La Procuraduría General de la
República (PGR) ofreció este lunes una recompensa de 60 millones de pesos (mdp)
a quien facilite información para capturar a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, quien
se fugó delpenal de máxima seguridad del Altiplanoel pasado sábado.
“Por
tratarse de una persona que ha evadido en dos ocasiones el sistema
penitenciario y dado que representa una amenaza para la seguridad pública, este
día la Procuraduría General de la República emite un acuerdo por el que se
ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos”, dijo la titular de la
dependencia, Arely Gómez, en conferencia de prensa.
La
recompensa se dará “a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y
oportuna que auxilie eficientemente a la localización y detención de Joaquín
Guzmán Loera”, agregó.
Autodefensa de Aquila, Michoacán, en conferencia de prensa. Foto: Enrique Castro
Las agresiones, extorsiones y violaciones a derechos humanos perpetrados por la delincuencia organizada no cesan, y las autoridades están lejos de asegurar a la población sus garantías más básicas, como el derecho a una vida digna.
Ante la ausencia del Estado, integrantes de comunidades rurales e indígenas, históricamente marginadas, decidieron hacer el trabajo que corresponde a sus gobernantes para defender su vida, su territorio y sobre todo su dignidad, para lo cual conformaron grupos de autodefensa y guardias comunitarias.
Tal es el caso de San Miguel de Aquila, Michoacán, un pueblo de poco más de 20 mil habitantes –en su mayoría indígenas de origen náhuatl– donde operaba la mina de hierro Las Encinas, que hasta hace poco era explotada por la empresa transnacional Ternium, sin que pagara a los comuneros (dueños de las hectáreas donde se realizaba la extracción) el precio justo por sus labores.
Venciendo el temor a ser agredidas por las fuerzas de seguridad o grupos criminales durante su trayecto desde Michoacán, 18 mujeres y cinco hombres de Aquila arribaron a esta ciudad el pasado viernes 16 para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto la liberación de 27 miembros de la guardia comunitaria, quienes fueron aprehendidos el miércoles 14, junto con 18 compañeros más que ya fueron liberados.
En entrevista, las esposas, madres, hijas y hermanas de los detenidos –de quienes se reservan sus nombres por razones de seguridad– aseguran que aquellos fueron arrestados sin orden de aprehensión y acusados de los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y uso de cartuchos.
Esas 18 mujeres resisten en una ciudad desconocida con la comida y resguardo que les brindan organizaciones civiles y estudiantiles que apoyan su lucha. Ellas forman parte del grupo que se quedó en el DF después de que el resto de habitantes de Aquila (alrededor de 50) viajó a Morelia, Michoacán, el pasado martes 20, para exigir la liberación de cinco líderes comuneros acusados de diversos delitos.
Las indígenas dicen que por ahora buscan obtener los recursos económicos para pagar las fianzas de 19 guardias recluidos en el Cereso de Perote, en Veracruz.
“La gota que derramó el vaso”
Entre el grupo de mujeres hay jóvenes embarazadas que no desean ver a sus esposos en la cárcel cuando nazcan sus hijos. Según dicen, las fuerzas federales se los llevaron “por querernos defender”.
“Si defender nuestros derechos, nuestra vida, nuestras tierras y lo que nos pertenece es un delito, entonces sí merecemos estar en la cárcel y hasta que nos metan a juicio”, sentencia uno de los pobladores que las acompaña.
La guardia comunitaria “Aquila libre” surgió en junio pasado. De acuerdo con los pobladores, “la gota que derramó el vaso” fue la violación “a las mujeres del pueblo” por parte de integrantes del crimen organizado, luego de años de extorsiones, amenazas, y hostigamientos.
“Llegaban y te decían: ‘Me gusta tu mujer, me la vas a prestar un ratito en lo que bañas a tu hija porque al rato vengo por ella’”, relata uno de ellos.
Una de las mujeres asegura que fue en ese momento cuando los habitantes se reunieron para tomar en sus manos el asunto. “Eso ya no era vida, no es vida, no podíamos ir ni a las tortillas, vivíamos con el miedo de que fuéramos la siguiente, vivíamos esperando que llegaran a cobrar las cuotas. Siempre fuimos un pueblo tranquilo, pero todo eso se acabó”.
