23 de diciembre de 2016

SENADO, TRAS 3 GOBERNADORES PANISTAS



A Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato; Kiko Vega, gobernador de BC; y Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla se les acusa de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de deuda pública.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos tres gobernadores panistas están en la mira del Senado de la República por presuntos actos de corrupción y ocultamiento de deuda pública: Miguel Márquez, de Guanajuato; 'Kiko' Vega, de Baja California, y Rafael Moreno Valle, de Puebla. 

La Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana tiene tres puntos de acuerdo turnados por el pleno legislativo, uno de ellos para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un informe sobre las cuentas públicas 2013 y 2014 de Guanajuato, donde el monto de irregularidades supera los ocho mil millones de pesos.

En cuanto a las acciones administrativas y denuncias penales presentadas, detalla que en la revisión de la Cuenta Pública 2014, la autoridad de fiscalización efectuó observaciones al gobierno de estado por dos mil 872.7 millones de pesos, que no han sido solventadas.
En lo concerniente a las observaciones con impacto económico, pendientes de solventar del periodo 2011-2013, refiere una cantidad de 4 mil 101.1 millones de pesos; mil 516.6 millones por concepto de importe de Procedimientos Resarcitorios, y otros 1.5 millones por denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros. El monto asciende a 8 mil 491.1 millones de pesos.

Los senadores también deben resolver un exhorto al Congreso de Guanajuato para que a través de la ASF de la entidad realice una investigación sobre el destino de los recursos asignados a la estrategia de combate a la inseguridad pública, pues entre enero y octubre de 2016, las denuncias aumentaron 12% respecto al mismo periodo de 2015 y 35% en relación con 2013.

Lo anterior, no obstante que el gobernador, Miguel Márquez, impulsó, desde 2014, el Programa Integral de Seguridad “Escudo”, a fin de convertir a la entidad en una de las más seguras, con una inversión de 2 mil 700 millones de pesos.

Otro punto de acuerdo es en contra del gobernador de Baja California, Francisco 'Kiko' Vega de Lamadrid, por el que se exhorta al Congreso del estado para que solicite una exhaustiva investigación por los señalamientos de enriquecimiento ilícito desde que fungió como presidente municipal de Tijuana, en el periodo 1998-2001, hasta la fecha en su actual cargo.

“Se habla de una supuesta compra de más de 50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros comerciales, lo que le ha permitido multiplicar su fortuna en los últimos años, desde que empezó en el mundo de los negocios con una simple casa de empeño”, señala el punto de acuerdo.

Se menciona también en el documento versiones de que “el gobernador 'Kiko' Vega construye en este momento una casa de 2 mil 500 metros cuadrados ubicada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Tijuana, cuyo valor se considera asciende a cuatro millones de dólares, que por el tipo de cambio actual ronda los 80 millones de pesos; inversión que no es acorde con su salario, que asciende a poco más de 100 mil pesos mensuales”.

El Senado también tiene por dictaminar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF y al Congreso de Puebla, para que se investigue el manejo de recursos por parte del gobernador, Rafael Moreno Valle, debido a la presunta comisión de acciones tendientes a ocultar una deuda pública superior a los 76 mil millones de pesos en la entidad, ocho veces superior a lo que heredó en 2011. “El Senado no puede ni debe ser omiso o indiferente”, advierte.


ANABEL HERNÁNDEZ DENUNCIA INTIMIDACIÓN EN SU CONTRA POR LIBRO LA VERDADERA NOCHE DE IGUALA



Anabel Hernández vive en Estados Unidos desde 2014, luego de huir del país por seguridad propia y de su familia.

México.- La periodista Anabel Hernández reveló este fin de semana una agresión en su contra sucedida a principios de mes, cuando al menos cuatro personas entraron en su domicilio.

En una carta dirigida al director del semanario Proceso, la periodista, que vive en Estados Unidos desde agosto de 2014 debido a otras agresiones en su contra, narra que las personas se mantuvieron en su domicilio por un largo rato y no sustrajeron ninguna pertenencia.

Hernández denunció los hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que abrió una investigación previa, la cual hasta el momento no ha derivado en la detención de ninguno de los responsable, aun cuando me consta que las autoridades tienen información importante para detener a los agresores, así como (para) esclarecer el móvil de la agresión y la magnitud de ésta?.

