Columna: @suntos de poder
Aunque la aprobación de la reforma que eliminó el fuero
constitucional en Veracruz, resultó ser a final de cuentas algo bueno, pero no
suficiente ya no erradicará la corrupción y mucho menos la impunidad, porque no
se le aplicará a todos, le cuento porqué:
Resulta que con esta reforma sólo se le quitó el fuero al
gobernador y a los alcaldes, lo que quiere decir que muchos de los
exfuncionarios estatales, como Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Adolfo Mota
Hernández y Antonio Tarek Abdalá Saad, entre otros, quienes contribuyeron de
una u otra forma a saquear las arcas del estado, llevándolo al quebranto
financiero, seguirán cubiertos por el manto de la impunidad.
De acuerdo con fuentes del mismo gobierno
del estado, entre estos tres hijos de la fidelidad, existe la sospecha de la
desaparición de casi siete mil millones de pesos propiedad de los veracruzanos,
eso hasta hoy, porque aun no terminan las investigaciones.
Por fortuna el fuero constitucional no
podrá proteger a otros de la talla de Mauricio Audirac Murillo, Tomás Ruiz
González, Fernando Charleston Hernández y Antonio Gómez Pelegrín.
Tampoco a Juan Felipe Aguilar de la
Llave, Rafael Murillo Pérez, José Sánchez Estrada, todos funcionarios y
exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno
veracruzano, quienes por ciertos ya están denunciados ante la PGR, misma que
fue interpuesta por Miguel Ángel Yunes Linares, por malversación de fondos
federales y por lo cual todos los veracruzanos quieren verlos tras las rejas.
A esa lista se suman Jon Rementería
Sempé, Pablo Anaya Rivera, ex secretarios de salud; Gabriel Deantes Ramos
subsecretario de Finanzas y Edgar Spinoso Carrera.
Por si fuera poco, Carlos Aguirre
Morales, subsecretario de egresos; Antonio Ferrari Cazarín, y el extesorero
Vicente Benítez González, Clara Luz González Villegas, ex contralora general;
Iván López Hernández también excontralor; Ricardo García Guzmán, actual
contralor; Lorenzo Antonio Portilla actual titular del Orfis; Leonel Bustos
Solís, actual director del Seguro Popular; Beda Ocampo López, directora de
Recursos Humanos de la SEV, también puede ir a la cárcel por el mismo motivo.
igualmente están denunciados, Jesús
Villegas Ríos, director general de Control de la Contraloría General así como
Santiago Mota.
Sin embargo la cárcel para esta colección
privada de facinerosos y salteadores, creación de Fidel Herrera Beltrán, no
sólo se merecen la cárcel, también se les debe de aplicar la Ley de Extinción
de Dominio para obligarlos a entregar todos sus vienes adquiridos de manera
ilícita con el dinero de más de 7 millones de veracruzanos, la mayoría
destinados a vivir en la miseria por culpa de ellos.
Sin embargo, como siempre sucede en estos
casos, hay un “pero”, ya que la PGR se ha negado a iniciar una verdadera investigación
contra estos randas y cleptómanos de la política veracruzana, lo cual sería
imperdonable, pues si la PGR no investiga y sanciona ejemplarmente a estos
trúhanes, tal y como sucedió en la elección pasada, los veracruzanos se la van
a cobrar al PRI en la elección presidencial.
Recordemos que la impunidad vuelve
valientes a los cobardes y osados a los pusilánimes, y el día en que cobardes y
pusilánimes alcanzan el poder sus sucias babas lo aniquilan todo… LASTIMA QUE
HOY NOS GOBIERNAN SIMPLES HOMBRES Y NO LAS LEYES.
Manuel
Carvallo Carvallo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la
Comunicación de la Universidad Veracruzana, con 28 años de ejercicio
periodístico en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos de
Veracruz, así como nacionales entre ellos: El Sol de México y como reportero
gráfico en la revista Proceso donde cubrió la fuente de justicia federal (PGR,
Ejército, Marina, AFI, Gobernación, Policía Federal, entre otras), donde
destacó por sus constantes trabajos de investigación.
