18 de junio de 2015

JAZMÍN ROSARIO AZAMAR DE ROSAS, SUBCOORDINADORA JUVENIL ESTATAL DEL MOVIMIENTO IZQUIERDA ALTERNATIVA (MIA), FUE SECUESTRADA Y ASESINADA…

GOBIERNO DEL ESTADO REBASADO Y CÓMPLICE DE LA DELINCUENCIA QUE AZOTA TODO VERACRUZ…


Sustraída con lujo de violencia del negocio de su familia en el centro de la localidad el pasado jueves, y los responsables de este acto demandaron a su familia un rescate de 1 millón de pesos. 

Sus familiares no pudieron reunir tal cantidad y este martes se ha conocido que la joven fue encontrada sin vida. 

Precisamente, como parte de la exigencia de los secuestradores, estuvo que no se denunciaran los hechos ante las autoridades ministeriales y así se hizo, pero ello no sirvió de nada porque los malhechores no respetaron la vida de la joven. 

Tras conocerse la triste noticia, integrantes del MIA le exigen al gobierno de Javier Duarte de Ochoa el rápido esclarecimiento de este hecho y le preguntan ¿hasta cuándo va a parar la violencia en Veracruz? 

El lamentable caso, dice el coordinador estatal del Movimiento de Izquierda Alternativa, Pedro Villagrán Herrera, \"no sólo indigna a Ciudad Mendoza, sino a todo el estado\", e insiste en su exigencia de que el Presidente Enrique Peña Nieto envíe a Veracruz a un comisionado especial de seguridad porque \"el crimen organizado ha rebasado al gobierno de Duarte de Ochoa y ha echado raíces en todos los municipios".

“GRUPOS PARAPOLICIACOS ATACARON A ESTUDIANTES”

El caso de las agresiones contra estudiantes y activistas en la ciudad de Xalapa es muestra de la colusión que existe entre fuerzas policiales y grupos parapoliciacos, denunció la activista de la asociación Estrategias Integrales para el Desarrollo (Decide), Giovanna Mazzoti.

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron tres de los ocho agredidos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijeron que la agresión contra estudiantes del 5 de junio es un hecho paradigmático que no debe pasarse por alto, pues es muestra de que en el estado de Veracruz, suceden crímenes sin perseguirse.

“Debe verse este caso como uno de los muchos que ocurren en el estado de Veracruz un estado en donde la delincuencia y crimen es altísimo, un contexto donde se anuncia la policía mejor armada del país y que están ocurriendo crímenes cada día de lesa humanidad que quedan sin perseguir, atender, sin nombre, sin rostro, que se quedan en una nota periodística, en una movilización”.

Advirtió que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso, pues buscan romper con el silencio obligado de la población, que son víctimas de la colusión entre grupos policiacos y parapoliciacos que han creado un estado de sitio en la práctica.

“Queremos hacer una llamada muy enfática a las instituciones que deberían estar ahí para proteger a la población, específicamente a la Universidad Veracruzana” para “exigir justicia y apoyarlos en sus demandas, estamos aquí porque en el esto de Veracruz no tenemos el apoyo”.

Por ello expresó que la comunidad universitaria pide que a nivel nacional e internacional se dé apoyo a este caso que, insistió, es paradigmático de lo que ocurre en el estado de Veracruz.

“Lista negra”, denuncian alumnos

“Vivimos en un clima de persecución, detenciones arbitrarias, acusaciones a los estudiantes de Humanidades de ser responsables de ataques al INE en Xalapa. Hay una lista negra donde hay activistas y estudiantes que luchamos en contra de megaproyectos”, dijo Ignacio Córdova, uno de los estudiantes de la Universidad Veracruzana atacado el 5 de junio.

El estudiante señaló que en la entidad veracruzana hay acoso sistemático a estudiantes, activistas y periodistas y expuso que en el caso de estudiantes ha habido detenciones arbitrarias el 20 de noviembre de 2012, o el 14 de septiembre de 2013.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en el Distrito Federal, Ignacio Córdoba recordó que después de la agresión, policías estatales sólo llegaron a intimidarlos y a tomarles fotografías. Los agentes de seguridad se retiraron luego que presuntos integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que no se identificaron, hablaran con ellos.

Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh, responsabilizó al gobierno estatal, quien a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), también sumó a la criminalización de los estudiantes y activistas, a la policía estatal que no los auxilió y que los abandonó en franco incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.


Alberto Solís, director de Serapaz, señaló que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social respalda absolutamente a los jóvenes agredidos en una entidad como Veracruz, que tiene uno de los índices más altos de persecución a activistas.

17 de junio de 2015

EN LA NOTA ASQUEROSA DEL DÍA: ¡COMPRA SU CUBETA DE POLLO EN KFC Y LE SALE UNA RATA EMPANIZADA; aquí puedes apreciar el video!

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mirror.co.uk
Entonces un día estás muy hambriento y decides ir a comprar algo de comida rápida, y sí, ya sabes que no será lo más saludable que esté dentro de tu dieta, pero tampoco esperas que en tu plato aparezca… ¿una rata empanizada?
Esto le sucedió a usuario en Facebook de nombre Devorise Dixon, residente en Watts, California, quien denunció desde Facebook el hallazgo de una rata empanizada en su cubeta de Kentucky Fried Chicken.
“ME DI CUENTA DE QUE PARECÍA MUY DURO Y GRASOSO Y ME HIZO MIRARLO. AL MIRAR HACIA ABAJO, VI QUE PARECÍA UNA RATA CON COLA”.
Posted by Devorise Dixon on Domingo, 14 de junio de 2015
El chico dio a conocer que guardó en su refrigerador el pedazo de comida para tenerlo como prueba. Además, fue al local de KFC donde compró la cubeta de pollo y reclamó al gerente. Tras esto, declaró que buscará a sus abogados.
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Obviamente, el video se viralizó en internet, ante ello un representante de la cadena de comida rápidadeclaró al diario Mirror que efectuaron una investigación y no encontraron pruebas que confirmaran lo dicho por el chico californiano, pero tampoco aclaró a qué parte del pollo correspondía la pieza.
Aquí el video:

SOLICITAN EL APOYO PARA DAR CON EL PARADERO DE JORGE RAMÓN CORONADO

A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES SOLICITAN EL APOYO PARA DAR CON EL PARADERO DE EX COMANDANTE DE TRÁNSITO DELEGACIÓN PIEDRAS NEGRAS

CUALQUIER INFORME A LOS CORREOS QUE SE MENCIONAN EN LA PUBLICACION

SU FAMILIA AGRADECERÁ SU VALIOSA COLABORACIÓN

La noche de este lunes, fue visto por última vez, procedente de la ciudad de Coatzacoalcos. La familia presentó la denuncia en la cual argumentó, que no se reportó después de que este asistiera a una reunión. La denuncia quedó bajo la averiguación UIPJ/DXI/11/156/2015. Para cualquier información, favor de comunicarse al teléfono: 228 127 14 76.476.

EXIGEN JUSTICIA PARA LOS OCHO ESTUDIANTES GOLPEADOS EN VERACRUZ

Defensores de derechos humanos, alumnos y académicos de la Universidad Veracruzana (UV).

