15 de enero de 2015

A 13 DÍAS DE LA DESAPARICIÓN DE MOISÉS SÁNCHEZ, FISCALÍA CONTRA DELITOS A LA PRENSA “SIGUE VALORANDO” SI INVESTIGA EL CASO

El procurador de Veracruz dijo que la principal línea de investigación del caso se centra hasta el momento en la diferencias entre Moisés Sánchez y el alcalde de Medellín, Omar Cruz. El Ayuntamiento rechaza que el edil tuviera una mala relación con el periodista.
Manu Ureste (@ManuVPC)
Familiares y colegas del reportero Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido desde el dos de enero, se manifestaron en el puerto de Veracruz para exigir se agilicen las investigaciones e informen los avances del caso. //Foto: Cuartoscuro

A casi dos semanas de que un grupo de nueve personas armadas entrara violentamente a la casa del periodista veracruzano Moisés Sánchez en Medellín de Bravo y se lo llevara en una camioneta, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)  “sigue valorando” si atrae o no el caso.
Así lo da a conocer la organización defensora de la libertad expresión Artículo 19, luego que el pasado 8 de enero enviara un escrito a esta fiscalía dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que sesolicitó formalmente la intervención de la dependencia federal para investigar la desaparición forzada del director del semanario La Unión.
Ante esta petición, autoridades federales informaron a Animal Político que la Fiscalía Especial para los delitos cometidos contra periodistas sí atraerá el caso del reportero Moisés Sánchez, aunque no especificaron cuándo.
“La Fiscalía ya tiene todos los elementos suficientes para tomar una decisión”, señala al respecto Ricardo González, integrante de Artículo 19. “Y creemos que ya se tardaron mucho, sobre todo porque cuando se trata de privaciones ilegales de la libertad, o de desapariciones forzadas, las primeras 72 horas son claves”, hace hincapié el activista, que explica que a 13 días de que las autoridades no den con el paradero del comunicador, “lo más importante es sacar este caso del fuero local”.
“Cuando se hizo la reforma a esta Fiscalía (en mayo de 2013), la idea era precisamente que cuando se dudara de la capacidad o de la voluntad de las autoridades locales, la Federación pudiera atraer el caso directamente”, explica González.
“En cambio, aunque durante años se impulsó que la Fiscalía pudiera atraer los casos, ésta lo hace de manera muy discrecional y sin que estén muy claros los criterios –agrega-. Por lo que creemos que el caso de Moisés es la prueba de fuego para que la Fiscalía demuestre cómo va a utilizar sus capacidades para atraer casos de los fueros locales”.
En este sentido, Artículo 19 recuerda que en el estado que gobierna el priista Javier Duarte ya hay varios ejemplos -como el de los periodistas asesinados Gregorio Jiménez y Regina Martínez- en los que las autoridades trataron de desechar la labor periodística de los reporteroscomo móvil de las agresiones. Situación que se repitió un día después de la desaparición forzosa de Moisés Sánchez, el pasado 3 de enero, cuando Duarte aseguró ante los medios de comunicación que el director de La Unión no es un periodista, sino un “conductor de taxi”.
“El gobierno de Veracruz siempre trata descartar en primer lugar el ejercicio periodístico como el móvil de las agresiones a comunicadores. No quieren entrar a investigar lo que estaban diciendo estos periodistas. Se salen por la tangente porque evidentemente estos reporteros estaban haciendo señalamientos sobre corrupción, asesinatos, o sobre cuestiones de seguridad”, expone por su parte Francisco Sandoval, también integrante de Artículo 19, que insiste en la necesidad de que la Federación sea la que investigue el caso, sobre todo tras las declaraciones del mandatario descartando sin previa investigación la labor periodística del veracruzano como motivo de su desaparición forzada.
En este sentido, Artículo 19 destaca que de acuerdo con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el caso de Moisés Sánchez aplica en al menos seis de los supuestos (que puedes leer aquí) bajo los cuales la Fiscalía puede atraer delitos contra la libertad de expresión.
El periodista veracruzano Moisés Sánchez fue sustraído de su domicilio por un grupo de personas armadas, el pasado 2 de enero. //Foto: proporcionada por la familia de Moisés Sánchez
Foto: proporcionada por la familia de Moisés Sánchez
El periodista veracruzano Moisés Sánchez fue sustraído de su domicilio por un grupo de personas armadas, el pasado 2 de enero.
Diferencias entre Moisés y alcalde, “línea de investigación sólida”
En cuanto a la principal línea de investigación del caso, el procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, confirmó en el programa Punto de Partida que ésta se centra hasta el momento en la diferencias existentes entre Moisés Sánchez y el alcalde de Medellín, Omar Cruz; quien según denuncia Artículo 19 habría amenazado al comunicador tres días antes de su desaparición, debido a las notas críticas que éste publicaba en su semanario La Unión.
“La línea de investigación más sólida es parte de diferendos que existían entre Moisés y el Alcalde”, apuntó el procurador.
No obstante, fuentes de comunicación social del ayuntamiento de Medellín consultadas porAnimal Político negaron que el edil panista tuviera una mala relación con el reportero, y que éste tenga algo que ver con su desaparición.
“No es cierto, no había tal diferencia con Moisés. Él venía aquí (al Ayuntamiento) y se manifestaba sin que nadie le dijera ‘ya vete Moisés’. Él hacía uso de su libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano”, apuntó comunicación social.
Días antes, el pasado lunes 11 de enero, el alcalde panista de Medellín fue “invitado” a declarar a la Procuraduría General del Estado de Veracruz sobre este caso. Durante siete horas, Omar Cruznegó haber participado en el atentado contra Moisés Sánchez.
Hasta el momento, el balance de las investigación de las autoridades de Veracruz se reduce a 13 policías municipales de Medellín arraigados desde el 7 de enero.

