6 de enero de 2016

POBLACIÓN INDÍGENA CHIAPANECA CONSUME AGUA LODOSA, ALCALDE DEL PVEM SE NIEGA A PROPORCIONAR AGUA POTABLE

Por:  / Revolución TRESPUNTOCERO).-
Ixtapa, Chiapas, es uno de los municipios con mayor rezago y pobreza, tanto de la entidad como del país. La población indígena que conforma el territorio padece desnutrición, desempleo y en los últimos años problemas de salud que día a día se presentan con mayor severidad.
Esto último como resultado de un absoluto abandono por parte de las autoridades locales y estatales, afirman los pobladores, quienes han advertido que en los próximos días tomarán la autopista federal Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de las Casas, para bloquearla por tiempo indefinido.
Pedro Pérez, Agente Municipal, ha explicado a Revolución TRESPUNTOCERO que aun cuando es sabido que los bloqueos son sancionados e incluso sin fianza y con 10 años de cárcel, mantendrán la lucha de no recibir respuesta a la problemática de salud que se viene desarrollando derivado de la falta de agua potable, que nunca le han brindado a la comunidad.
Derivado de esto, se encuentran en la necesidad de usar agua lodosa para cualquier actividad que lo requiera, incluso para beber. Por ello  se ha desarrollado, principalmente en menores de edad y ancianos, severas infecciones, que no pueden ser atendidas porque no tienen acceso a servicios médicos.
Es por ello que, asegura, bloquear la carretera no es un delito grave en comparación de lo que hoy les hace Velasco Coello y autoridades locales del PVEM, quienes han hecho caso omiso a su demanda de agua potable, por el contrario los han tratado “de manera inhumana”.
Los poco más de 600 habitantes, según indica la vocera de la comunidad, Cornelia Mendoza, llevan consumiendo y usando el agua lodosa desde hace poco más de tres años, sin que la autoridad municipal se comprometa a dar solución al problema. Y es que en su momento se dio paso a la instalación de las tuberías, pero el proceso no llegó a su fin, y quedó en el absoluto abandono.
“Incluso los alimentos son preparados con el agua lodosa, no tienen opción alguna, incluso si intentan filtrarla es agua contaminada, que les puede generar una salmonelosis que derive hasta en la propia muerte, al encontrarse en un lugar sin acceso a la salud pública, donde los medicamentos nunca llegan, estamos hablando de un lugar que no tiene diferencia con las comunidades más marginadas de África.
A mediados del año pasado en su visita a la entidad, Andrés Manuel López Obrador explicó la manera en que el cacicazgo se apoderaba de aquella comunidad, como en todo Chiapas, las familias que ostentan hoy el poder, son las que se lo han repartido y han gozado del presupuesto de dicho municipio, lo cual ha sido evidenciado, con distintas pruebas, los pobladores se han manifestado en contra del presidente, ganador por el PVEM, pero no ha habido respuesta satisfactoria”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, el antropólogo Octavio Peters.
Hasta el momento la única solución que han implementado es el recorrido de poco más de tres horas (a pie) a la comunidad más cercana, Aztlán, en donde se les tiene permitido obtener 20 litros de agua, aunque muchos han decidido caminar por dicha cantidad, otros se ven imposibilitados a hacerlo, ya sea por la edad o sus enfermedades, que provocan les sea difícil realizar la caminata, por lo que no existe otra salida que seguir ingiriendo el líquido.
