“Más de 6 mil elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno resguardarán la integridad física y patrimonial durante las festividades del mes de julio”, según un comunicado de prensa de la entidad encabezada por Jorge Alberto Ruiz Martínez, quien no contestó la solicitud de entrevista presentada por este semanario en la oficina de Comunicación Social del Palacio de Gobierno. No obstante, otras fuentes reportan más de 7 mil efectivos federales.
Según la información oficial, el funcionario “explicó que la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal estarán desplegando de manera conjunta 2 mil elementos [más] para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los visitantes y habitantes oaxaqueños durante esta festividad.
“Las acciones serán reforzadas por los más de 2 mil elementos de la Policía Federal y 2 mil elementos de la Gendarmería que desde la semana pasada ya se encuentran realizando actividades de proximidad social en la capital oaxaqueña”, agregó la SSPO el 14 de julio. Cuatro días después llegaron por lo menos 500 policías más.
Ésos son los números difundidos por la misma Secretaría. Sin embargo, la sensación popular es que en realidad son muchos, muchos más, los elementos presentes, sin contar a los efectivos militares.
Taxistas, vendedores, señoras de mercado, ancianos de parque, profesores, meseros, recepcionistas de hotel, choferes de autobús, vecinos de los límites de la ciudad, representantes magisteriales regionales y periodistas locales notan la densidad en el ambiente por la presencia de la “autoridad”.Contralínea sostuvo alrededor de tres decenas de conversaciones periodísticas sobre el tema, y después de un rato, invariablemente la charla desembocó en el mismo recuerdo: el estado de sitio y posterior represión de 2006.
Las heridas provocadas por el aplastamiento a fuego y sangre de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) aún están frescas, y el husmeo policial reaviva esos recuerdos de muerte relacionada con la intervención federal.
Además, desde antes de los festejos de la Guelaguetza 2015, drones ya sobrevolaban los barrios populares, sobre todo los presentes en el cerro del Fortín, tomando fotos desde muy baja altura. Desconocidos vestidos de civil se pasean por lugares que no son turísticos. Incluso el silencio de la madrugada es interrumpido por el estruendo de aviones que pasan una y otra vez por zonas que mostraron alguna resistencia durante el aplastamiento de hace 9 años, cuentan por separado los residentes entrevistados.
Por su parte, el movimiento magisterial y diversas organizaciones sociales continúan su presencia en los mismos sitios de siempre, en las rutas de siempre, con marchas cuyas partidas y destinos son anunciados previamente; el edificio de la Sección 22 del magisterio está abierto y en permanentes asambleas y emisiones radiales. El anuncio del cierre del Instituto de Educación Pública acelera las movilizaciones, al tiempo que los plantones, incluido el del zócalo de Oaxaca, perecen estar a merced de ser arrasados aun por un pequeño grupo de granaderos, como ocurrió en la Ciudad de México.
Días antes del golpe asestado al magisterio, la presencia de éste era representativa, casi simbólica, en la capital del estado. La capacidad de movilización y apoyo de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –organización tejida por más de 2 décadas entre las ocho regiones oaxaqueñas– se hizo notar de inmediato tras la decisión, aunque la mayoría de sus integrantes estaban dispersos en comunidades, en otros estados y el Distrito Federal.
Son más de 80 mil los maestros que se han mantenido en resistencia a pesar de los asesinatos, desapariciones forzadas y encarcelamientos en prisiones federales: cuentas pendientes e impunidad que potencian la ira y robustecen las convicciones políticas ante una nueva agresión solapada por el discurso del orden y la paz social restablecidos que impulsan el flujo del turismo y, por ende, el desarrollo del capital concentrado en unas pocas manos.
El tablero estratégico está puesto: las partes altas, las entradas al centro, las salidas de la ciudad están claramente cubiertas, “peinadas”, en el argot policial. Los caminos hacia Xoxocotlán, Puerto Ángel, Monte Albán, Tuxtepec, Santa María del Tule, hacia Atzomba y San Pedro Ixtlahuaca están custodiados.
La vigilancia es permanente. El movimiento de los maestros que llegan y se van, cuando relevan a sus compañeros; por dónde van las marchas, adónde se dirigen, con qué ánimo, quiénes van, todo es conocido por los federales.
La presencia policiaca, militar y gendarme en el día a día de la gente mantiene la cuerda tensa. Ya se han dado conflictos menores: uniformados encañonando taxistas, mujeres hostigadas verbalmente, trances viales.
Los vehículos de choque y las armas largas también ya pasaron lista en Oaxaca.
La reforma educativa-laboral ya fue aprobada, es impulsada ampliamente por los medios masivos de comunicación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la avaló. Además, ambas partes, gobierno-empresarios y profesores, han manifestado en múltiples oportunidades que no cederán.
El posicionamiento de elementos federales y sus movimientos no son guiados por la casualidad. Las Fuerzas Armadas rodean la ciudad con una estrategia marcada. Un círculo, una red, se asentó en Oaxaca. Es un corséque en unos cuantos minutos se puede cerrar. Sólo basta una orden, o unachispa, para que el valle se incendie. El mazo gubernamental pende sobre la Sección 22 del magisterio.
Alianza gobierno-grandes empresarios
En contra del movimiento magisterial se han unido fuerzas públicas y privadas: federales, estatales y trasnacionales.
Los poderes públicos y fácticos coinciden en una idea esencial: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es un obstáculo, una tranca para el desarrollo neoliberal, sostén de la libre empresa, pues la lucha de los maestros no se circunscribe al tema educativo y sus demandas abarcan un mayor espectro social y económico.
En marchas, mítines y consignas persiste la aclaración de que la batalla dada hasta hoy es parte de una lucha de clases: de los empresarios contra los trabajadores; de los pocos que tienen todo contra la mayoría que no tiene nada: “Educación, primero, al hijo del obrero. Educación, después, al hijo del burgués”, es una de sus consignas.