EL FUERO ‘SALVA’ A UN ALCALDE DE YUCATÁN QUE AGREDIÓ A UN PERIODISTA

Pese a las evidencias de la responsabilidad de Emilio Dzul Huchim en la detención ilegal y agresiones contra un periodista, el funcionario local no ha enfrentado a la justicia.
Luis Castrillón (@LRCastrillón)
Foto: Cuartoscuro.
La omisión del ministerio público federal para solicitar el desafuero de un presidente municipal en Yucatán y la falta de atención del Congreso del estado a una petición ciudadana favorecerían la impunidad en el caso de la detención ilegal y agresiones en perjuicio del periodista Edwin Canché Pech, en esa entidad, en enero del año pasado.
La grupo de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, y los defensores de derechos humanos, Indignación, solicitaron al Congreso del estado de Yucatán este martes 13 iniciar el procedimiento para declarar la procedencia de desafuero constitucional del presidente municipal de Seyé, Emilio Dzul Huchim por el ataque en contra del periodista mientras realizaba su trabajo.
A consecuencia de una omisión del ministerio público federal, el alcalde continúa impune y en ejercicio de su cargo pese a que se haevidenciado su responsabilidad en la detención ilegal Canché Pech, quien reporteaba el choque de un vehículo, conducido por un sobrino del alcalde, contra un predio particular en esa localidad la madrugada del día 1 de enero de 2014.
Esta es la segunda ocasión que se entrega al Congreso del estado una solicitud para proceder en contra del alcalde. En enero de 2014, un grupo de habitantes de la localidad presentaron un documento para solicitar que se abriera una investigación por la probable comisión de abusos de autoridad de parte de Dzul Huchim contra varios ciudadanos.
Un total de 370 personas firmaron un documento que fue entregado ante la Oficialía de partes del Legislativo estatal. A la fecha la solicitud no ha procedido
De no procederse en este primer semestre del año, cuando prácticamente concluyen las actuales administraciones municipales en Yucatán, el alcalde dejaría el cargo sin haber sido procesado luego de haberse determinado su probable participación, junto a cuatro elementos y el director de la Policía municipal de Seyé, Juan Manuel Chuc Aldana, en lasagresiones a Canché Pech.
Leopoldo Maldonado y Luis Eduardo Knapp, así como Martha Carrillo y Cristina Muñoz, representantes de Artículo 19 e Indignación, respectivamente, entregaron personalmente en la Oficialía de Partes del Congreso de Yucatán el expediente en el que solicitan que se inicie el procedimiento de declaración de procedencia en contra de Dzul Huchim, “por su participación en los hechos de tortura sufridos por el periodista Edwin Canché Pech”.
Desde que ocurrieron los hechos, en enero de 2014, ambas agrupaciones han acompañado a Canché Pech en el proceso legal en contra del alcalde y los elementos y el director de la Policía municipal, sin que hasta el momento se haya emitido alguna resolución para sancionar a los responsables del delito.
De acuerdo con los representantes de Artículo 19, el caso fue atendido primero por la Fiscalía General del estado para luego ser atraído por la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Las averiguaciones del caso determinaron la probable responsabilidad de los cinco policías, la Dirección de esa corporación y del alcalde en las agresiones.
Sin embargo, se negó la orden de aprehensión contra Dzul Huchim bajo el argumento de que debido a su cargo goza de fuero constitucional y solo podría procederse en su contra por los hechos señalados si el Congreso, órgano capacitado para ello, le retira ese beneficio que la ley le otorga como autoridad en un cargo de elección popular.
El procedimiento que debió seguirse, según expuso Leopoldo Maldonado a Animal Político, era que la FEADLE solicitara al Legislativo yucateco iniciar el procedimiento de desafuero del presidente municipal de Seyé.
Ese recurso legal debía haberse iniciado desde mayo del año pasado que el Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán determinó que podía iniciarse el proceso contra del funcionario local, cuando también giró la orden de aprehensión en contra de los elementos policiacos y su director, pero hasta ahora el ministerio público federal ni siquiera ha presentado la solicitud.
A causa de esa omisión en el procedimiento y como parte del acompañamiento a Edwin Canché Pech es que Artículo 19 y el grupo Indignación se presentó este martes 13 de enero en el Congreso yucateco para presentar la solicitud, con la expectativa de que los diputados decidan proceder lo más pronto posible y castigar el delito cuyos probables responsables permanecen impunes.
Para los representantes de la agrupación internacional por defensa de los derechos de los periodistas, las evidencias y declaraciones presentadas en el caso evidencian en su totalidad la responsabilidad de Dzul Huchim en las agresiones,pero mientras tenga la garantía legal de la cual goza por su cargo es imposible proceder legalmente en su contra.
El 24 de mayo de 2014, el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Yucatán emitió órdenes de detención contra el director de la policía municipal Juan Manuel Chuc Aldana, y cuatro de sus subalternos: Felipe Antonio Tut Chale, Fernando Chuc Pech, Andrés Díaz Kantún y Adrián Vázquez Pantoja, señalados directamente por haber agredido al reportero.
No obstante, a la fecha, los cinco elementos policiacos se encuentran libres luego de haber pagado una fianza establecida entre los 7 mil 400 a ocho mil 333 pesos, determinada por el Juzgado con base en la legislación estatal que no considera el tipo de lesiones producidas al reportero de Seyé como un delito grave.
Canché Pech, el reportero de Seyé, es una referencia en la población. El pequeño negocio de venta de peces y algunos artilugios para peceras es tan solo una de sus varias ocupaciones, pero la que más le ha ganado simpatía entre sus vecinos en la comunidad es la del trabajo reporte.