La investigadora agrega en el texto que se comunicó el 12 de noviembre con el titular de la FEADLE, Ricardo Nájera, y el funcionario público le aseguró que le darán ?la verdad histórica? de lo que sucedió en su casa, en clara referencia a la verdad histórica que dio a conocer el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, caso que Hernández investiga de cerca. ?Me preocupa que este mensaje del fiscal responsable de resolver los casos de agravios a periodistas signifique que usa su cargo para tomar revancha contra las publicaciones que le incomodan a él o la dependencia donde trabaja. Esta actitud representa claramente un contrasentido en el trabajo de servidor público?, escribió la periodista en la carta.


Anabel Hernández ha sufrido otras agresiones, documentadas ante autoridades de justicia. En una de ellas, ocurrida el 21 de diciembre del 2013, un comando armado tomó control de la calle donde vivía y amagó a sus vecinos con armas para que revelaran su domicilio; una vez conseguida esta información, entraron en su casa, golpearon a uno de sus escoltas y sustrajeron pertenencias.

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN RESISTENCIA ARMADA

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POR EZEQUIEL FLORES CONTRERAS , 21 DICIEMBRE, 2016 REPORTAJE ESPECIAL

La violencia se desborda en Guerrero, donde el gobernador, lejos de garantizar la seguridad a sus representados, durante 2016 sólo se ha dedicado a “negociar” con las bandas delincuenciales, en especial con las del Mojarro y del Tequilero. Lo hizo en enero, junio, agosto, septiembre, noviembre y la semana pasada, luego del secuestro de un ingeniero oriundo de San Miguel Totolapan. En esta ocasión los totolapenses, hartos del vacío de poder, imitaron a sus vecinos de un poblado del municipio de Ajuchitlán del Progreso y formaron un grupo de autodefensa.

CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- El lunes 12, habitantes de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan y comunidades del vecino municipio de Ajuchitlán del Progreso decidieron tomar las armas para defender su vida y patrimonio con el objetivo de revertir los efectos de la narcoviolencia en la zona.

