25 de junio de 2016

EL GOBIERNO ANTIPOPULAR BUSCA JUSTIFICAR LA REPRESIÓN…


AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

Desde el gobierno antipopular y con el apoyo de los monopolios de la comunicación no se quiere reconocer la creciente inconformidad que existe en el pueblo debido a sus políticas antipopulares que lesionan la dignidad humana, cancelan de facto derechos constitucionales y violan sistemáticamente los derechos humanos. 

El único responsable de la masacre en Nochixtlán, Oaxaca, es el Estado mexicano a través del gobierno federal y estatal que organizaron, planificaron y ejecutaron un operativo policiaco militar con un objetivo bien determinado, privar de la vida de manera arbitraria al pueblo en pie de lucha, para quebrar su voluntad popular de combatir e imponer el terror para inducir a la desmovilización y sostener con sangre la reforma educativa.

La violencia que hoy los monopolios de la comunicación, los políticos de oficio, grupos oligarcas y gobierno antipopular dicen hipócritamente repudiar no se genera por sí misma, tiene origen e intereses de clase bien claros y definidos, los heridos y muertos en Nochixtlán son consecuencia de la violencia institucional que defiende al poder burgués. Señor Claudio X. González, sus estadísticas son tramposas y sesgadas, no se haga el gracioso, usted pidió el baño de sangre, asuma su responsabilidad, en las páginas de la historia ha quedado como un asesino del pueblo junto con sus administradores, que se encarnan en cada uno de los funcionarios del gobierno estatal y federal. 

El pueblo no genera la violencia, él sólo hace uso legítimo de la autodefensa ante el terrorismo de Estado. ¡Qué esperaban señores del poder! ¿Acaso el pueblo no tiene derecho a protestar y a ejercer su legítima defensa? Siempre han reprimido esperando pasividad y sumisión, y hoy que en condiciones terribles de desventaja responde a la agresión policiaco militar, el gobierno y los jefes de la policía estatal y federal se victimizan queriendo presentar a los victimarios como víctimas; a los cuerpos policiacos como organismos pacifistas; a las hordas represivas como promotores de la paz y el diálogo. El pueblo ha comprendido una enseñanza, la fuerza policiaco militar puede ser derrotada con organización y combate popular.

El gobierno antipopular busca justificar la represión a través de la hipótesis de "grupos de infiltrados", "encapuchados radicales", haciendo énfasis de que los muertos no son del magisterio, que se violan derechos a terceros y se afectan las vías de comunicación, postura baladí para ejercer la represión.

El argumento de los "grupos de infiltrados" para desestabilizar políticamente es el ardid mediático para imponer la paz de los oligarcas que apoyados con los monopolios de la comunicación justifican el único lenguaje de este gobierno, el diálogo del tolete, del fusil, de la pistola, del lanzagranadas, es el idioma del Estado policiaco militar. Los equipos antimotines son armas diseñadas para matar al manifestante y los policías siempre llevan armas de fuego consigo, ya sea ocultas o a la vista. En todos los operativos contra el pueblo han participado unidades mixtas organizadas y dirigidas por los militares a través del mando único. Los masacrados cayeron por efecto de las balas de la policía estatal y federal. 

Los dichos mediáticos de la infiltración son argumentos desgastados, recurso corriente para justificar la represión y eludir la responsabilidad del asesinato político, lo han hecho en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas y hoy Oaxaca. Los muertos son del pueblo, la fuerza policiaca federal y estatal son instrumentos gubernamentales de hombres armados especializados para masacrarlo. Las plumas y voces mercenarias toman partido en sus juicios para justificarlos, disfrazan su repudio al pueblo organizado al recalcar que los muertos no pertenecen al magisterio democrático, que no son maestros, de forma vil diluyen la esencia del fenómeno, a quienes se asesinó son sujeto social y también sujeto político-crítico porque los que murieron se manifestaban en contra de las reformas antipopulares, se está reprimiendo el derecho a la reunión, a la manifestación, a la organización y a la protesta; los muertos tienen un origen de clase, son pueblo trabajador. 