PROTESTAS ENMARCAN PRIMERA VISITA DE PEÑA NIETO A CIUDAD JUÁREZ


Estudiantes repudian la visita de Peña Nieto a Juárez. Foto: Ricardo Ruíz
Estudiantes repudian la visita de Peña Nieto a Juárez. Foto: Ricardo Ruíz
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- En medio de expresiones de protesta en Juárez, el presidente Enrique Peña Nieto presumió la reducción en los índices de criminalidad y homicidios en esta ciudad fronteriza, un hecho que, aseguró, “proyecta a México ante el mundo como una nación que está cambiando y mejorando sus condiciones de seguridad.
En su primera visita a Juárez como presidente, Peña Nieto estuvo acompañado por los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; Salud, Mercedes Juan; Jorge Carlos Ramírez, titular de la Sedatu, y el gobernador priista César Duarte Jáquez, entre otros.
En los puentes peatonales que se ubican durante el trayecto que realizó el Ejecutivo federal, las autoridades locales colocaron mantas para dar la bienvenida a Peña Nieto, acción que fue fustigada por usuarios de redes sociales y manifestantes: “Usted no es bienvenido a Juárez, señor presidente”, o “Peña: No eres bienvenido a Juárez”.
El grupo de funcionarios inauguró el Centro de Diversión y Esparcimiento Familiar para policías estatales y municipales, a pesar de que las autoridades aún no determinan quién lo administrará ni cuál será la mecánica para su mantenimiento, pero el evento sirvió como pretexto para destacar el “avance” en la lucha contra la delincuencia y la “recuperación” de la paz en Juárez.
Peña Nieto aseveró que en el país hay grandes avances en materia de seguridad, aunque no se ha cumplido la meta, y agradeció a las fuerzas policiacas de todo el país su participación en esa tarea.
También dijo que como parte del plan de seguridad se recuperarán 2 mil 500 espacios y a la fecha suman 800, como el caso del Cedefam; no obstante, las protestas en las calles se incrementaron pese al despliegue de cientos de agentes estatales, federales y militares que resguardaron los cuatro puntos que visitó Peña Nieto en Juárez.
Los agentes ministeriales de Juárez y la capital Chihuahua fueron trasladados a la frontera para incrementar el resguardo de la ciudad que ya recuperó la paz “desde hace dos años”, dijo Peña, aunque Duarte Jáquez aseguró que ello ocurrió desde que inició él su gestión, en 2010.
Audiencias y juicios orales fueron suspendidos en el Supremo Tribunal de Justicia por petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó la portavoz del Poder Judicial, Dinorah Gutiérrez Aldana, quien explicó que sólo se desarrollaron las que tenían el martes 13 como vencimiento de determinados plazos legales.
En tanto, integrantes de la Asamblea Universitaria y otros estudiantes manifestaron su indignación por los hechos ocurridos en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desde la avenida Paseo Triunfo de la República y Adolfo López Mateos.
Cerca de ellos y afuera del hospital fuertemente resguardado se encontraban integrantes del comité de padres de jóvenes desaparecidas y de la Red Mesa de Mujeres, entre otros colectivos solidarios.