Mendoza ha dado a conocer que de no reiniciar las actividades para que la comunidad tenga agua potable en las próximas semanas, darán inicio al bloqueo el próximo 11 de enero, movidos por la desesperación de vivir en condiciones infrahumanas, al seguir sin poder evitar ingerir líquido contaminado. “La población es gente humilde que por lo mismo es vulnerable, ellos son los que deberían estar mayormente protegidos por Velasco Coello, quien ni siquiera se ha percatado de la problemática.
Es por ello que la nueva y ridícula ley sobre bloqueos, es para mantener atemorizados a los campesinos y grupos afectados por la deshumanización de un gobernador ruin y miserable, que no le importa nada que no sea exhibir su fotografía, mientras su pueblo muere y él derrocha los millones que no le pertenece. Ixtapa es un ejemplo de lo que quiere lograr dicha ley, acallar a la población que sin importarle el precio que tengan que pagar, saldrán a bloquear las carreteras, ante la desesperación de ver a sus niños recién nacidos deshidratados por no tener acceso a agua, porque si un adulto no soporta las infecciones que provoca el agua lodosa, menos un bebé”, explica Peters.
En mayo pasado, López Obrador aseguró que México no sólo padece una crisis económica, de bienestar social, sino de pérdidas de valores, y un ejemplo claro era, en ese momento, el candidato de PVEM en Ixtapa, Roberto Jordán Aguilar Hernández: “es el hijo de un cacique, y en su propaganda en mantas, bardas y espectaculares pone ‘El Junior’ de Ixtapa, como si fuese un gran honor, algo para presumir y eso no está bien”, advirtió.
Agregó que Aguilar Hernández pretendía vivir en una monarquía, donde los puestos se heredan. Hoy ya como presidente municipal ha sido señalado también por fungir como tesorero municipal desde el tiempo que se iniciaron las obras que llevaría agua potable a la comunidad, y fue en ese momento que la constructora encargada de realizar el trabajo lo abandonó, esto derivado que dicho político entregara un cheque sin fondos, expedido por el Ayuntamiento Municipal.
Del mismo modo, aseguran que en la anterior administración también existió una gran explotación económica del pueblo, y mantienen la idea que si no se da paso a la continuación de la obra, es porque el prepuesto ya fue desviado para fines particulares de los hoy encargados del Ayuntamiento Municipal.
“En Ixtapa y todo Chiapas, a la gente humilde, al pobre se le llama ‘revoltoso’, ‘escandaloso’, pero se nos debería de llamar ‘humillados’, ‘afectados’, ‘dañados’, porque si salimos a bloquear es porque vivimos en un estado donde el gobierno estatal nos humilla y pisotea a diario, impone caciques de su partido el PVEM y permite que nos saqueen, mientras nos matan de distintas formas, en nuestro poblado es quitándonos el agua limpia”, asegura, al medio Pablo, un miembro de la comunidad.
“Si este problema, sumamente grave, se estudiara a fondo, se llevará con organismos internacionales, es posible que Velasco Coello se podía desenmascarar de manera más evidente, porque sin justificar lo que sucede en África, se encuentra Ixtapa en las mismas condiciones, pero no es por falta de dinero, de constructoras, de materiales o de formas, es porque se roban el dinero, la gente no tiene agua, si ellos dejaran de ingerir agua de lodo morirían por deshidratación, si ellos continúan también la muerte puede llegar, la obligación del gobernador sería destituir a quien hoy está en presidencia, mientras abre una investigación que llegue a las últimas consecuencias, pero hablamos de Velasco Coello y del PVEM, que equivale a racismo y odio por los pueblos indígenas”, afirma Peters.