La condición represiva del gobierno estatal y federal queda en evidencia con la preparación y ejecución del operativo policiaco militar para "contener" la protesta popular bajo el concepto de garantizar "tranquilidad" y "seguridad", cuyos argumentos reflejan los verdaderos beneficiarios de esta violencia: hoteleros, restauranteros, empresarios de la construcción, de la comunicación y los monopolios del trasporte, que mienten descaradamente al sostener un argumento falso de pérdidas millonarias, cuando en realidad en el cierre de cuentas anuales han obtenido enormes cantidades de ganancia. Han tenido un incremento del 200% de la demanda, por tanto un incremento en lo que ellos tramposamente llaman "tasa de beneficio", en su avaricia quieren incrementar su dominio oligárquico en los servicios para continuar con la imposición de precios monopólicos y elevar la cuota de plusvalía. 

Voceros oficiosos del CISEN y cancerberos del capital insisten con dolo y perversidad sobre los vínculos de la guerrilla con la CNTE, en específico con nuestro ejército, como lo afirma Alfredo Martínez Aguilar entre otras plumas que amparados en su oficio de trabajadores de la comunicación violan todos los cánones del periodismo y toman iracundamente partido con los represores. Escudados en la pluma y la tecla justifican la represión y reclaman que el baño de sangre no se detenga.

Señores mediocres e inquisitorios, les decimos ¡ESTAMOS PRESENTES! en todo México, y en la medida que somos pueblo organizado nuestra acción revolucionaria encuentra múltiples formas de expresión. Organizarnos y luchar por erradicar la explotación y la opresión no es delito, es un deber ético moral y una decisión producto de la conciencia de ser, estar y hacer pueblo congruentemente.
Todos los que somos pueblo explotado y oprimido nuestro deber político moral es brindar la solidaridad a las causas populares de mil maneras y formas alas causas populares, ¡PORQUE SI REPRIMEN A UNO, RESPONDEMOS TODOS!

Actos de terrorismo de Estado como éstos son la forma en que se expresa la violencia burguesa, la única solución es ir a la raíz de las causas del fenómeno, acabar con la dictadura del capital por medio de la nueva revolución que reclama a gritos el pueblo.
¡ANTE EL TERRORISMO DE ESTADO, LA AUTODEFENSA ARMADA DE LAS MASAS!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡A ORGANIZAR LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR

AÑO 52
Chiapas, a 22 de junio de 2016.


FUENTE:CEDEMA          ENLACE. http://cedema.org/ver.php?id=7248

LA CODICIA Y MEZQUINDAD DE JAVIER DUARTE

Por Armando Ortiz

La codicia en una persona no cabalga sola, en varios de los casos se deja acompañar por la mezquindad.

¿Y qué es la codicia? La codicia es ese afán insano de poseer lo que no nos pertenece. El adúltero es codicioso precisamente por ello, porque teniendo abrevadero busca saciar su sed en una fuente ajena. Lo mismo el ladrón, pero no el ladrón que roba por necesidad, sino el ladrón que a pesar de tener riquezas, busca hacerse de más riquezas de manera ilegal. Su codicia cabalga en él como uno de los jinetes de su apocalipsis personal. 

¿Y qué es la mezquindad? Al respecto dice la Biblia que “el que siembra liberalmente, liberalmente segará, pero el que siembra mezquinamente, mezquinamente también segará”. En el diccionario de la Real Academia Española el término mezquino se refiere a alguien “Falto de generosidad y nobleza de espíritu”. Pero en una segunda acepción un ser mezquino es alguien “pequeño, diminuto”. 

Mejor definición no se podría pedir para el gobernador Javier Duarte en los últimos momentos de su sexenio. Los resultados de las elecciones el 5 de junio lo disminuyeron de tal manera que se requiere de una lupa para poder contemplarlo; máxime si después de su operación perdió más de 40 kilos. El gobernador, ante la disminución de poder que ha sufrido busca de manera urgente hacerse ver grande con la única arma que posee: la prepotencia. 

Es por ello que al final de su carrera como gobernador, y sabiendo que dejó escapar una oportunidad histórica, busca imponer su voluntad, complicando en ello a un Congreso sumiso y a unos alcaldes imbéciles (sin báculo) que se prestan para su juegos mezquinos. 

A los primeros, diputados cómplices del desastre que queda en Veracruz, los está manipulando para que en esta Legislatura que fenece nombren al fiscal anticorrupción, para así tener a alguien que les cubra la retirada. Esos mismos diputados también se complicaron en otro acto de mezquindad gubernamental. Y es que Duarte no piensa dejar nada al próximo gobernador, ni siquiera el transporte aéreo que él ocupaba, y que no le pertenece, porque se pagó con el dinero de los veracruzanos. Duarte, haciéndose pasar por generoso, “regaló” a la Fiscalía, cuyo titular es su cómplice también, las dos aeronaves que estuvo utilizando, incluso de manera personal. Pero en ese acto de fingida generosidad está un acto mezquino; si por Duarte Fuera se llevaría cada bloque de Palacio de Gobierno a su casa, para que Miguel Ángel Yunes no tuviera edificio desde donde gobernar. 