Recuerda que San Miguel de Aquila siempre fue extorsionado y saqueado por su riqueza mineral, y si uno de los comisariados decidía no apoyar a las empresas mineras y procurar más recursos para el pueblo, apunta, “era asesinado, simplemente aparecía muerto”, pero aun así se podía vivir, caminar, ir a misa, “tener una vida”.
Con el paso del tiempo el crimen organizado se volvió más fuerte y llegó un momento en el que los comuneros tenían que pagar una cuota de hasta 700 mil pesos al mes “para que según nos protegieran, pero aun así se robaron una pipa, un tanque, nos atacaban más. Ya pagábamos para que nos robaran”, puntualiza.
Y afirma que antes de que se conformara la guardia comunitaria buscaron la ayuda estatal, pero nunca les hicieron caso. Si iban al Ministerio Público ya no regresaban a sus casas.
“Cuando acudías a denunciar, salías y alguien ya te estaba esperando. Muchos compañeros desaparecieron así, fueron a denunciar y ya no volvieron”, subraya.
“Yo no entiendo al gobierno, no te defiende y no deja que te defiendas, no hicimos nada malo, ni nada ilegal. Se dijo que teníamos armas de uso exclusivo del Ejército, pero no eran nuestras, sólo teníamos pistolas pequeñas que te permiten tener por ley, además de piedras y machetes; eso no usa el Ejército”, aclara otro habitante de Aquila.
Día de terror
Todas las mujeres afirman que el miércoles 14 fue un día “aterrador”. Esa mañana vieron pasar los camiones de los “gois” (policías del gobierno estatal) y las camionetas del Ejército.
“Pensamos que venían a ayudar, que por fin nos hacían caso, nos llevamos una gran sorpresa cuando vimos que no fue así. Comenzaron a agarrar a los compañeros, al que veían con playera lo subían a su camioneta y si se resistía le pegaban.
“Estábamos en el auditorio donde nos reuníamos, unas estábamos de guardia en la cocina porque acordamos calendarios para ayudarnos entre todas y darles de comer a los compañeros; vimos llegar a los militares y por un momento nos alegramos, luego empezó la violencia y el susto”, relata una de ellas.
Añade:
“Hay compañeras que estaban embarazadas, pero no les importó, agarraron parejo; nos decían que no nos metiéramos, y si una se acercaba a ayudar a su compañero le daban un empujón. Yo tengo moretones de ese día.
“Empezaron con los del auditorio, pero luego se fueron con los que andaban en la calle; unas se escondieron, yo agarré unas piedras para darles; se estaban llevando a mi familia, pero no lo logré (que los dejaran en paz). Están presos sólo por defendernos, por hacer lo que ellos no hicieron en años”.
Ante la ausencia de sus compañeros y con el miedo de permanecer en su comunidad, las mujeres se armaron de valor para luchar por la liberación de las personas que aman y por eso están en esta capital.
Además del silencio de las dependencias federales que no se han pronunciado sobre el caso, ellas se enfrentan al desplazamiento, ya que no tienen un lugar seguro dónde dormir y tampoco un sitio al cual regresar. Tienen miedo de que la protesta, lejos de abonar a la tranquilidad, las exponga a más agresiones.
“Yo quiero regresar a mi tierra, es mi pueblo, es mi casa, allá está mi vida, pero no veo cómo, tengo miedo; además, en Aquila ya no hay nadie, todas las familias nos fuimos, huimos de allá, los pocos que quedan son los que están con esos grupos (del crimen organizado)”, dice una más de las afectadas.
Además de la liberación de sus compañeros, el grupo de comuneras y comuneros exige la intervención de la Policía Federal en Aquila, pues son “los únicos a los que todavía les tenemos confianza”, y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie sobre las múltiples violaciones a las garantías humanitarias de las que son víctimas.
Luego de las espectaculares denuncias del contralor general del estado, en el sentido de que habrían de ser sancionados funcionarios públicos que incurrieron en responsabilidad por no cumplir con trámites ante la federación, lo que a su vez habría dado lugar a una serie de observaciones y recomendaciones, no se volvió a saber nada más del tema.