HABITANTES DE OCOTEPEC RECHAZAN FUNDACIÓN DE EU POR QUERER PRIVATIZAR EL AGUA

Habitantes de Ocotepec, Puebla rechazado la presencia de la fundación estadounidense Living Water International, ligada a petroleras y financiada por Coca-Cola, que construye un tanque de agua y una tubería de 1.7 kilómetros, por considerar que su presencia es para privatizar el agua
Leticia Ánimas
Regeneración, 6 de enero de 2016. Ocotepec, Puebla.- Mediante la supuesta intención de proveer “agua para la vida en el nombre de Jesús”, la fundación Living Water Internacional (LWI), financiada por el grupo FEMSA (propietaria de las tiendas de conveniencia Oxxo) y Coca-Cola Company, pretende privatizar y administrar las fuentes de agua del municipio poblano de Ocotepec, denunciaron pobladores inconformes.
La presencia de la fundación que fue calificada como “avasallante” fue rechazada por los habitantes de Ocotepec durante una reunión realizada el pasado 31 de agosto en la Presidencia Municipal, luego de que la alcalde Macaria Hernández Rodríguez, firmara con la LWI un Memorándum de Entendimiento para ejecutar acciones del programa “Lazos de Agua”.
Durante la asamblea de los pobladores con su autoridad se tomaron varios acuerdos, dijo Jorge Jiménez a nombre de los vecinos, el principal: cancelar por “arbitrario” el convenio con la Living Water Internacional y retirarla de la construcción del depósito de agua con una capacidad de 150 mil litros y una línea de conducción de 1.7 kilómetros de longitud, porque lo que pretende en realidad es “privatizar nuestro derecho a ese recurso natural, quedándose con la administración del agua”.
La presidenta municipal se comprometió a “no privatizar el agua y a prohibir la exploración y explotación de recursos naturales (minerales y agua) por parte de compañías extranjeras y compañías del país”, explicaron, pues Ocotepec se encuentra al occidente de Ixtacamaxtitlán y al norte de Libres, municipios en los que la canadiense Almaden Minerals desarrolla proyectos para la búsqueda de oro, plata y otros metales.
EL CONVENIO “CANCELADO”
Aunque en el Memorándum firmado entre la presidenta municipal Macaria Hernández y la LWI, supuestamente se limita a la fundación a la dotación de materiales para la construcción de un tanque de almacenamiento en pleno parque de la cabecera y se dice que ésta entregará a un Comité de Agua Potable la operación del suministro, no se establece un plazo cierto para que esto acontezca, y se deja al arbitrio de la LWI la entrega de la administración del agua “para cuando se haya retirado de la obra”, explicó Jiménez.
“Simplemente se escribió que hasta que se constituya el Comité y mientras aprenden a disponer del agua, será la LWI la que se encargará de la administración, hasta que se vaya de la obra, además de que tendrá acceso al manejo de los recursos que se recaben por el cobro del líquido vital”.
También se estableció que ofrecerán a los líderes comunitarios, “habilidades para conocer valores morales, civiles y bíblicos, ‘sin fines proselitistas’ que busquen el cuidado de los proyectos de agua y el desarrollo social”. Todo esto según el programa denominado “Lazos de Agua” que financian FEMSA y Coca-Cola
PRETEXTO Y PRISA
La presidenta municipal Macaria Hernández, se quejaron, nunca los consultó para la firma del convenio con la LWI, nunca “nos presentó una maqueta. Cuando nos dimos cuenta ya estaban trabajando en el parque”, que es donde pretenden instalar el tanque de captación.
“Sin permiso del INAH derribaron estructuras del parque del poblado que es antiguo. Sin permiso de la PROFEPA talaron árboles. Luego, como tienen prisa, empezaron a trabajar hasta en la noche para perforar y hacer un tanque, sin importarles el ruido que hacían y si podíamos dormir, porque quieren terminar la obra en mes y medio y de ahí bombear el agua para la cabecera y las comunidades de Guadalupe Victoria, Xochitonal y Tetemi”, añadieron.
El argumento que presentaron para justificar la necesidad de la obra es que la “bola” que almacena el agua en el pueblo está oxidada y eso provoca enfermedades entre los pobladores y “eso es cierto”, admitieron, “pero lo que no podemos admitir es que la fundación vaya a adueñarse de nuestros recursos naturales, a disponer de ellos y a decidir a quiénes y cuánta agua entregarán y de a cómo la cobrarán”.
“Luego, nos pusimos a informarnos y nos enteramos que en nuestro país trabajan con Femsa-Coca Cola, de la que recibe recursos, igual que la organización Milennium Water Alliance”, lo que los hace sospechar que es la transnacional refresquera la que quiere “apoderarse” del agua de Ocotepec que “es más dulce y más rica que la que hay en la cuenca Libres- Oriental”.
Por eso decidieron cancelar el convenio con la LWI, de acuerdo con su presidenta municipal quien firmó y selló el acta de la asamblea realizada el pasado 31 de Agosto y se comprometió a protocolizarla ante un Notario Público en Libres, pero no acudió a la cita pactada con los pobladores.
De acuerdo con una nota publicada por el periódico El Economista y en la propia web del grupo empresarialhttp://www.femsa.com/es/acciones-con-valor/lazos-de-agua, el entonces director de FEMSA Vidal Garza, indicó que la participación de ésta y de Coca-Cola América Latina en el programa “Lazos de Agua” se centra en la aportación de recursos para instrumentar los programas que la organización Millennium Water Alliance realice en comunidades mexicanas a través de la fundación Living Water Internacional.
Esta fundanción tiene su sede matriz en Standford, Texas y fue fundada, entre otros, por Harry Westmoreland Jr , ligado a industria petrolera estadunidense dedicándose a realizar perforaciones sísmicas o prospectivas y sabe de la “importancia del agua limpia”. 