El hartazgo de los pobladores de la primera localidad, ubicada en el municipio considerado como el principal productor de amapola y heroína en la entidad, enclavado en la convulsionada región de Tierra Caliente, estalló el domingo 11, cuando sicarios de la banda Los Tequileros, liderada por Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, secuestraron al ingeniero Isauro de Paz Duque, un contratista originario de ese poblado, quien se ha beneficiado con obra pública federal y estatal en la región.
El lunes 12, acompañados de algunos totolapenses, los familiares de De Paz Duque realizaron una protesta en la cabecera municipal. Se lanzaron contra varios jóvenes, a quienes señalaron de ser halcones de Los Tequileros, así como en contra de María Félix de Almonte, la madre del líder de la banda, y de la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro, por presuntos nexos con esa organización delincuencial.
Después anunciaron la conformación de un grupo de autodefensa y reprocharon la incapacidad del gobierno de Héctor Astudillo Flores para garantizar la seguridad en la Tierra Caliente y el resto de la entidad.
Mediante videos difundidos en redes sociales, la esposa del contratista secuestrado, Yadira Guillermo García, advirtió que la madre de El Tequilero, la regidora Barrera Navarro y una veintena de jóvenes considerados halcones serían liberados cuando soltaran a De Paz Duque.
El grupo de autodefensa de la cabecera de San Miguel Totolapan también difundió un videomensaje en el cual aparecen varios encapuchados empuñando armas de bajo calibre:
“El gobierno se ha mostrado incapaz de restablecer la paz y tranquilidad de nuestro pueblo –dice uno de ellos–. Nos pronunciamos como un movimiento totolapense por la paz y la seguridad de todos. Demandamos la liberación de los levantados y secuestrados, que cese la violencia y se restablezca la paz para seguir trabajando con tranquilidad, como lo anhelamos y lo deseamos todos. Somos un pueblo pacífico y trabajador y nos negamos a seguir bajo el yugo de la delincuencia.”
También hizo un llamado a los desplazados por la narcoviolencia para que regresen y coadyuven a retomar el control de este municipio castigado por el crimen:
“Ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada. Ya no queremos que se sigan violentando nuestros derechos humanos, ya no queremos que nuestro municipio, nuestra región y nuestro estado de Guerrero siga siendo un cementerio y un valle de lágrimas de las madres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia y la inseguridad que nos azota y por la disputa entre los grupos del crimen organizado.”
El mismo lunes 12 por la noche, habitantes del municipio de Ajuchitlán del Progreso difundieron un tercer video para anunciar la creación de una guardia comunitaria en los poblados de El Coco y La Laja para defender su vida y patrimonio, y confrontar directamente a Los Tequileros.
Al siguiente día, el gobernador Astudillo anunció la conformación de un grupo para proteger la integridad de la señora de Almonte y negociar con El Tequilero. El propósito: liberar al ingeniero secuestrado.
En un comunicado, expuso: “El propósito del equipo negociador es buscar que no lastimen a la persona reportada como desaparecida, ni tampoco a la madre del jefe de la banda de Los Tequileros, que al parecer se encuentra en manos del grupo de autodefensa”.
La amenaza del “Tequilero”
El miércoles 14 fue liberado el ingeniero Isauro de Paz; en reciprocidad, el grupo de autodefensa de la cabecera municipal entregó a la Policía Estatal a la señora De Almonte. La mamá del Tequilero fue escoltada por la Policía Estatal hasta el poblado de San Antonio La Gavia, su lugar de origen, considerado el bastión del líder de la banda.
El grupo de autodefensa decidió retener a la regidora Barrera Navarro, quien es señalada como enlace del narco y la política, así como a los jóvenes. Asimismo, exigió al gobernador Astudillo presentarse en San Miguel Totolapan, asumir el compromiso de garantizar la seguridad para los pobladores y cumplir con su promesa de detener al Tequilero.
El jueves 15, el mandatario estatal acusó a la autodefensa de actuar al margen de la ley y de cometer delitos, entre ellos la retención de la señora De Almonte, sin contar con “ningún elemento de carácter legal para hacerlo”. Luego anunció que sólo acudiría a la cabecera de San Miguel Totolapan si había condiciones de seguridad para él y sus colaboradores, y exigió que los jóvenes y la regidora fueran liberados.
Ante la presión de los inconformes, Astudillo se asumió como negociador entre la autodefensa de San Miguel Totolapan y Los Tequileros. El viernes 16, durante un acto público en la residencia oficial Casa Guerrero, volvió a justificar su papel de negociador entre los narcos que operan en la entidad y el grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan.
“Peor hubiera sido que el gobierno no hubiera puesto su parte y eso hubiera terminado en una gran tragedia. El gobierno puso su parte –dijo–. Pueden criticarme mucho, pueden decir muchas cosas, pero yo estoy consciente que hice lo más adecuado para evitar que en ese lugar se cometiera una barbarie.”
Horas después, los totolapenses liberaron a los presuntos halcones retenidos y se informó que sólo cuatro personas, entre ellos la regidora, serán consignados ante autoridades ministeriales, pese a que, según el gobernador, los inculpados no pueden ser vinculados a proceso porque fueron detenidos por un grupo de civiles armados.
La autodefensa afirma que el conflicto en la zona no se ha resuelto porque aún sigue libre El Tequilero, quien incluso ya amenazó que en cuanto se retire la vigilancia policiaca de la cabecera su banda va a arremeter contra los pobladores que mantuvieron cautiva a su madre.
Los secuestros
No es la primera vez que el mandatario estatal funge como “negociador”. En enero pasado hizo tratos con la banda del Tequilero, presunto brazo armado del exalcalde priista totolapense, Saúl Beltrán Orozco, quien es señalado como uno de los principales impulsores y financiadores de la campaña del propio Astudillo.
El año pasado, Catalino Duarte Ortuño, un exdiputado federal perredista presuntamente vinculado con el narco, acusó públicamente a Beltrán Orozco de ser compadre del Tequilero y de permitir que San Miguel Totolapan, considerado el principal productor de heroína y mariguana, se convirtiera en el bastión de ese grupo delincuencial.
En junio último, sicarios de la citada banda irrumpieron en tres poblados del municipio de Ajuchitlán del Progreso y ejecutaron a un hombre, incendiaron vehículos y se llevaron por la fuerza a 10 personas, una de las cuales fue asesinada. Su cuerpo fue localizado días después. El resto continúan desaparecidas.
A finales de agosto y principios de septiembre Los Tequileros secuestraron a una decena de trabajadores de la empresa minera Beneficiadora de Minerales Temixco, localizada en Arcelia, cuyo propietario es el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz.
Astudillo anunció entonces que estaban negociando con El Tequilero para liberar a los trabajadores de la minera, como lo hizo con el caso del secuestro masivo que se registró a principios de enero en esa franja de la entidad controlada por la delincuencia.
En esa ocasión el grupo criminal secuestró a 21 personas de los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan. Sus captores los liberaron después de que el gobierno de Astudillo negoció con el líder de la banda y se comprometió a detener a su rival Johnny Olascoaga Hurtado, El Mojarro, jefe de La Familia afincado en Arcelia.
En esa ocasión el grupo del Tequilero difundió un video en redes sociales en el cual confirmó que la liberación de las víctimas fue pactada con las autoridades.
En la grabación, un hombre armado y encapuchado afirma que El Mojarro provocó el cierre de la mina de oro Campo Morado, en Arcelia, en febrero del año pasado, porque les exigió una cuota de 20 millones de pesos a los empresarios belgas que la explotan, y sostiene que el líder de La Familia tenía una flotilla de camiones de carga que rentaba a la compañía.
Además, El Tequilero exigió al gobernador Astudillo y al fiscal Xavier Olea Peláez cumplir su compromiso de detener al Mojarro, pues de lo contrario, advirtió, la violencia seguirá en esta zona productora de oro y de amapola.
Hasta el momento El Mojarro sigue operando impunemente en Arcelia, donde es protegido por autoridades de los tres niveles y empresarios mineros, mientras que El Tequilero mantiene su bastión en el municipio vecino de San Miguel Totolapan.
Desde hace dos años, Proceso ha documentado la lucha que mantienen El Tequilero y El Mojarro por el control de las zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de Tierra Caliente, así como la forma en que la delincuencia se enquistó en la industria minera.
A mediados de noviembre, Los Tequileros secuestraron al menos a 10 personas en el poblado de San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán del Progreso. En esa ocasión los lugareños se organizaron y formaron un grupo de autodefensa.
A pesar de que los plagios masivos se han convertido en una práctica sistemática de los grupos armados, ninguna autoridad ha implementado hasta ahora un mecanismo para revertir los efectos de la violencia en este lugar controlado por el narcotráfico.



