6 de marzo de 2016
HECTOR YUNES, LAS PROMESAS DE CAMPAÑA COMO SENADOR de la republica en el 2012 fueron de demagogia pura ¿en dónde está el nuevo rumbo que prometió?
Si bien es sabido que como senador apoyo las reformas
estructurales y mantuvo la boca cerrada ante los asesinatos contra periodistas
en Veracruz, nunca manifestó una palabra de solidaridad para las familias de
los desaparecidos y mucho menos denuncio la impunidad de las autoridades
policiacas, jamás levanto la voz en contra de la corrupción y el abuso de poder
de su amigo y compañero de partido Javier duarte de Ochoa…ahora demagógicamente
utiliza el mismo discurso y promesas de la campaña del 2012 ¿ya se les olvido a
los veracruzanos?...
Los desvíos por 10,518 millones detectados por la ASF tocan al primer círculo de Javier Duarte, Juan Antonio Nemi Dib, Jorge Carvallo Delfín, Alberto Silva Ramos, Adolfo Mota Hernández, Mauricio Audirac, Fernando Chárleston, Gerardo Buganza, Arturo Bermúdez Zurita, Luis Ángel Bravo Contreras y Tarek Abdalá fueron o son los jefes de las dependencias sobre quienes la ASF lanzó el mayor número de observaciones, las más graves, y las de mayor cantidad de recursos.
Ese mismo grupo político está involucrado directa e indirectamente dentro de la estructura priista que apoya a Héctor Yunes en su campaña electoral. #DespiertaVeracruz #NiUnVotoAlPRI #NiUnVotoAHéctor
UNIDAD DE QUEMADOS, JAVIER DUARTE....
Al darse a conocer que no ha justificado el gasto de 35 mil millones de pesos, el vapuleado gobernador de Veracruz llega a la Unidad de Quemados... y en el Cineclub de Nicasio: La Habitación
LA FAMILIA LE SIRVE DE PRESTANOMBRE A JAVIER DUARTE
Dice el gobernador de Veracruz que tiene las manos limpias y
la frente en alto. Coloca a sus hijos y a su esposa en el frente de batalla,
como escudo humano, ante el escándalo de corrupción y desvío de recursos por 35
mil millones de pesos.
Le responde el precandidato de oposición, Miguel Ángel Yunes Linares: tiene por lo menos 40 prestanombres, entre ellos su cuñada, su concuño, su primo, su tío y sus cómplices.
Le responde el precandidato de oposición, Miguel Ángel Yunes Linares: tiene por lo menos 40 prestanombres, entre ellos su cuñada, su concuño, su primo, su tío y sus cómplices.
Acerca del autor
Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto, Semanario Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.HISTORIA DE MUERTE Y QUEMA DE CINCO JÓVENES EN VERACRUZ, TEMA QUE TIENE SIMILITUD CON EL CASO IGUALA
El demoledor relato de uno de los policías implicados en la desaparición de cinco jóvenes en el estado mexicano de Veracruz, según el cual fueron quemados, triturados y tirados a un río, ahondó la herida abierta por el caso Iguala debido a la similitud entre ambos sucesos.
Los jóvenes "fueron quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río", dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, citando a Rubén Pérez, el octavo policía detenido por este suceso.
A diferencia de los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, no son 43 ni han llenado las primeras planas en los medios, pero su historia pone de manifiesto la impunidad que impera en México, que acumula más de 27.000 desaparecidos en la última década.
José Benítez, Mario Arturo Orozco, Alfredo González y Bernardo Benítez, de entre 24 y 27 años, y Susana Tapia, de 16, regresaban el 11 de enero de unas vacaciones en el puerto de Veracruz cuando fueron detenidos por policiales estatales en el municipio de Tierra Blanca, a dos horas de su natal Playa Vicente, en el interior del estado.
El arresto tuvo lugar en una gasolinera, fue captado por cámaras de vídeo ubicadas en esa zona y no tuvo un motivo aparente. Fueron detenidos "simplemente porque (a los agentes) les parecieron sospechosos", señaló Campa.
Según el relato de Pérez, quien presenció lo ocurrido a los jóvenes tras su detención, las cinco víctimas fueron trasladadas a distintos puntos e interrogadas. Su última parada fue en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, donde "los privan de la vida" y da "inicio el proceso de desaparición de los cuerpos", explicó el subsecretario.