4 de enero de 2016

FANÁTICOS RELIGIOSOS ATACAN A LA ACTIVISTA JULIA KLUG QUE PROTESTABA CONTRA VISITA DE BERGOGLIO

La activista guatemalteca Julia Mercedes Klug, notable por su lucha contra el alto clero pederasta en Latinoamerica y el mundo, fue agredida este domingo cuando protestaba contra la visita del argentino Jorge Mario Bergoglio alias “Papa Francisco”, frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
La denuncia se difundió primero en redes sociales y posteriormente fue publicada por diversos medios de comunicación.
De acuerdo con la información difundida, Julia Klug se había instalado como habitualmente lo hace frente a la catedral, portando una túnica papal, denunciando los crímenes de la iglesia y repudiando la visita a México del fariseo “Papa Francisco” –a realizarse del 12 al 17 de febrero–, cuando dos intolerantes mujeres comenzaron a increparla.
Julia, conocida también por su carácter firme, rechazó los cuestionamientos y continuó su protesta, por lo que las fanatizadas mujeres se abalanzaron contra ella, jaloneándola, arañándola y propinándole golpes y patadas.
Un hombre intervino en la gresca, logrando que recularan las abusivas católicas mientras Julia se recomponía de las agresiones en su contra. En tanto, testigos documentaron lo sucedido con las cámaras de sus celulares y comenzaron a difundir las imágenes en redes sociales.
Cabe recordar que, debido a su intenso activismo contra los crímenes de sacerdotes particularmente en el deleznable rubro de la pederastia, Julia Mercedes Klug ha sido agredida en múltiples ocasiones por religiosos intolerantes.
Si bien Klug se manifiesta en contra de estos crímenes, también se considera católica y exige la limpieza dentro de la iglesia, así como el justo castigo a curas abusivos y a los altos jerarcas encubridores, solapados igualmente por las falsas “autoridades” que usurpan el poder.
Además de protestar contra estas aberrantes situaciones al interior de la iglesia católica, Julia Mercedes Klug se ha pronunciado por los normalistas de Ayotzinapa y contra otros crímenes de Estado usurpado.
Sus actos de protesta son realizados habitualmente en el primer cuadro de la Ciudad, casi siempre frente a la catedral, y no han estado exentos de acoso por parte de fanáticos religiosos. No obstante, Julia Klug destaca por su determinación y valentía frente a estas agresiones.
Con información y foto de Voces Oaxaca
NO ME CALLARÁN