En ese nosocomio, Peña acudió a inaugurar un área que será remodelada. Ese hospital ha sido inaugurado por lo menos tres veces.
Sin embargo, los policías federales que resguardaban el lugar arremetieron contra los estudiantes que insistían en su protesta e intentaron ingresar a un área que se mantenía restringida.
Los estudiantes retiraron las vallas que impedían el paso y los agentes reaccionaron, entre empujones y jaloneos, lanzando gas lacrimógeno a los inconformes.
Los jóvenes también pintaron camiones de la Policía Federal con frases como “Somos 42” o “Somos Ayotzinapa”.
Cerca de ellos y gritando consignas, los padres de jóvenes desaparecidas y/o asesinadas reclamaron eficiencia en las búsquedas y en la justicia, mientras grupos de activistas reclamaban por el incremento de la inseguridad y la afectación económica.
En momentos en que la gresca incrementó, las mujeres hicieron una valla para que los elementos de seguridad no tocaran a los padres de las jóvenes desaparecidas, mientras que Ricardo Alanís (padre de Mónica Alanís Esparza, desaparecida en 2009, cuyo cuerpo fue encontrado en 2012 y entregado apenas el año pasado) reprochó que el presidente no atendiera a las víctimas
Y es que Peña se reunió más tarde en las instalaciones del gobierno estatal en Juárez con organizaciones de la sociedad civil, pero sólo fueron invitadas las que conforman los empresarios.
Luego de conocer que Peña Nieto se reuniría con organizaciones civiles, los padres de Mónica, Ricardo Alanís y Olga Esparza pidieron a la Red Mesa de Mujeres que les ayudara a solicitar al gobierno estatal y a la Secretaría de Gobierno en Juárez se les permitieran acudir a esa reunión con el presidente.
Los temas que pedían abordar eran específicos: la recompensa del gobierno federal en búsqueda de jóvenes, compromiso para avanzar en las investigaciones de los casos del comité, inversión en política de prevención de violencia, desapariciones y trata, así como el compromiso de Peña Nieto para fortalecer las dependencias que tienen enlace en Ciudad Juárez a través del respaldo y recursos, sin embargo, el Estado Mayor Presidencial (EMP) no aceptó.
Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, reclamó durante la manifestación que se diera espacio a grupos y líderes empresariales, disfrazados de organizaciones de la sociedad civil, pero no a las víctimas.
Peña también inauguró el distribuidor vial Sanders y el paso vehicular inferior de la avenida 16 de Septiembre, que funcionaban desde hace meses.
Con los empresarios de cámaras y de la Mesa de Seguridad, Peña Nieto se comprometió a crear una mesa que tenga comunicación constante con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En las calles los manifestantes recordaban el incremento de asesinatos en la ciudad y en el Valle de Juárez, desde el año pasado, donde la población vive aterrorizada.
También recriminaron la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otras promesas incumplidas que hizo el presidente cuando era candidato del PRI.
Peña aseveró que Juárez es privilegiada en su calidad de frontera, pues disminuyó el precio de la gasolina y en esa zona se generó 83% de empleos del año pasado, pero su discurso no convenció a la ciudadanía juarense.

