Han trascurrido escasos dos
meses de este año y la estrategia de violencia y terrorismo de
Estado en nuestro país sigue sumando víctimas del pueblo trabajador.
Periodistas honestos detenidos desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente,
activistas políticos asesinados, organizaciones populares reprimidas,
hostigamiento y amenazas para quienes luchamos decididamente contra esta
política criminal; son las constantes de este régimen que cada vez
deja ver su verdadero rostro antipopular y pro-fascista.
La espiral de violencia que
azota amplios sectores populares, es una realidad innegable e inocultable; ésta
violencia se ha intentado ocultar bajo el sofisma de la delincuencia organizada
para eludir la responsabilidad del Estado mexicano y crear la coartada para
arremeter impunemente contra el pueblo y sus organizaciones. El cinismo y la
demagogia son respuestas recurrentes de los gobiernos en turno, ante el clamor
de justicia mientras que voceros oficiosos intentan cerrar la pinza de la
represión exigiendo el baño de sangre del pueblo mexicano.
En este contexto, las
desapariciones forzadas de personas son una realidad que cada vez más laceran a
la humanidad, sumando en esta horrida lista millones de mexicanos entre los que
se encuentran los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo
Reyes Amaya, reivindicados por el PDPR-EPR, así también las indígenas triquis
Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el indígena chatino Lauro Juárez; los 43
normalistas de Ayotzinapa… esta dolorosa lista se sigue incrementando
en sus cifras en correspondencia con el incremento de la violencia y terrorismo
de Estado.
Sin duda no son las únicas
víctimas de este deleznable crimen de lesa humanidad, sin embargo, la mayoría
queda en el anonimato por temor o amenazas. Es preciso entonces poner el nombre
a cada una de ellas, que no figuren como simples números abstractos como se
reconocen en la cifra oficial. La exigencia es concreta ¡presentación con vida!
Como pueblo organizado y
como familiares de víctimas de la desaparición forzada, han sido varios años de
lucha, sin embargo, la respuesta ha sido la indiferencia y la indolencia; en el
mejor de los casos, la dilación y demagogia. En este proceso la lucha ha tenido
que conducirse por diversos caminos, articulando y conjuntando la lucha
jurídica con la política. Con los escasos recursos que brinda la cada vez más
vilipendiada constitución mexicana y las acciones políticas de masas.
Es en este contexto que
arribamos a la necesidad de dar a conocer mediante una gira nacional, la
reciente resolución jurídica emitida en julio del año pasado por el noveno
tribunal colegiado asentado en la ciudad de México, donde se precisa que la
búsqueda de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya debe realizarse
en las principales instalaciones militares del país.
Si bien es cierto, mediante
un mandato judicial el Estado mexicano debe acatarla, la realidad es otra,
porque en los aspectos jurídicos puede encontrar múltiples artimañas leguleyas
para evadir sus propias normas de estado de derecho, como pueblo exigimos que
se acate esta resolución porque sienta un precedente en la búsqueda y exigencia
de presentación con vida. Los representantes del Estado mexicano están en una
posición donde pueden mostrar voluntad política, sin embargo, por las
declaraciones que han hecho ante la ONU, queda demostrada la nula voluntad de
respetar los acuerdos internacionales firmados en la promoción y respeto a los
derechos humanos.
En este mismo tenor se
encuentra la posición que fija la PGR respecto a las pruebas que van saliendo a
la luz pública y que demuestran la participación de efectivos militares en el
cometido de diversos crímenes de lesa humanidad. La oligarquía mexicana
mediante sus cámaras empresariales osa opinar que no permitirá que se cuestione
la labor del ejército federal, cuando existen pruebas contundentes de que es
desde los altos mandos militares y el ejecutivo federal donde se planean los
más aberrantes crímenes de Estado.
El Estado mexicano sigue en
el empecinamiento de mantener al margen a las fuerzas castrenses. De las cuatro
líneas de investigación del caso, por lo menos en tres se hace mención de la
participación de efectivos federales, sin embargo, a esta esfera federal se
quiere mantener en la impunidad, queriendo pasar la estafeta a funcionarios del
ámbito local. Esto se desprende de la notificación que hace el ministerio
público respecto a la resolución judicial donde argumenta que no acatará este
recurso judicial, violentando sus propias normas jurídicas.