22 de diciembre de 2016

MODELO EDUCATIVO

¿QUÉ TONTO PUEDE CREERLE A NUÑO SU “MODELO EDUCATIVO” HECHO CON GOBERNADORES Y DEMÁS?

Pedro Echeverría V.

1. Aurelio Nuño, el jefe de la SEP, impondrá de manera fascista algo que llama “modelo educativo”. Cuando el desprestigiado gobierno de Peña Nieto (1912-18) está a menos de dos años de entregar el gobierno, Nuño sale con su “batea de babas”, su chiste que no solo da risa, sino que provoca carcajadas. Al gobierno de Peña se le fue su sexenio con un gigantesco fracaso, a pesar del vergonzoso apoyo de los poderosos empresarios, los medios de información y los partidos políticos, especialmente del PRI, PAN y PRD. Pero lo más grave es que los luchadores sociales, particularmente los izquierdistas, no tuvimos la capacidad para movilizar al pueblo en la defensa de sus intereses y parar el asesinato masivo de más de 200 mil mexicanos que se inició en 2006 con el gobierno del panista Calderón.

2. El viejo Chuayffet estuvo 2.5 años como jefe de la SEP y Nuño lleva 1.5 y, durante ese tiempo esos funestos secretarios y sus numerosos asesores no han podido explicar lo que ha sucedido en educación en por lo menos los último 16 años, tampoco el estado actual del proceso educativo que lo ha llevado a México a ocupar los últimos lugares del mundo. ¿Si no conocen el ABC de la educación, de dónde podrán surgirles ideas para un “nuevo modelo educativo? Peor aún: ¿Si están comprometidos con privatizar la educación para beneficio de empresarios mexicanos e inversionistas extranjeros a quién podrán “consultar” si no es a sus incondicionales? Lo más vergonzoso es que los líderes espurios y entreguistas del sindicato (el SNTE) –para no ir a la cárcel- se presten a estas traiciones.