COMUNICADO DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS OBREROS DE FRANCIA (PCOF) SOBRE EL ATENTADO A CHARLIE HEBDO

Sí a la lucha por la libertad de expresión

No al oscurantismo y la xenofobia

No a la «unión nacional» con la reacción

Sí a la solidaridad y la fraternidad

indexEl asesinato de 12 personas, entre ellas los principales dibujantes y periodistas de «Charlie Hebdo», ha causado gran emoción y cólera en nuestro pueblo. Es la libertad de expresión, de crítica, el derecho a la sátira, lo que han querido asesinar los autores de tan repugnante acto. Para gritar «no», no cederemos, no nos dejaremos intimidar, decenas de miles de personas nos lanzamos a la calle en la misma tarde del atentado que trata de sembrar el terror e instaurar el miedo.

Otro mensaje de estas manifestaciones, es rechazar y condenar toda manipulación que provoque la islamofobia. Hace ya varias semanas que ciertos «intelectuales» vomitan su odio contra el islam a través de la radio y la televisión. Hoy, los lugares frecuentados por musulmanes son objeto de tales ataques. Como dijimos en nuestro comunicado del 7 de enero, «hay que acabar con la instrumentalización de la religión, sea la que sea, para dividir y cuestionar los valores de fraternidad y de tolerancia». Por ello defendemos el laicismo, el derecho de cada cual a creer o no creer, el derecho de crítica de cualquier religión y satirizarla.

El presidente de la República insiste en que Francia está en guerra contra el terrorismo. Es un discurso que nos recuerda el de Bush a raíz del 11 de septiembre. Varios medios informativos, responsables políticos, utilizan esta comparación, e igual que el presidente, preconizan la «unidad nacional».

No queremos esta «unidad nacional».

Cierto es que Hollande y su gobierno, han lanzado verdaderas guerras en diversos frentes: De Malí a la región subsahariana, y también en coalición como en Iraq. Esas guerras no sólo están condenadas al fracaso –basta con ver la situación en Iraq y Afganistán- sino que también alimentan a los grupos yihadistas en hombres y simpatizantes. Por eso nuestro partido, y otros, venimos denunciando- esta política de guerra, que está acompañada con alianzas con fuerzas reaccionarias que se sitúan en la peligrosa visión del «choque de civilizaciones “No queremos en absoluto una unidad nacional con la derecha. Una derecha a la que le parece normal que esa unidad se amplíe con el Frente Nacional de Marie Le Pen.

En el actual contexto, no necesitamos esta «unidad nacional», sino unirnos en la lucha contra la política de miseria y de guerra, por la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos. La unidad por la que luchamos, es la unidad del pueblo, de la clase obrera por sus intereses y los de los pueblos. Es la unidad de la lucha por el progreso social, la democracia.


París, 8 de enero de 2015

14 de enero de 2015

¡¡REPROCHAN AL GOBERNADOR JAVIER DUARTE, LAS DESASTROSAS CONDICIONES DE LAS CARRETERAS EN LOS TUXTLAS!!