NO QUIEREN A NAMIKO MATZUMOTO BENÍTEZ


La sola mención de Namiko Matzumoto Benítez como probable sustituta de Luis Fernando Perera Escamilla al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha propiciado el rechazo unánime de representantes de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instancias defensoras de derechos civiles, y si bien es cierto que hay por lo menos otros dos presuntos aspirantes -Rafael Ortiz Castañeda y Enrique Córdoba del Valle-, se cree que la señora Matzumoto Benítez ya tiene la “bendición” de Javier Duarte de Ochoa para asumir el cargo, luego de que Perera Escamilla ha dicho que “por cuestiones personales” no buscará la reelección, aunque su ineficiencia en el cargo fue más que notoria y por eso queda fuera. Opiniones como las de Patricia Ponce Jiménez, del Grupo Multisectorial; Araceli González Saavedra, del colectivo Equifonía; Daniela Griego Ceballos, integrante de la Red Cívica Veracruzana (Recive), y la periodista Norma Trujillo Báez, defensora de los derechos de los comunicadores veracruzanos, coinciden en señalar que el trabajo de Perera Escamilla dejó mucho que desear, y la señora Matzumoto Benítez ha fracasado rotundamente como secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), pues nada ha hecho para realmente defender a los comunicadores amenazados. “No inspira confianza", es el consenso general entre los entrevistados, y quien asuma la titularidad de la CEDH “debe generar confianza y tener un buen prestigio profesional y moral y conocer la disciplina jurídica, una persona solidaria, sensible y con un liderazgo excepcional, además de ser imparcial”. 

Por eso, señalan “no metemos las manos al fuego ni por ella ni por ninguno de los candidatos, no apoyamos a ninguno; no los vamos a apoyar”. Araceli González Saavedra, coordinadora de Equifonía, es más directa, y señala que Namiko Matzumoto Benítez “ha jugado un papel de condescendencia ante el Gobierno del Estado, por lo que no es apta para ocupar un puesto como ese; no ha exigido que se garantice la seguridad de los periodistas en los casos donde no solo ha habido agresiones sino asesinatos. La suya, es una propuesta que no es viable y que además no favorecería a que mejoren las condiciones en el estado de Veracruz respecto a la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos”. 

En términos similares se pronuncia Daniela Griego Ceballos, quien dice que el papel de la señora Matzumoto “es cuestionable, pues no se vio una defensa del gremio periodístico, y consideramos que tampoco es una opción considerando lo que está viviendo Veracruz, con el mayor número de agresiones y muertes de periodistas. La postura de Recive por un lado es no a la reelección de Perera y tampoco es opción Namiko”. Finalmente, la periodista de La Jornada Veracruz, Norma Trujillo Báez, sostiene que “en tanto siga existiendo un estrecho vínculo entre Derechos Humanos a nivel estatal y el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, este siempre impondrá a quien va a dirigir la CEDH”, y luego de señalar que no conoce la trayectoria de Ortiz Castañeda y Córdoba del Valle, en el caso de Matzumoto Benítez “es lamentable que busque el puesto cuando en los hechos no ha hecho algo real en defensa de los periodistas”, y añade que “sería preocupante que una persona como ella llegara a ocupar la presidencia porque si fue a un sector reducido al que no le pudo dar muestra de la capacidad para resolver los problemas, en la CEDH se abarcan más aspectos”. Insiste finalmente que la labor de Namiko en la CEAPP ha dejado mucho que desear “al no garantizar la vida y la integridad de los periodistas, dado que desde su creación, hace tres años, los crímenes y agresiones no han cesado.

EL VERACRUZ DE DUARTE, TUMBA PARA PERIODISTAS

Periodistas: "ni una muerte más". Foto: Germán Canseco
Tanto la PGR como la CNDH ubican a Veracruz como la entidad más peligrosa para los periodistas por los numerosos homicidios –como el de Regina Martínez, quien fuera corresponsal de Proceso en el estado–, las desapariciones forzadas y el acoso gubernamental. Y aunque también es la segunda en el número de comunicadores apoyados por el mecanismo de protección federal, eso no ha disminuido los índices de violencia contra el gremio.