exigieron justicia luego de la agresión sufrida por ocho estudiantes el viernes 5, atribuida al clima de represión impuesta por el gobernador priista Javier Duarte.
Con huellas de golpes sufridos por desconocidos en víspera de la contienda electoral, tres jóvenes narraron la agresión y responsabilizaron al gobierno de Duarte de lo ocurrido, al considerar que la violencia en su contra se atribuye a su participación en movimientos sociales.
Los jóvenes sobrevivieron a un ataque perpetrado el viernes 5 en el domicilio particular de uno de los ocho que se encontraban reunidos, hechos por los que organizaciones sociales lanzaron una acción urgente.
En compañía de Julián Ramírez, de la asociación Decide, denunciaron que el ataque ocurrió días después de que en medios locales se divulgó una “lista negra” a la que tuvo acceso el diputado local Fidel Robles Guadarrama, y en la que están unos 30 activistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y consejeros electorales, como el propio Ramírez.
Julián Ramírez recordó que en la “lista negra” están aquellos considerados por el gobierno de Duarte como “un peligro” en el marco del pasado proceso electoral, y que las víctimas habían participado en movilizaciones en contra del fracking, de la reforma energética, la defensa del medio ambiente y por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Al señalar que en la relación divulgada no están los nombres de los jóvenes agredidos el viernes 5, Ramírez apuntó que en el contexto previo al ataque también se enmarca la “criminalización” de los universitarios, a quienes sin elementos el gobierno de Duarte acusó de ser responsables de causar daños a edificios del INE en Xalapa.
Con una férula en la mano izquierda y puntos de sutura en la frente, Ignacio Córdoba recordó que los ataques al sector estudiantil, a los activistas y periodistas se agudizó a partir de 2011, en tanto que en noviembre de 2012 y septiembre de 2013 se registraron “detenciones arbitrarias, se sembró droga y armas” a activistas que participaron en movilizaciones.
Conmocionado aún por los hechos del viernes 5, Córdoba narró cómo fueron agredidos por unos 10 hombres armados con machetes, tablas con clavos, armas de fuego y bastones, uno de ellos con una máscara de payaso, otros con pasamontañas y uno más con el rostro descubierto y corte tipo militar.
El estudiante de ingeniería relató que luego de la incursión del grupo que denominó “paramilitar”, acudieron policías que, lejos de ayudarlos a perseguir a los agresores, sacaron fotografías y humillaron a las víctimas, hasta que arribaron defensores de derechos humanos a los que los jóvenes buscaron.
Fueron los defensores quienes los llevaron al hospital de la Cruz Roja, donde se levantó una denuncia de oficio que hasta ahora no ha sido desahogada, apuntó.
Giovana Mazzotti, académica de la UV, acusó que se trató de un atentado “perfectamente planeado para no matarlos, sino para dejarlos marcados y diseñado para generar miedo a la población movilizada”.
La profesora agregó que el ataque tiene una dedicatoria para los estudiantes que apoyan diversos movimientos sociales, que se congregan usualmente en el campus de la UV, de donde parten hacia marchas.
“Por las señas de las lesiones (contusiones en el cuerpo, fracturas en brazos, cabeza y machetazos) se trató de una estrategia para castigar la participación social ante una serie de inconformidades sociales”, reveló.
Araceli Olivos y Alberto Solís, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), respectivamente, reiteraron que los hechos del 5 de junio, se enmarcan en un contexto de violencia generalizado contra los movimientos sociales y la libertad de expresión en esa entidad.
Olivos Portugal resaltó que el ataque a los jóvenes activistas preocupa aún más cuando “Veracruz es el estado que ocupa el primer lugar en desapariciones forzadas, según datos de la propia Procuraduría General de la República”.
Solís destacó que organizaciones sociales agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y el Derecho a la Protesta, de la que forma parte Serapaz, ven con alarma “la brutalidad extrema y la persecución a activistas sociales”, por lo que hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a esclarecer los hechos”.
Debe reconocerse que en Veracruz detrás de la “grave persecución a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, hay un alto nivel de intolerancia”, agregó Solís.
Además del Centro Prodh y Serapaz, en el frente participan Artículo 19, Fundar, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Causa, Propuesta Cívica y Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT).

RESPONSABILIZAN A MIGUEL ÁNGEL CASTRO ROSAS DE CUALQUIER ATENTADO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE MILITANTES DEL TINAM


Boletín de Prensa
Sierra De  Zongolica y sus Valles, 16 de junio de 2015.