Asimismo el gobernador se ha reunido con una runfla de alcaldes que en su imbecilidad no acaban de comprender que Duarte de Ochoa sólo tiene ruindad para compartir. Ya los echó a andar para que a la manera de la CONAGO (Consejo Nacional de Gobernadores) en los tiempos de Fox y de Calderón, formaran un grupo de resistencia en contra del próximo gobernador; qué frentazo se van a llevar muchos de esos alcaldes. 

Falto de generosidad y nobleza de espíritu, así se está comportando Javier Duarte, quien como el gran solitario de Palacio busca seguir gobernando desde un trono que ya le queda grande, desde una posición donde ya nadie lo ve, desde su propia mezquindad, que es consecuencia de su gran codicia. 


Armando Ortiz                                                                 aortiz52@hotmail.com


¡TIC, TAC,TIC, TAC...!

Línea Caliente

Por Edgar Hernández*

¡Desesperados esfuerzos de Duarte por evitar la cárcel!


Los dos gobernadores de Veracruz están en carrera loca en la disputa por el poder. 

Uno, Javier Duarte, porque ya se va y hace denodados esfuerzos de última hora por blindarse para evadir responsabilidad penal alguna. El otro, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo, empeñado en cumplir con su compromiso ciudadano de llevar a prisión a quien empujó a Veracruz a un quebranto superior a los 50 mil millones de pesos. 

Mientras en el centro, a la sordina y desde los mismos Pinos abren paso para que se ventilen todas las transas sexenales del mandatario saliente y en paralelo buscando hacer buena la sentencia que le endilgó a Duarte el secretario Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong del “¡Si pierdes la elección te metemos a la cárcel!”. 

Así, en este juego de poder el reto de la federación es llevar primero ante un juez al gobernador una vez que pida licencia antes del primero de diciembre, por supuesto.
  
Es decir, de lo que se trata es ganarle la partida a Miguel. 

Se trata en realidad de evitar un desmesurado posicionamiento del PAN rumbo al 2018 luego que Yunes Linares cumpla su inevitable propósito de enviar a la cárcel a los saqueadores del erario público encabezados por Javier Duarte. 

La idea pues, es fortalecer a Enrique Peña Nieto y no dejar que el PAN se auto engorde el caldo en su lucha contra la corrupción. 

De ahí las primeras señales de la federación: 

Dejar que el SAT actúe apoyado en los ilícitos del gobierno del estado a través de las empresas fantasma, contra el señor Duarte. Luego, dar paso y hacer pública la información bancaria de los depósitos ilícitos y congelar las cuentas de al menos 23 funcionarios duartistas metidos hasta el cuello en transacciones bajo sospecha y abrir de par en par las puertas de la Auditoria Superior de la Federación para que investigue –que ya lo hizo- el uso y destino de al menos 35 mil millones de pesos que no aparecen.
  
El siguiente paso será la solicitud de licencia de Duarte. 

Esa es la explicación al desprecio presidencial este miércoles al cancelar Peña Nieto su visita a Veracruz con motivo de la inauguración  de una planta de etileno en Nanchital en donde de pura casualidad –como si en política existieran las casualidades- llegó solo uno de los dos gobernadores, Miguel Angel Yunes Linares. 

En el evento se vieron muy acuaches Miguel y el director de Pemex, José Antonio González Anaya, quien respalda el anuncio del primero en torno a que la “industria petrolera será el motor de la economía”. 

Ahí muy abrazados también Miguel y Pedro Joaquín Coldewell, Secretario de Energía y uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto.
  
No llegó Duarte.

 Las malas lenguas y sus malqueriente dicen que no tuvo helicóptero en que moverse a Nanchital, pobre.
  
Duarte habrá de pagar caro el apoyo a Morena, la desobediencia y el engaño al presidente el día de la elección, el llevar a la derrota a Héctor Yunes Landa y enfrascarse –metiendo a Veracruz en medio- en una sorda e innecesaria lucha contra los Yunes.
  
Y aun cuando Fidel Herrera se lavó las manos y huyó, la espada de la justicia habrá de seguirlo hasta Barcelona. Todo es cuestión de tiempo.
Mientras del lado Duartista, la desesperación total. 