XALAPA, VER.- Tras 16 asesinatos de periodistas perpetrados en Veracruz, 14 de ellos durante la administración de Javier Duarte, la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mantiene “medidas cautelares de protección” para 37 de ellos y 10 defensores de derechos humanos.
En sus oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, Gobernación indica que sólo el Distrito Federal, con 47 comunicadores y activistas, tiene más beneficiarios del mecanismo de protección que Veracruz. Sin embargo, en la capital del país fueron abatidos cuatro periodistas de octubre de 2000 al mismo mes de 2015, mientras que en Veracruz se han documentado 16 de esos homicidios en el mismo periodo.
Ante las solicitudes de acceso a la información 0000400387315 y 0000400364715, Gobernación entregó a Proceso una estadística a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.
El documento detalla que, con base en cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se han cometido asesinatos de periodistas en 22 estados, mientras que el dato de la Procuraduría General de la República (PGR) es que sólo han ocurrido en 20.

Pero en ambos recuentos Veracruz ocupa el primer lugar en homicidios de reporteros, con el 15.5% (PGR) y el 15.9% (CNDH).
“Si se comparan las cifras de homicidios en el estado de Veracruz en dos periodos iguales, es decir 2004-2009 (en alusión al sexenio de Fidel Herrera) y 2010-2015 (el de Duarte), las dos instituciones –PGR y CNDH– registran que en el último periodo se duplicaron los homicidios”, se indica en la página 14.
En un apartado titulado “Datos de las instituciones de la Junta de Gobierno del Mecanismo sobre la Situación del Ejercicio del Periodismo en Veracruz”, Gobernación desglosa otras cifras.
Veracruz mantiene, con Chihuahua, el primer lugar en homicidios contra periodistas, y también, con Tamaulipas y Michoacán, encabeza la tabla de estados con el mayor número de periodistas desaparecidos.
Con los 107 homicidios de comunicadores que registra la CNDH en el país (103 según la PGR), y ante la impunidad de los crímenes contra Rubén Espinosa, Moisés Sánchez, Regina Martínez y Gregorio Jiménez, así como el exilio de varios reporteros de la entidad en otros países o estados, muchos periodistas pretenden que se les incluya en el mecanismo de protección oficial.
En Veracruz, periodistas de Acayucan, Álamo Temapache, Boca del Río, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han solicitado medidas cautelares.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene inscritos también a activistas sociales y defensores de derechos humanos de Amatlán de los Reyes, Coatepec, Ilamatlán, Misantla y Xalapa.
Asimismo, 33 reporteros jarochos cuentan con el botón de pánico –una especie de teléfono celular para enlazar con corporaciones policiacas federales y, si el usuario lo desea, con alguna autoridad estatal en caso de emergencia–; 11 están inscritos en el sistema de Alerta Temprana para establecer un “plan de contingencia” en caso de agresión policiaca, gubernamental o delincuencial, y 16 cuentan con “vigilancia y patrullajes”.
Además, seis tienen servicios de escolta; a 49 se les asignó infraestructura que puede consistir en cámaras de vigilancia, vehículos o el botón de pánico, y cuatro periodistas tienen gestiones de vivienda, educación y salud que Gobernación no desglosa en su informe.
La Subsecretaría de Derechos Humanos registra en total a 183 periodistas en el país “protegidos por el mecanismo”, de los cuales 121 son hombres y 62 mujeres. El Distrito Federal aglutina a 45 de ellos, es decir, el 24.6%.
Le siguen Veracruz (37 casos), con el 18.6%; Guerrero (13), con 7.1%; Oaxaca (11), con 6%; Zacatecas (10), con 5.5%; y Coahuila y Tamaulipas (6) con 3.3% cada entidad.