Ante esta circunstancia,
como familiares de las víctimas, asesoría jurídica y organizaciones populares
rechazamos esta posición irresponsable de los funcionarios federales,
incurriendo en un delito de desacato. Corresponde la lucha mediante los
limitados recursos jurídicos que el estado de derecho oligárquico permite, en
conjunción con la lucha política del movimiento popular y asociaciones de
familiares para arribar a la justicia, ausente para el pueblo mexicano.
Al pueblo organizado se
exige acatar la leyes, a los familiares se quiere forzar a aceptar verdades
ficticias, se quiere borrar de la memoria colectiva miles de vidas, mutilando
la cifra que sostienen algunas investigaciones periodísticas donde se afirma
que las víctimas de la desaparición forzada puede elevarse a 300 mil; sin
embargo, cuando un funcionario de Estado se ve acorralado en sus propias
normas, como lo fue el llamado al Estado mexicano a comparecer ante la ONU,
utilizan la bravuconería, la prepotencia y pedantería para evadir su
responsabilidad ante el derecho internacional.
Reiteramos, los crímenes de
lesa humanidad como lo es la desaparición forzada, en nuestro país se ha
convertido en política de Estado; política que no se circunscribe a un mandato
presidencial, independientemente del personero que esté al frente del ejecutivo
federal, por lo que constituye una política transexenal. El terrorismo de
Estado se arraiga en las instituciones policiacas y militares como quedó
demostrada en la agresión contra el magisterio democrático, donde el profesor
jubilado Claudio Castillo Peña pierde la vida por la brutal golpiza que le
propinara la división de Gendarmería nacional.
Desde los ojos de la
oligarquía y sus voceros oficiosos han aplaudido esta agresión contra el pueblo
mexicano, los grupos empresariales claman el baño de sangre para garantizar sus
intereses, con lo cual queda demostrado una vez más de forma irrefutable que la
actual administración federal no representa las demandas más sentidas de las
masas trabajadoras.
Oligarquía, políticos de
oficio, voceros oficiosos cierran filas para actuar represivamente contra el
pueblo, corresponde al movimiento popular entender las necesidades políticas
que esta coyuntura nos exige. Por esta razón convocamos al pueblo en general,
personalidades progresistas, periodistas honestos, organismos defensores de los
derechos humanos y organizaciones populares a la gira nacional “Desaparición
forzada en México, caso: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un
crimen de lesa humanidad”, con el único propósito de dar conocer
la resolución jurídica como una de las herramientas en la exigencia de
presentación con vida y sacar del anonimato a las miles de víctimas del
terrorismo de Estado.
Sostener la renuncia de
Enrique Peña Nieto no es un paso a la justicia para el pueblo y las víctimas,
es necesario que el Estado mexicano comparezca ante tribunales internacionales
por crímenes de Estado y de lesa humanidad. De la misma manera los mandatarios
estatales deben responder por su participación u omisión en el cometido de
múltiples violaciones a los derechos humanos.
El derecho internacional ha
estado al pendiente del curso de los acontecimientos en nuestro país y no han
errado al tipificar que en México se vive tortura generalizada. El cinismo de
funcionarios de la administración priista no conoce límites a poner en tela de
juicio la ética profesional del grupo argentino de antropología forense, lo que
abre un parte aguas en la coyuntura nacional, desde el Estado mexicano se
intenta sostener la impunidad incluso haciendo uso faccioso de la ciencia.
Ante este panorama de
generalización de la violencia y terrorismo de Estado, convocamos a conformar
una coordinación nacional de víctimas de la violencia y terrorismos de Estado,
como un mecanismo para establecer los vínculos políticos que nos permitan hacer
frente a esta coyuntura adversa para las masas trabajadoras pero que podemos
revertir si arribamos a mejores formas de coordinación.
Fraternal
y combativamente
Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo
Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Red
Nacional en Defensa de los Derechos Humanos
Para leer en línea: http://fnls.mayfirst.org/spip.php?article1652
.jpg)