En jugada de última hora y fuera de toda ortodoxia mueve piezas sin ton ni son. Se hunde más al imponer como Fiscal Anticorrupción a un corrupto, Francisco Portilla Bonilla y a otro de su misma calaña, Gabriel Deantes, como patrón del IVAI, señalado de enriquecimiento ilícito y principal mapache electoral del sexenio.
  
Duarte no dispone de más piezas. 

Ningún honesto, como el doctor y acreditado jurista Francisco Berlín Valenzuela, a quien primero le ofreció ser el responsable jurídico de su oficina y luego –anteayer- Fiscal Anticorrupción “¡que se agarre a otro pendejo!”, se le quiere acercar… menos aceptarle compromiso alguno. 

Todo lo que toca Duarte lo transforma en algo sucio, maloliente. 

Más de cien nombramientos en su record sexenal. Enroques y reposicionamientos son sus prendas. Alberto Silva a más tardar el 15 de septiembre se zafa y a Nemi al menos en ocho ocasiones le ha presentado la renuncia. 

Los del señor Duarte, son paletazos de ahogado de quien en el tic, tac… observa que el tiempo se le acaba. De quien abandonó la dieta y operaciones gástricas que le costaron 30 kilogramos de peso realizadas en mal momento ya que ahora, en automático y producto de la presión política nomás no prueba bocado, mientras en su casa lloran que lloran. 

Tony Macías, suegro del enflaquecido gobernador incómodo dice no temer a Miguel, en su fuero interno sabe, sin embargo, que cuando se tiene el poder todo se puede… hasta lo ilegal. Macías ya pisó la cárcel una vez –por ahí andan circulando las fotografías donde se le ve tras las rejas con larga barba y bigote negros, así que él sabe lo que es ser carne de presidio. 

Hoy la historia de “Los ricos también lloran” dejó de ser novela. 

Tiempo al tiempo. 


*Premio Nacional de Periodismo

VERACRUZ Y LA LEY DE “HERODES”

Rúbrica
 Por Aurelio Contreras Moreno

Una de las escenas más recordadas de la película mexicana “La ley de Herodes”, del director Luis Estrada, muestra al protagonista de la cinta, el corrupto presidente municipal de San Pedro de los Saguaros, Juan Vargas, arrancar hojas y reescribir sin pudor alguno sobre el texto de la Constitución de la República para “acomodarla” a sus particulares y soeces intereses, caricaturizando esta imagen el comportamiento de la clase política mexicana con un exceso que parecería hasta absurdo.

Sin embargo, la realidad suele superar a la ficción, pues algo parecido está sucediendo en Veracruz a raíz de que el Partido Revolucionario Institucional perdió la elección de gobernador del pasado 5 de junio. Desde el Ejecutivo estatal, se promueven modificaciones legales para evitar que los actuales gobernantes sean llamados a cuentas una vez que entreguen el poder.

En este espacio hemos dado cuenta del desaseado procedimiento que se sigue para nombrar al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que recaerá, si otra cosa no sucede, en el ex alcalde de Córdoba y ex procurador estatal Francisco Portilla Bonilla, quien cuando menos cubre un perfil más menos aceptable para ocupar ese cargo, aunque está indisolublemente ligado al régimen saliente y, por ende, no garantiza imparcialidad en la aplicación de la justicia.

Pero donde no hay el mínimo asomo de vergüenza es en lo que pretenden hacer en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), organismo supuestamente “autónomo” al que han convertido en un remedo de lo que debería ser el garante de la transparencia en el estado de Veracruz.
En la penumbra, sin previo aviso y al límite del plazo para hacerlo, se registró como aspirante a comisionado del IVAI ni más ni menos que Gabriel Deantes Ramos. Sin temor a equivocarnos, el arquetipo de la corrupción más descarada del sexenio duartista.

Dotado de un enorme poder durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Deantes Ramos fungió como el “operador” electoral del régimen (dando pésimos resultados, como salta a la vista), así como uno de los funcionarios que más se enriqueció a su paso por oficinas gubernamentales como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Finanzas y Administración, de donde salió con una no necesariamente inexplicable fortuna que lo convirtió en dueño de diferentes propiedades y negocios en el estado.

