El argumento es tan pueril que, confieso, no tengo más remedio que
aceptar que puede ser verdad: Namiko Matsumoto aceptó acompañar a los pensionados
al Palacio de Gobierno, pero pidió que la dejaran cambiarse los zapatos por
unos más cómodos, que le permitieran caminar (dos cuadras) desde la oficina de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la sede del gobierno estatal.
Los jubilados no la dejaron. Con razones fundadas, temieron la fuga. Le
recordaron que ahí estaban personas mucho mayores que ella, que a diferencia de
ella (que sí cobró el pasado 30 de junio), no les ha quedado más remedio que
caminar, y plantarse y asolearse y protestar. Me acordé de mi madre, pensionada
también, que acude a las convocatorias de la Copipev (le paguen a tiempo o no),
pero antes muerta que bajarse de los tacones...
Cuando el año pasado los jubilados y pensionados distinguieron a nuestro
corporativo jurídico con su petición de asesoría y opinión legal sobre los
tópicos de su agenda, insistimos en la necesidad de ampliar el espectro de
visión del tema que los ha llevado a la protesta: el derecho a recibir la
pensión es un Derecho Humano, y por encima de las premisas de la Ley del IPE y
de las salvajadas duartistas, está la Constitución Federal, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, y los Protocolos de San
Salvador y Buenos Aires.
Iniciamos un vasto itinerario informativo que los condujo a decidir que
una ruta era someter (civilizada y legalmente) a la consideración de la CEDH
los retrasos en el pago de sus pensiones que configuran, de forma evidente y
grotesca, violaciones a Derechos Fundamentales.
Así, en marzo de este año, con una Presidente de la CEDH que debutaba en
el cargo, se presentaron casi 700 quejas de igual número de pensionados a los
que el gobierno de Veracruz deja sin comer, sin alimentos, sin medicinas, los
primeros cuatro, cinco, seis días de cada mes.
Lo advertí claramente: las quejas de los jubilados serían la
"prueba de fuego" para Namiko Matsumoto (ver http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=801995).
Ahora me atrevo a decir: NO ESTÁ PASANDO LA PRUEBA. Y es que dice
Matsumoto Benítez que -precisamente- le han faltado "pruebas" (http://www.alcalorpolitico.com/…/argumenta-namiko-que-falta…),
y que necesita medio año para definir si a los jubilados de Veracruz les pagan
a tiempo, o no, y si ello viola Derechos Humanos, o no.
Los miembros de la Copipev -dicen las notas de prensa, con la picaresca
propia del periodismo veracruzano- que "sacaron" a Namiko de su
oficina, y "se la llevaron" a Palacio de Gobierno...me atrevería a
matizar: los jubilados y pensionados entienden que el Presidente de la CEDH es
SU DEFENSOR, quien tiene la encomienda (que le confirió el pueblo a través del
Congreso), de tutelar que sus Derechos Humanos sean respetados, protegidos y
garantizados, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, y quien debe vigilar que el Estado cumpla su
deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que en
contra de éstos se cometan.
Los jubilados y pensionados, entonces, le pidieron a Matsumoto, nada
más, que cumpliera su deber. Que lo cumpliera, incluso frente a aquellos que,
podría pensarse, la pusieron en donde está.
Lo que pasó este miércoles 6 de junio pone en evidencia muchas cosas:
que el "pago a tiempo de pensiones" fue fallida estrategia electoral;
que da la impresión, en consecuencia, que se "pasa la factura" a
pensionados ingratos que, no obstante verse favorecidos por el pago oportuno de
su dinero en los meses precedentes al fatídico 5 de junio, tuvieron la
desfachatez de no votar por el PRI.
Evidencia que -como temí- la autonomía de la CEDH está en entredicho. Y
evidencia también que, es cierto (penosa, triste, lamentablemente cierto): la
doctora Namiko Mastumoto necesita zapatos para ir a defender Derechos Humanos.
Esto es así por la simple y sencilla razón (que, seguro, ella no sabe), que la
pusieron donde está DESCALZA, sin dientes, en cueros.