El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, detalló a una emisora de radio que Pérez admitió su participación en los hechos luego de que la geolocalización de su teléfono móvil revelara que su coartada fallaba.
En El Limón los policías entregaron las víctimas a seis sujetos -continuó el fiscal- y Pérez presenció su "ejecución".
En este lugar, las autoridades encontraron manchas hemáticas y restos óseos calcinados. Con estos se identificó a uno de los jóvenes, Bernardo Benítez, mientras que, a partir del hallazgo de un pedazo de tela de la camiseta y una costra se reconoció a Alfredo González.
No obstante, los familiares de las víctimas desconfiaron de estas pruebas genéticas y encomendaron días más tarde al prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizar los restos hallados, que aceptó la tarea.
El EAAF se ha convertido, junto a otros actores internacionales como el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la piedra del zapato del Gobierno y su versión de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En enero de 2015 el entonces fiscal Jesús Murillo presentó la "verdad histórica" del caso, según la cual los 43 estudiantes fueron entregados por policías corruptos deIguala al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron el municipio aledaño de Cocula.
Los paralelismos con el caso de Tierra Blanca se vuelven más evidentes cuando el último policía arrestado afirma que los restos de los cinco jóvenes fueron tirados a un río, cuando en el caso Iguala se encontraron bolsas con restos calcinados cerca del río San Juan a partir de las cuales se identificó a una de las víctimas.
El Gobierno anunció el domingo el inicio de un nuevo peritaje en Cocula, esta vez por parte de expertos internacionales con reconocida trayectoria en la materia, a fin de pasar de la "verdad histórica" a la "verdad jurídica", dijo hoy una fuente gubernamental.
Acción Federal señala al gobernador de Veracruz Javier duarte, como uno de los que más ha violentado impunemente los derechos humanos en su estado, y que debe enfrentar a la justicia separándose del cargo.
Las autoridades aseguran que seguirán investigando el caso y que puede haber más implicadosademás de los ocho sospechosos detenidos hasta el momento.
Redacción NTN24 - Colaboración: EFE
GOBIERNO DE JAVIER DUARTE PROTEGIÓ DESDE 2014 A JEFE POLICIACO INVOLUCRADO EN DESAPARICIÓN DE JÓVENES
Por: Colaborador / 3 marzo, 2016 http://zacatecastrespuntocero.com
El
gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, protegió desde 2014 al
delegado de la policía estatal en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández,
involucrado en la desaparición de cinco jóvenes.
El
alcalde de Playa Vicente, Abdón Márquez Márquez, relató que varios de sus
subordinados instalaron retenes en el municipio en 2014 y en una ocasión el
delegado de la policía estatal en la zona retuvo a un grupo de jóvenes, “se los
llevó y al otro día, vestidos de civil y armados los tiraron frente al palacio
municipal, muy golpeados y quemados”.
“Le
expliqué lo que Conde había hecho y le dije que no lo quería en el municipio.
Entonces Bermúdez Zurita le dijo a una persona que tenía al lado: ‘Del uno al
tres, ¿qué rango tiene?’, y le contesta: ‘Es grado tres, da resultados’. Yo les
respondí que quizás daba resultados, pero yo no lo quería en Playa Vicente”.
Conde Hernández no fue investigado por la agresión a los jóvenes de Playa
Vicente y tiempo después lo cambiaron de adscripción.
Bernardo
Benítez Herrera, padre de uno de los cinco desaparecidos en Tierra Blanca,
pidió que investiguen al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez Zurita, por no investigar a Conde, pese a las denuncias presentadas.
Al
respecto, Bernardo Benítez dijo que dos agentes, Conde Hernández y Otoniel Cruz
Linares, buscan obtener un amparo al asegurar que fueron víctimas de tortura
durante sus declaraciones ministeriales. “Sería una injusticia muy grande que
estas personas, que se dedican a levantar jóvenes y aniquilarlos, pudieran
quedar libres si un juez federal otorga el amparo” comentó.
HALLAN CASI 3 MIL FRAGMENTOS DE RESTOS HUMANOS EN RANCHO DE VERACRUZ
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| La clave para encontrar dichos restos en el rancho, al que se llegó gracias a denuncias ciudadanas, fue que recientemente se habían removido importantes cantidades de arena y tierra, al parecer usando maquinaria pesada. |
10/02/2016
Se estima que los restos pertenecen a cientos de víctimas que fueron asesinadas y sus cuerpos quemados y triturados. Familiares de caso Tierra Blanca buscan peritos argentinos y de Nuevo México para confirmar que son los restos de sus hijos.