Se va a cumplir ya un mes, desde que el contralor general Ricardo García Guzmán dio a conocer la lista de los funcionarios que “han fallado a Veracruz y deberán responder por sus actos”.
La lista de 14 funcionarios y ex funcionarios está encabezada por el ex Contralor y Secretario de Finanzas y Planeación Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre Morales, subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Juan Manuel Corral Verdugo, ex procurador fiscal.
Pero a un mes de distancia, ya no se volvió a tratar para nada el asunto, nunca se dijo cuál sería el castigo para quienes no cumplieron con su responsabilidad.
Se dijo que las sanciones van desde los apercibimiento administrativos hasta la inhabilitación de la administración pública hasta por 10 años, tal y como lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz.
“Como titular de la dependencia actuaré con todas las facultades que me concede la ley hacia quienes la han trasgredido”
“Nadie por encima de la ley, esa es nuestra divisa y habremos de cumplirla cabalmente”, sentenció el Contralor, “por tal motivo y para que quienes han fallado a Veracruz respondan por sus actos, se llevarán a cabo los procedimientos disciplinarios administrativos.
Pero el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y las sanciones anunciadas no llegaron.
Es bien sabido que las comparaciones son odiosas, pero en contraste con lo publicitado por el contralor general de Veracruz en el gobierno del Distrito Federal, sin tanta alharaca, se acaban de imponer sanciones –de a deberás, no de a mentiritas- a 90 funcionarios públicos.
Fueron inhabilitados 27 servidores públicos, 11 de ellos por periodos de uno y hasta 15 años; a otros 12 se les destituyó y además se aplicó sanciones económicas por un monto superior a 70 millones de pesos.
De 90 sanciones que corresponden a funcionarios mayores de la Administración Pública del Distrito Federal (APDF); 17 fueron contra servidores públicos de las delegaciones Gustavo A. Madero (2), Miguel Hidalgo (5), Tlalpan (6), Cuauhtémoc (1), Xochimilco (1), Magdalena Contreras (1) y Tláhuac (1).
La Contraloría del Distrito Federal exhortó a la ciudadanía a que denuncie cualquier acto irregular cometido por servidores públicos de la administración pública local, a través de la página de Internetwww.anticorrupcion.df.gob.mx al teléfono 5627-9739 o mediante la cuenta de Twitter @ConrraloriaCDMX.
En total fueron inhabilitados 27 servidores públicos, a 12 se les destituyó. De éstos, 11 fueron sancionados con inhabilitaciones que van desde uno hasta 15 años.
Adicionalmente a las sanciones administrativas se impusieron sanciones económicas por un monto superior a los 70 millones de pesos.
Aclara la Contraloría del DF que “En cumplimiento a disposiciones constitucionales, generales y locales, existe un impedimento jurídico para revelar nombres, cargos o particularidades que vulneren la protección de datos personales y con ello la dignidad de los ciudadanos”.
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Por Reforma Más de 500 militares de élite han desertado del Ejército en la última década. Se trata de efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército adiestrados para operaciones de rescate de rehenes, antiterrorismo y confrontación de criminales en cualquier tipo de terreno.
Entre los desertores se encuentran expertos francotiradores, especialistas en desactivación de bombas, protección de funcionarios, operaciones anfibias, paracaidismo y manejo de cualquier tipo de armas y vehículos.
Desde 2014, 548 militares de esa unidad especial abandonaron por la vía de la deserción sus cuarteles, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con ese número de elementos se forma un batallón.
Actualmente la Sedena cuenta con seis Batallones de Fuerzas Especiales, creadas en 1990 para llevar a cabo operaciones sorpresivas, rápidas y con precisión, en apoyo de las fuerzas regulares de la milicia.
En los 90 desertaron decenas de sus elementos para unirse al crimen organizado, entonces brazo armado del Cártel del Golfo, entre ellos Arturo Guzmán Decena, quien se convirtió en el jefe de sicarios de Osiel Cárdenas.
Un informe del FBI dado a conocer en el año 2006 estableció que el grupo criminal se creó con un grupo por entre 31 y 67 desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), bajo el mando de Guzmán Decena.