Frente a la titular de SEDESOL Federal y diputados le restregaron en la cara una lona alusiva.
Por: Ángel Bravo Martínez.- Salto de Eyipantla, Municipio de San Andrés Tuxtla Ver. Fastidiados de las promesas incumplidas por parte del Gobernador del Estado Javier Duarte de Ochoa, éste día un grupo de transportistas se manifestaron con una lona alusiva a las pésimas condiciones en las que se encuentran todos los circuitos carreteros de acceso a los campos productivos, lugares de recreo y esparcimiento de ésta importante región y las  que por ende representa una verdadera trampa mortal para los conductores de las diversas unidades del servicio del transporte público, carga pesada y comercial, “da pena y vergüenza para propios y extraños, tener carreteras estales y federales completamente destrozadas que comunican con Los Tuxtlas y los bajos Llanos del Sotavento a los diversos puntos turísticos y recreativos”.

“Queremos carreteras en buenas condiciones, cumpla su palabra, ya no más falsas promesas, queremos carreteras, queremos carreteras, coreaban los inconformes al tiempo que alzaban una lona en las que se aprecian gráficas de las desastrosas condiciones de las vías de comunicación”.

Está acción, que nada gustó a los integrantes de ayudantía del Gobernador y a otros funcionarios menores, se dio en presencia de la Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga, diputados federales y locales quienes al igual que el Ejecutivo del Estado lograron apreciar lo lona y escucharon el reclamo popular de los inconformes.

“Ya estamos trabajando para mejorar las vías de comunicación, ya están pavimentando Sihuapan el Salto, se escuchó la voz del Gobernador y en respuesta los vecinos de las diversas comunidades de todo el corredor de Los Tuxtlas, que todos los días transitan estos caminos le espetaron en su cara que esa obra era del Gobierno federal, “ese camino es del Fonden, no es obra suya, no sea mentiroso, acto seguido el mandatario ordenó a uno de sus allegados a que atendieran las peticiones de los manifestantes, en tanto Rosario Robles, daba indicaciones a su personal para que tomaran imágenes de la referida lona argumentando que también tomaría cartas en el asunto.         

Ya con anterioridad hemos señalado las promesas incumplidas de Javier Duarte, han pasado más de cuatro años y no se ve el progreso en materia de infraestructura carretera, pese a que en campaña siempre dijo que sería “El Sexenio de Los Tuxtlas”,  en varios tramos automovilistas rifan la vida y centenares de pasajeros de las diversas líneas del transporte púbico se trasladan “con el Jesús en la boca”.

Una verdadera película del Viejo Oeste quedaría excelente con los paisajes que muestra el camino que está a pocos kilómetros de la autopista que comunica con el sureste de Veracruz y la República Mexicana, vía la Tinaja-Cosoleacaque y que representa el contacto con la vida productiva, comercial y empresarial de más de 15 ciudades, en las que se incluye Coatzacoalcos.

Las malas condiciones de esta cinta asfáltica han provocado infinidad de accidentes automovilísticos con consecuencias lamentables y nadie hace nada por remediar la situación.
Ninguna autoridad se ha preocupado, pues permanece deteriorada la carretera sin señalización alguna del inminente peligro que representa.

Lo más grave y delicado de este asunto es que en campaña política, el ahora gobernador Javier Duarte de Ochoa, prometió y se comprometió con los tuxtlecos: “Este será el sexenio de Los Tuxtlas”, notificó que estaría apostando por el desarrollo de Los Tuxtlas, e informó dos años  atrás, la reconstrucción de este tramo, el cual lo convertiría en un brazo de la autopista. Así lo dio a conocer ante la presencia de diversos actores del sector público, privado y turístico.

Habrá que esperar la reacción del Ejecutivo del Estado ante esta manifestación abierta de la que fue objeto por parte de ese grupo de transportistas.

TRONCO, BRINGAS Y GUÍZAR.