Gabriel Deantes hizo y deshizo durante el sexenio desde sus diferentes posiciones de poder, colocando alfiles suyos en diversas dependencias y órganos, entre éstos el Organismo Público Local Electoral y su antecesor, el Instituto Electoral Veracruzano, e incluso en el propio IVAI, a donde busca ahora, él mismo, llegar.

Y decimos que su fortuna no es necesariamente inexplicable porque, además de la evidencia física de sus lujosas residencias, como la del exclusivo fraccionamiento Monte Magno en la capital veracruzana, sobre Deantes pesan denuncias del orden federal por malversación de fondos públicos, mismas que presentó la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República, como la que consta en el Dictamen Técnico DGARFT-B/DH/047/2015, en el que se le imputa haber omitido el control de recursos financieros a la Secretaría de Salud por más de mil 500 millones de pesos, de los que “no existen elementos con los cuales se pueda corroborar que los recursos transferidos hayan sido aplicados para los objetivos del programa” (del Seguro Popular).

Este personaje, que antes de llegar a Veracruz y convertirse en potentado era vendedor de teléfonos celulares en su natal Tampico, intenta convertirse en “respetable” comisionado del organismo encargado de garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, en la que consta, entre otras cosas, el desfalco que él, entre varios otros, propinaron al estado. El (mal) chiste, se cuenta solo.

Como dice el refrán que da título a la película referida en un principio, con esta clase política en Veracruz nos tocó la ley de “Herodes”: ¡te chingas, o te jodes!


Twitter: @yeyocontreras

"¿DÓNDE ESTÁN MI HIJA Y SUS TRES AMIGOS DESAPARECIDOS EN POZA RICA?"