Otros militares de las Fuerzas Especiales que se unieron al crimen son José Ramón Dávila López, “El Cholo”, un sargento del GAFE quien fue detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en febrero del 2007, y Alcides Ramón Magaña, “El Metro”, quien fue escolta de Amado Carrillo, capo del Cártel de Juárez, y después controló el tráfico de cocaína en Yucatán.
El general de División retirado Carmelo Terán advierte que muchos de estos elementos se integran a la delincuencia organizada.
“Han de pensar que si se trata de jugarse la vida con el Ejército por poco dinero, mejor se la juegan con el otro bando pero con más dinero”, dijo Terán en entrevista.
Indicó que la Sedena enfrenta un dilema en cuanto a la remuneración del personal que enfrenta situaciones más peligrosas que otros. Por Reforma
Almoloya
de Juárez, Estado de México, 18 de julio (SinEmbargo).– La prensa internacional
calificó la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera como una vergüenza para el
Gobierno mexicano.
En los últimos cuatro días, personal de Gobernación, Presidencia y
de la Procuraduría General de la República (PGR) se dedicó a trasladar
reporteros de casi un centenar de medios para que observaran la extraordinaria
obra de ingeniería –un túnel cavado varios metros bajo tierra, reforzado con
clavos y habilitado con electricidad y rieles a lo largo de 1.5 kilómetros– que
habría permitido la segunda fuga del supuesto jefe del mayor cártel del
narcotráfico.
Para Roberto Femat Ramírez, vocero de Gobernación, el propósito de
las giras organizadas desde el martes a este municipio es transparentar y
“socializar la información que se está produciendo en torno a este hecho”. Para
algunos reporteros, sin embargo, la medida responde más a la necesidad que
tiene el Ejecutivo por probar que el delincuente sí se escapó del penal de
máxima seguridad por sus propios méritos, y no que se fue por la corrupción,
como considera –según una encuesta de Consulta Mitofsky- más de un 88 por
ciento de los mexicanos.
“La narrativa del Gobierno es tan tambaleante y hay tanta
suspicacia e incredulidad entre la ciudadanía, que lo que les conviene hacer es
este ‘show’, mostrarse transparentes”, dijo ayer Jorge Franco, reportero de 7/24,
mientras esperaba su turno para entrar a la bodega en obra negra en la que, se
supone, concluyó el escape y cuya imagen le ha dado ya la vuelta al mundo.
“La escena sólo se resguardó poco más de un día, y luego entramos
todos. El miércoles éramos como cien personas en el penal de máxima seguridad,
que igual no sabes a quién estás metiendo… Hasta ‘La Barbie’ dijo que ya
parecía un circo”, relata otra comunicadora.
Es el “Chapo-tour”, dice uno de los oficiales que resguarda la ya
famosa construcción.
Unidades de la Policía Federal apoyaron a Segob en el traslado de medios desde el exterior del penal y hasta la bodega. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
Las visitas guiadas iniciaron el pasado martes, después de que, el lunes por la noche, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, anunció en conferencia que, realizadas las pruebas periciales, se daría acceso a los medios de comunicación para que observaran la zona por la que, el sábado 11 de julio, escapó el sinaloense.
Televisa, Milenio y Tv Azteca fueron los primeros con acceso al interior de la celda 20 del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano. Univisión, por su parte, mostró el primer ingreso al interior de la bodega. Luego, el miércoles, casi “toda la fuente” –reporteros asignados– de Gobernación y PGR fue trasladada también al interior del penal y, Presidencia, por su parte, llevó ese mismo día también a casi todos los corresponsales internacionales. “Fue un exceso -comentaban quienes que entraron a la celda. Se supone que es un penal de máxima seguridad y entramos casi como si nada, casi sin revisión, de lo rápido que estábamos entrando”.
Tan sólo Gobernación, dijo Femat, había trasladado a representantes de 93 medios a alguno de los dos puntos ubicados en este municipio.
Al exterior de la bodega se llega después de casi dos horas de camino desde la Secretaría de Gobernación. Pasada la autopista México-Toluca y los caseríos que rodean la parte norte del penal, la caravana de medios se internó en una zona de campos de cultivo y granjas con residencias de lujo hasta llegar a la parte suroriente, donde se observan las torres de control, las bardas de la cárcel y, apenas, la construcción de la bodega en obra negra entre las colinas.
