Raymundo Riva Palacio | Miércoles 7
de diciembre, 2016/EjeCentral
Alberto Silva Ramos fue un funcionario multiusos en el gobierno de
Javier Duarte en Veracruz. Alcalde en Tuxpan, dos veces director de
Comunicación Social, secretario de Desarrollo Social y a quien quería el ex
gobernador que fuera su sucesor. Era el ideal. Fuero tendría él, y su delfín.
Duarte no pudo imponerlo, pero lo hizo diputado federal, cuyo blindaje buscará
la Procuraduría General de la República le sea quitado, una vez que concluya
una investigación en su contra. El presunto delito: la utilización de 18
empresas fantasma en 12 dependencias, mediante las cuales se desviaron 502
millones de pesos en 2014 bajo la fachada de gastos de “promoción y
publicidad”.
La fraudulenta operación fue revelada el 21 de noviembre por el portal
ejecentral, que dibujó la mecánica: se emitieron 348 facturas a través de
empresas fantasma —ninguna de ellas con algún contrato con el gobierno del
estado—, sin registro y sin comprobar los supuestos servicios prestados. El
expediente que difundió en su edición impresa, mostró cómo el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) deshilvanó las operaciones y confirmó que las
18 empresas funcionaban como fachada y causaron un daño al erario en ese año,
particularmente durante la gestión de Silva Ramos al frente de la Coordinación de
Comunicación Social.
Silva Ramos, a quien apodan “El Cisne” y tiene viejas conexiones con el
priismo nacional, negó que él hubiera realizado esos pagos. En un comunicado
que entregó a los medios veracruzanos el mismo día de la publicación en
ejecentral, dijo que no contrató servicios ni solicitó los pagos a las empresas
señaladas, sino que fueron realizados por la Secretaría de Finanzas, que debía
de ser la responsable de aclarar el tema—que nunca hizo. La PGR, en cambio, sí
está investigando contratos que firmó en 2014 por poco más de 502 millones, por
los conceptos de promoción y publicidad. De ellos, 75 millones quedaron
pendientes de cobro ese año, que Silva Ramos intentó recaudar sin éxito a su
regreso a la Coordinación de Comunicación en abril de 2016, porque ya habían
comenzado a ser públicas las operaciones ilícitas de Duarte, añadió la
investigación.
El tema de los desvíos multimillonarios en el área de comunicación
social cobró nueva vida en los últimos días, una vez que comenzó a trascender
la investigación de la PGR y la posibilidad de solicitar un proceso de
desafuero en la Cámara de Diputados para proceder en contra de Silva Ramos.
Cuando refutó el diputado lo publicado por ejecentral, dio a conocer un pequeño
paquete de documentos relacionados con la Dirección de Comunicación Social,
pero guardó silencio sobre el resto de las revelaciones.
El expediente en el cual se involucra a Silva Ramos, donde la PGR está
determinando si está ligado a cada una de las operaciones, establece que las 18
empresas –todas sociedades anónimas, menos una que es sociedad civil- más
beneficiadas por el gobierno de Duarte fueron Saervizios Oktagonales, con 75
millones 479 mil 200 pesos; Publicidad Akkira, con 69 millones 828 mil 268
pesos; Merca Carrey, con 65 millones 176 mil 920 pesos; Marvercarr, con 39
millones 949 mil 80 pesos; Desarrolladores Mercalim, con 39 millones 525 mil
300; Centro de Recursos de Negocios Cerene, con 33 millones 449 mil 147 pesos;
Anzara, con 33 millones 406 mil 985 pesos, y Carrirey, con 19 millones 140 mil
pesos. El resto de las empresas fantasmas son Comercial Patrol,
Comercializadora Jisar de México, Compañía Sangora de Servicios, Gman Smart
Business, Morgarver, Principal Enajena, Promoción Comunicación, Ravsan
Servicios Múltiples, Servicios Generales M, y Servicios Integrales de
Mercadotecnia y Producción de Eventos.
De las dependencias, la Secretaría de Desarrollo Social pagó 32 facturas
a 15 de esas empresas fantasma por 50 millones de pesos, de acuerdo con la
investigación de ejecentral.
La segunda dependencia con más operaciones presuntamente ilegales es la
Secretaria de Gobierno, con 35 facturas pagadas a 13 empresas por 41 millones
pesos. En seguida aparece la Secretaría de Turismo y Cultura con 34 facturas a
favor de 14 diferentes empresas por un monto total de 51 millones; y con el
mismo número de cuentas la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario de
Veracruz, con pagos a 16 empresas por un total de 48 millones.
Según el expediente, la Procuraduría General de Justicia pagó 26
facturas a 11 empresas por 36 millones de pesos; Protección Civil hizo 31 pagos
a 13 empresas por 46 millones; Medio Ambiente pagó 25 a 12 empresas por 39
millones, y Educación desembolsó para el pago de 34 facturas a 14 empresas, 47
millones. Hubo pagos similares en las secretarías de Desarrollo Agropecuario
Rural Forestal y Pesca, Salud y Comunicaciones. En todos los casos, los pagos
fueron bajo el concepto de “publicidad”. Y todas, concluyó el SAT, fueron
constituidas como fachada para desviar recursos públicos con operaciones
aparentemente legales.
No es la única investigación de la PGR en contra de Silva Ramos. Las
autoridades buscan determinar si mediante un esquema similar al utilizado en
Comunicación Social, hizo lo mismo en la Secretaría de Desarrollo Social de
Veracruz un año antes, donde publicó 45 licitaciones que fueron adjudicadas a
la red de 18 empresas por un monto aún no determinado de dinero, que nunca
llegó a los programas sociales para lo que estaban presupuestados. Los
diputados federales que estuvieron asociados a Duarte, son la otra vena de
investigación federal que aún no estalla. “El Cisne”, en efecto, es quien
encabeza esa lista.
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