POR JESUSA CERVANTES , 27 SEPTIEMBRE,
2016
Durante su
gestión, el panista Felipe Calderón Hinojosa pretendió combatir la delincuencia
organizada con un Estado sucio y corrupto. Contó para ello con un gran
presupuesto para instrumentar una “represión sucia con desapariciones
forzadas”.
El priista
Enrique Peña Nieto no sólo sumó a las pifias de su predecesor “la represión
social” contra grupos que buscaban detener las violaciones masivas a derechos
humanos; también se metió a negociar con grupos criminales. El resultado: más
fosas y más desapariciones forzadas.
Así resume
Edgardo Buscaglia lo que ha pasado en México durante los últimos dos sexenios.
Y advierte: las desapariciones forzadas en el país no son producto de una junta
militar, sino de “un fenómeno atomizado” que se va trasladando de un lugar a
otro. Forman parte de la corrupción y la impunidad donde 99.9% de los casos no
se resuelven.
Según el
especialista en seguridad, prevención y combate al delito, temas en los que ha
asesorado a países de cuatro continentes, eso es resultado del vacío de poder.
“Estamos ante un Estado fragmentado donde algunos sectores se asocian a los
grupos criminales; otros luchan contra ellos, y así como hay policías que
combaten a cárteles de la droga, otros se les alinean”.
E insiste:
las desapariciones forzadas empiezan a darse de manera fragmentada en todo el
país. “A veces son periodistas; otras, activistas sociales: otras, empresarios
que se niegan a ser extorsionados, otras pueden ser entre los mismos delincuentes”.
En junio de
2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 27 mil 243, cifra
similar a la que reportó la Secretaría de Gobernación: 27 mil 523.
En marzo de
2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, admitió que la cifra creció a 28 mil
161 personas. A ellas habría que sumar las 43 desapariciones forzadas de los
estudiantes de Ayotzinapa.
Ellos fueron
calcinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, según “la verdad histórica”
construida por Tomás Zerón cuando fue titular de la Agencia de Investigación
Criminal de la Procuraduría General de la República. Hoy, este personaje es
secretario técnico del secretariado encargado de contabilizar a los
desaparecidos.
“Pax” mafiosa
Edgardo
Buscaglia sostiene que, antes de combatir a la delincuencia organizada y
“lanzar a las Fuerzas Armadas o policiacas a la calle, primero se debe limpiar
mínimamente al Estado”, algo que no hizo Calderón. Y, añade, deben establecerse
controles patrimoniales democráticos a funcionarios y policías, así como una
ley de extinción de dominio que apliquen las unidades de investigación
patrimonial autónomas en cada entidad federativa que trabajen en red.
Asimismo,
dice, debe haber una prevención social y una prevención de corrupción política
para evitar la filtración del crimen organizado en las listas de candidatos a
cargos de elección popular en todos los niveles.
Si no se
limpia el Estado sucio, advierte, la corrupción aumenta exponencialmente a
nivel operativo. Y pone un ejemplo: cuando Genaro García Luna estuvo al frente
de la Agencia Federal de Investigación, los policías federales ya estaban
corrompidos.
Así, cuando
Calderón lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública y le otorgó un
presupuesto 20 veces superior, la corrupción se incrementó; peor aún, los
delitos y violaciones a los derechos humanos se dispararon, explica.
Y puntualiza:
Al incrementar el presupuesto a la Policía Federal (PF), Calderón sólo le echó
gasolina al fuego. Además, indica, lo hizo contar con instituciones de
prevención social en medio de vacíos de Estado, sin someter a la policía a una
auditoría social.
“¿Cómo pudo
ocurrírsele aumentar la capacidad represiva a través de presupuestos altos? Lo
único que hizo fue crear este tsunami de más de 27 mil desaparecidos.”
Lo que hoy
tiene México es represión sucia con desapariciones forzadas, gente colgada en
las calles, comandos de la PF secuestrando a sus propios compañeros, activistas
sociales. Calderón nunca entendió que con un Estado fragmentado y sucio era
imposible combatir a la delincuencia organizada, sostiene Buscaglia.
Abunda: en
este clima de impunidad y corrupción, pequeños pedazos de la PF trabajan para
grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa; otros se alinean con Los Zetas o
con La Familia Michoacana, etcétera. Hoy, ellos mismos comienzan a limpiar sus
territorios para los grupos criminales. En ese proceso de limpia caen ángeles y
demonios.
Ante la
impunidad –99.9% de las desapariciones jamás se resuelven–, los grupos
criminales piensan en los costos y beneficios: si no hay sanción por asesinar a
alguien o enterrarlo en una fosa, las cosas pueden seguir.
En su reporte
entregado al Senado en febrero último, la Procuraduría General de la República
(PGR) indica que de agosto de 2006 a octubre de 2015 el gobierno localizó 662
cuerpos en 201 fosas.
El año más
crítico fue 2011, cuando se detectaron 26 fosas en Veracruz, Tamaulipas y
Durango. En la última entidad había 53 cuerpos, según la PGR. Sin embargo, la
prensa local reportó 231, la mayoría no identificados, y denunció que las
autoridades estatales exhumaron los cadáveres con trascabos y retroexcavadoras,
“como si se tratara de cascajo”.