En las “medidas urgentes” para preservar “la vida”, “la integridad” y la “libertad” del periodista beneficiario del mecanismo de protección, la Subsecretaría de Derechos Humanos reporta 11 “conjuntos de acciones urgentes” para periodistas del Distrito Federal, ocho para Veracruz y siete para Guerrero; el resto de las entidades registran uno o dos casos.
El capítulo “Diagnóstico sobre la situación de las y los periodistas en el estado de Veracruz. Sistema de alerta y plan de contingencia” enfatiza que el 37.5% de los agresores de comunicadores en esta entidad son policías estatales, el 25% autoridades municipales, en 18.37% de los casos no se han logrado identificar, en 6.2% son policías municipales, en igual proporción efectivos del Ejército y también de la Marina.
“De enero del 2011 a septiembre del 2015, la Oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos ha documentado 13 casos de amenazas, hostigamientos o ataques y cuatro casos de detenciones de periodistas que ejercen su labor en Veracruz”, destaca el documento oficial.
MEDIDAS INEFICACES

Aunque el pasado 3 de noviembre el gobierno de Duarte y varias instituciones de derechos humanos, así como la PGR, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y Gobernación firmaron un “convenio de protección de periodistas” y establecieron un sistema de “alerta temprana” para “un plan de contingencia”, las agresiones a comunicadores continúan en el estado.
El domingo 20 por la noche, en Coatzacoalcos, el jefe de información de un periódico en el sur de Veracruz interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que sin encender la torreta ni advertir nada por el altoparlante le cerraron el paso.
“Sin decir agua va, te cierran el paso… Claro que pensé en meter reversa y huir de ahí. Llegaron muy locos. Piensas en un instante que se trata de una patrulla clonada”, dice el comunicador.
Después de revisar su auto, al ver la cámara fotográfica y las credenciales de prensa, los policías lo dejaron ir pero no le dieron una explicación sobre su peculiar forma de marcarle el alto.
El periodista interpuso una queja ante la asociación Artículo 19 y pidió asesoría a la organización no gubernamental Periodistas de a Pie. Cuando la denuncia se hizo pública, la jefa de prensa de la SSP, Leticia Silva, le telefoneó para intentar justificar a los policías: según ellos, “procedieron a detenerse” porque pensaban que se encontraba varado en la carretera y “necesitaba apoyo vial”.
El día que se presentó el sistema de Alerta Temprana, un fotógrafo fue agredido en el acto protocolario por dos elementos de Ayundantía del gobernador Javier Duarte. Uno de ellos, Luis Sardiñas –exdirector de Protección Civil del Puerto de Veracruz– le dio empellones y rodillazos al comunicador porque intentó desplegar una cartulina para protestar contra los asesinatos de periodistas.
El 22 de noviembre, durante la primera etapa de la evaluación de maestros conforme a la Reforma Educativa, elementos de la Fuerza Civil y policías estatales habilitados como “grupos de choque” golpearon a seis periodistas en Xalapa y Boca del Río. Cinco de los afectados presentaron denuncias ante el Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, y a cuatro de ellos la SSP les tuvo que otorgar una reparación del daño, que incluyó la compra de cámaras, reposición de lentes y renovación de teléfonos móviles.
Esto era impensable hasta hace poco. En las reuniones informativas del mecanismo de protección con periodistas de Veracruz, los funcionarios de Gobernación escucharon historias que lo demuestran:
El periodista que fue “tableado” por un grupo delictivo por publicar una nota incómoda; el que recibió amenazas por teléfono para que no entregara una nota roja en la redacción, y el que recibió protección del Ejército y la Marina pero días después fue abandonado a su suerte en el Distrito Federal.
Un reportero del norte de Veracruz contó su experiencia. Después de recibir varias amenazas en mensajes que manos anónimas dejaban en la redacción de su periódico, pidió “apoyo urgente” a instancias federales.
La FEADLE atendió su caso y le envió escoltas de la Policía Federal y de la Marina, quienes le dijeron que se iban a encargar de “su cuidado”. Horas después, ellos le preguntaron quién se iba a encargar de su alimentación y hospedaje, pues la fiscalía no cubría esos gastos, como tampoco la instalación y el mantenimiento de cámaras y alarmas en su centro de trabajo y domicilio”. El reportero no tuvo opción: dejó de trabajar temporalmente en el periodismo.
Según datos oficiales, actualmente se tiene registro de 25 desapariciones forzadas de periodistas en el país, de las cuales cuatro se denunciaron en Veracruz.
Ante ello, así como los 13 homicidios de comunicadores en Guerrero, 11 en Tamaulipas y siete en Sinaloa, la CNDH y el Alto Comisionado de la ONU en la materia han emitido recomendaciones de nivel nacional e internacional, pero ninguna ha sido acatada.