El rancho El Limón en Veracruz, donde se descubrieron restos de dos de los cinco estudiantes desaparecidos el 11 de enero, era utilizado por el crimen organizado —con la posible complicidad de fuerzas de seguridad— para desaparecer los cuerpos de cientos de personas secuestradas desde hace varios años. Esto además de otros delitos.
Esa es la línea de investigación de las autoridades estatales y federales, tras el hallazgo de casi tres mil fragmentos pertenecientes a cientos de cuerpos realizado en ese rancho, localizado en el municipio de Tlalixcoyan, al sur del estado de Veracruz.
Fuentes con pleno acceso al expediente abierto en la Fiscalía de Veracruz revelaron que se recabó esa cantidad de fragmentos en el rancho El Limón, luego detres días de trabajo forense, a cargo de peritos estatales y de la División Científica de la Policía Federal.
La clave para encontrar dichos restos en el rancho, al que se llegó gracias a denuncias ciudadanas, fue que recientemente se habían removido importantes cantidades de arena y tierra, al parecer usando maquinaria pesada.
Perros entrenados en la localización de restos humanos marcaron las zonas claves en las que se encontraban los fragmentos y así se pudieron iniciar los trabajos.
“Los peritos en materia de antropología forense estuvieron trabajando tres días en la zona para poder levantarse y luego procesarse las piezas que se han ido encontrando. Este era un sitio que se estaba usando para este tipo de actividades, según las líneas de investigación abiertas” dijo aAnimal Político la fuente consultada.
Entre los fragmentos recopilados hay desde pedazos de hueso hasta otros objetos en los que hay presencia de material orgánico humano, como sangre.
El problema para los peritos es que gran parte de los fragmentos encontrados se encuentran en un estado de deterioro significativo, que hace difícil que puedan ser procesados e identificados con las pruebas forenses convencionales. Por ejemplo, la mayoría de fragmentos de hueso estaban notablemente calcinados.
Debido a lo anterior, no se ha podido precisar con exactitud a cuántos cuerpos pertenecen los tres mil fragmentos encontrados en el rancho, pero las autoridades estiman que podrían ser cientos de víctimas. Hasta ahora, a partir de un par de huesos y de una mancha de sangre, se consiguió identificar a dos víctimas, que corresponden a los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.
La hipótesis de la Fiscalía de Veracruz y de la Comisión Nacional de Seguridad, que colabora en los peritajes, es que las víctimas eran llevadas al rancho. donde se procedía a quemar sus cuerpos y posteriormente a triturar los restos, para finalmente enterrarlos.
Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa, confirmó que el rancho era utilizado para para la desaparición masiva de personas.
“Hubo un trabajo pericial casi artesanal, de cernido de restos que fueron calcinados, pero que después fueron prácticamente molidos, como sucede con las cremaciones convencionales (…) todo este hallazgo fue realizado con un trabajo forense muy cuidadoso, hay 40 horas de trabajo videograbado, se utilizó todo el equipo técnico y perros adiestrados” dijo el funcionario federal.
¿De quién es y dónde está?
Las autoridades involucradas en el caso ya tienen identificado a uno de los propietarios de El Rancho el Limón.
El nombre no fue revelado a Animal Político para no entorpecer la indagatoria; sin embargo, se sabe que es una persona que adquirió la propiedad hace menos de tres años y que vive también en Veracruz, aunque no es de la misma zona donde se encuentra el rancho ni tampoco del área de Tierra Blanca, donde desaparecieron los cinco jóvenes.
La Fiscalía de Veracruz ya emitió las órdenes de localización correspondientes para que dicha persona sea llevada a rendir declaración ante el Ministerio Público y se esclarezca si conocía de las actividades ilícitas en ese sitio.
Con independencia del propietario, se presume que el rancho era utilizado por una célula delictiva del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Una de las líneas apunta a que la propiedad era en realidad controlada por Francisco Navarrete, supuesto jefe de zona de ese grupo criminal, detenido el pasado 24 de enero.
El Limón es una propiedad que se ubica cerca de la comunidad conocida como San Joaquín Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, al sur de Veracruz. Se trata de una zona semirural, a la cual se llega mediante un camino de dos carriles que se encuentra parcialmente pavimentado.
Cabe señalar que el rancho se encuentra a más de 60 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tierra Blanca, localidad en donde fueron detenidos ilegalmente por la policía estatal los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero.