A Las Organizaciones de Derechos Humanos, No Gubernamentales
A Las Organizaciones Independientes Y Populares
A los Medios de Comunicación
Al Pueblo de México 
Los que suscribimos la presente somos campesinos indígenas de la Sierra de Zongolica, Ver.  Miembros de la organización Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme; integrante del Frente Nacional de Lucha por el socialismo. Denunciamos de carácter urgente: 
 Después de cerca de una década de dirigirnos a las instituciones y autoridades correspondientes, tanto del gobierno federal y estatal, como al sector agrario, que al ser campesinos indígenas desposeídos se nos dotara de tierra como lo promulgan y mandatan los derechos humanos, constitucionales y agrarios en el país, como las leyes internacionales (declaración universal de derechos y la OIT).  Sin obtener respuesta positiva de la parte gubernamental. 
En los años noventa, ante tanta omisión, burla y desgaste con que nos trataron los gobiernos en turno y las instituciones del sector agrario y sobre todo por la necesidad de obtener tierra en donde vivir y trabajar para mantener a nuestras familias e impulsar el trabajo colectivo, medio de producción indispensable para la existencia del campesino, decidimos recuperar por la vía de los hechos, el predio denominado “Piedra de Agua” de 27 hectáreas ubicado en el municipio de Naranjal, Ver. A partir de tomar legítimamente posesión esta fracción de tierra se constituyó en nuestro principal medio de existencia y patrimonio familiar-comunitario.   
Antes, durante y ya en posesión dimos la lucha política y jurídica, acudimos a las diferentes instancias de gobierno e investigamos sobre el predio, a lo cual habría de recalcar que nunca encontramos a dueños de este terreno que se ostentara y acreditara como propietario; el predio estaba en condición de tierra ociosa. 20 años consecutivos trabajando la tierra de forma sustentable, no fue fácil obtener las tierras, fue un esfuerzo organizativo y lucha incansable para obtener y conservar el predio denominado Piedra de agua. 
Desde que tomamos posesión del predio “Piedra de agua” no hemos dejado de trabajarla, en este tiempo se han presentado supuestos dueños pero nunca han presentado documentos que avalen dicha propiedad. Junto a estos personajes llegan las amenazas de despojarnos de nuestras parcelas; hemos sido los compañeros en posesión objeto de agresiones verbales y psicológicas. Localmente de quienes se hacen pasar por dueños son: Hilario Bonilla Tecomahua, Petra Tepole y más recientemente, el presidente municipal de Amatlan, el C. Miguel Ángel Castro Rosas. 
Los que dicen ser del TINAM de las familias Tepepas y Bonilla, son los que han gozado de privilegios, se han beneficiado del saqueo desde la producción y la tala inmoderada de árboles. A nuestros compañeros les han pagado muy raquíticamente la venta de los árboles, los aserradores han talado sin permiso alguno de nuestra organización, por lo que queremos dejar en claro que no participan en la organización, solo han buscado saciar sus intereses mezquinos, en beneficio personal o de grupo.
Sabemos que con la imposición de la reforma neoliberal al artículo 27 constitucional en el sexenio de Salinas de Gortari la tierra puede ser vendida al capital privado nacional y transnacional sin importar el uso depredador de ella y al medio ambiente. Modificación a la ley suprema del país que sólo fue y es para beneficio de la burguesía local nacional e internacional y por lo contrario para nosotras mujeres y hombres del campo más explotación, despojo, pobreza, marginación y opresión política. 
La tierra a nivel constitucional ha sido reducida a una vil mercancía, más no para nosotros que representa un medio de producción fundamental para nuestra existencia como clase campesina y como el único patrimonio familiar-comunitario con el que contamos. 
El malicioso mercado de la tierra que esta movido por el despojo legalizado que ha  ocasionado la anticonstitucional existencia del latifundismo y de entes nocivos ─latifundistas, terratenientes y caciques─ para la propiedad social, el medio ambiente y para las familias de campesinos pobres principalmente, así como el surgimiento de nuevos latifundistas pero ahora son las transnacionales.  