Sobre el lodo de la brecha, policías federales indican al personal de comunicación que hay que esperar luz verde por parte de la PGR, cuyos peritos vestidos con monos blancos aún trabajan en la escena. Ahí también piden a los medios no tomar fotografías de los agentes ni hacerles preguntas, ni pasar más allá de donde indique el policía federal asignado a vigilar el interior del túnel “por una cuestión de oxigenación”.
Caminando en filas, la caravana de reporteros llega a unos metros de un patio bardeado cuyo suelo se observa más alto, comenta un militar que lo resguarda, porque fue cubierto con la arena que iban sacando los constructores de la excavación. A unos metros está la bodega, con el interior completamente cubierto de tierra suelta y donde agentes de la PGR ayer tecleaban en una laptop lo que parecía ser el texto de una averiguación previa. Ahí está también el primer boquete, de unos 50 por 70 centímetros, que conduce a un primer nivel subterráneo a través de una escalera de madera. Al bajar está el cuarto con la enorme planta de energía eléctrica color azul que ha salido en casi todas las tomas de la semana. Ahí están también las cubetas cubiertas de tierra, los montones de escombro, pedazos de esponja rosa y decenas de tablas. Ahí está también un segundo boquete, de tal vez un metro cuadrado, semi cubierto con una lámina y desde donde se ve un vacío de casi 10 metros. 23 peldaños más abajo ya se está frente al increíble pasadizo de un kilómetro y medio, al que ayer además ya le habían repuesto y encendido los focos que, supone el gobierno, “El Chapo” o sus secuaces fueron apagando a su paso. Las decenas de lámparas colocadas en una hilera aparentemente infinita ampliaban ayer la dimensión del conducto que pocos en el país creen que haya utilizado el capo para la fuga. Ahí estaba también el ingenioso acople de dos motocicletas sin flecha y sin llanta delantera montadas sobre un riel que también, dice el gobierno, llega hasta la cárcel.
Personal de comunicación social de Gobernación encabezó el “Chapo-tour” de ayer con más de 20 medios. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
Un policía federal y un empleado de comunicación social de PGR se encargan de completar la descripción ante los periodistas.
-Aquí, a la derecha, está uno de los focos –dice el uniformado, indicando el lugar en el que se encuentra una lámpara rota sobre el suelo.
–Vean aquí, esta pared –dice luego el empleado de PGR, mostrando donde alguien, tal vez alguno de los constructores, escribió “la buena vida, la pura mota” junto al dibujo de un rostro con bigote y lentes. “Es típico de Sinaloa”, comenta.
Oscar Sánchez, de comunicación social de Gobernación, coordina la visita en esa parte y, mientras acompaña a quienes están en el primer nivel subterráneo, pide que suban a quienes están más abajo, por lo que la visita a la única prueba pericial contundente de la fuga de “El Chapo” dura unos 15 minutos. Ningún reportero además, confirma Femat, ha hecho todo el recorrido.
Interior de la bodega con el boquete que conduce a un primer nivel subterráneo. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
“SÍ NOS DA PENA”
Una vez en la superficie, en el exterior de la bodega, y mientras termina de entrar el resto de los medios, entre quienes ya han bajado se expresan las mismas dudas que no han encontrado respuesta en los seis días que han pasado desde la fuga: ¿Cuánto personal se tuvo que emplear para construir un túnel de un kilómetro y medio? ¿Cuánto se tardaron? ¿Cuánto costaría? Y, sobre todo, ¿quiénes fueron esos brillantes ingenieros que, excavando varios metros bajo el suelo, llegaron a dar exactamente al fondo de la celda número 20 del penal del Altiplano, donde los esperaba “El Chapo”?
“Nos están mostrando que fue mucho más inteligente que el gobierno”, comenta una reportera, ya en una de las camionetas, esperando el regreso.
Ante la evidencia, la pregunta al vocero de Gobernación: ¿No debería ser un motivo de pena?
“Todo mundo estamos impactados”, responde Femat. “Estamos avergonzados por este tema, que haya ocurrido este evento. Sí nos apena que haya ocurrido, como gobierno federal, pero eso no implica no dar a conocer las cuestiones”, cierra.