En Veracruz la mayoría de los casos continúan sin resolverse, pese a que existe un órgano autónomo llamado Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), con un presupuesto de 21 millones de pesos anuales.

LA ADMINISTRACIÓN DUARTISTA “NO TIENE LLENADERA Y APLICA UN IMPUESTO ADICIONAL…


A diferencia de otros gobiernos Estatales que, conscientes de la grave situación económica que enfrentan los gobernados han decidido no incrementar impuestos y, mucho menos crear otros gravámenes, en Veracruz la administración duartista “no tiene llenadera”, y en ese tenor ha decidido iniciar el año con un “Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación” que será cobrado mediante el aumento del 15 por ciento al impuesto predial, lo que ha provocado severas reacciones de empresarios y de la sociedad, sobre todo por el saqueo de han sido objeto dependencias como la Secretaría de Educación de Veracruz. Según estimaciones del gobierno Estatal, con el aumento del predial se pretenden obtener 607 millones 441 mil 565 pesos, esto de acuerdo con la Ley de Ingresos 2016 recientemente aprobada por los diputados locales. En ese sentido, los ayuntamientos podrán cobrar un 15 por ciento más sobre el predial, pero solo podrá ser cobrado en los municipios que autoricen a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) recaudar el impuesto predial el cual originalmente corresponde a los ayuntamientos. 

En caso de que los cabildos autorizaran dicha modificación al predial, el gobierno estatal asegura que únicamente regresará a los municipios la mitad de lo que se recaude, quedándose el resto para el Estado. La Ley de Ingresos señala que “podrá cobrar el Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, teniendo como objeto del mismo la realización de pagos por concepto del impuesto predial. Este impuesto se causará y pagará, al momento del entero del Impuesto Predial, a razón del 15 por ciento sobre su base, correspondiéndole la mitad a los municipios que lo generen”, pero el tema ha provocado malestar ya que no se indica con certeza si, en efecto, ese impuesto se aplicará a temas educativos y no al proceso electoral. 

En ese sentido, el diputado panista, Alejandro Zairick Morante dice que no existe confianza en que la Sefiplan regrese a los municipios los recursos que les tocan o que se utilice realmente el impuesto para lo que fue creado, pues la Secretaría de Fianzas ha incumplido estas situaciones en ocasiones anteriores. “Todos sabemos la reputación que tiene Finanzas del Estado, sabemos lo que implica también que llegue dinero y que muy probablemente no va a regresar” señaló el legislador albiazul. El gravamen, asegura el presidente de la Coparmex, Jorge Coffaou Kyser será un fuerte golpe para los empresarios y para la clase trabajadora, pues únicamente se suma a otras cargas tributarias ya existentes. En fin, estos no tienen llenadera…

CRIMEN COMETIDO EN LA NARVARTE: UN CASO QUE NO PUEDE CERRARSE Y QUE SIGUE IMPUNE

El 31 de diciembre se cumplieron 6 meses de los asesinatos de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Atziri Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril; este crimen ha cimbrado a la sociedad mexicana, particularmente al gremio periodístico y al de personas defensoras de derechos humanos.
A 6 meses de haberse cometido los crímenes de la colonia Narvarte, las inconsistencias que han sido señaladas por las organizaciones coadyuvantes del caso siguen estando presentes en el expediente, a pesar de haberle solicitado a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que fueran subsanadas, las autoridades se niegan a investigar a profundidad lo ocurrido aquel 31 de julio en el departamento ubicado en el 1909 de la calle Luz Aviñón.