3. Los profesores dignos de la Coordinadora (la CNTE) regresarán masivamente a las calles en las próximas semanas para dar continuidad a la lucha nacional. Urge que todos los profesores despedidos recuperen sus plazas y reciban sus salarios y compensaciones de fin de año; asimismo que no quede ningún profesor o estudiantes en las cárceles. Por ello hay que atender las llamadas “mesas de diálogo” de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y la ciudad de México; pero estaremos atentos que no se conviertan en “mesas distracción” como ha sido en toda su historia Gobernación. En enero se cumple el plazo y si los gobiernos estatales no cumplen hay que reiniciar los plantones y los bloqueos de carreteras, plazas comerciales y aeropuertos. Otra vez quieren vernos la cara con la propuesta de “modelo educativo”. (22/XII/16)

Pedro Echeverría
Soy, escritor, periodista, anarquista, libre, revolucionario, hijo, padre, persistente, profesor, rebelde, generoso, amable, jodido, serio, solitario, desmadroso, enloquecido, desesperado, viajero, pesimista, inseguro, ateo, antipatriota, amigo de homosexuales, lesbianas, drogadictos, desquiciados y locos;en realidad soy tantas cosas...
 

CARLOS REYES SÁNCHEZ, YERNO DE FLAVINO, ATERRIZA EN CONAFE

- en Avenida Principal, Carrusel

Un ejemplo claro de un aviador es el siguiente: en la página de transparencia del Conafe uno puede encontrar a Carlos Reyes Sánchez, el yerno de Flavino Ríos Alvarado, como jefe de departamento de esa delegación, percibiendo un sueldo de 23 mil pesos mensuales. Sin embargo, si usted pregunta a los trabajadores de Conafe le dirán que Carlos Reyes Sánchez no trabaja, ni ha trabajado jamás en esa delegación. (http://portaltransparencia.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServidorPublico=CVESERVCONAFE330&_idDependencia=11150)

Cabe recordar que Carlos Reyes fue la razón por la que fuera corrido Jesús Manuel Jaramillo Díaz de León de la comparecencia del secretario de Sedecop, pues se rió cuando la diputada Jazmín Copete cuestionó al secretario por los cuantiosos contratos que se asignaron al yerno de Flavino desde esa dependencia.

Por cierto, Carlos Reyes fue jefe de la Unidad Administrativa de esa dependencia. Pues no conforme con eso, también encontramos a Carlos Reyes Sánchez, yerno de Flavino Ríos Alvarado, como director general de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, adscrito a la Secretaría de Finanzas. Ahora se refugia con el “mago” Herrera en Conafe.
 

DIVERSAS COMUNIDADES Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLÁN QUE PERMANECEN EN RESISTENCIA DESDE HACE DOS AÑOS, EN CONTRA DEL PROYECTO PERIFÉRICO CÓRDOBA –ORIZABA, DENUNCIAN LAS ARTIMAÑAS DEL ESTADO EN CONTUBERNIO CON LA EMPRESA CASEOLLI S.A DE C.V., Y CONSULTEC S.A. DE C.V.

Valle de Tuxpango a 13 de diciembre de 2016

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES.

AL INAH Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

EN EL PROYECTO PERIFÉRICO CÓRDOBA – ORIZABA. 

El pueblo independiente conformado por las diversas comunidades y ejidos del municipio de Ixtaczoquitlán, Ver., organizados en el Frente de Resistencia Popular contra el Proyecto Periférico Córdoba-Orizaba y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que permanecemos en resistencia desde hace dos años, en contra del Proyecto Periférico Córdoba –Orizaba, denunciamos las artimañas del Estado en contubernio con la empresa CASEOLLI S.A DE C.V., y CONSULTEC S.A. de C.V, que se manifiestan con la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las comunidades por donde pasará el trazo del proyecto periférico, con la intención de “realizar diversos trabajos arqueológicos dentro del proyecto denominado propuesta de actividades del estudio arqueológico de factibilidad de la primera etapa de construcción del periférico Orizaba, Ver.”, tal como lo cita el oficio número 401.F(4)10.D2016/2039, signado por la Mtra. Olga Lidia Landa Alarcón, subdirectora de proyectos.