Si los agentes que detuvieron a los jóvenes los hubieran trasladado directamente al rancho, el recorrido en vehículo lo habrían hecho en apenas una hora 15 minutos, de acuerdo con datos de Google Maps.
Según las investigaciones, el rancho era utilizado por los delincuentes para múltiples propósitos ilícitos, además de la desaparición de personas.
Cuando el rancho fue intervenido la semana pasada se encontraron, entre otras cosas: dos vehículos con reporte de robo, distintos equipos y herramientas utilizadas comúnmente para la extracción ilegal de hidrocarburos, un taller con material utilizado para fabricar fondos ocultos en vehículos, así como indicios de que en el sitio eran retenidas personas.
La zona en la que se encuentra el rancho, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), era hasta 2013 una de las áreas de influencia del grupo delictivo de Los Zetas, pero en los últimos tres años, es el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien tiene la presencia más significativa en la zona.
La PGR, a través de la SEIDO, indaga la colaboración de fuerzas de seguridad pública estatal con este y otros grupos criminales en Veracruz para cometer múltiples delitos, desde el secuestro y desaparición de personas, hasta la extorsión, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y homicidio.
Ranchos del terror
El rancho El Limón no es la primera propiedad de este tipo en Veracruz que es utilizada por grupos criminales para desaparecer personas o para cometer otro tipo de actividades ilícitas.
En 16 de junio de 2014, elementos de la Armada de México descubrieron múltiples fosas clandestinas en el rancho El Diamante, ubicado entre los municipios de Tres Valles y Cosamaloapan, también en el sur de Veracruz. En los días siguientes al hallazgo, más de 30 cadáveres fueron rescatados de dicho terreno, sin que se precisara oficialmente la cantidad de víctimas.
De acuerdo con las investigaciones, el rancho el Diamante era propiedad del exalcalde del municipio de Tres Valles, Fernando Cano Cano, quien murió en 2011.
Por citar otro ejemplo, en febrero del 2012, la detención de un presunto jefe de ”halcones” de un cártel llevó a elementos de la Marina al hallazgo de los cuerpos de al menos 15 personas, quienes habían sido enterradas en fosas clandestinas ubicadas en dos ranchos próximos a la localidad de Acayucan, también en el sur de la entidad.
En días posteriores al hallazgo se realizaron nuevas excavaciones en esos ranchos pero ya no se dijo públicamente si se encontraron más cuerpos.
Más reciente fue el descubrimiento de cinco cadáveres, entre ellos los de dos personas de origen colombiano con signos de tortura, en el interior del rancho El Lagostillo, ubicado en el municipio de Puente Nacional. El hallazgo se realizó en noviembre de 2015.
Cabe señalar que las víctimas encontradas en ese caso habían sido secuestradas en el municipio de Córdoba, el mismo donde apenas el pasado 8 de febrero fue secuestrada por un comando armado la periodista Anabel Flores.
Los operativos en ranchos de Veracruz no siempre derivan en el hallazgo de cuerpos, pero sí de otros elementos. Por ejemplo, en septiembre de 2014 un operativo en el rancho San Pedro,ubicado en el municipio de Acuitzingo, derivó en el descubrimiento de un campo de entrenamiento de Los zetas y el decomiso de un arsenal completo.
Buscarán peritaje argentino y de EU
Los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blancabuscarán que los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que en México trabaja en el caso Ayotzinapa, realice un segundo análisis de un grupo de restos encontrados en el rancho El Limón y que según las autoridades corresponden a dos de las víctimas.
Los abogados que asesoran a los padres de los jóvenes confirmaron a Animal Político que el EAAF es la primera opción y desde la noche de ayer se buscaba el contacto con ellos.
La segunda alternativa, que también se comenzó a trabajar, es la de un equipo de peritos con sede en Nuevo México, Estados Unidos, y que cuentan con trayectoria reconocida en temas de identificación forense.
En ambos casos el peritaje tendría que ser pagado por los familiares, aunque se espera que el estado terminé subsidiándolo como parte de la reparación del daño al que tienen derecho las víctimas.
Es por este motivo que en una nueva reunión realizada el 9 de febrero con autoridades de la Gendarmería y de la Fiscalía de Veracruz, los padres rechazaron que se les entregaran los retos encontrados, pues prefieren que sigan bajo resguardo ministerial, a la espera del segundo peritaje.
Fuente:
ANIMAL POLÍTICO
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