Micrófono en mano, José Jesús Jiménez Gaona se puso de pie en aquel salón del WTC de Boca del Río que albergó la reunión entre autoridades del gobierno federal, Fiscalía y colectivos de personas buscando a sus familiares desaparecidos en el estado de Veracruz.
Mujeres y hombres acostumbrados a oír lo peor, los integrantes de los colectivos de Orizaba, Xalapa y Veracruz escuchaban el drama de Jiménez Gaona.
Él habló de los 20 casos que ya tenía articulados para conformar un colectivo en Poza Rica, pues desde el 21 de mayo de 2011 su hija y tres amigos más desaparecieron en esa ciudad del norte de Veracruz después de regresar de una noche de diversión. Han pasado cuatro años –dijo– desde que su corazón resultó desgarrado por la ausencia de un ser querido sin que las autoridades le hayan dado una sola pista.
Desde entonces –siguió contando– ya no tenía vida, pues la ausente, Jenny Isabel Jiménez Vásquez, de 21 años, era la única hija y se la habían arrebatado. Tampoco tenía miedo. Sólo le aterraba por las noches el recuerdo de saber en dónde estaría durmiendo, tapada o a la intemperie; por las mañanas si ya había desayunado; a mediodía si se encontraba bien, alegre, enojada, contenta…"¿Dónde estás?" se preguntaba mecánicamente casi con cada respiración.
Pero lo peor no era haber cursado un hecho violento, no en Poza Rica donde a diario matan, secuestran, decapitan e incineran cadáveres; lo peor para él y su esposa, Francisca Vázquez Mendoza, era la indolencia de las autoridades que, se supone, tenían que hacer su máximo esfuerzo para encontrar a Jenny del Carmen, a sus tres amigos y a los cientos de desaparecidos en el norte.
En cuatro años –siguió– no le habían hecho pruebas de ADN, no sabía dónde había quedado el expediente de su hija, apilado, extraviado con el resto de casos.
Un día iba a preguntar por avances de la investigación, y el MP o su secretaria, comiendo en el escritorio o pegados la celular, lo regresaban, "no hay nada, jefe, venga en dos semanas a ver si ya hay novedades".
O si de pronto le mostraban la carpeta de investigación, el caso estaba en cero, no habían llamado a declarar a nadie, no había sábana de llamadas, se carecía de estudios profesionales forenses, menos, claro, había alguna diligencia en torno a cámaras de vigilancia.
Los agentes ministeriales, si quería que se efectuara alguna pesquisa, pedían para la gasolina y la torta.
Todo lo relatado por Jiménez Gaona ante las autoridades, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de la república, y Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal veracruzano, resultó un cubetazo de agua fría, pues en Poza Rica, desde mediados de 2015, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa aplica un plan de seguridad después de haber suprimido a la policía intermunicipal, y sin embargo, abundan las quejas desde entonces por presuntos malos manejos de los elementos de la Fuerza Civil, de la municipal y de la SSP.
Sin embargo, muy desde antes, esa región veracruzana era asolada por el cártel de Los Zetas en una batalla por la plaza contra el Cártel del Golfo, y las constantes balaceras entre delincuentes, ejército mexicano y autoridades; además, un alza notoria en secuestros.
Con todo eso, Poza Rica y los municipios vecinos (Papantla, Tihuatlán, Tuxpan, Álamo Tempache), se encontraban en una zona de silencio para las víctimas del delito. Un silencio que fue rasgado ese 15 de junio pasado por el testimonio de José de Jesús Jiménez Gaona en el WTC de Boca del Río, "quien se encontraba muy entusiasmado con su asistencia por primera vez a la reunión, tanto, que allí mismo rompió en llanto y no pudo seguir relatando, le dio la palabra a otro de sus compañeros", dijo una madre presente en ese encuentro.
Posteriormente a esa junta, "José Jesús Jiménez fue designado como observador de las actuaciones de la Fiscalía estatal relacionadas con la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en la región de Poza Rica, donde no se ha llevado a cabo estrategia alguna de atención a estos casos", informó la ONG "Red Retoños" en un posicionamiento por el ataque a la pareja (la esposa sigue debatiéndose entre la vida y la muerte).
Es decir, el hoy finado fungiría como una especie de auditor ciudadano para revisar cada uno de los casos denunciados en esa zona, y en los cuales lo común es la mala integración de los expedientes, la decidía y la protección por medio de la impunidad de las autoridades ministeriales a los grupos que están administrando la desaparición como herramienta para expandir sus actividades.
Y si Javier Duarte de Ochoa anunció en Poza Rica "una sacudida al árbol", los colectivos veracruzanos y de otros puntos del país estaban preparando una tormenta para azotar no sólo el árbol, sino el bosque completo con la revisión a los expedientes, apoyados por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Roberto Campa, el mismo funcionario que representó una esperanza en Tierra Blanca ante la incapacidad de las autoridades veracruzanas por los cinco chicos de Playa Vicente víctimas de desaparición forzada.
En este tenor, Juan Carlos Trujillo, de Familiares en Búsqueda María Herrera AC, dijo vía telefónica estar seguro de que este ataque se relaciona con el temor de la delincuencia institucionalizada al arribo de buscadores de fosas clandestinas que dejen al descubierto sus fechorías, y este es un claro acto de intimidación.