En este nuevo intento de despojo del predio “Piedra de Agua” están confabulados el grupos de las desclasadas familias de los Tepepas y Bonillas, los tres niveles de gobierno como lo muestra que a nuestra compañera Avelina Dionisio Miranda, ilegalmente la obligaron, posesionaria de una parcela en “Piedra de Agua” a que se presentara en el ministerio público a altas horas de la noche el día 13 de mayo, con una licenciada que nunca dio su nombre, la cual constantemente le decía que no se fuera porque venía “el mero mero”. A lo que habría que enfatizar la constante intimidación hacia la compañera ya que le hacían muchas preguntas, además de poner en riesgo su integridad física por la hora en la que fue citada. 
La abogada cuestionó a nuestra compañera ─ ¿Con que permiso dio órdenes de tumbar  los árboles? ¿Sabe que es un delito tirar árboles en terreno ajeno? ─, a lo que nuestra compañera contestó que el terreno es suyo, que fue ganado por la lucha organizada de los diferentes pueblos, y que fue repartida por la organización en beneficio colectivo, sin embargo la licenciada la interrogaba de forma intimidatoria y policiaca acerca de quién era el líder de nuestra organización 
A las 10:30 de la noche que llego el supuesto dueño, le preguntó a nuestra compañera
─ ¿usted mando a tirar los arboles?─ Ella respondió mi esposo, él no bajo porque se encuentra enfermo, no pudo venir pero él es posesionario del terreno… somos gente pobre, y hasta donde nosotros sabemos no hay otro dueño, el terreno “Piedra de Agua” nosotros lo hemos trabajado durante muchos años. El supuesto dueño contestó, que la organización los engañó, que este terreno si tenía dueño, recalcó -Yo soy el dueño hace dos años. 
Aprovechándose de su condición de mujer, indígena de edad 60 años, nuestra compañera mediante amenazas e intimidación pretendieron obligarla a firmar una  acta que ya estaba elaborada donde decía que ya no se volvería a meterse al predio y que los demás compañeros que tiene posesión ya no entraran, pero a pesar de su indefensión y vulnerabilidad de ese momento nuestra compañera se mantuvo firma y no firmo. En respuesta la compañera pidió que mostrara su escritura el supuesto dueño, cual de forma burlona y prepotente se negó amostrarla y ni su nombre quiso decir. En todo momento la Licenciada del MP se mostró a favor del supuesto dueño. 
Como parte del plan de despojo en el transcurso de la semana la pareja de compañeros Avelina  Dioniso Miranda y al compañero Francisco Tepepa Namixtle, va a su casa a cobrar el resto que le debía el C. Alberto Bonilla Tecomahua, el cual con gritos los amenaza “que le regrese el dinero de la cantidad de mil pesos que le había anticipado por la venta de los tres árboles”, diciendo que al detener sus trabajadores tuvo pago una multa de 3,000 mil pesos. Además dijo que no volvieran a entrar al terreno nuestro compañero francisco y su familia y a todos los compañeros posesionarios del terreno Piedra de Agua. 
No vamos a caer en su juego, siempre han pretendido a la provocación a nuestra organización, para deslegitimar al movimiento popular, justificar la represión a los que en verdad luchan por el amor a su pueblo y beneficio común de nuestras comunidades. 
Exigimos que se nos respete nuestros derechos constitucionales y humanos. Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno y al señor que se dice supuesto dueño, del municipio de Amatlan de los Reyes, Ver. Miguel Ángel Castro Rosas, que está en contubernio con los caciques de la región, responsabilizamos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros que integran de nuestra organización TINAM. 
Han transcurrido más de 33 años de resistencia y lucha organizada, por defender nuestros derechos humanos y constitucionales. Durante estos años los caciques de la región en contubernio con los tres niveles de gobierno, han violentado flagrantemente y de manera sistemática nuestros derechos, han persistido con la opresión política, miseria, pobreza y la criminalización por ser pobres. Las administraciones en turno sin distinción de color o partido, han ejercido en contra de nuestra organización la represión, encarcelamientos, asesinatos, calumnias y hoy pretenden fraguar un despojo más contra campesinos pobres. 
¡Por La Defensa De La Tierra Y Los Derechos Del Pueblos!
¡La Tierra No Se Vende Se Trabaja Y Se Defiende!
¡Por La Unidad Obrero Campesino! ¡Venceremos!
¡Alto Al Despojo De La Tierra A Los Campesinos!

Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme; Unión De Todos Los Pueblos Pobres (TINAM), Centro De Derechos Humanos y Las Voces De Altas Montañas, Frente Democrático Oriental De México Emiliano Zapata (Fdomez), Unión De Ejidatarios Y Comuneros Del Valle De Tuxpango (Uecvt), Comité De Acción Proletaria, Ejido De Cuichapa Del Municipio De Cuichapa, Veracruz, Colectivo “Defensa Verde Naturaleza Para Siempre”, Red De Defensa De Los Derechos Humanos (Reddh), Unión Por La Organización Estudiantil (UPOE), Frente Popular De Lucha Del Valle De Orizaba Y Las Altas Montañas, Frente Nacional De Lucha Por El ​Socialismo (fnls)

PRI, PAN Y VERDE DAN SÍ A DICTAMEN QUE PRIVATIZA AGUA; PRD Y MORENA DEJAN LA SESIÓN

Diputados del PRD denunciaron que la Ley General de Aguas es un retroceso Foto: PRD
La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la nueva Ley General de Aguas, la cual ha sido calificada por organizaciones civiles como un intento gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica del fracking para extracción de shale gas, y con beneficios adicionales para empresas comercializadoras y hasta constructoras.
Las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado aprobaron con 31 votos de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), un dictamen que nunca fue consensuado con las organizaciones de la sociedad civil.
Cabe mencionar que no se registraron votos en contra ni abstenciones porque los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abandonaron la sesión con el argumento de que no podían convalidar este despojo a los mexicanos.
“Muchos pensaban que lo peor que el PRI podía hacer era mandar a Carmen Salinas de plurinominal, pero de verdad es 100 veces peor lo que están haciendo aquí. Carmen Salinas es una niña de pecho comparada con lo que ustedes están haciendo en esta Cámara de Diputados el día de hoy”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena.
Uno de los que abandonó la sesión fue el propio presidente de la Comisión de recursos Hidráulicos, el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa.
Los legisladores denunciaron que el dictamen aprobado este miércoles no fue elaborado por los legisladores, sino que fue enviado directamente desde las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También acusaron un albazo de parte del PRI y del PAN, porque el dictamen fue distribuido a los legisladores de oposición apenas dos horas antes de que iniciara la reunión de las comisiones unidas.
Más importante aún, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el dictamen “pretende concesionar los trasvases (infraestructura para desviar agua de una cuenca a otra) a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como grupo HIGA, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas, como es el caso del pueblo Yaqui [en Sonora] y el Acueducto Independencia [en Monterrey, Nuevo León]”.
ACUSAN PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Los diputados de oposición rechazaron la nueva Ley General de Aguas, la cual acusaron de ser privatizadora, donde desaparece de facto el derecho humano al agua al considerarlo una mercancía.
La Diputada perredista Aleida Alavez aseguró que el dictamen elimina el ámbito de la asignación (sólo se queda para suministro de agua potable)  y se sustituye por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de la concesión por 30 años.
“No podemos permitir que la iniciativa privada controle a quién se le da el vital líquido, de acuerdo a su situación económica”, afirmó la también vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
La oposición detalló que no se incluyeron 10 puntos básicos que eran demandas de diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de pueblos originarios:
* Reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
*Garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua.
*Garantizar el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad.
*Contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados.
*Establecer las áreas de importancia sociohídricoambiental, particularmente la protección de los humedales.
*Incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohídricoambiental.
*Garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua, equivalente al 0.7% del PIB y 5% del presupuesto anual.
*Incluir el régimen de asignaciones aún vigente y limitar el régimen de concesiones.
*Prohibir las transferencias y otorgarlas sólo por cinco años prorrogables de acuerdo con la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno y cuando exista estrés hídrico se cancelarán las concesiones y permisos.
*Crear la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, así como evitar que la Conagua tenga más atribuciones que las que debe tener un órgano desconcentrado.

El dictamen aprobado por unanimidad fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se espera que sea discutido y aprobado este jueves en la sesión del Pleno de San Lázaro.