Una de las casi 40 personas que ayer descendió al túnel en la visita organizada por Segob. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
Montones de tierra y cubetas al parecer utilizadas en la excavación, en el primer nivel subterráneo. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
Túnel que el Gobierno federal dice mide 1.5 km y llega hasta el fondo de la celda en la que estaba el capo. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
Uno de los focos como los que tenía el pasadizo y que, según la versión oficial, fueron destruidos por Guzmán. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
La tubería, los cables y los rieles, dice el Gobierno, se extienden 1.5 kilómetros. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
No ha sido especificado qué tipo de herramientas de construcción fueron utilizadas para la excavación. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
La iluminación restablecida por el Gobierno muestra mayores dimensiones del túnel. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
La parte de motocicleta acoplada a un riel y que habría servido para trasladar material y, también, a Guzmán. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
Empleado de PGR muestra el lugar donde, supone, los constructores habrían escrito una frase. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
El Gobierno ha permitido el acceso a sólo unos 20 metros del pasadizo. Ningún medio lo ha recorrido completo. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
Varios reporteros dijeron estar impresionados con la ingeniería desplegada. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
Empleado de PGR muestra el funcionamiento de la motocicleta adaptada al riel. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
Primer nivel subterráneo, desde donde se llega al túnel. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
Planta generadora de energía en el primer nivel subterráneo de la construcción. Foto: Francisco Cañedo / Sin Embargo
En conferencia de prensa desde un reconocido café en el
centro de la capital veracruzana, el Secretario de Comunicación del Comité
Directivo Estatal del PAN en el Estado, Raúl Martínez Chávez, aseguró que el
otrora Secretario de Gobernación del Estado de Veracruz en la actual
administración del Gobernador Javier Duarte de nombre Gerardo Buganza, es un
traidor al PAN, un seguidor del PRI y además que es una farsa su auto destape
como posible candidato independiente rumbo a la gubernatura cuyas elecciones se
celebrarán el próximo año.
“El PAN en su
momento le dio una senaduría y hasta una candidatura a la gubernatura de
Veracruz. El pueblo veracruzano lo apoyó, pero cuando se vio perdido, cuando
quiso volver a ser contendiente le dio la vuelta a Acción Nacional y se puso al
servicio del Revolucionario Institucional, de su verdugo Fidel Herrera y a la
postre de Javier Duarte” reclamó el Secretario Martínez Chávez apenas unas
horas después de que Gerardo Buganza renunciara a su cargo en la Secretaría de
Gobierno.
El vocero panista
también manifestó que el destape de Buganza, quien lleva ya más de 5 años
trabajando para y en favor del partido tricolor, solo busca fragmentar el voto
de la oposición. “Para eso le paga el PRI. Nosotros hacemos un llamado para que
empiece a hacer pública la corrupción del Gobierno del Estado si realmente
quiere lo mejor para Veracruz, que valore sus acciones. Los veracruzanos no son
tontos, saben razonar y verán claramente su farsa y que es claramente comparsa
de los priistas”. Instó.
En el mismo orden
de ideas el reconocido comunicador panista dijo, que el partido gobernante,
sabe el riesgo que tiene de perder la gubernatura en 2016 y por lo tanto no
quiere dejar cabo suelto, apoyando desde la trinchera de un supuesto candidato
independiente a Gerardo Buganza, incluso con recursos públicos.
“En el PAN
denunciaremos todas las irregularidades. En Veracruz han puesto la situación
difícil para los independientes en la búsqueda de una candidatura, sin embargo
la altísima suma de firmas necesarias no serán un problema mayúsculo si las
plataformas priistas lo ayudan para conseguirlas” asestó.
Al ser cuestionado
sobre si el PAN es parte de la mafia partidista como el ex Secretario de
Gobernación acusó, Raúl Martínez dijo que la mafia del poder, es a la que
Buganza sirvió durante el último lustro e incluso años antes, cuando su esposa
hacia negocios con el Gobierno del Estado.
En Acción Nacional
Miguel Ángel Yunes Linares, Juan Bueno Torio y Víctor Serralde se perfilan como
posibles candidatos a la gubernatura y Buganza Salmerón ya ha atacado al
primero, como lo hiciera tiempo atrás cuando este llegó a ser candidato a la
gubernatura.
