El Congreso federal aprobó
este jueves por la noche las reformas constitucionales en materia educativa que
permiten, no la privatización de la educación en el país, sino la renuncia del
Estado a proporcionar la gratuidad de la educación a los mexicanos.
La
Cámara de Diputados admitió la semana pasada las modificaciones de la minuta
que impuso el Senado de la República para garantizar que la educación, además
de laica y gratuita, sea considerada de calidad.
Solo
un sector de los partidos de izquierda y del Partido Nueva Alianza impugnaron
las reformas, en tanto que el resto de los legisladores federales las aprobaron
gracias a la “línea” que marcaron las bancadas del PRI y del PAN.
El
acuerdo cupular entre Felipe Calderón Hinojosa y el ahora presidente Enrique
Peña Nieto surtió efecto legislativo.
La
mencionada reforma señala en el inciso A del Artículo Quinto transitorio del
dictamen leído en el pleno legislativo de San Lázaro que “fortalecer la
autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que
corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales
educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de
participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo
del director, se involucren en las resoluciones de los retos que cada escuela
enfrenta”.
¿Cuáles son los retos que cada escuela enfrenta?
Son múltiples y variados, sin duda, pero el párrafo tiene que ver con el
financiamiento de espacios deportivos, domos, sanitarios, patios de recreo,
infraestructura didáctica, equipamiento de las aulas y un largo etcétera que
solo la imaginación y los intereses escolares, y hasta extraescolares, podrían
explicar, que no justificar.
En este contexto, el
Estado mexicano renuncia a una parte esencial de la operatividad educativa y,
en ello, a su responsabilidad de financiar, procurar, transparentar y
acrecentar la infraestructura a favor de la educación de los niños y jóvenes
mexicanos.
Ya no es el Estado
el responsable de proveer la infraestructura, equipamiento y operatividad del
sistema educativo nacional, sino que ahora, con esta reforma constitucional, se
traslada a los padres de familia y a los propios maestros.
No, no es la
privatización de la educación en México, sino la renuncia del Estado a una
función sustantiva que formó parte del espíritu del Artículo 3º de nuestra
Carta Magna y que ahora los diputados de los distintos partidos y entidades
federativas, entre ellos, los zacatecanos, aprobaron en menoscabo de la
economía de las familias mexicanas.
Esta reforma
constitucional le otorgará nulidad jurídica a la norma que entró en vigor en
Zacatecas el pasado 26 de junio y que modificó al Artículo 186 del Código Penal
que contenía la posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público las
presiones de directivos escolares que exigen cuotas obligatorias a los padres
de familia.
Las cuotas que
directivos exigían cada ciclo escolar a padres de familia en Zacatecas y que
oscilan entre los 50, 100 y hasta 500 pesos, ahora tendrán carácter de
constitucional, lo que echará por tierra la modificación arriba mencionada al
Artículo 186 del Código Penal del Estado, que el legislador actualizó por los
abusos de maestros y directivos que condicionaban la inscripción de niños y
jóvenes en planteles del sistema educativo público.
De esta manera la
Secretaría de Educación y Cultura podrá dar manga ancha a todos los directores
del sistema estatal para que exijan cuotas a los padres de familia y de esa
manera financiar todo lo concerniente a infraestructura, construcción,
operación, equipamiento, etc, de los planteles educativos del estado.
Más que permitir la
privatización del sistema educativo estatal y nacional, insisto, el legislador
lo que acordó y firmó conscientemente fue una atrocidad, un atropello en contra
de los padres de familia que tienen a sus hijos en el sistema escolar público,
y un atentado en contra del espíritu del Artículo 3º constitucional.
La reforma al
Artículo 186 del Código Penal del Estado de Zacatecas contempla sanciones de
hasta 2 años de cárcel en contra de quienes condicionen el pago de cuotas
escolares a padres de familia, el cual, reitero, quedará sin efecto con la
reforma educativa de marras.
Lo que es peor, las
cuotas de padres de familia y las cuotas que se dan incluso en la Universidad
Autónoma de Zacatecas que en la práctica tienen el carácter de obligatorio,
abonan a la opacidad y al manejo discrecional de esos recursos, por decir lo
menos, porque las instituciones nunca proporcionan información a la sociedad
sobre su manejo y destino.
Por todo lo
anterior, la Reforma Educativa significa un paso atrás en la gratuidad de la
educación en México, una merma para la economía de las familias mexicanas y la
puerta abierta para la corrupción.
Al tiempo.