Los suscritos, ponemos en conocimiento que en nuestras comunidades existen cinco sitios históricos cercanos al trazo del proyecto que son los siguientes:  Malacate de Cumbre de Tuxpango, Exhacienda de Tuxpango, Iglesia de la Exhacienda de Tuxpango, Ex Ingenio de Zapoapita, Puente Micos, Ex Ingenio de San José de Tapia, por lo tanto, si no respetaron el Decreto de áreas naturales protegidas del Parque Nacional del Cañón del Río Blanco y el Área Natural Protegida Metlac – Río Blanco, que es el 30% del total del citado Proyecto, mucho menos van a respetar el patrimonio cultural e histórico que existe en nuestra región, aun sin conceder que el estudio que realizará el INAH, fuera favorable al dictaminar: LA OBRA NO ES VIABLE.

 El estudio que pretende realizar el INAH, es únicamente para cumplir con el requisito que les impone una obra de esta magnitud, sin importar que sean obras públicas o privadas. Otorgando con este estudio las facilidades a las empresas encargadas de la construcción de este proyecto carretero.

Por lo anterior, es importante señalar: Que el día 8 de diciembre del año en curso, llegaron personas desconocidas a la comunidad de Exhacienda, a bordo tres camionetas, a quienes se les vio tomando fotografías en el trazo del proyecto.

Al día siguiente se les observó a las mismas personas a bordo de dos camionetas, acompañados de Protección Civil del municipio de Ixtaczoquitlán, Ver., pero esta vez fueron cuestionados por compañeros de la comunidad, solicitándoles de manera amable que se identificaran, tal como lo estipula el Manual de Procedimiento de Desarrollo de Investigaciones Salvamento y Rescate de Obra de Infraestructura Pública o Privada, que en su capítulo III.3 POLITICAS DE OPERACION; que a la letra dice: “en todos los actos oficiales en que intervenga personal de la Coordinación Nacional de Arqueología y de la Dirección de Salvamento Arqueológico así como de los Centros INAH, estarán obligados a identificarse ante los particulares y/o Áreas INAH, con la credencial vigente expedida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia así como el oficio de Comisión Correspondiente”, sin que lo hicieran y únicamente mostraron credencial de elector, mencionando que fueron subcontratados por el INAH, pero no lo acreditaron, sólo mostraron un plano de trazo carretero y el oficio de comisión, número 401.F(4)10.D2016/2039, signado por la Mtra. Olga Lidia Landa Alarcón, Subdirectora de proyectos.

Por lo tanto el INAH viene a cumplir el requisito de factibilidad de obra para el proyecto, por lo que para el pueblo es claro que es con doble intención el hecho de realizar está investigación, con la cual solo pretenden engañar y manipular la información al servicio de dichas empresas privadas nacionales y transnacionales, como en este caso el grupo Higa que es el mayor concesionario de los proyectos carreteros del país. 

Por todo lo anteriormente señalado, manifestamos:

UNICO.- EL TOTAL RECHAZO AL INGRESO DEL INAH Y DE CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL O NO GUBERNAMENTAL A CUALQUIERA DE NUESTRAS COMUNIDADES EN LAS QUE PASARÁ EL TRAZO DEL PROYECTO PERIFÉRICO CÓRDOBA – ORIZABA, TODA VEZ QUE SEGUIMOS FIRMES EN EL RECHAZO A ESTE PROYECTO Y HACEMOS RESPONSABLES A ESTAS INSTITUCIONES DE CUALQUIER AGRESION FISICA, PSICOLOGICA, QUE SUFRAMOS, ASÍ COMO DE LOS DAÑOS A NUESTROS BIENES, PROPIEDADES, POSESIONES, DOCUMENTOS, FAMILIARES, AMIGOS, COMPAÑEROS, ETC.

Atentamente.

Frente de Resistencia Popular contra el Proyecto Periférico Córdoba – Orizaba.
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Unión de Afectados del Valle de Tuxpango Exhacienda.
Ejido Ixtaczoquitlán.
Comité en Defensa del agua de Alpopoca.
Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango.
Unión de Todos los Pueblos Pobres.
Red Ciudadana para el Cuidado de la Casa Común.

21 de diciembre de 2016

MAESTROS DISIDENTES CONFORMARÁN FRENTE COMÚN PARA EVITAR QUE MIGUEL ANGEL YUNES REPRIMA PROTESTAS

Xalapa, Ver.-La integración de un frente común para exigir al Gobierno de Veracruz no reprimir las manifestaciones y que paguen salarios y prestaciones de fin de año a los profesores son algunas de las acciones que emprenderán los simpatizantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Movimieto Magisterial Popular Veracruzano (MMPV).