Juan Carlos Trujillo guarda una historia de terror con Poza Rica: en septiembre de 2010, dos de sus hermanos, Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, de 28 y 25 años, y dos familiares más, viajaban de su estado natal, Michoacán, a Vega de la Torre para comprar pedacería de oro, pues a eso se dedica su familia desde hace varios años; al llegar a Poza Rica, los paró un retén de la Policía Municipal. Desde entonces, nada se sabe de los cuatro, la carpeta 425/SEIDO no avanza.
La mamá de Juan Carlos Trujillo, María Elena Herrera, en 2012, durante Los Diálogos por la Paz organizados por el poeta Javier Sicilia con el presidente Felipe Calderón, increpó al mandatario nacional por el paradero de sus hijos extraviados en suelo veracruzano, y sus palabras le dieron la vuelta al mundo.
"Este gobierno es incapaz de darnos justicia, todos los políticos, nosotros les pagamos sueldos, los hemos llevado a donde están, y les demandamos hoy que hagan su trabajo", sentenció la madre con un grito que silenció a Calderón, cuyos argumentos se centraron en culpar a la delincuencia organizada que él tan afanosamente había combatido desde el primer día de su gobierno.
El que José de Jesús Jiménez Gaona hubiera llegado al movimiento Familiares en Búsqueda María Elena Herrera, representaba una luz para las personas que en el norte están huérfanas en la búsqueda, es decir, quienes carecen de un colectivo en donde encontrar apoyo, consejos, asesoría sobre cómo actuar ante las autoridades, y sobre todo, a hermanos en dolor que ayuden a sanar el corazón y a entender que muchas veces esas búsquedas se deben realizar en "muerte", ya no en hospitales, cárceles, otras ciudades, etcétera, sino en fosas clandestinas, entre cadáveres, en los cerros, en el monte, en pozos que por lo regular son empleados para esconder muertos.
También representaba una gran esperanza para Juan Carlos Trujillo el contar con aliados en Poza Rica para iniciar la búsqueda para encontrar el paradero de sus hermanos ausentes desde diciembre del 2010.
En abril pasado, a propósito de la primer Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, desarrollada en Amatlán durante dos semanas, Juan Carlos Trujillo delineó en entrevista con Blogexpediente.com los objetivos de su movimiento:
Juan Carlos asegura que ya no quiere justicia, ni saber quién se deshizo de sus hermanos y sus dos parientes en Veracruz. ‘Sólo quiero saber dónde están, Dios me ha enseñado a perdonarlos’.
–¿Qué quieres encontrar en Veracruz?
–Vengo a pedir ayuda para que encontremos la verdad, que encontremos a los corazones que no se ha podido. Hacemos llamado a la ciudadanía para que esta desgracia ya no avance más. No puedo estar recibiendo el problema en esas características, cuando seguimos acumulando casos. Yo les hablaría a los delincuentes, que cuando le hacen daño así a una persona, es a un núcleo familiar el que dañan. No hay como comprender desaparecer a una persona. Es algo que considero no debería existir. Pues Dios te da la resignación ante la muerte, pero ante esto, no hay quien lo soporte, en la Biblia no hay nada sobre un desaparecido, no se lo deseo a nadie.
–¿Qué es encontrar la verdad?
–Es saber qué pasó con nuestros familiares, no podemos seguir así, sin saber si viven, si comen, si sufren, si nosotros hoy sabemos que no estarán con nosotros, aceptaremos lo que Dios permitió que ocurriera, esa verdad nos hará libres, a ellos, y podrá ayudar a encontrar la paz a todas esas viejecitas que ningún daño le han hecho a nadie, pero son las que sufren y mueren en silencio.
Después de esa brigada, que dio con fosas clandestinas y restos humanos que en un principio el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras calificó como "restos de madera" y después se confirmó que eran tejido óseo, la fundación Familiares en búsqueda María Elena Herrera y la Brigada Nacional de Búsqueda recibió numerosas muestras de apoyo y adhesiones de personas buscando amparo, José de Jesús Jiménez Gaona, uno de ellos.
La AC preparaba el arribo a Poza Rica, y si el 15 de junio Jiménez Gaona salió de Veracruz a Poza Rica con el nombramiento de observador para fiscalizar los expedientes de desaparecidos en el norte, la esperanza sólo le duró siete días, ya que el día 22 recibió el ataque mortal en la colonia Ortiz Rubio de Poza Rica, precisamente, a unas horas de sostener una reunión con Campa y Bravo Contreras y los acompañantes del nuevo colectivo para Poza Rica, Familiares en Búsqueda María Helena Herrera, para definir y revisar los casos de personas ausentes. La reunión se realizó en un ambiente de tristeza y confusión, y en ella Luis Ángel Bravo Contreras reconoció no contar con personal ni recursos para buscar a los denunciados como desaparecidos, contó Juan Carlos Trujillo.
José de Jesús Jiménez Gaona tenía previsto asistir a la próxima brigada de búsqueda de fosas clandestinas, agendada para mediados del mes próximo, en Amatlán de los Reyes. En ese encuentro se iba a entrenar física y emocionalmente para las búsquedas en Poza Rica. Le enseñarían ubicar puntos en la geografía en los cuales los delincuentes colocan sus fosas clandestinas o cocinas para deshacer personas en químicos o con combustible, aprendería a cavar, a emplear las varillas para buscar carne putrefacta bajo la tierra y a acopiar información anónima para establecer los parámetros de dónde sí y donde no buscar. Cuatro años tardó Jiménez Gaona en encontrar el amparo que le inyectara valor para salir a buscar a su hija y a los demás desaparecidos por sus propios medios, pese al miedo, amenazas y el desgaste económico, y sólo siete días, del 15 al 22 de junio, vivió al máximo, con la esperanza de haber encontrado un nuevo horizonte, redescubriendo emociones tan profundas y subterráneas ya en su ser, como la de poder encontrar por fin la verdad sobre el destino de Jenny Isabel Jiménez Vásquez.

