entre los cadáveres localizados hubiera menores de edad, información que fue desmentida por el periodista Ignacio Carvajal, quien ingresó a las fosas del rancho “El Diamante” y documentó que cuando menos tres menores de edad estaban entre los muertos.
El pasado 2 de julio, Carvajal denunció que había sufrido el robo del auto Tsuru blanco con el que trabajaba. El de la violencia no es el único tema que Duarte se ha empeñado en ocultar. La deuda pública es otro problema que ha marcado a su administración y que, de acuerdo con el periodista veracruzano Luis Velázquez, por mucho tiempo se intentó omitir de la agenda.
En una columna publicada el pasado 21 de julio en el sitio blog.expediente.mx, Velázquez refirió que del 15 de diciembre a la fecha, el gobierno de Duarte ha solicitado 21 créditos por un total de 41 mil millones de pesos sin que los diputados locales le hayan exigido hasta ahora un informe al respecto.
Según el más reciente informe de la Sefiplan, correspondiente al primer trimestre de 2014, la entidad tiene una deuda total de 41 mil 147 millones de pesos, aunque hay quienes estiman que el monto de la deuda alcanzaría hasta los 80 mil millones de pesos. Pero incluso la cifra oficial representa un monto casi cinco veces superior al de la deuda pública que heredó de su antecesor, la cual ascendía a 9 mil 307 millones de pesos.
Un tema en el que Duarte ha sido omiso, tanto en el discurso como en la acción, es el de la pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 52.6 por ciento de la población veracruzana vive en pobreza; de ellos, 14.3 por ciento (equivalentes a 1 millón 122 mil personas) sobreviven en pobreza extrema. Aunque proporcionalmente no es la entidad con mayores índices de pobreza, sí es el segundo estado con más personas pobres, con 4 millones 141 mil 800.