Según el
reporte de la procuraduría, entre octubre de 2014 y junio de 2015 en Iguala,
Guerrero, se descubrieron 63 fosas con 133 cuerpos: ninguno era de los
estudiantes de Ayotzinapa.
Buscaglia
comenta al respecto: Las desapariciones donde participa el crimen organizado
son por disputas territoriales, como en Durango. Cuando ello sucede, las
convenciones internaciones lo consideran “un conflicto armado”, pues algunos
elementos del Estado se alinean con alguno de los bandos, mientras la población
civil queda en medio de los enfrentamientos.
“Durango
sufrió uno de los más altos índices de desapariciones forzadas; luego se
colapsa ese índice una vez que el Cártel de Sinaloa toma el territorio y
establece a sus funcionarios”, señala el especialista.
Explica: dada la crónica incapacidad del Estado mexicano para procesar
casos, imponer castigos y desmantelar redes criminales por falta de controles
patrimoniales, la tasa de homicidios se reduce porque un grupo criminal se
adueña del territorio, desplaza a sus rivales y hace alianzas con el gobierno.
Esa es la pax mafiosa.
Comisión de la verdad
Comisión de la verdad
Los tsunami
de desapariciones forzadas y homicidios obedecen sólo a los conflictos,
aleatorios o no, entre las redes criminales. Cuando un grupo triunfa, va en pos
de otro territorio. Ante el vacío de poder del Estado, las bandas criminales
son las que imponen las tasas de desapariciones, no el Estado.
Buscaglia,
presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, recuerda que en los
ochenta había una “pirámide de comando y control” del gobierno federal. El
crimen organizado formaba parte de ella, pero durante la pretendida “transición
democrática” se desmantelaron las instituciones autoritarias. Lo grave es que
no se sustituyeron.
Y pone un
ejemplo: Lo que hizo Vicente Fox con el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional no fue sustituirlo por una policía democrática. Además, en las
entidades siguen los mismos jueces. “Con esa pirámide de comando de control
desquebrajada, el crimen organizado comenzó a financiar a los políticos y a
imponer policías y funcionarios.
También hay
grupos que cometen desapariciones forzadas. “Forman parte del Estado y los
conforman policías estatales. Ellos son los que cavan las fosas, extorsionan
gente, asesinan”.
Cita el caso
de Chiapas, donde, como sucedió en Afganistán, “un pedazo del Estado trata de
imponer la ley a otro pedazo del Estado, asediando a fiscales y deteniéndolos.
Eso me tocó verlo. Y esto es difícil de resolver porque no está sujeto a una
orden de Los Pinos, Hoy, el presidente Peña Nieto es un cero a la izquierda,
una figura simbólica con menos poder que la reina de Inglaterra”.
Buscaglia
insiste: Peña Nieto continuó con los errores de Calderón en la persecución al
crimen organizado, y además lo hizo sin implementar ninguna medida de control
patrimonial ni de prevención para atacar la corrupción política.
Peor aún, “se
metió a negociar con los grupos criminales, como en Michoacán. Ahí neutralizó a
los grupos sociales que defendían a la población. Con ello agregó a los errores
de Calderón la represión a los grupos sociales y la entrega incondicional de
territorio (a los criminales)”.
También habla
de otros estados, como Chihuahua, donde ese mismo esquema se aplicó pero no de
manera pública. Afirma que hoy el control de esa entidad lo tienen los grupos
criminales.
Buscaglia
también menciona el caso de Cherán, donde Peña Nieto ha enviado a la PF y al
Ejército para fragmentar a esa comunidad indígena y reprimirla. Al mismo tiempo
empieza a incrementarse la violencia, la violación a los derechos humanos, las
desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas.
Frente a esa
realidad oprobiosa, dice, los familiares de víctimas y desaparecidos deben
crear una sola agrupación, una Comisión de la Verdad, y elaborar una agenda
nacional; deben buscar el respaldo y financiamiento de organismos
internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
Desapariciones, invitar a técnicos extranjeros para organizar sus
descubrimientos y testimonios, y pedir asesoría a jueces o exjueces
extranjeros.
Recomienda
que, una vez organizados, deben “rodear el Congreso”, ejercer presión para que
las autoridades respondan por los desaparecidos. Dice que un ejemplo digno es
el de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes el gobierno de
Peña Nieto no ha podido dividir.
“Ellos han
tenido la mejor práctica internacional, apoyo en Europa. Han hecho escándalo
mediático. Ya pusieron en jaque al gobierno. Tarde o temprano su caso va a
llegar a la Corte Penal Internacional.”
Advierte que
cuando las organizaciones de víctimas empiezan a aglutinarse, el gobierno trata
de cooptarlas, bloquearlas, meterles miedo, darles dinero. “Nunca había visto
tanto reparto de dinero como en México. En Brasil, Colombia o Argentina nunca
vi algo así”.