VERACRUZ: OPOSICIÓN EN EL CONGRESO DENUNCIA LA DESIGNACIÓN DE UN FISCAL PARA PROTEGER A DUARTE

Legisladores del PAN, del PT y Movimiento Ciudadano formaron un bloque para evitar que la mayoría priista nombren a un fiscal anticorrupción "a modo" para proteger al gobernador saliente, Javier Duarte.

Lizbeth Padilla (@liz_pf)

Diputados de oposición en Veracruz conformaron un bloque para impedir que la mayoría priista en el Congreso elija al nuevo fiscal anticorrupción, pues, dicen, éste nombramiento sería a modo, para evitar que las cuentas del gobierno saliente sean revisadas.

“Es un eslabón en la cadena de varias cosas para evitar que cualquier administración que suceda a la suya revise las cuentas”, dijo a Animal Políticoel diputado panista Julen Rementería.

El nuevo fiscal anticorrupción durará cinco años en el cargo y deberá ser elegido por las dos terceras partes del Congreso, según la reforma constitucional promulgada el pasado 10 de junio, por el gobernador Javier Duarte.

Quien sea nombrado por la actual legislatura trabajará con el próximo mandatario, Miguel Ángel Yunes Linares (PAN-PRD), durante sus dos años de gobierno de 2016 a 2018 y con quien le suceda.

Remetería del Puerto explica que los diputados del PRI (que tiene la mayoría con 26 de los 50 diputados del congreso) tienen “prisa” y quieren nombrar en los próximos días a un candidato cercano al actual gobernador priista.

Por ello, los partidos Acción Nacional, del Trabajo, y Movimiento Ciudadano formaron un bloque para evitar que la actual legislatura nombre al fiscal anticorrupción. Lo que buscan es convencer a los diputados priistas que no están de acuerdo con nombrar al fiscal que voten en contra.

“(El nombramiento) va a depender de que algunos diputados del PRI realmente en conciencia no aprueben esta barbaridad, es una barbaridad, no digamos que jurídica porque legalmente es posible, pero nos parece que es inmoral que tienen la clara intención de lograr impunidad para el gobernador Duarte. Van a proteger las espaldas de quiénes se van”, señala Remetería.

Hasta el momento, el bloque tiene 13 diputados en contra y busca convencer a cuatro legisladores más del PRI, que junto con el Partido Verde y Nueva Alianza suman 34 votos de un total de 50 diputados.
Este viernes, la Comisión Permanente de Procuración de Justicia informó que de 22 aspirantes a fiscal solo ocho cumplieron con los requisitos de la convocatoria, por lo que pasarán a la ronda de entrevistas que será el próximo martes 28 de junio, para luego elegir al candidato por el que votará el pleno.

Los aspirantes seleccionados son: Fernando Rojas Calderón, Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Manuel Gerardo Basilio de la Vega, Guillermo Humberto Beck Chiquini, Gustavo Adolfo Payán Meza, Ana Luz Herrera Hernández, Juan Manuel Herrera Sosa y Francisco Portilla Bonilla, informó el Congreso en un comunicado.

El legislador panista dice que Francisco Portilla Bonilla, quien hasta el pasado 20 de junio era el secretario general del Congreso y fue alcalde de Córdoba, es cercano al gobernador y sus colaboradores.

“No vemos que tenga una actuación objetiva (con el gobierno de Duarte)”, dijo. El panista explicó que legalmente no hay un plazo para nombrar al nuevo fiscal, por ello lo mejor sería que la nueva legislatura, donde ninguno de los partidos tiene mayoría y hay “equilibrio de fuerzas” eligiera al fiscal.

El nombramiento del fiscal podrá ser objetado por el gobernador Duarte, en los 10 días posteriores a la aprobación, después solo podrá ser removido por el Fiscal General del Estado ante una falta grave.

Rementería señaló que el Congreso también buscaba autorizar la creación de una Sala Especializada Anticorrupción integrada por tres magistrados que serían propuestos por el gobernador y que durarán en el cargo 10 años, pero por inconsistencias en el dictamen se devolvió a comisiones.

La votación del nuevo fiscal está generando una “tensión fuerte” sobre los diputados, pues dijo los cabilderos del gobernador buscan lograr el mayor apoyo posible.

“Lo que se cuestiona no es la ilegalidad, sino la imprudencia de hacerlo, la intención de proteger a los que se van”, añadió el legislador panista.
Este viernes, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, pidió a los diputados veracruzanos a través de un video que no voten por un fiscal a modo para beneficiar al gobernador Duarte. Yunes señaló directamente a Portilla Bonilla.

“Quiero hacer un exhorto a las diputadas y diputados integrantes del Congreso de Veracruz a que actúen con responsabilidad, a que piensen en Veracruz, a que no piensen en Duarte y en su banda, a que no piensen en encubrir a quienes le hicieron un daño enorme a Veracruz, a que cumplan con su responsabilidad”, dijo en el video.