* Nombramientos en STPS
Por Iván Calderón
  Para los priistas de Coatzacoalcos la elección federal del próximo 7 de junio es un proceso perdido.
  Su candidato Rafael García Bringas es un cartucho quemado.
  “El pájaro” como lo conocen, jamás refrescó su imagen, y manteniendo un vergonzoso perfil, el neopriista con un pasado azul ha sido mandado al matadero.
  Muchos analistas políticos auguran que en esta parte de Veracruz se dará una de las elecciones más cerradas de la historia, otros en su caso, ven al PRI en la derrota.
  El distrito XI ha sido considerado como la joya de la corona del sur y bajo este mote lamentablemente los habitantes de Coatzacoalcos, Agua Dulce y Nanchital han sido víctima de muchos.
  Sin duda, García Bringas es candidato de rebote.
  Ni en el imaginario colectivo Bringas había sido considerado como una opción, pero ante la negativa de Marcelo Montiel, este entró de última de instancia.
  Con esto hay que decir que Bringas tendrá que batallar contra la fuerza natural que arrastra por el momento Renato Tronco, polémico personaje que por las vías del Movimiento Ciudadano buscará ser diputado federal.
  Además de esto, el aspirante tricolor lidiará con Gonzalo Guízar Valladares, el expriista encontró en esta zona parte de su feudo a través del partido Encuentro Social.
  Es más, Guízar mantiene la posibilidad abierta de contender en la federal por el instituto político que el mismo dirige y así poner más interesante el asunto.
  No hay ninguna duda, García Bringas tiene todo en contra, incluso a los mismos personajes identificados con el partido oficial entre ellos Marcos Theurel quién al no colocar a su esposa y ahora seguramente jugará las contras.
  Ya veremos en que finaliza este asunto donde el “pájaro” no podrá obtener ni la ayuda de la infame administración de Joaquín Caballero Rosiñol, porque todo lo ha hecho mal.
  En fin, todo parece indicar que a este pájaro, como a las gallinas le cortaron las alas y esta vez no saldrá del corral.
NOMBRAMIENTOS EN STPS.
   Luego de que el gobernador Javier Duarte llevara a cabo los tan anunciados relevos, en las diferentes Secretarías inician calladamente los movimientos de reingeniería.
  De esta forma el Secretario del Trabajo Gabriel Deantes Ramos designó como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al abogado Jonathan Cortes Vargas.
  Jonathan Cortes es un experto en la materia de Derecho Laboral, además de tener en su haber varios reconocimientos por su destacado desempeño académico y profesional.
  Cortes Vargas dará continuidad a los compromisos del Gobierno de Javier Duarte con la ciudadanía veracruzana, velando y haciendo cumplir los derechos de las y los trabajadores, en el marco de la legalidad y el respeto irrestricto a la normativa laboral.
A sus órdenes.
@IvanKalderon

LOS SENDEROS DE RICARDO ANAYA CORTÉS

Por: Fernando Acosta Rivero

Ricardo Anaya Cortés, el joven dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) ha propuesto en sus discursos y promocionales que México cambie de rumbo. Cuestiona la violencia que azota al país y propone mejorar los salarios mínimos. Su mensaje humanista debe ser analizado a través de la actuación de quienes han integrado la dirigencia de la colectividad política blanquiazul en los últimos 15 años, entre ellos, los ex presidentes Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y también algunos gobernadores como Francisco Ramírez Acuña (2001-2006) en Jalisco y Francisco Garrido Patrón (2003-2009).

Transitar por otras sendas, enviar a la cárcel a los corruptos y “demostrar que sí podemos”, propone Ricardo Anaya, quien tenía 21 años de edad cuando Vicente Fox llegó a la Presidencia para “trabajar con ética y ser un ejemplo de honestidad”. Los nuevos caminos y senderos del PAN en el poder resultaron falsos. México continuó sumido en el proyecto neoliberal que presentan como modernista, cuando en realidad está lleno de exclusión antisocial y egoísmo criminal. “Fox robó poco”, comentan todavía algunas amas de casa en Querétaro, la hermosa ciudad donde nació, el actual presidente del PAN, el 25 de febrero de 1979. “Robó poco o mucho, engañó y defraudó a la nación”, reflexionan varios de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde Anaya ha sido estudiante y profesor titular de las materias: Derecho Constitucional y Teoría del Estado.

El dirigente nacional del PAN ha transitado por senderos del poder y ha conocido de cerca los abusos de autoridad cometidos por dirigentes de su partido. En 2005 cuando se destapó el caso escandaloso de la bahía El Tamarindillo, ubicada en Michoacán y añorada por la señora Martha Sahagún, entonces primera dama de la nación, Ricardo Anaya, escuchaba y leía las denuncias por corrupción del gobierno federal y se enteraba que Francisco Ramírez Acuña, “prominente panista”, había estafado a los jaliscienses al adulterar comprobantes y facturas de sus gastos excesivos en el año 2003 en pleno auge y decepción del foxismo a nivel nacional e internacional.

“Demostrar que sí podemos”, dice Anaya en 2015. Fox Quesada demostró que sí pudo hacer un fraude como el realizado por el gobierno priista de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) en 1988 contra el Frente Democrático Nacional. Dieciocho años después, Fox, el panista que había criticado la imposición de Carlos Salinas de Gortari, impuso por la fuerza, con amenazas y engaños a su correligionario Felipe Calderón Hinojos, conocido en la historia reciente como el presidente espurio que desató una guerra “contra el crimen organizado” y enlutó a miles de sus compatriotas para ganarse la confianza de inversionistas estadounidenses y europeos, aunque la cantidad y calidad de las inversiones, así como los empleos prometidos nunca llegaron. En el periodo comprendido entre 2000 y 2012, con gobiernos panistas, se incrementaron el consumo y el tráfico de estupefacientes.

“Enviar a la cárcel a los corruptos y a quienes abusaron del poder”, es un slogan panista y debería aplicarse entonces a: Felipe Calderón Hinojosa, Francisco Garrido Patrón, Francisco Ramírez Acuña y Vicente Fox Quesada. ¿Se atrevería el actual presidente del partido blanquiazul a aceptar públicamente la posibilidad de que alguno de sus ex jefes y amigos fueran juzgados? Es casi imposible, como imposible será que la dirigencia de esa colectividad promueva un verdadero cambio, como abandonar el modelo neoliberal y promover la paz con justicia social. Así también es difícil que amplios sectores de la población puedan creer en un mensaje que está separado de la realidad. “¿A poco no?”.

Existe un falso panismo o como dijera en 2014 Luis Felipe Bravo Mena, quien fue secretario de Calderón Hinojosa, “un panismo sin valores”, donde están los arribistas, los empresarios mediocres que explotan a sus trabajadores, los empresarios que roban a México y no pagan impuestos ni en Jalisco ni en Querétaro por su amistad con Francisco Ramírez Acuña o Francisco Garrido Patrón. En 2005 la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) informó que Ramírez Acuña no justificó gastos por 230 millones de pesos durante el año 2003. Entre las facturas adulteradas se encontraron gastos de combustible y traslados de maquinaria del “prominente panista” Diego Fernández de Cevallos destinados a la ampliación de la llamada “Carretera del Amor” que va desde Tepatitlán hasta Arandas.

Carlos Castillo Peraza, militante y dirigente panista, quien renunció a su partido, decepcionado por los comportamientos de Fox Quesada y Calderón Hinojosa, decía durante una reunión con periodistas en Campeche el año de 1983 que “sin ética cualquier modelo político se pudre”. De Felipe Calderón  se sorprendió Castillo Peraza según documentó Julio Scherer García en su libro Secuestrados. El intelectual yucateco comentó que “se había revelado como un ser inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y a personas”. En el estado de Querétaro, otro panista, Francisco Garrido Patrón, faltó a sus principios y olvidó el significado de la palabra ética cuando decidió encubrir a Federico Ruiz Lomelí, presunto asesino del estudiante Marco Antonio Hernández Galván, el día 27 de noviembre de 2004. Federico Ruiz es hijo del influyente empresario querétano Francisco Ruiz Rubio, concesionario de la empresa Coca-Cola. Los familiares del joven Marco Antonio, quien tenía 18 años de edad, cuando recibió balazos de su agresor, presentaron pruebas suficientes sobre la culpabilidad de Ruiz Lomelí. Sin embargo, éste fue absuelto.

Los senderos de Ricardo Anaya Cortés, presidente panista, conducen a lo mismo; llevan a un nuevo abismo. Defender los supuestos logros obtenidos en las administraciones de Fox Quesada y Calderón Hinojosa, pretendiendo olvidar los abusos, la represión y la corrupción gubernamental galopante, presentes también en los estados de Jalisco y Querétaro durante las gestiones de Francisco Ramírez Acuña y Francisco Garrido Patrón, es dar una muestra más de que evidentemente el PAN fue secuestrado y convertido en una empresa deficiente y en quiebra moral totalmente.

LA JORNADA JALISCO